· ! 1! INFORME FINAL DE LABORES (2010-2014) Diputado José María Villalta Flórez-Estrada. Partido Frente Amplio INTRODUCCIÓN

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INFORME FINAL DE LABORES (2010-2014) Diputado José María Villalta Flórez-Estrada.

Partido Frente Amplio

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………4

I. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES…………………………….......................................................7

A. La lucha por fortalecer nuestra legislación laboral……………………...7

B. Denuncias laborales y control político en defensa de los derechos laborales……………………………………………………………………….18

II. DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES………………………………………23

III. MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO-ECONOMÍA SOCIAL........27 IV. FRENO AL ALTO COSTO DE LA VIDA……………………………………...30 V. JUSTICIA TRIBUTARIA Y COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL…………..31 VI.- DEFENSA Y MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES……………………………………………………………………………38

VII. DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL………………….41

A. Rescate y el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)………………………………………………………………...41 B. Defensa del derecho a una pensión digna……………………………..52 C. Salud pública y dignidad humana……………………………………….54 D. Seguro social de riesgos del trabajo……………………………………57

VIII. EDUCACIÓN PÚBLICA………………………………………………………59 IX. AMBIENTE………………………………………………………………………..64

A. Agua para la vida………………………………………………………….64

B. Minería……………………………………………………………………..68 C. Bosques y biodiversidad…………………………………………………70 D. Producción agroecológica y transgénicos…………………………….72

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E. Gestión integral de residuos……………………………………………..73

F. Energía: uso racional y fuentes alternativas a los combustibles fósiles………………………………………………………………………….74

G. Áreas protegidas………………………………………………………….76

H. Áreas marino-costeras……………………………………………………78 I. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental………………………80 J. Otras denuncias ambientales…………………………………………….81

X. ACCESO A LA TIERRA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA…………………..83 XI. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN…………………………………………87

A. Lucha contra los aumentazos de los de arriba………………………...87 B. Alto al uso abusivo de la inmunidad de los Supremos Poderes para tapar la corrupción……………………………………………………………88 C. Proyectos de ley para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción……………………………………………………………………..89 D. Investigación sobre la concesión de la carretera San José-Caldera..91 E. Investigación sobre las consultorías del BCIE y el tráfico de influencias de Rodrigo Arias………………………………………………...93 F. Otras denuncias de corrupción…………………………………………..93

XII. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REFORMAS ELECTORALES………99

A. Fortalecimiento de la participación ciudadana y la gestión participativa de las instituciones…………………………………………………………...99 B. Reformas electorales……………………………………………………100

XIII. DEFENSA DEL ICE: ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES….101

A. Electricidad……………………………………………………………….101 B. Telecomunicaciones…………………………………………………….103

XIV. EQUIDAD DE GÉNERO. DERECHOS DE LAS MUJERES…………….105 XV. JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA…………………………………..108

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XVI. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES………………………………………………………….112 XVII. DERECHOS HUMANOS……………………………………………………114

A. Lucha contra la criminalización de la protesta social………………..114 B. Diversidad sexual………………………………………………………..116

C. Lucha por un Estado Laico……………………………………………..118

D. Lucha contra el racismo y la xenofobia……………………………….118

E. Fertilización In vitro……………………………………………………...119

F. Instrumentos internacionales de derechos humanos………………..120 G. Derecho a la intimidad, libertad de expresión y de prensa………...120

XVIII. SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL, POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA………………………………………121 A. Seguridad y derechos humanos……………………………………….121

B. Acceso a la justicia………………………………………………………122 XIX. SOBERANÍA NACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES…….124

A. Defensa de la soberanía nacional……………………………………..124 B. Lucha por un comercio justo……………………………………………126

C. Solidaridad internacional………………………………………………..128

XX. EN LAS CALLES Y EN LAS COMUNIDADES, JUNTO A LA GENTE QUE LUCHA………………………………………………………………………………130

A. Acompañamiento de las luchas populares. encuentros con organizaciones sociales……………………………………………………130

B. Giras y visitas a las comunidades……………………………………..141

CONCLUSIÓN………………………………………………………………………151

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INFORME FINAL DE LABORES (2010-2014)

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada.

Partido Frente Amplio

A José Merino del Río,

arquitecto y albañil de las grandes alamedas.

INTRODUCCION

Al finalizar estos cuatro años como diputado del Frente Amplio siento un profundo agradecimiento. Con mi familia que siempre estuvo a mi lado y me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Con todas las compañeras y compañeros frenteamplistas y del despacho por creer en mí, por luchar, marchar, proponer, criticar, divulgar, recorrer el país y porque nunca dejaron que me sintiera uno solo en esa curul. Pero muy especialmente siento una infinita gratitud con el pueblo de Costa Rica por concederme el honor de ser su representante en la Asamblea Legislativa.

Cuando la Asamblea Provincial de San José del Frente Amplio me eligió como candidato a diputado en el primer lugar me comprometí a destinar todas mis fuerzas y energías para avanzar en nuestra lucha por transformar radicalmente este país y este mundo para convertirlos en espacios de felicidad, donde todos los seres humanos tengan cabida de pie y con su dignidad intacta. A luchar por la vida, para que la vida en todas sus formas siga siendo posible, contra un sistema capitalista inviable y suicida, que desecha por igual a las personas y a la naturaleza y nos conduce a un colapso inevitable.

A luchar contra un sistema que derrocha el agua regando canchas de golf, mientras millones no tienen para beber. Que provoca que 10% consuman y desperdicien los recursos de tres planetas como la Tierra, cuando millones en este planeta no tienen nada para comer.

A luchar por la defensa de los bienes colectivos, de la comunidad humana. Contra un sistema que pretende la privatización de todo en beneficio de casi nadie, del agua, de la naturaleza, de las semillas, de las playas, de nuestras instituciones sociales, de la música, del arte, de la cultura, del conocimiento, y de todas las demás creaciones colectivas de la humanidad. A luchar para que el trabajo vuelva a ser fuente de realización y crecimiento de las personas y no motivo de sufrimiento y degradación. Por las y los trabajadores explotados, a quienes los que se llenan la boca hablando de libre comercio no les permiten siquiera la libertad de organizarse en sindicatos. Por las familias campesinas sin tierra que son forzadas a vivir en los tugurios de San José. A defender la lucha del pueblo de Sardinal, la lucha del pueblo de Bambuzal, de las comunidades de Milano, El Cairo y La Francia de Siquirres que sufren la contaminación de las piñeras, de las y los pobladores de nuestras costas e islas que son desalojados de sus tierras ancestrales para dar paso a los casinos y condominios de lujo de quienes financian la campaña del partido

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de gobierno. A luchar contra los tratados infames que quieren escribir en piedra todas estas injusticias porque saben que el pueblo no las tolera más. A luchar contra un sistema patriarcal que discrimina y humilla sistemáticamente a las mujeres, nada menos que la mitad de la población, y las concibe como objetos que se pueden poseer, maltratar y botar. Contra un sistema adultocéntrico que ignora y trata a la gente joven como mitad personas y solo les reconoce medios derechos, que los considera mano de obra barata, carne de cañón, salvo cuando se trata de ir a la cárcel o pegar banderas en las elecciones. Contra un sistema homofóbico que tolera la existencia de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, siempre y cuando se escondan y renuncien a expresar su afecto en público, a casarse, a tener hijos, es decir, a buena parte su dignidad humana. A luchar contra un sistema que niega y mata la creatividad y la riquísima diversidad cultural y de manifestaciones artísticas de la humanidad, imponiendo una insoportable uniformidad. Contra todas esas formas de ejercicio del poder verticalistas, autoritarias, burocráticas, centralistas, que le tienen terror a la participación de la gente y le niegan a las comunidades su derecho a diseñar y construir su propio destino. A luchar por recuperar la democracia, contra un sistema político corrupto que solo se sostiene con el chantaje vil a trabajadores humildes y la compra de votos, o mejor dicho, la humillación permanente que sufre mucha gente a la que obligan a arrodillarse y agradecerles por recibir beneficios y ayudas sociales que paga el resto del pueblo. En síntesis, a luchar contra todas las formas de opresión, dominación y explotación del ser humano. Estos compromisos guiaron mi gestión legislativa. Habiendo llegado al final de este camino, presento este informe final de labores que se suma a los informes que circulamos periódicamente durante la mayor parte de estos 4 años. Aquí resumimos las principales luchas que dimos, las propuestas que presentamos, las denuncias que formulamos, nuestros principales logros y fracasos. Es también evidencia de lo mucho que faltó y de algunas lecciones que podrían extraerse para el futuro. Equipo de trabajo del despacho legislativo. Nuestro equipo de trabajo estuvo integrado al inicio por las compañeras Mónica Vargas, María Eugenia Román, Claudia Arroyo y María Flórez-Estrada y los compañeros Carlos Quirós, Rodolfo Ulloa, Gerardo Vargas, Jens Pfeiffer y David Rojas. Poco después se integró Gloriana Martínez. En el camino Franco Martínez sustituyó a David y Girgeth Chinchilla a Mónica. Varios compañeros y compañeras colaboraron como asesores ad-honorem. Con todas y todos estoy sumamente agradecido por su trabajo y su compromiso. Mención especial merece nuestro querido don Carlos quién terminó con nosotros una larga carrera de servicio público. Integración de órganos legislativos. Además del Plenario, durante estos cuatro años integré la Comisión Plena Primera, la Comisión de Asuntos

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Jurídicos, la Comisión de Ambiente y la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Durante la legislatura 2011-2012 formé parte además de la Comisión de Derechos Humanos. También integré varias Comisiones Especiales como la de la crisis de la CCSS y las que se integraron para dictaminar las reformas constitucionales para proteger el agua y sobre fertilización in-vitro. Correlación de fuerzas en el Parlamento, integración del Directorio Legislativo y política de alianzas. Desde el primer día nos trazamos como objetivo prioritario frenar el avance de la agenda neoliberal y empezar, de ser posible, a recuperar y refundar el Estado Social de Derecho. Detener las reformas regresivas, las privatizaciones de bienes públicos y el recorte de derechos y garantías sociales. Avanzar con nuestras propuestas para una justa distribución de la riqueza, la protección del ambiente y los derechos humanos. Bajo ningún motivo permitir que se volviera a conformar un bloque de derecha con mayoría calificada como el que permitió a los hermanos Arias pasar en “aplanadora” la agenda de implementación del TLC (G-38).

Por eso causó gran preocupación el pacto de cogobierno suscrito entre el PLN y el ML (35 votos), que les permitió controlar cómodamente el Directorio y las comisiones durante el primer año, con un claro énfasis en las reformas económicas de corte neoliberal para seguir haciendo más ricos a los ricos, como la Ley de Privatización de la Electricidad. El 1 de Mayo ante la imposibilidad de formar un bloque de oposición, votamos por nosotros mismos en todos los cargos.

Para 2011 el “Pacto Li-Li” se rompió ante la prepotencia y el abuso de poder del PLN y el alto costo político para el ML. Tuvimos una participación activa en la conformación de la “Alianza por Costa Rica”: un bloque de oposición integrado por 30 diputados y diputadas de 5 fracciones (FA, PAC, PASE, PUSC y ML) que logró arrebatarle al PLN el control de la Asamblea. Nuestra posición fue decisiva para que Juan Carlos Mendoza alcanzara la presidencia. El 1 de mayo logramos frenar la intentona del PLN por perpetuarse en el poder a cualquier precio, manipulando la elección a través de maniobras fraudulentas. Sin duda alguna la Alianza cumplió con los objetivos centrales que el Frente Amplio se trazó para participar en ella: se logró frenar el avance de la agenda neoliberal en el Congreso mediante la división del bloque de la derecha durante el segundo año de Gobierno (año clave en el que los gobiernos impulsan sus reformas de mayor impacto), así como contrarrestar la concentración y el abuso de poder del PLN. La gestión de la Asamblea fue más transparente, se contuvo el clientelismo con recursos públicos y se fortaleció el control político. Incluso la agenda legislativa se manejó con más pluralidad, al menos hasta que entró en escena el Plan Fiscal. El principal error de la Alianza fue que nunca supo comunicar claramente sus objetivos a la población. Se generaron expectativas desmedidas de un cambio de gobierno y una alianza electoral para el 2014 que no tuvieron relación con la naturaleza del acuerdo (que se limitaba a la gestión de la Asamblea y no implicaba alcances sobre una agenda programática). La Alianza no implicaba cogobernar. El gobierno lo siguió teniendo el PLN y la

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solución de muchos de los grandes problemas nacionales siguió estancada en el Poder Ejecutivo. Para 2012 el PLN logró recuperar el control de la Asamblea mediante la compra del PASE. Además de esta traición, la Alianza ya venía “haciendo aguas” por varios lados. Un sector del PAC afín a Ottón Solís realizaba ingentes esfuerzos para romper el acuerdo, desde el pacto con el Gobierno para impulsar el Plan Fiscal. Algunos diputados del PUSC estaban ya en conversaciones a dos bandas con el PLN. La imposibilidad del ML de presentar candidaturas no cuestionadas tampoco ayudó. Aunque el PLN retomó el control, el bloque neoliberal nunca pudo reconstituirse. Se generaron fisuras irreparables con los libertarios a partir de las denuncias por el financiamiento de su campaña política (una “sacada de clavo” del PLN). El Frente Amplio, en apego a nuestros principios, cumplió con su parte del acuerdo suscrito el año anterior. En todo momento honramos la palabra y actuamos con lealtad, aunque el trato no fuera recíproco. El 1 de mayo votamos por las candidaturas propuestas por la Alianza, aún cuando no tenían opción de ganar. De este proceso salimos fortalecidos como alternativa coherente para el pueblo de Costa Rica. Mientras otros se vendieron o se desdibujaron, nuestro partido cumplió lo que ofrecimos en campaña y continuó la lucha junto al pueblo. Para 2013 el PLN obtuvo cómodamente la presidencia y la mayoría de los puestos del Directorio, gracias a su alianza con los evangélicos, el vasallaje del PASE y la compraventa de al menos 2 diputados libertarios. Pero ya la suerte estaba echada. Un gobierno seriamente debilitado por graves errores y sistemáticos escándalos de corrupción que había perdido por completo la iniciativa política, una mayoría de fracciones divididas por pugnas internas y un contexto político marcado por el arranque del proceso electoral. El 1 de Mayo el Frente Amplio votó por el Frente Amplio en todos los puestos y en cuanto pudimos nos sumamos a la marcha de las y los trabajadores. El siguiente informe desarrolla las principales áreas temáticas de nuestro programa, detallando las acciones que realizamos tanto en la presentación y discusión de proyectos de ley como en la función de control político. No es una lista taxativa de todos los proyectos que firmamos o votamos o de todas las acciones que realizamos, sino solo de aquellas de importancia para nuestras luchas y nuestro programa o donde tuvimos una participación relevante. Al final incluimos una lista –que tampoco es taxativa- de nuestras principales acciones de apoyo a la lucha social y al trabajo de las comunidades. I. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES A) LA LUCHA POR FORTALECER NUESTRA LEGISLACIÓN LABORAL Ley del salario mínimo vital. Presentamos este proyecto para modificar el mecanismo de fijación del salario mínimo, en aras de garantizar que dicho

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salario permita satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras, asegurándoles una vida digna (17.721). Es decir que se cumpla el artículo 57 de la Constitución. Hoy esta norma no se cumple porque el salario mínimo se fija según los intereses de los patronos y es claramente insuficiente para cubrir necesidades de alimentación, vivienda, vestido, transporte, recreación y demás servicios básicos. El proyecto retoma y actualiza una larga tradición de nuestras luchas por la justicia salarial, como la iniciativa presentada en 1977 por el diputado Eduardo Mora Valverde (Mayo 2010). El largo camino de la Reforma Procesal Laboral. Durante los últimos cuatro años esta reforma integral a las normas sobre procesos laborales del Código de Trabajo (individuales y colectivos) acaparó la agenda legislativa (15.990). Desde un inicio nuestra fracción le dio prioridad porque contiene importantes avances sobre lo que existe hoy en día: modifica la regulación del derecho de huelga, haciendo viable que una huelga sea declarada legal (hoy es imposible) y establece un procedimiento rápido para proteger fueros especiales (trabajadoras embarazadas, dirigentes sindicales, adolescentes, casos de discriminación) ante despidos y otros abusos. Esto permitiría defender la libertad sindical ante actos de persecución (hoy se les despide impunemente y se les obliga a ir a interminables juicios ordinarios) y empezar a recuperar la organización autónoma de las y los trabajadores en la empresa privada. a) Trámite en Comisión de Jurídicos. Después de más de 5 años de hacer fila en la Asamblea, el proyecto se reactivó a través de varias negociaciones, auspiciadas por la Corte, entre sindicatos, empresarios y el Gobierno. En la comisión recibimos a representantes de todos estos sectores (Junio 2010). Aunque una parte del sector empresarial pretendía excluir del proyecto las reformas más importantes sobre derecho de huelga, negociacón colectiva y solución de conflictos económicos y sociales, dejando solo la parte de juicios individuales, este intento fracasó. En la comisión prevaleció el criterio defendido por nuestra fracción sobre la necesidad de una reforma integral que actualice las normas de Derecho Laboral Colectivo para que cumplan con los convenios de la OIT (Junio 2010). Durante la discusión de mociones en comisión logramos frenar intentos de desconocer acuerdos alcanzados entre cámaras y sindicatos en temas como el porcentaje mínimo de participación para que una huelga sea declarada legal (bajar sustancialmente el requisito de 60% que imponía el Código y que violaba los convenios de la OIT). También logramos consolidar las reformas para permitir la aplicación del embargo preventivo de bienes del patrono cuando hay riesgo de evasión en el pago de los derechos laborales. Se rechazó definitivamente la moción que pretendía exigir garantías en dinero a los trabajadores que piden el embargo, lo que hace hecho imposible que se aplique esta medida, como ocurre hoy en día (Julio 2010). En la Comisión de Jurídicos se dictaminó afirmativamente el proyecto. El Frente Amplio votó a favor porque se introdujeron mejoras sustanciales en todo lo relacionado con la protección de la libertad sindical y el cumplimiento de los convenios de la OIT, aunque contenía aspectos que debían corregirse y

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mejorarse. Valoramos la creación un procedimiento especial muy expedito para proteger fueros especiales y trabajadores que sufren discriminación, la eliminación de algunos requisitos excesivos que hoy hacen imposible que una huelga sea declarada legal. Además, el cambio a un proceso oral que agiliza los juicios y la creación de una defensa pública laboral para trabajadores que no pueden pagar un abogado, así como algunos avances en los mecanismos para resolver conflictos colectivos en el sector público. No avalamos, y por eso señalamos, la regulación de los comités permanentes de trabajadores y los arreglos directos y su uso para sustituir la organización sindical autónoma y la negociación de convenciones colectivas. Además, la necesidad de reconocer expresamente el derecho de huelga contra políticas públicas, que no provienen directamente de decisiones del patrono. Advertimos expresamente que sobre estos y otros puntos presentaríamos mociones de fondo en Plenario hasta corregirlos (Agosto 2010).

b) Trámite en Plenario. Frente Amplio presenta y defiende propuestas del movimiento sindical. Nuestra fracción inició un intenso trabajo de reuniones con todas las organizaciones y corrientes del movimiento sindical para unificar criterios y canalizar las propuestas que surgieran. Varias organizaciones apoyaban las reformas con algunas reservas. Otras estaban mayoritariamente en contra. Pero hubo consenso sobre la necesidad de promover una serie de cambios al proyecto, consolidando las mejoras que ya tenía sin permitir ningún retroceso. Nuestras prioridades fueron: 1) Eliminar cambios regresivos en materia de arreglos directos y comités permanentes que legitiman el uso distorsionado de estas figuras para sabotear la organización sindical. 2) Eliminar el intento de dar rango de ley a la comisión de negociación colectiva del sector público. 3) Corregir algunos aspectos en la regulación del derecho de huelga que podrían implicar retrocesos respecto a la normativa actual (Noviembre-Diciembre 2010). Durante el período de mociones de fondo vía artículo 137 logramos la aprobación de las siguientes reformas de trascendencia:

Ø Garantizar que la huelga legal suspenderá todos los contratos de trabajo vigentes en la empresa.

Ø Eliminar normas que establecían referencias innecesarias a sanciones penales y podían ser utilizadas como una forma de criminalizar o intimidar a quienes ejercen este derecho fundamental, mejorando, incluso, las normas que hoy están en el Código de Trabajo. Estos cambios fueron atacados violentamente por diputados libertarios. Sin embargo, logramos que las mociones de revisión que presentaron fueran rechazadas.

Ø Eliminar de la ley la “Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas” que ha venido siendo utilizada por los gobiernos neoliberales para bloquear y sabotear el ejercicio del derecho de negociación colectiva en el sector público.

Ø Crear sanciones disciplinarias para los jueces que no cumplan los plazos o no den trámite prioritario a los procesos para proteger el fuero sindical e impedir actos de discriminación.

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Ø Las convenciones colectivas solo podrán ser anuladas en vía judicial. Se eliminó la posibilidad de tramitar su nulidad en sede administrativa.

Ø Sancionar con multa alta la omisión de empleadores de nombrar sus delegados en trámites de conciliación y la terminación anticipada de la conciliación. Se cerró el portillo que permite a los patronos retrasar indefinidamente estos procesos para impedir que una huelga sea declarada legal.

Ø Consolidar el permiso obligatorio y la protección especial a trabajadores que sean citados como testigos en juicios laborales.

Ø Fortalecer notablemente el principio de justicia laboral gratuita. Se eliminó obligación de litigar con abogado, pero se mantendrá la creación de una Defensa Pública Laboral (gratuita) para trabajadores con ingresos menores a 600 mil colones al mes.

Ø Establecer que el 50% de los recursos que se cobren por costas de los juicios laborales donde participe la Defensa Pública Laboral se destinará a financiar la universalización en todo el país de este servicio.

Ø Establecer la obligación de los jueces de consultar de oficio a la CCSS sobre deudas por cuotas obrero-patronales y de advertir a las y los trabajadores para incluirlas en el proceso (garantía de que se pagarán estas deudas a la CCSS).

Ø Eliminar los arreglos directos y los comités permanentes en el sector público. Todos los artículos que intentaban meter esta figura en el sector público fueron suprimidos.

Ø Nuevas garantías para evitar que las conciliaciones se alarguen indefinidamente para impedir la declaratoria de huelga legal.

Ø Eliminar el plazo de preaviso de 8 días para ir a huelga que se buscaba imponer de forma discriminatoria a los trabajadores del sector público (Enero-Junio 2011).

Siguió la discusión sobre la regulación de los comités permanentes y arreglos directos en el sector privado. El Frente Amplio defendió la tesis sugerida por la OIT en el sentido de que estas figuras deben eliminarse por su marcado uso antisindical. Sin embargo, no obtuvimos apoyo de ninguna otra fracción. El PAC y el PUSC presentaron mociones para reformar esta figura sin eliminarla y cerrar algunos “portillos” que permiten su uso abusivo y el PASE propuso que este tema se quede tal y como está en el Código de Trabajo vigente. No obstante, el Ministerio de Trabajo cedió ante las presiones patronales y rompió las negociaciones. La fracción del PLN y los libertarios anunciaron el respaldo incondicional al Gobierno y por lo tanto al fortalecimiento de estas figuras utilizadas en maquilas y fincas bananeras para impedir la organización autónoma de las y los trabajadores. Ante esta situación, el Frente Amplio denunció la actitud del Gobierno y decidió retirar el respaldo a la Reforma Procesal Laboral como proyecto prioritario de nuestra fracción en el Plenario, con lo cual dejó de ocupar los primeros lugares del orden del día (Junio 2011). El compás de espera abierto por el retiro del proyecto permitió la firma de un acuerdo entre un sector del movimiento sindical (ANEP, Juanito Mora, Rerum Novarum, Cusima, CMTC, Coordinadora de Sindicatos Bananeros, ANDE) y la

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Unión de Cámaras (UCCAEP) para dejar las normas sobre arreglos directos y comités permanentes tal y como se encuentran actualmente en el Código de Trabajo, lo que en la práctica implicó eliminar varias reformas que introducía la versión original del proyecto y que otorgaban nuevos poderes a los comités permanentes, reforzando la posibilidad de usarlos abusivamente para impedir la organización libre y autónoma de las y los trabajadores. Aunque no todo el movimiento sindical respaldó este acuerdo, la fracción legislativa del Frente Amplio apoyó su inclusión en el proyecto porque el contenido de las reformas acordadas no implica el más mínimo retroceso en cuanto a las conquistas alcanzadas y más bien elimina las peores normas del proyecto: las que debilitaban la protección de la libertad sindical al otorgar más poderes a los comités permanentes. Si bien siempre defendimos que se eliminen estas figuras del ordenamiento jurídico, los cambios aprobados al menos nos permiten evitar que se fortalezca su uso antisindical, en una Asamblea Legislativa donde existe una correlación de fuerzas totalmente desfavorable para la posición del movimiento sindical (Junio 2012). Gracias a la insistencia de nuestra fracción en Plenario se logró un acuerdo para modificar el orden del día y aprobar en primer debate la Reforma Procesal Laboral sin reiteración de mociones. El Frente Amplio votó a favor porque en el balance final el proyecto no contiene normas que retrocedan en las conquistas laborales que hoy existen en el Código de Trabajo y conlleva un progreso significativo en la mejora de los derechos de la clase trabajadora. De los principales puntos señalados por el movimiento sindical como aspectos que debían corregirse en el proyecto, se logró su aprobación casi en su totalidad (Agosto 2012). A pesar de algunos intentos de sectores de la fracción oficialista por devolver el proyecto a comisión y empatanarlo en la Comisión de Redacción, también logramos su aprobación en segundo debate con el voto favorable de diputadas y diputados de todas las fracciones y una mayoría calificada (Setiembre 2012). c) El infame veto a la Reforma Procesal Laboral. Nuestra fracción denunció que el Poder Ejecutivo vetó esta importante ley siguiendo las órdenes dictadas del sector de las cámaras empresariales que más irrespeta la libertad sindical (bananeras y piñeras). Aunque el Gobierno habló de un “veto parcial”, la verdad es que frenó toda la ley, devolviendo a comisión un proyecto que tardamos más de 3 años en consensuar mediante un largo proceso de diálogo y negociación entre patronos, sindicatos, Poder Judicial, OIT y Gobierno. Denunciamos que el veto coincidió con la visita del Gobierno a la sede de la OIT en Ginebra, donde destacó la aprobación como su principal “logro”. Aunque alegaron como excusa el tema de las huelgas en los servicios públicos, la motivación de fondo del veto es que la reforma fortalece la libertad sindical en la empresa privada y avanza en hacer realidad derechos que hoy se le niegan a la clase trabajadora porque solo existen en el papel y no hay como hacerlos efectivos (Octubre 2012).

d) El trámite del veto. De vuelta a la comisión de jurídicos. El Frente Amplio rechazó la moción enviada por el Gobierno que supuestamente buscaba solucionar las objeciones del veto sobre la huelga en servicios esenciales, pero que más bien prohibía el legítimo ejercicio de este derecho en

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una gran cantidad de servicios públicos, además de establecer restricciones excesivas y contrarias a los convenios de la OIT en otros servicios donde no es posible limitar el derecho de huelga. En este sentido manifestamos nuestra convicción de que el derecho de huelga es un derecho humano fundamental. Puede regularse para preservar la vida, la salud o la seguridad de las personas, pero nunca debe prohibirse. Dicha moción surgió a partir de negociaciones realizadas entre el Gobierno y un sector del movimiento sindical, pero no fructificaron. El Poder Ejecutivo aceptó retirar el veto por razones de constitucionalidad, pero al mismo tiempo intentó fortalecer el veto por el fondo del proyecto, ampliando las restricciones existentes al derecho de huelga (Mayo 2013).

Nuestra fracción planteó una consulta a la asesoría jurídica del Congreso sobre la legalidad de esta maniobra. La respuesta confirmó que la moción del Gobierno era absolutamente improcedente, porque buscaba ampliar el veto y ya se había vencido el plazo constitucional para vetar, aunque sí resultó viable su retiro parcial (Junio 2013). Por último la comisión rindió dos informes al Plenario. Una mayoría de diputados y diputadas recomendaron tramitar el veto eliminando los artículos cuestionados, lo que implicaría dejar la regulación de la huelga en servicios públicos tal y como está ahora en el Código de Trabajo. El Frente Amplio y la diputada Muñoz (PAC) recomendamos el rechazo del veto por parte del Plenario (resello) y la sanción definitiva de la ley tal y como fue aprobada en setiembre de 2012 (Noviembre 2013). Esta lucha no ha terminado. En el marco de la negociación del nuevo Directorio Legislativo, nuestra fracción le solicitó al Gobierno de Luis Guillermo Solís el retiro definitivo del veto, demostrando que esta es una facultad discresional del Poder Ejecutivo (Abril 2014). Reforma constitucional para eliminar prohibición de que trabajadores migrantes integren órganos directivos de sindicatos. El Frente Amplio propuso eliminar esta prohibición por ser absolutamente anacrónica, discriminatoria y violatoria de los compromisos asumidos por el país en los convenios de la OIT, que incluyen el deber de respetar el derecho de las y los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos y a elegir a sus representantes sin imposiciones externas (17.804). Hoy en Costa Rica no se impide que los extranjeros integren juntas directivas de cámaras empresariales, asociaciones solidaristas o comités permanentes, pero sí se prohíbe su participación en sindicatos, aunque trabajen legalmente en el país y tengan varios años de vivir aquí. Esta prohibición afecta a las y los trabajadores de sectores como las plantaciones agrícolas, las maquilas, la construcción y el trabajo doméstico (donde hay más explotación) y ha provocado que varios sindicatos como ASTRADOMES se tengan que desinscribir por no poder renovar órganos directivos (Julio 2010). En el Plenario el proyecto recibió la primera lectura (Octubre 2011). Ley para fortalecer la aplicación del principio de continuidad en las relaciones laborales. Presentamos proyecto de reforma a los artículos 31 y 37 del Código de Trabajo (17.791) para frenar y sancionar abusos de empresas

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que despiden y recontratan trabajadores cada tres meses con el objetivo de impedir que adquieran derechos por la antigüedad de la relación laboral -preaviso y auxilio de cesantía- (Julio 2010). En la Comisión de Jurídicos logramos dictaminar esta iniciativa manteniendo sanciones elevadas para quienes recurran a estas prácticas contra las y los trabajadores (Noviembre 2013). Eliminación del tope de la cesantía. Presentamos un proyecto de ley para eliminar el tope de 8 años impuesto al pago de la indemnización por auxilio de cesantía a las y los trabajadores que son despedidos sin justa causa (17.897). Creemos que dicho tope es injusto, irrazonable, discriminatorio y violatorio. Si la cesantía se paga por antigüedad, no se justifica que a un trabajador que ha trabajado durante 40 años para un mismo patrono se le pague lo mismo que a otro que laboró 8 años. Si la cesantía es una indemnización, el monto a pagar debe ser proporcional al daño causado (Octubre 2010). Propuesta para que las violaciones a las leyes laborales puedan ser sancionadas directamente por la Inspección del Trabajo. En el marco de la discusión de la Reforma Procesal Laboral (15.990) nuestra fracción presentó una moción para darle a la Inspección del Trabajo esta potestad de forma directa en vía administrativa. Se trata de darle “dientes” a los inspectores del Ministerio de Trabajo pues hoy es prácticamente el único órgano de control del Estado que no puede imponer multas, sanciones y medidas correctivas por su cuenta, aunque detecte graves violaciones a los derechos humanos, sino que tiene que presentar denuncias para que los tribunales laborales apliquen sanciones tras largos y engorrosos procesos. Esta propuesta fue rechazada en la Comisión de Jurídicos (Abril 2011). Sin embargo, nuestra fracción volvió a presentarla como una reforma integral y más completa a través del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo (19.052), que ya inició su trámite legislativo (Marzo 2014). Aprobada ley sobre trabajo adolescente doméstico. En la comisión plena primera impulsamos y aprobamos un proyecto que regula el trabajo doméstico de personas adolescentes, permitiendo que la inspección del trabajo fiscalice directamente las casas de habitación. Además se prohíben ciertas formas que ponen en peligro a las personas menores, como labores de vigilancia o las que implican dormir en el centro de trabajo. El Frente Amplio logró la aprobación de una moción para fortalecer las potestades de la inspección laboral (Junio 2010). Ley para la erradicación del trabajo adolescente peligroso e insalubre. Esta ley fue impulsada por nuestra fracción en la comisión de juventud y aprobada en Plenario para cumplir con el Convenio 182 de la OIT que prohíbe las peores formas de trabajo infantil. En nuestro país está prohibido el trabajo de personas menores de 15 años, pero se permite para personas adolescentes de entre 15 y 18 años, siempre que no sean trabajos peligrosos e insalubres y se cumplan los derechos especiales establecidos en la ley. Pero no se habían definido cuáles actividades se consideran dentro de esta categoría. La ley aprobada realizó esta definición, reforzando la protección para las personas adolescentes trabajadoras (Diciembre 2010).

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Votación en contra de reforma constitucional sobre solidarismo. El Plenario conoció en varios debates de primera y segunda legislatura la reforma constitucional para dar rango constitucional al solidarismo. El Frente Amplio fue el único partido que votó negativamente. Esta reforma había sido aprobada en primer debate por la Asamblea anterior, por lo que ya no era posible hacerle cambios ni retrasar su trámite. En esa oportunidad el diputado Merino logró que se cambiara el texto, quitando uno que pretendía obligar al Estado a destinar recursos al solidarismo y permitir su intervención en las funciones constitucionales del sindicalismo, para sustituirlo por otro bastante inocuo que lo único que hace es reiterar para el solidarismo la libertad de asociación que ya existe. Aún así, denunciamos la doble moral de quienes promueven incluir derechos en la Constitución pero todos los días violan los que ya existen, al impedir la organización de sindicatos en la empresa privada. Denunciamos la persecución impune que sufren miles de trabajadores en las fincas bananeras y las maquilas de Costa Rica por el solo hecho de querer organizarse autónomamente para defender los derechos. El debate estuvo marcado por virulentos discursos anticomunistas y antisindicales del PLN y la amnesia cómplice de las demás fracciones sobre los atropellos cometidos en nombre del solidarismo (Junio 2010 y Mayo 2011). Ley para reconocer derechos salariales de las y los trabajadores de la policía penitenciaria. En conjunto con otras fracciones, presentamos un proyecto de ley para autorizar al Ministerio de Justicia a pagar de forma retroactiva un reconocimiento salarial que se adeudaba a 3200 trabajadores de Adaptación Social (18.242). Nuestra fracción recomendó cambios importantes al texto propuesto, como eliminar una norma que podría haber condicionado el pago a la aprobación de la reforma fiscal (Setiembre 2011). El Plenario Legislativo aprobó en primer y segundo debate el proyecto de ley para hacer justicia a uno de los sectores laborales del Estado que enfrenta peores condiciones de trabajo y que a diario ponen en peligro su vida y su salud (Marzo 2012). Eliminación del rebajo automático del salario a choferes de buses por marcas en contadores electrónicos. Esta propuesta, que presentamos a solicitud de varios trabajadores del sector, busca erradicar la práctica de las empresas autobuseras de rebajar automáticamente del salario de los conductores las marcas adicionales realizadas por las y los pasajeros en las “barras” o contadores electrónicos instalados para controlar el ingreso a los autobuses (18.416). Esta práctica lesiona los derechos laborales porque traslada a las personas trabajadoras la responsabilidad por actuaciones de terceros, sin que se haya demostrado que cometieron una falta laboral (Marzo 2012). Frente Amplio firma y respalda proyecto de ley para convertir a la Asociación Nacional de Educadores en sindicato. Suscribimos la propuesta presentada por la junta directiva de ANDE, con amplio respaldo de las bases, para cambiar la naturaleza jurídica de esta organización y convertirla en un sindicato regido por el Código de Trabajo (18.418). La ley que creó a la ANDE la constituyó como una asociación civil. Esta decisión se basó en el interés de

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la clase política dominante por debilitar la organización legítima de las y los trabajadores, en un país donde la persecución antisindical es política de Estado. Pero la realidad se impone: la ANDE, en esencia, es un sindicato. (Abril 2012). En la comisión de sociales luchamos contra los prejuicios antisindicales que intentaron bloquear el proyecto. Al final se logró dictaminarlo, reconociéndose la libertad de la ANDE para adoptar la figura jurídica que su Congreso decida (Agosto 2012). En el Plenario igualmente apoyamos este proyecto en primer y segundo debate (Diciembre 2012). Aprobada la ley, todavía el Gobierno se negó a firmarla durante varios meses, lo que nos obligó a presentar un recurso de amparo. Aunque la Sala IV lo rechazó, sirvió para meter presión. Finalmente la ley fue firmada y publicada (Ley 9115) (Abril 2013).

Aprobación definitiva del Convenio Nº 189 de la OIT para la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas. En la comisión de asuntos jurídicos logramos dictaminar afirmativamente y en tiempo récord el proyecto de ley para la ratificación de este importante instrumento internacional que establece una serie de garantías y derechos mínimos para estas trabajadoras y que los Estados firmantes deben respetar. Aunque muchos de estos derechos ya están en el Código de Trabajo, la aprobación del Convenio es una garantía de que no vendrán reformas regresivas que debiliten los niveles de protección alcanzados (Junio 2012). Costa Rica se convirtió en el segundo país latinoamericano que ratificó este Convenio después de que el Plenario lo aprobó al final del periodo extraordinario. Esto fue posible porque el Frente Amplio propuso la ratificación del Convenio como su prioridad en la agenda y denunciamos públicamente a los libertarios cuando intentaron bloquearlo. (Agosto 2012).

A pesar de lo anterior, fue necesario devolver el proyecto a comisión en dos ocasiones porque el Ministerio de Trabajo envió al Parlamento un texto incompleto del convenio al que le faltaban partes de varios artículos (Octubre-Noviembre 2012). Peor aún, cuando se les exigió corregir el error lo hicieron mal, por lo que la Sala IV señaló errores de procedimiento, después de que volvimos a aprobarlo (Junio 2013). Finalmente, después de una tercera votación en Plenario, el Convenio 189 se convirtió en ley, para alegría de las compañeras de ASTRADOMES que nunca dejaron de luchar (Octubre 2013).

Ley para garantizar el financiamiento de la defensa pública laboral. Nuestra fracción presentó una iniciativa que busca generar los recursos necesarios para financiar la defensa pública gratuita para trabajadores de escasos recursos y fortalecer este servicio esencial en otras materias como familia y pensiones alimentarias, mediante la creación de un timbre solidario que pagarían los bancos y sectores adinerados de la población cuando realicen procesos de cobro judicial, civiles y comerciales (18.586). Ahora no hay verdadero acceso a la justicia para las personas trabajadoras porque la gran mayoría tiene que ir a los juicios sin asesoría legal, en una posición de total desigualdad frente a los empleadores. Esto cambiaría con la defensa pública laboral que se crea en la Reforma Procesal Laboral. Pero dicho servicio

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requiere abrir nuevas plazas y aumentar su presupuesto y hoy no cuenta recursos suficientes para ello (Octubre 2012).

Reformas a la Ley de la Propina. Extorsión contra las y los trabajadores más humildes. El Frente Amplio respaldó el reclamo de miles de trabajadores y trabajadores del sector gastronómico, quienes denunciaron los despidos masivos y los rebajos salariales que sufrieron de parte de grandes cadenas de restaurantes como chantaje –con la complicidad del Ministerio de Trabajo- para obligarlos a renunciar a su derecho a que la propina sea considerada como parte del salario para efectos del cálculo de prestaciones legales y contribuciones a la seguridad social (Noviembre 2012).

Pero la Asamblea fue sometida a fuertes presiones para aprobar un proyecto de ley de los libertarios que revertía la jurisprudencia de nuestros tribunales que declaró que la propina es parte del salario. Al final el proyecto se aprobó con el voto negativo del Frente Amplio. No aceptamos legislar bajo el chantaje empresarial de más despidos (seguir violando la ley, si no se cambiaba “a la brava”). Las y los trabajadores afectados, desunidos y sin una representación fuerte, terminaron pidiendo que se cumplan las exigencias empresariales. La politiquería navideña hizo el resto. Ni siquiera se garantizó un compromiso de reinstalar a las personas trabajadoras injustamente despedidas y de pagarles los derechos adeudados (Diciembre 2012).

Justicia para extrabajadores del ferrocarril. En la comisión plena primera apoyamos decididamente la Ley 8950 para reconocer beneficios de prejubilación y resarcir, al menos en parte, el daño causado a los extrabajadores del INCOFER que fueron cesados cuando el Gobierno de Figueres Olsen tomó la nefasta decisión de cerrar el servicio de ferrocarriles y quedaron “en la calle” sin opciones de conseguir un nuevo empleo y de obtener una pensión (Abril 2011). Sin embargo, nuestra fracción tuvo que presentar un nuevo proyecto de ley para dar interpretación auténtica de la Ley 8950 (18.735), porque el Ministerio de Trabajo se ha negado a aplicar correctamente la nueva legislación, realizando interpretaciones antojadizas que niegan una vez más los derechos de estas personas (Marzo 2013). El Plenario Legislativo aprobó en primer y segundo debate el proyecto de ley (Julio 2013). Sin embargo, fue vetado por el Poder Ejecutivo, alegando razones presupuestarias. El Frente Amplio, denunció esta nueva burla a la clase trabajadora (Setiembre 2013).

Ampliación de licencia por maternidad. Después de un amplio proceso de consulta con instituciones y organizaciones sociales vinculadas con el tema, nuestra fracción presentó este proyecto de ley para fortalecer la responsabilidad social en el cuido de niños y niñas y combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad (expediente 18.797). A través de esta iniciativa propusimos reformar el Código de Trabajo para ampliar al menos a 6 meses la licencia que se otorga a mujeres trabajadoras embarazadas. El proyecto planteó medidas concretas para superar las principales objeciones realizadas en el pasado a esta ampliación:

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1) Acciones concretas para combatir la discriminación contra las trabajadoras para evadir el pago de las licencias de maternidad. Fortalecer los mecanismos de control y las sanciones en caso de despidos contra trabajadoras embarazadas y crear medidas de acción afirmativa como la obligación de todo patrono de contratar un porcentaje mínimo de mujeres en igualdad de condiciones, para evitar que la discriminación se traduzca en no contratación con el fin de “ahorrar” en el pago de licencias de maternidad. 2) Medios para el financiamiento solidario de la ampliación de las licencias de maternidad sin perjudicar a las micro y pequeñas empresas. Para ello, se autoriza a la CCSS a incrementar la cuota del seguro de maternidad, recargando el cobro a las empresas más grandes; y 3) Medidas para fomentar una mayor responsabilidad de los padres en el cuido de niñas y niños recién nacidos como la introducción de una licencia de paternidad y la posibilidad de intercambiar parcialmente la licencia entre el padre y la madre (Junio 2013).

Justicia para trabajadoras y trabajadores afectados por el Nemagón y sus familias. Presentamos un nuevo proyecto de ley para tratar de acabar de una vez por todas con tantos años de engaños y burlas por parte del Estado costarricense, en prejuicio de las personas trabajadoras envenenadas por este químico tóxico utilizado por las compañías bananeras en nuestro país entre 1967 y 1979. El proyecto establece el principio de que la indemnización a las y los trabajadores afectados por el Nemagón debe pagarse bajo un criterio de responsabilidad objetiva, con solo que éstos demuestren que laboraron para las bananeras y fueron expuestos a este letal veneno (expediente 18.802). Es decir, se propone eliminar exámenes innecesarios y requisitos engorrosos que actualmente son utilizados por el INS como excusa para no pagar las indemnizaciones (Junio 2013).

Proyecto para fortalecer autonomía de Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Firmamos junto a diputados y diputadas de varias fracciones un proyecto de ley que pretende eliminar la potestad del Gobierno de intervenir en la ratificación de los nombramientos que haga la Asamblea en la junta directiva del Banco (18.790) (Junio 2013).

Dictaminado proyecto para garantizar que pago de censatía será inmediato. En la comisión de jurídicos logramos mejorar el proyecto de ley de reforma al artículo 85 del Código de Trabajo (17.848) para consolidar el principio jurisprudencial de que el pago de este derecho es exigible inmediatamente después de la terminación de la relación laboral (Setiembre 2013).

Avanza Ley contra el acoso laboral. También en Jurídicos, participamos activamente en la subcomisión que analizó esta iniciativa para crear un procedimiento eficaz que permita proteger a las personas afectadas por esta práctica contraria a los derechos laborales (18.140). El proyecto pasó al Plenario con dictamen unánime (Setiembre 2013).

Frenada reforma para fortalecer derecho al salario de las trabajadoras domésticas. En la comisión plena primera el PLN y los libertarios rechazaron

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un proyecto de ley que busca interpretar correctamente la fórmula de cálculo del salarios de las trabajdoras domésticas para garantizar que el salario en especie no se utilice como excusa para pagar un salario en efectivo inferior al mínimo que reciben las demás personas trabajadoras (17.689). El Frente Amplio luchó por la aprobación del proyecto a capa y espada. Ante la imposibilidad de aprobarlo, frenamos su votación definitiva para evitar que se vaya al archivo, con la esperanza de que la nueva Asamblea lo retome (Octubre 2013).

B) DENUNCIAS LABORALES Y CONTROL POLÍTICO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Freno al golpe de estado en SINTRAJAP. La Sala IV declaró con lugar recurso de amparo presentado por José Merino contra la destitución arbitraria de la junta directiva legítima del sindicato de trabajadores de JAPDEVA. Nos dio la razón en que esta destitución arbitraria fue una grosera violación al debido proceso y al derecho de defensa de los representantes legítimos de las y los trabajadores. Esto implicó la reinstalación inmediata de la junta directiva legítima y la salida de los testaferros montados por los hermanos Arias y la nulidad de todos los acuerdos de las asambleas espurias donde se acordó el golpe de estado, incluido el apoyo a la privatización de los puertos y la aceptación del soborno ofrecido por el Gobierno. Además, quedó al desnudo el actuar antidemocrático y mafioso de los Arias, al mejor estilo de la peor dictadura militar (Agosto 2010). Esta victoria se consolidó con el contudente triunfo obtenido por la junta directiva legitima de SINTRAJAP en las elecciones posteriores, y con ella se demostró que los puertos de Limón son del pueblo y no se venden (Enero 2011). Ganamos recurso de amparo a favor de las y los trabajadores afectados por el Nemagón. La Sala IV declaró con lugar recurso de amparo presentado en 2009 por José Merino contra el INS por reiterados incumplimientos en la aplicación de la ley que establece una indemnización para las y los trabajadores afectados por el uso del nemagón en Costa Rica (ley 8130), y su reforma aprobada en 2006 por impulso del Frente Amplio. Nuestra fracción presentó un nuevo recurso de adición para que la Sala IV ordene al INS no cometer estas violaciones en el futuro y preparamos nuevas acciones abstenerse de incurrir en violaciones similares en el futuro (Agosto 2010).

Denuncia por aumento salarial de hambre para trabajadores del sector privado. En el Plenario denunciamos el miserable aumento salarial decretado por el Gobierno para las y los trabajadores del sector privado durante el segundo semestre de 2010, ya que ni siquiera permitía cubrir el incremento en el costo de la vida y el deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras (Junio 2010). En defensa de la libertad sindical en las plantaciones bananeras. Presentamos un recurso de amparo contra una de las empresas subsidiarias de la trasnacional estadounidense Chiquita por graves violaciones a la libertad sindical en la plantación bananera Finca Guaria de Matina, Limón. Seis trabajadores fueron despedidos sin justa causa el mismo día que decidieron afiliarse al sindicato SITRAP. Denunciamos que aunque la ley, la

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Constitución y los tratados prohíben despedir a un trabajador por este motivo, estas normas son letra muerta en Costa Rica, todos los días son violadas. Reina la total impunidad porque el trabajador despedido tiene que presentar un juicio laboral que puede durar hasta 6 años para ser reinstalado. Mientras, el sindicato queda destruido. También denunciamos que de esta impunidad han sido cómplices los tres poderes de la república. El recurso no fue admitido por cuestiones de procedimiento, pero posicionó el problema, contribuyendo a que en resoluciones posteriores la Corte le pusiera más atención. El caso sigue en la vía laboral (Octubre 2010). Denuncia por violación a derechos laborales en fincas piñeras de Los Chiles. En conjunto con la seccional del sector privado de la ANEP, nuestra fracción denunció gravísimas violaciones cometidas por empresas piñeras contra los derechos humanos de las y los trabajadores en este cantón empobrecido. Explotación laboral, salarios de hambre por debajo del mínimo, uso de químico tóxico prohibido en EEUU (Carbofurán) que pone en peligro la salud de los trabajadores, entre muchas otras violaciones a las garantías sociales, son pan de todos lo días en esta zona del país. Más de 20 trabajadores fueron despedidos por afiliarse al sindicato. En el Plenario le exigimos al Ministerio de Trabajo que deje de hacerse de la vista gorda y cumpla con sus obligaciones. Solicitamos formalmente a la Ministra de Trabajo abrir un procedimiento para imponer sanciones a las empresas responsables y que nos explique las razones por las cuales los funcionarios destacados en la zona no actúan ante estos groseros atropellos a la dignidad humana (Junio 2011). Denuncia por atropellos a la libertad sindical en las piñeras de Sarapiquí. Junto a los compañeros del sindicato SITAGAH denunciamos la persecución y los despidos discriminatorios antisindicales que sufren los trabajadores de la empresa Piñales Santa Clara S.A. y otras piñeras de la zona por denunciar violaciones a los derechos laborales y unirse a esa organización social. Además, empresas denunciadas se negaron a reinstalar a varios trabajadores despedidos, a pesar de que existen sentencias firmes que confirman la ilegalidad de los despidos. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo, seguía pintado en la pared (Julio 2011). Más denuncias por violaciones a los derechos humanos en las fincas piñeras de san Carlos y Los Chiles. En el Plenario nuestra fracción denunció graves violaciones a la libertad sindical por parte de la empresa piñera Agromonte S.A. en Boca Arenal de San Carlos, que despedía y perseguía con listas negras a las y los trabajadores afiliados a la ANEP. La empresa, que exporta piña a Europa con “certificaciones” de respeto a los derechos laborales, amenazó a los dirigentes de la seccional, mientras el comité permanente de trabajadores y la asociación solidarista agachaban la cabeza y le recomendaban a los trabajadores “salirse del sindicato porque sino nadie más les va a dar trabajo”. También denunciamos que el Ministerio de Trabajo sigue sin hacer nada (Agosto 2011). Respaldo decidido a la huelga de las y los trabajadores bananeros de Sixaola. El Frente Amplio se sumó de lleno a favor de la huelga en las fincas

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1, 2 y 3 de Sixaola, de la trasnacional Del Monte-Bandeco, donde más del 90% los trabajadores migrantes explotados (en su gran mayoría indígenas ngobes), se rebelaron contra abusos como extenuantes cambios de jornada, injustos rebajos salariales y negativa a pagarles las horas extras por jornadas diarias de más de 12 horas, entre otras violaciones a los derechos humanos. En el Plenario denunciamos estos atropellos y la complicidad del Ministerio de Trabajo. Finalmente se logró la firma de un acuerdo entre el sindicato y la empresa, donde esta última se comprometió a reconocer al sindicato e iniciar en enero las negociaciones para convertir el arreglo directo en una convención colectiva. Un triunfo inobjetable (Noviembre 2011).

Continúa la lucha contra las violaciones a derechos humanos en plantaciones piñeras de la Zona Norte. En conjunto con la ANEP y diputadas del PAC, denunciamos nuevos atropellos a los derechos laborales y la libertad sindical en las fincas piñeras de San Carlos y Los Chiles. En finca Monte Providencia (Las Nieves de Pocosol) la empresa piñera despidió injustificadamente al compañero presidente de la seccional, después de que éste se negó a venderse a la patronal. Igualmente en finca Muelle de San Carlos despidieron a otro compañero sindicalista después de que sufrió un grave accidente laboral. La reiteración de estas denuncias empezó a tener acogida en medios de prensa. Algunas empresas han abierto canales de diálogo con el sindicato, preocupadas por las repercusiones internacionales de las denuncias. El Ministerio Público abrió una investigación por los abusos contra trabajadores migrantes (trata de personas) y finalmente la Inspección del Trabajo elevó a juicio nuestra denuncia por las violaciones a la legislación laboral cometidas por la trasnacional piñera Bana Internacional en Los Chiles (Enero 2012). Respaldo a lucha de las y los trabajadores contra decretazo salarial de los 5 mil colones. En el Plenario Legislativo, además de respaldar la marcha de las y los trabajadores y llamar al Gobierno al reestablecer el diálogo salarial, denunciamos que el decretazo de los 5 mil colones fijados por el Gobierno para el primer semestre de 2012 no fue realmente un aumento de salario, sino más bien un rebajo salarial, porque en ningún caso permitía compensar el aumento del costo de la vida previsto por el Banco Central (Febrero 2012). Celebramos rechazo de recurso contra jurisprudencia laboral que protege la libertad sindical en las fincas piñeras. Nos unimos a las manifestaciones de satisfacción de SITRAP y COSIBACR por el rápido rechazo de la Sala Constitucional a una acción de inconstitucionalidad presentada por una empresa piñera contra la jurisprudencia de los tribunales de trabajo que ordena la reinstalación de trabajadores despedidos por su afiliación a un sindicato, así como el pago de todos los salarios caídos desde el momento del despido (Voto Nº 2012-1583) (Marzo 2012). Nuevas denuncias por violaciones a la libertad sindical y demás derechos humanos en fincas piñeras. Nos sumamos a varias denuncias presentadas por los sindicatos de plantaciones agrícolas SITRAP, SITAGAH y SITRACHIRI sobre nuevas violaciones a la libertad sindical ocurridas en fincas piñeras y bananeras: despidos discriminatorios, listas negras, persecución

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contra dirigentes, chantaje para que trabajadores se desafilien, irrespeto a los derechos laborales más elementales, etc. Una vez más, nuestra fracción requirió la intervención inmediata de los inspectores del Ministerio de Trabajo y la imposición de sanciones a las empresas responsables (Abril 2012). Nuevas acciones para defender derechos laborales en plantaciones de Río Cuarto, San Carlos y Los Chiles. Después de una nueva visita a la zona junto a los sindicatos SITTEP y UNT, nuestra fracción continuó con una campaña sostenida de denuncia de las injusticias que se viven en las fincas piñeras. En compañía de compañeras y compañeros del movimiento sindical, nos reunimos con jerarcas del Ministerio de Trabajo para exigirle acciones más contundentes e inmediatas, incluyendo la realización de “barridas” o inspecciones sorpresa con funcionarios de otras regiones, a fin de evitar el contubernio con los empresarios violadores de los derechos humanos. El Ministerio se comprometió a ejecutar estas acciones y en las semanas siguientes se llevaron a cabo las primeras barridas. A su vez, preparamos nuevas acciones legales y de control político, incluyendo denuncias internacionales con énfasis en los países que compran la piña exportada por las empresas denunciadas (Abril-mayo 2012. Justicia salarial para las trabajadoras domésticas. Acción para acabar con discriminación de género. Junto a ASTRADOMES, la Alianza de Mujeres Costarricenses y varias organizaciones sindicales, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que fijó los salarios mínimos para las trabajadoras domésticas, porque dicho decreto estableció un salario mínimo mensual para estas trabajadoras que era 100 mil colones inferior al mínimo establecido para todas las demás categorías de trabajadores. Allí demostramos que este salario miserable no tiene la más mínima justificación objetiva, más allá de la discriminación de género que menosprecia el trabajo de las mujeres. (Mayo 2012) Lamentablemente la Sala IV se lavó las manos y rechazó el recurso sin entrar a analizarlo a profundidad, aunque dejó abierta la puerta para que este reclamo vuelva a ser presentado en otra vía judicial.

Rotunda oposición a los intentos del Gobierno de castigar a la clase trabajadora por la crisis fiscal causada por políticos corruptos y evasores de impuestos. Denunciamos en el Plenario las propuestas lanzadas por el Gobierno para recortar derechos laborales como solución al déficit fiscal (salario único, etc.) Cuestionamos el falaz discurso que califica como “pluses” los derechos consolidados que integran el salario de las personas trabajadoras y le declaramos la guerra a cualquier intento de activar esta nefasta agenda en la Asamblea. Censuramos las vergonzosas acciones de la Contraloría para reducir la cesantía a trabajares de algunas instituciones públicas en vez de eliminar el injusto tope de 8 años del Código de Trabajo (Marzo 2013).

Nueva huelga bananera en Sixaola. Denuncia penal a transnacional bananera por explotación laboral. Una vez más nos sumamos de lleno a la solidaridad con esta jusa lucha. Denunciamos a Del Monte-Bandeco por el delito de explotación laboral en perjuicio de las y los trabajadores indígenas migrantes de las fincas 1, 2 y 3 de Bandeco en Sixaola, quienes han seguido sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos aprovechando su

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evidente condición de vulnerabilidad. En el Plenario cuestionamos la mala fe de la trasnacional que despidió a decenas de trabajadores afiliados al sindicato seis meses después de un paro para exigir la firma de la convención colectiva y cuando ya se había firmado un arreglo por aquel caso. Al final ,esta nueva huelga se resolvió con un acuerdo que incluyó la reinstalación de la mayoría de trabajadores despedidos (Junio 2013).

Freno al nombramiento de magistrados enemigos de los derechos laborales en la Sala Segunda. En el Plenario logramos detener el intento del bloque PLN-ML por nombrar en las suplencias de esta Sala (que conoce en última instancia los juicio laborales) una nómina integrada por varios abogados patronales conocidos por sus posiciones a favor de la flexibilidad laboral y en contra de los derechos de las y los trabajadores. Al no alcanzarse los 38 votos la nómina volvió a la Corte y ésta tuvo que proponer nuevos nombres sin semejantes antecedentes (Junio 2010).

Apoyo a denuncias contra la imposición arbitraria de salario único en instituciones del Estado. Apoyamos una denuncia presentada por el sindicato del Banco Popular sobre un intento de las autoridades del banco para imponer el salario único y otros recortes de derechos laborales, sin diálogo ni consulta previa con las y los trabajadores (Julio 2010). Una situación similar se dio en el Banco Nacional, donde el mismo gerente que se recetó un aumento salarial de 8 millones de colones había venido imponiendo por la fuerza el salario único (Octubre 2010).

Denuncia contra intromisión del Gobierno en el Banco Popular. El Frente Amplio denunció y censuró públicamente la injerencia indebida del Gobierno del PLN en los asuntos internos del Banco Popular, que se negó arbitrariamente a ratificar a las personas representantes de la Asamblea de Trabajadores nombradas en la junta directiva del Banco. Pero nuestro rechazo a la intromisión del Poder Ejecutivo no implicó que avaláramos los cambios realizados por los hermanos Arias al reglamento de dicha Asamblea, que afectan la justa representación de diversos sectores como el cooperativo y el sindical. También manifestamos que urge cambiar las políticas de crédito e inversión de recursos del Banco, pues se sigue distanciando de los objetivos que le dieron origen y tiende a funcionar como un banco comercial más, desvinculado de las necesidades de la clase trabajadora y los pequeños productores de la economía social (Mayo 2013).

En defensa de las y los trabajadores de la pesca. En la comisión de ambiente apoyamos un proyecto de ley para prohibir la depredadora técnica del pesca de arrastre del camarón (17.042). Pero también exigimos que se haga justicia a cientos de trabajadores humildes que están quedando a la deriva porque los dueños de las licencias de pesca están negociando la terminación de su actividad a cambio de una indemnización mientras a los trabajadores no les dan nada y los despiden sin prestaciones ni seguridad social (Octubre 2010). Huelga en la Asamblea Legislativa. Respaldamos la lucha justa de las y los trabajadores legislativos contra una decisión arbitraria del Directorio que se negó a reconocerles una equiparación salarial a la que tenían derecho y nunca

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quiso dialogar con el sindicato. Al final el Directorio Legislativo tuvo que retractarse (Octubre 2010). II. DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES

Aprobación de la ley para fortalecer el derecho a la educación frente a los excesos de las leyes de propiedad intelectual (“fotocopiando para estudiar”). En la comisión de jurídicos logramos que avanzara el proyecto de ley presentado por José Merino para proteger el acceso a las fotocopias con fines educativos y otras reformas para revertir los efectos negativos de la privatización del conocimiento (17.342). Tras largos períodos de consultas y después de recibir diversas audiencias a favor y en contra (Octubre 2010), la comisión aprobó por unanimidad el dictamen de esta importante iniciativa (Noviembre 2011). La reforma establece que no constituye delito la reproducción de obras o fonogramas o la prestación de servicios de fotocopiado adquiridos con fines ilustrativos de la enseñanza. De esta forma se garantiza que quienes prestan servicios de fotocopiado a estudiantes y personal docente no serán perseguidos penalmente, a diferencia de la ley vigente, donde queda esta opción abierta. Además se protegen otras actividades como la representación de obras de teatro, la proyección de películas o la divulgación de información por Internet u otros medios electrónicos cuando se realicen con fines ilustrativos de la enseñanza. Por insistencia del Frente Amplio el proyecto fue delegado por el Plenario a la comisión plena primera donde también fue aprobado por unanimidad. Dicha aprobación es un paso importante en nuestra lucha para que el conocimiento siga siendo libre, un bien de todas y todos. Un avance sustancial en nuestra lucha por fortalecer el derecho a la educación frente a leyes injustas, abusivas y desproporcionadas que insisten en cercar los bienes comunes (Junio 2012).

El Gobierno vetó la ley, ignorando su amplísimo respaldo popular. Le dio prioridad a las presiones de las cámaras empresariales y a grupos de poder que llaman “ladrones” a los estudiantes que fotocopian textos porque no pueden pagarlos, en vez de atender la necesidad de miles jóvenes que no podrían seguir estudiando si se les niega el acceso a las fotocopias (Agosto 2012). Nuestra fracción promovió y participó activamente de varias movilizaciones en protesta contra el veto. Para tratar de calmar el descontento popula,r el Gobierno corrió a dictar un decreto para aclarar que no era su intención perseguir el fotocopiado con fines educativos. Sin embargo, advertimos que se trata de una “cortina de humo” porque el decreto no puede oponerse a la ley y podría ser derogado en cualquier momento (Octubre 2012). El Frente Amplio no ha abandonado esta lucha y en la negociación del nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa solicitó al Gobierno el levantamiento del veto (Abril 2014). Aprobación de la ley para consolidar concesiones de radio y televisión a favor del SINART. El Frente Amplio fue la primera fracción que planteó la

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necesidad de legislar para otorgarle a esta empresa pública una concesión por las frecuencias que utiliza para de radio y televisión por un plazo de 99 años prorrogables, ya que la ley vigente solo se las daba por 10 años (que estaban próximos a vencerse y no se prorrogarían si el Gobierno se oponía). Para ello presentamos un proyecto de ley (17.726) (Mayo 2010). Posteriormente nuestra propuesta se fusionó con otro proyecto presentado por varios diputados y diputadas, que finalmente fue aprobado por el Plenario (Abril 2011). Derogatoria de la ley para la privatización de servicios públicos municipales. Con el respaldo de trabajadores municipales del país presentamos un proyecto para derogar la ley 8828 que permite crear empresas municipales con accionistas privados, lo que crea peligrosos portillos para la apropiación privada de los bienes y servicios municipales (17.760) (Junio 2010). Aunque el proyecto fue archivado sin discusión en la comisión de económicos (Setiembre 2010), debe retomarse esta lucha. También presentamos en dos ocasiones una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, que todavía no ha podido conocerse por el fondo por razones de procedimiento (Junio-Noviembre 2010) Prohibición de patentar material genético humano. Presentamos esta iniciativa para prohibir expresamente el otorgamiento de patentes sobre células y cualquier tipo de material genético de origen humano, en aras de garantizar la protección de la vida y la dignidad humana frente a las nuevas formas de explotación y privatización (18.340). La ley vigente es omisa sobre este tema y ya hay varios países que han admitido patentes sobre células humanas, lo que equivale a conceder derechos monopólicos sobre el uso de elementos constitutivos del cuerpo humano (Diciembre 2011). En la comisión de jurídicos logramos que se dictaminara afirmativamente esta iniciativa (Noviembre 2012). Concesiones de radio y televisión en manos de costarricenses. Presentamos un proyecto de ley para reestablecer el artículo 3 de la Ley de Radio que fue derogado mediante la agenda de implementación del TLC y así garantizar que las concesiones para prestar servicios de radio y televisión solo puedan ser otorgadas a costarricenses o a empresas controladas por nacionales (18.422). Esta reforma busca garantizar el contenido nacional en estos servicios estratégicos para la difusión del conocimiento, el acceso a la cultura y la preservación de las tradiciones de nuestro pueblo, como disponen la inmensa mayoría de las legislaciones a nivel mundial (Abril 2012). Proyecto de ley para la recuperación de edificio público en beneficio del pueblo de Palmares. Rescatamos del archivo y volvimos a presentar una iniciativa para que el Estado done a la Municipalidad de Palmares el edificio de la antigua Cooperativa Tabacalera, Agrícola e Industrial de Palmares para el fomento del arte, la cultura y el desarrollo de proyectos en beneficio de la juventud. Este inmueble, declarado patrimonio histórico, había sido entregado a la comunidad por el expresidente Rodrigo Carazo, pero la donación nunca se inscribió (Abril 2011).

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Afectación de terreno público para la comunidad de Dominical de Osa. A solicitud de la asociación de desarrollo, presentamos este proyecto de ley para afectar al uso público comunal un terreno ubicado en la zona restringida de playa Dominical. De aprobarse,el terreno quedaría reservado para obras comunales, casa de la juventud, educación ambiental y otros proyectos en beneficio de la colectividad (Mayo 2011).

Voto negativo a la ley de “agujas”. Fuimos la única fracción que rechazó en Plenario el proyecto para legalizar las instalación de “agujas” manejadas por guardas privados en la entrada de los barrios, supuestamente para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Votamos en contra porque la ley afecta la libertad de tránsito y es una forma más de privatizar los espacios públicos. Es un error gravísimo seguir fomentando ciudades cercadas y barrios segmentados donde la gente vive cada vez más aislada de sus vecinos (Octubre 2010). Defensa del patrimonio nacional en la ley del INDER. La Sala IV nos dio la razón en la consulta que formulamos sobre este proyecto y concluyó que varios artículos eran inconstitucionales por desproteger y poner en peligro bienes de dominio público y tierras que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, al permitir su titulación por particulares con la intención de legalizar actos ilícitos cometidos en el pasado con tierras del IDA. Esto obligó a corregir el proyecto. Apoyamos medidas para ayudar a las familias campesinas sin tierra, pero nunca para seguir regalando las tierras del Estado a tagarotes y grandes empresas (Febrero 2012). Defensa de nuestras playas en la Ley de Tránsito. En el trámite de este proyecto combatimos varios artículos que ampliaban las posibilidades de que automotores circulen impunemente por nuestras playas, agravando los problemas ambientales y poniendo en peligro el disfrute de la zona pública. Logramos aprobar mociones para aclarar que solo se autorizarán actividades compatibles con los fines de uso de la zona pública. Además presentamos una consulta a la consulta que permitió una interpretación correcta de la nueva ley (Febrero 2012). Defensa de bienes públicos en los proyectos de donación de inmuebles. Durante los cuatro años de gestión legislativa nuestra fracción se caracterizó por presentar mociones a los proyectos de donación y traspaso de terrenos públicos, en aras de resguardar el uso público y garantizar que no se desafectará injustificadamente el patrimonio nacional. En defensa de los muelles de Limón. Durante el periodo 2010-2014 la fracción del Frente Amplio le dio prioridad a las acciones de control político para combatir los diversos intentos de privatizar los puertos públicos de Limón y Moín y desmantelar JAPDEVA. Algunas las acciones desplegadas fueron:

Ø Denunciamos en Plenario el intento de los hermanos Arias de sobornar con plata del pueblo a las y los trabajadores de JAPDEVA para que aceptaran la privatización de los puertos, así como la complicidad del Gobierno de Chinchilla que homologó en tiempo récord las reformas ilegales a la convención colectiva (Junio 2010).

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Ø Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la reforma espuria a la convención colectiva (Junio 2010).

Ø Fuimos la única fracción que votó en contra del último presupuesto extraordinario de 2010, porque, con la excusa de reparar carreteras dañadas se incluyeron partidas camufladas de 4 mil millones para financiar despidos en el CNP y 15 mil millones para el pago de sobornos a trabajadores de JAPDEVA (Noviembre 2010).

Ø En la comisión de concesiones acogimos las denuncias de SINTRAJAP sobre el desmantelamiento de JAPDEVA y las graves irregularidades en la concesión del puerto de Moín. Quedó en evidencia el sabotaje interno para que la institución no tramite aumentos y el freno a las inversiones para comprar dos grúas pórticas para el muelle de Moín (Junio 2011).

Ø Denunciamos el nuevo “chorizo” de la Terminal de Contenedores de Moín, adjudicada ilegalmente por el Gobierno a la trasnacional holandesa APMTerminals y sus graves irregularidades como la creación de un monopolio privado en la descarga de contenedores y las modificaciones ilegales a la oferta original del cartel de licitación para acomodarlo a la medida de los interesas de la empresa.

Ø Respaldamos las gestiones impulsadas por SINTRAJAP para exigir que la concesión de Moín, sea sometida a aprobación legislativa como manda la Constitución (Octubre 2011).

Ø Cuestionamos el refrendo arbitrario de la Contraloría a la concesión del muelle de Moín. Denunciamos que la Contraloría avaló que el Gobierno otorgara en concesión el mar patrimonial del país, permitiendo el relleno de más de 60 hectáreas, sin que exista legislación que lo autorice (Marzo 2012).

Ø En los últimos meses de gestión preparamos nuevas acciones para impugnar otras actuaciones ilegales como el trámite de expropiaciones y la afectación a áreas protegidas (Abril 2014).

Anulación de reglamento de la agenda de implementación del TLC que permitía la apropiación ilegal de nuestra biodiversidad. La Sala IV declaró con lugar una acción que presentamos junto a la Red de Biodiversidad y anuló el reglamento del COMEX al artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, que dejaba sin efecto el mecanismo de consulta previa y vinculante establecido en la ley para evitar que las transnacionales se apropien ilegalmente de elementos de nuestra flora, fauna, microorganismos, etc, sin pedir permiso al Estado ni consultar a las comunidades locales, para después patentar “invenciones” obtenidas a partir de dicha biodiversidad (Diciembre 2012). Defensa de los parques públicos y las áreas verdes de Hatillo. Logramos tumbar en la Sala IV un decreto ejecutivo dictado por los hermanos Arias que buscaba permitir la urbanización de hasta el 70% de las zonas verdes del distrito de Hatillo (San José). Este decretazo contra el pueblo autorizaba sin ningún sustento técnico el cambio del uso del suelo de áreas verdes y zonas destinadas a parques públicos para promover los negocios inmobiliarios de politiqueros corruptos, en detrimento del derecho de la gente a una ambiente sano (Diciembre 2012).

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Denuncias contra la privatización de la lotería electrónica de la Junta de Protección Social. Presentamos denuncias ante la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría por el “chorizo” organizado por autoridades de JPS y RACSA para entregar el negocio de la lotería electrónica a una empresa privada extranjera sin hacer una licitación pública, usando a RACSA como intermediario. Aunque este plan fracasó, la JPS siguió con sus planes privatizadores y hoy empiezan a verse las consecuencias (Agosto 2010).

Denuncia por el regalo de una finca del Estado a la bananera Del Monte. Denunciamos en Plenario que el IDA le “vendió” en 10 mil colones a esta trasnacional una finca de 6.6 hectáreas ubicada en Limón que además forma parte de las tierras de reserva nacional. Este regalo se hizo a pesar de que la comunidad de Bervely tenía varios años de solicitar la misma finca para trasladar una parte del pueblo que está amenazado por las inundaciones. Además, denunciamos que el ICE pagó a Del Monte más de 44 millones de colones para pasar una torre de tendido eléctrico por la finca regalada por el IDA. Nuestra fracción presentó un recurso de amparo contra el traspaso de la finca que no fue admitido por la Sala IV. Sin embargo, quedan abiertas otras vías legales para recuperar este bien público (Noviembre 2010).

Denuncia por piñata con tierras públicas en Aserrí. Cuestionamos en el Plenario un proyecto que pretendía donar casi 1600 hectáreas de tierras públicas de la municipalidad de Aserrí a sujetos privados, incluyendo prominentes políticos del PLN, porque presentaba una gran cantidad de irregularidades. En vez de corregirlas, el Gobierno no volvió a convocar el proyecto. En medio quedaron varias familias de la comunidad de Caspirola que sí necesitan la tierra. Los politiqueros del Gobierno prefirieron echarle la culpa al FA que replantear la propuesta. Nuestra nueva fracción va a retomar el tema con justicia social pero sin “chorizos” (Agosto 2010). Contra la privatización de los cementerios de la Junta de Protección Social. Solicitamos a la junta directiva de la JPS la suspensión inmediata de la contratación que pretendía entregar a una empresa privada los servicios de construcción de nichos (despidiendo a los trabajadores que realizan esta labor) y también que explicaran la gran cantidad de irregularidades que rodeaban este nuevo negocio a costa de los bienes públicos (Marzo 2011). Lucha por la recuperación de parque público en San Francisco de Dos Ríos. Denunciamos ante la Contraloría al alcalde de San José porque durante más de 20 años incumplió una orden de anular un acuerdo municipal que traspasó ilegalmente este bien público a una fundación privada. Respaldamos así la lucha de las y los vecinos de la Urbanización La Cabaña, quienes sufren la destrucción, cierre y la apropiación privada del principal parque público y área de recreo infantil de su comunidad, por la negligencia de las autoridades municipales (Enero 2013). III. MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO-ECONOMÍA SOCIAL Aprobada reserva de recursos mineros para las comunidades locales a través de modelos de economía social. En la ley que prohibió la minería metálica a cielo abierto logramos establecer que las concesiones mineras de

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actividades no prohibidas (minería subterránea) serán rescatadas por el Estado (hoy en manos de trasnacionales y especuladores privados) y reservadas única y exclusivamente para cooperativas conformadas por trabajadores de la minería artesanal que habitan en las comunidades aledañas a los proyectos. Así, recuperamos bienes estratégicos del patrimonio nacional para devolverlos al pueblo costarricense, a las comunidades locales para que sean utilizados exclusivamente en su propio desarrollo (Noviembre 2010). Justicia para las gentes del mar. Avance de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Durante los últimos cuatro años impulsamos con prioridad este proyecto de ley para proteger los derechos históricos de las comunidades de las costas y de las islas de nuestro país. Logramos avances importantes aunque la tarea todavía no está cumplida:

a) Trámite en comisión. Nuevo proyecto, misma esencia. Ante la negativa del PLN de permitir el avance en la comisión de gobierno del proyecto original presentado por José Merino, presentamos un nuevo proyecto de ley totalmente fiel a la iniciativa construida participativamente por las comunidades costeras, para su tramitación en la comisión de ambiente (18.148) (Junio 2011). La iniciativa fue dictaminada por unanimidad en la comisión de ambiente, después de fuertes discusiones y mucha presión de las comunidades organizadas. El PLN y los libertarios aprobaron una moción para excluir de la ley a las familias que no habitaban la zona costera antes de 1977. Sin embargo, a través de mociones posteriores logramos eliminar esta restricción excesiva (Setiembre 2011).

b) Tramite en Plenario. La ley para proteger los derechos de las comunidades costeras con justicia social y ambiental fue votada en primer debate gracias a la tenacidad del Frente de Comunidades que se movilizó y presionó hasta lograr la apertura de una “mesa de diálogo” con todas las fracciones legislativas. Aquí el Gobierno intentó por varios meses manosear el proyecto y vaciarlo de contenido, pero no lo permitimos. Eliminaron algunas normas y endurecieron los requisitos para declarar un territorio costero, pero no lograron cambiar lo sustancial del proyecto.

El resultado es una ley que establece un modelo de desarrollo alternativo para las costas de nuestro país. Sustituye la legislación de la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, concebida para fomentar la explotación comercial a gran escala de nuestras playas, por normas que buscan proteger integralmente a las comunidades costeras. No solo les garantiza estabilidad jurídica mediante un sistema de concesiones accesible, sino también oportunidades de desarrollo social en armonía con la naturaleza. Se sustituyen los megaproyectos y los enclaves que están expulsado a las gentes del mar, por un modelo que privilegia la distribución equitativa de la tierra, la economía social, la pesca sostenible y el turismo ecológico. Todo lo anterior, garantizando la protección de la zona pública y el Patrimonio Natural del Estado (Abril 2013).

c) Freno en la Sala IV y lo que sigue. La Sala IV encontró dos inconstitucionalidades en el proyecto que lo retrasaron pero no lo enterraron, como era la intención de la consulta presentada por el PLN y sus aliados. Estos

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puntos se referían a los estudios técnicos sobre el Refugio de Vida Silvestre de Ostional y a la posibilidad de dar concesiones limitadas hasta en un 15% de la zona pública. Logramos subsanarlos en la comisión de consultas, eliminando los artículos objetados por la Sala.

A su vez, la Sala también avaló el modelo de los territorios costeros comunitarios, declarando que no es inconstitucional que se prohíban los megaproyectos ni que se otorgue un trato especial y diferenciado a las comunidades costeras históricamente abandonadas. La Sala rechazó el falaz argumento del PLN que sostenía que dar prioridad a las y los pobladores costeros era “discriminatorio”. Lo que es discriminatorio es el modelo económico injusto y excluyente que existe actualmente. También avaló la solución para las islas del Golfo de Nicoya, declarando que se pueden reconocer derechos a las familias que allí habitan, pero que cualquier intento de dar concesiones para explotación comercial sí requiere de una autorización legislativa especial (Mayo-Julio 2013). El informe de la comisión de consultas está listo para votarse en Plenario, pero no se pudo conocer porque el Gobierno incumplió su compromiso de convocar el proyecto a extraordinarias (Febrero 2014).

Propuesta para asegurar que recursos de préstamo del BID beneficien a comunidades locales. El Plenario aprobó un préstamo por $19 millones para mejorar infraestructura en áreas protegidas. Logramos la aprobación de una moción del FA para garantizar que los recursos destinados a promover el turismo se invertirán prioritariamente en las comunidades locales que viven alrededor de las áreas protegidas. Se obligó al Gobierno a invertir recursos dando capacitación para que las y los pobladores puedan desarrollar actividades de turismo sostenible, de manera que los beneficios de la conservación se queden en las comunidades que la hacen posible (Julio 2011). Proyecto para integrar desarrollo de comunidades y consolidación de áreas protegidas. Propusimos una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, con el objetivo de garantizar que los contratos para prestar servicios no esenciales (sodas, tiendas, parqueos, senderos etc.) en parques nacionales y demás áreas protegidas deban otorgarse únicamente a asociaciones, cooperativas, microempresas y organizaciones sociales integradas por habitantes de las comunidades ubicadas en las zonas aledañas a dichas áreas (18.436). Buscamos evitar que los parques funcionen como enclaves, donde no hay suficiente vinculación con las comunidades locales, a fin de que estas participen directamente de los beneficios de la conservación ambiental (Abril 2012). Proyecto de ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y aprovecharla de forma sostenible en beneficio de nuestro pueblo. Presentamos, después de un amplio proceso de consulta, una iniciativa para reformar las normas sobre pesca del atún de la Ley de Pesca con 3 objetivos fundamentales: 1) Recuperar el patrimonio nacional, acabando son el regalo y el saqueo del atún de nuestros mares. Propusimos eliminar las licencias gratuitas a barcos extranjeros y que las licencias de pesca se cobren a partir

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del valor real del recurso. 2) Destinar la riqueza generada por los fabulosos recursos atuneros de Costa Rica a la generación de empleo digno en las empobrecidas provincias costeras (especialmente Puntarenas). Esto a través de la promoción de cooperativas de trabajadores desempleados y pescadores artesanales, es decir, con distribución de la riqueza y justicia social. 3) Todo lo anterior en el marco de una propuesta de desarrollo sustentable, que busca ordenar el uso del territorio marino y proteger nuestros recursos naturales para disfrute de las futuras generaciones (18.862) (Agosto 2013). Justicia para el pueblo de Ostional. Presentamos un nuevo proyecto de ley (18.939) para armonizar el desarrollo de esta comunidad costera de Santa Cruz de Guanacaste con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre del mismo nombre. El proyecto reconoce los derechos de las y los pobladores de Ostional sin reducir o eliminar el área protegida y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Se sigue el modelo de la Ley TECOCOS, pero con una ley especial porque es necesario completar los estudios técnicos respectivos (Octubre 2013). Propuestas para mejorar Ley de Banca para el Desarrollo. Presentamos varias mociones para corregir errores en proyecto de reforma a esta ley en aras de garantizar que el crédito realmente llegue en condiciones favorables a pequeños productores y microempresas de todo el país (17.502). Apoyamos la reforma y por eso no avalamos las maniobras de algunos diputados para bloquearlo, porque el proyecto grava con impuestos a banqueros que lucran con la banca de maletín (bancos extranjeros que prestan en el país sin tener oficina abierta) y la banca off-shore. Pero también planteamos que el proyecto tiene errores que deben corregirse, como las normas del peaje bancario que favorecen el negocio de los bancos privados y les rebajan las sanciones, así como la necesidad de crear verdaderas garantías para que los avales y el crédito sean accesibles para los pequeños productores, rompiendo con la lógica de la banca comercial. Para eso propusimos enmiendas para liberar a la banca de desarrollo de la camisa de fuerza de SUGEF y CONASSIF. Algunas mociones fueron presentadas por nuestra fracción, pero se quedan cortas. Es necesario abrir un espacio para nuevas reformas (Febrero-Abril 2014). IV. FRENO AL ALTO COSTO DE LA VIDA

Proyecto para regular los precios de las medicinas. Presentamos esta iniciativa para restablecer controles y regulaciones públicas sobre el mercado de los medicamentos y frenar las distorsiones y precios abusivos que imperan desde que las reformas neoliberales obligaron al Estado a no intervenir para beneficio de las transnacionales farmacéuticas y los monopolios de importadores y especuladores (17.738). Partimos de que las medicinas son un bien esencial para la vida, que no puede quedar bajo la “ley de la jungla” porque la gente no puede renunciar a comprarlas (Mayo 2010).

La comisión especial de la CCSS dictaminó afirmativamente el proyecto, enriqueciéndolo con valiosos aportes del Observatorio para el Desarrollo y la Facultad de Farmacia de la UCR, la CCSS, el Colegio de Farmacéuticos, la Contraloría, el Ministerio de Economía y farmacias independientes.

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Proponemos recuperar el deber del Estado de regular los precios -fijando precios máximos, tomando como referencia precios de otros países, o usando otros mecanismos técnicos- a fin de garantizar precios justos, especialmente para aquellas medicinas de mayor consumo y en las que se dan abusos de parte de los proveedores. Se proponen reformas para promover que haya más oferta de medicinas, eliminando trabas injustificadas que impiden importarlas y producirlas, así como prohibiendo contratos de exclusividad y otras prácticas monopólicas. Se obliga a los actores del mercado a dar información más transparente a las personas consumidoras y se combaten los contubernios que se generan entre las trasnacionales farmacéuticas y algunos médicos para promover que la gente compre las medicinas más caras.

También se incluyeron cambios dirigidos a dotar a la CCSS de mejores herramientas para comprar medicamentos a precios más justos y accesibles: se amplían las opciones de la CCSS de utilizar las importaciones paralelas para obtener medicinas más baratas, se facilita el registro de los medicamentos que esta institución compra y se amplían los casos de excepción en que se pueden importar medicinas no registradas. También se extiende el régimen especial de contratación a los insumos médico-quirúrgicos, lo que le permitiría a la CCSS agilizar notablemente sus compras de estos productos (Noviembre 2012).

Propuestas para frenar aumentos excesivos de alquileres. Presentamos una moción a la Ley del Desahucio Exprés para reformar el artículo 67 de la Ley de Arrendamientos, que hoy permite que los dueños de viviendas aumenten cada año el alquiler hasta en un 15%, sin importar que la inflación anual haya sido mucho menor. En su lugar propusimos que los aumentos anuales no puedan ser mayores a la inflación, hasta un tope de 12%. Si la inflación rebasa ese tope, el BANHVI deberá fijar un aumento acorde con la realidad económica y social del país. La moción fue rechazada (Enero 2011), pero volvimos a presentarla a través de un proyecto de ley con este mismo objetivo (18.067) (Abril 2011).

Proyectos para frenar la usura con tarjetas de crédito. Presentamos un proyecto de ley para regular el uso de tarjetas de crédito en el país, con el fin de frenar las prácticas usureras que “las garroteras” públicas y privadas están cometiendo con la población cada vez más endeudada (17.985). Se propone fijar un tope al cobro de intereses, quitar trabas para renunciar a la tarjeta y otras clásusulas abusivas de los contratos, información veraz y más transparencia (Febrero 2011). El proyecto fue archivado sin discutirlo en la comisión de hacendarios, pero lo volvimos a presentar con varias mejoras (18.803) (Junio 2013).

V. JUSTICIA TRIBUTARIA Y COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL

Oposición a reforma tributaria que golpeaba a la clase media y a la clase trabajadora. Manifestamos en el Plenario nuestro rotundo rechazo al primer proyecto presentado por el Gobierno que pretendía solucionar la crisis fiscal, cargando, una vez más, su peso sobre los más débiles. Denunciamos que aumentaba los impuestos que pesan principalmente sobre las grandes

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mayorías de la población, pero a los ricos, a los banqueros, a las empresas trasnacionales, a quienes causaron la crisis, prácticamente ni los tocaba. Demostramos con datos no refutados que un 68% de los nuevos ingresos esperados por el Gobierno provenía de los cambios en el impuesto de ventas. (Enero 2011).

Al desnudo la injusticia tributaria del decreto que rebajó el canon de Papagayo. Denunciamos en el Plenario que, mientras al pueblo le subían los impuestos, a los grandes concesionarios del Proyecto Papagayo, el Gobierno de los Arias les rebajó en casi un 100% el canon que pagaban por la explotación de tierras públicas (las más valiosas del país) ocasionando pérdidas por más de 600 millones a las municipalidades de Liberia y Carrillo. Pusimos al desnudo el acto cuasimafioso que cambió la base de cálculo del canon costero, fijándola en el ridículo monto de $1.5 por metro cuadrado, mientras el resto del pueblo paga impuestos según el valor de mercado de sus propiedades. Exigimos, con apoyo de las municipalidades afectadas, la derogatoria inmediata de esta vergüenza nacional. El Gobierno, para tratar de calmar los ánimos, subió la base de cálculo a $3. Pero nuestras denuncias no pararon (Enero 2011).

Proyecto de ley para frenar el saqueo tributario que sufre el pueblo guanacasteco con el decreto de Papagayo. Presentamos una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Ley que creó el Polo Turístico Papagayo, para establecer que los concesionarios deberán pagar impuestos a las municipalidades de Carrillo y de Liberia con base en el valor real de mercado de los terrenos concesionados, previo avalúo realizado por Tributación Directa (18.072), lo que cerraría definitivamente el portillo abierto por el decreto de los Arias y permitiría al pueblo de Guanacaste empezar a recuperar una parte de los recursos históricamente saqueados (Mayo 2011). La comisión de ambiente dictaminó afirmativamente y por unanimidad esta iniciativa que pasó al Plenario y ahora se encuentra en trámite de mociones de fondo (Octubre 2011).

Propuesta alternativa para una reforma fiscal verdaderamente justa y solidaria. Presentamos al país nuestras razones para rechazar el “paquetazo” tributario del Gobierno, acompañadas de una amplia lista de propuestas alternativas para una reforma fiscal que de verdad se fundamente en los principios de solidaridad y justicia tributaria. Por ejemplo: aumentar los impuestos que gravan directamente al gran capital, a las grandes empresas, a los banqueros privados, a las transacciones especulativas y a los millonarios que eluden impuestos escondiendo su riqueza en el exterior. El planteamiento del Frente Amplio fue por mucho el más completo presentado por los partidos de oposición (Marzo 2011). Aprobación de propuesta para que el impuesto solidario a casas de lujo sea permanente. La comisión de hacendarios y el Plenario aprobaron una moción del FA para eliminar el artículo que limitaba al año 2019 la vigencia de este impuesto progresivo que financia programas sociales para la construcción de vivienda digna de personas pobres. En su lugar, el impuesto regirá por tiempo indefinido (Junio 2011). Con nuestro voto

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favorable, esta propuesta finalmente se convirtió en ley cuando el Plenario aprobó el proyecto de reformas a la legislación tributaria (17.861) donde se incluyó (Julio 2011). Aprobación de propuesta para eliminar privilegio tributario de los banqueros. En el proyecto 17.861 también logramos la aprobación definitiva de una moción de nuestra fracción para eliminar una norma injustificada que exoneraba a los bancos comerciales del pago del impuesto a las casas de lujo (que sirve para financiar vivienda de interés social) (Mayo-Julio 2011). Proyecto para aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas de telecomunicaciones. Propusimos una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para aumentar la contribución especial destinada a financiar proyectos de desarrollo social que deben pagar las empresas que exploten estos servicios en el país. Planteamos aumentar esta contribución a entre un 5% y 9% (monto cercano a lo que aportaba el ICE antes del TLC), en vez del aporte ridículo de entre 1.5% y 3% vigente en la actualidad (Mayo 2011). El proyecto fue archivado en comisión por los partidos neoliberales. Sin embargo, nuestra nueva fracción podría retomarlo. Demanda de revisión de criterio que favorece ilegalmente a trasnacional que no paga impuestos en Abangares. Presentamos una gestión para revisar un dictamen de la Procuraduría que, en contra de lo que dice la ley, impediría al Estado cancelar la concesión minera a la cementera CEMEX, por la deuda de casi 10 mil millones de impuestos municipales que esta empresa mantiene con la municipalidad de Abangares (una de las más pobres del país) (Julio 2011). Apoyo crítico a Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas. En el Plenario votamos a favor la creación de un impuesto sobre las sociedades mercantiles inscritas en el Registro, salvo las pequeñas empresas activas que quedaron exentas. Los recursos tendrán destino específico para programas de seguridad ciudadana, incluyendo la prevención. Planteamos varias mociones para mejorar el proyecto que no fueron aprobadas. Aún así, lo apoyamos porque fortaleció los controles sobre el uso indiscriminado y abusivo de sociedades mercantiles, limitando la proliferación de estas figuras. Esto ayuda a evitar fraudes para esconder bienes y no pagar obligaciones familiares, o evadir deudas con la CCSS y con las personas trabajadoras (Agosto 2011). Voto negativo a impuesto injusto sobre el consumo de electricidad de las familias pobres. Nuestra fracción fue la única que votó en contra la creación de un nuevo impuesto sobre el consumo de electricidad, porque afectó a la mayoría de los hogares pobres (160 mil hogares que consumen más de 100 kw hora) y exoneró la mayor parte del consumo de los más ricos (casas de lujo, la mayoría del comercio y casi todas las industrias, incluyendo las grandes empresas). Además de que establece un pésimo precedente ambiental: mientras más energía consumen, menos impuesto pagan proporcionalmente. Quienes apoyaron el proyecto lo justificaron en que los recursos irían a solventar la crisis financiara del Cuerpo de Bomberos causada por el TLC.

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Defendimos entonces a los bomberos y estamos a favor de fortalecerlos, pero no a costa de los más pobres. Presentamos varias mociones para corregir las injusticias del proyecto, pero fueron rechazadas sin discusión (Setiembre 2011).

La lucha contra el Plan Fiscal. Esta Asamblea estuvo marcada por la discusión y el entierro de la reforma fiscal pactada entre el Gobierno y el PAC (18.261) y su trámite atropellado y antidemocrático por medio de la vía rápida. El Frente Amplio estuvo presente en primera línea durante todo el proceso, combatiendo la injusticias tributarias del proyecto y planteando alternativas:

Ø Después de estudiar la reforma fiscal advertimos que si bien en el Impuesto sobre la Renta se acogían algunas de las propuestas que el Frente Amplio ya había planteado meses atrás, como introducir un principio de la Tasa Tobin o establecer la Renta Mundial y la Renta Global, el proyecto seguía siendo regresivo, al cargar casi un 70% de la recaudación estimada en los impuestos que afectan el consumo de bienes y servicios de toda la población (sin distinguir con base en su capacidad económica) (Setiembre 2011).

Ø En el Plenario denunciamos con vehemencia el secretismo y la falta de transparencia seguida por el Gobierno y el PAC para concretar el “pacto”, saboteando además la Alianza Parlamentaria. Criticamos duramente la vía rápida impuesta como “la más antidemocrática de la historia”, hecha no sólo para callar a las fracciones de oposición (sin derecho a revisar mociones rechazadas o a proponer audiencias) sino también para impedir que la población afectada por la reforma se entere de sus contenidos y tenga la oportunidad de manifestarse en contra (Octubre 2011).

Ø Hicimos un análisis minucioso del proyecto que terminó de desnudar su carácter marcadamente regresivo, en especial por la extensión del impuesto de ventas (ahora IVA) a todos los servicios y la eliminación genérica de exoneraciones, afectando a sectores sociales vulnerables y a instituciones públicas esenciales (Octubre 2011).

Ø Aunque nos excluyeron, nos hicimos presentes en la comisión especial creada para conocer el proyecto, donde denunciamos que su trámite fue un verdadero fraude, una pantomima montada para simular un debate democrático, cuando en el fondo todo estaba cocinado de antemano (rechazo de mociones sin discusión, sesiones maratónicas a altas horas de la noche, tiempos ridículos para hablar, etc.) (Octubre-Noviembre 2011) .

Ø Como habíamos advertido, el sector agropecuario se dio cuenta de que la reforma lo golpearía, encareciendo sus costos de producción, al gravar con 14% de impuestos los servicios básicos para producir, sin permitirles recuperar el monto pagado. Esto también encarecería la canasta básica. Los agricultores protestaron y el FA les apoyó. Pero por causa de la vía rápida fueron acorralados en una “negociación” atropellada y sin la gente. Al final lograron exonerar algunos servicios, pero los productores más pequeños quedaron afectados (Noviembre 2011).

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Ø Denunciamos que la reforma también afectaría el acceso a la vivienda -hasta la de interés social- al encarecer con el IVA los servicios requeridos para construirlas. La Cámara de la Construcción negoció con Gobierno y lograron retrasar sus efectos para no afectar proyectos en trámite, pero siempre quedó afectada la gente (Noviembre 2011).

Ø Cuando el proyecto se dictaminó “a la brava” advertimos en Plenario las graves irregularidades que después se lo trajeron abajo, como que la comisión siguiera rechazando mociones sin discusión a pesar de que se había vencido el plazo de la vía rápida. También nos rechazaron varias mociones para publicar los cambios al proyecto. El presidente de la Asamblea, nos dio la razón con una resolución que confirmó la existencia de graves vicios. Pero no nos escucharon (Noviembre 2011).

Ø Denunciamos el chantaje del Gobierno a las y los educadores para que no se movilicen contra el plan fiscal. Para ello, el PLN bloqueó con consultas a la Sala IV y mociones el proyecto para reducir las injustas y excesivas cargas que se cobran a las y los educadores pensionados. (17.402) (Diciembre 2011).

Ø Fracasaron las maniobras del PLN para forzar la votación de la reforma fiscal en diciembre debido a la creciente oposición y dos acciones presentadas ante la Sala IV contra la vía rápida. Pero los aliados PLN-PAC aprobaron una moción para hacerla todavía más acelerada y atropellada en 2012. El FA votó en contra (Diciembre 2011).

Ø Durante varias semanas siguió la farsa en el Plenario con sesiones a triple jornada (mañana, tarde y noche), donde el debate parlamentario brilló por su ausencia. La mayor parte de nuestras propuestas para mejorar el proyecto se votaron sin discusión. No retiramos ninguna moción (Enero-Febrero 2012).

Ø Votamos en contra por el fondo la reforma fiscal porque golpeaba a la clase trabajadora y reforzaba la injusticia del sistema tributario, una de las causas de la insoportable desigualdad social que azota a nuestro país. Aún así se aprobó con 31 votos del PLN y el PAC (Marzo 2012).

También presentamos una gran cantidad de propuestas para construir una reforma fiscal verdaderamente justa:

Ø A raíz de nuestras denuncias y mociones, logramos que se eliminara la imposición del IVA a las universidades públicas y a la Junta de Protección Social y que se mitigara el golpe al sector agropecuario, entre otras mejoras al proyecto.

Ø Presentamos varias mociones para que no se gravaran con impuestos los servicios de educación, las primas del seguro de riesgos del trabajo y los servicios necesarios para la construcción de vivienda de interés social. Pero fueron rechazadas.

Ø Mocionamos para crear un impuesto adicional sobre la renta de bancos y grandes empresas para pagar la deuda del Estado con la CCSS. A las grandes empresas se les subiría en 3% las tarifas más altas del Impuesto sobre la Renta y los bancos pagarían un 10% adicional. Los recursos se destinarían exclusivamente a financiar los seguros sociales de salud y de pensiones. Se castigaría con cárcel a los jerarcas que no giren la plata a la CCSS. Esta propuesta fue rechazada

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en comisión (Octubre 2011). La volvimos a plantear en Plenario, donde solo le faltaron 4 votos para ser aprobada (Enero 2012).

Ø Propusimos crear una canasta especial de bienes de lujo o consumo suntuario (joyas, perfumes, pieles, autos de lujo y sus accesorios, equipo para deportes acuáticos, alquiler de mansiones etc.) que estarían sujetos a un impuesto de ventas (IVA) mucho más alto (de 15% a 18%), en vez de subirle el impuesto de ventas al consumo de bienes y servicios de toda la población. La propuesta fue rechazada en comisión por el PLN y el PAC (Octubre 2011).

Aprobada la reforma fiscal, presentamos junto a otros diputados y diputadas una consulta de constitucionalidad, que fue redactada con importantes aportes de nuestro despacho. Al final la Sala IV nos dio la razón y resolvió que el trámite del proyecto fue inconstitucional porque se introdujeron cambios sustanciales sin informar a la ciudadanía (publicidad) y porque la comisión amplió el plazo para tramitar mociones recortando derechos de los diputados sin que el Plenario avalara esto por 38 votos. Esta resolución implicó el entierro del plan fiscal (Abril 2012).

Fuerte lucha contra las maniobras para impedir la ruptura del secreto bancario. Aprobación de Ley de Transparencia Fiscal. Combatimos varios intentos del Gobierno y sus diputados para debilitar el proyecto de Ley de Transparencia Fiscal (17.677) que buscaba romper este privilegio, para que Tributación pueda combatir la evasión de impuestos de los grupos más poderosos. Denunciamos que aprobaron mociones para impedir que Tributación revise directamente las cuentas bancarias de los grandes evasores y volvieron a meter engorrosos requisitos como la intervención de un juez. También intentaron establecer el deber de informar al dueño de la cuenta del levantamiento del secreto (avisarle a los ladrones que la policía va detrás de ellos) y que solo se pueda revisar una muestra previa de casos definida anualmente, aunque no sean los que en realidad están evadiendo. (Diciembre 2011) Cuestionamos fuertemente al Ministro de Hacienda por permitir estos cambios y presentamos varias mociones para revertirlos (Enero 2012). El problema se agravó con otra moción que extendió el requisito de trámite judicial para cualquier solicitud de información privada que realice Tributación, aún las que no requerían permiso de un juez con la ley vigente. Es decir, el lobby de banqueros y evasores estaba logrando desbaratar una ley buena y necesaria, haciéndola peor que la que regía en ese momento (Mayo 2012). Después de fuertes denuncias y una larga pelea en Plenario logramos, junto a otras fracciones, revertir la mayor parte de estos cambios negativos. Aunque no se logró volver a la propuesta original que permitía a Hacienda romper de forma directa el secreto bancario, se estableció un mecanismo mucho más expedito que el vigente, donde el levantamiento del secreto se tramitará ante un juez que decidirá en un plazo corto y sin las trabas y restricciones que pretendían mantener los banqueros. También se logró reestablecer la facultad de solicitar otra información tributaria sin trámite judicial, así como desechar el intento del PLN por limitar el rompimiento del secreto bancario a casos previamente seleccionados mediante una auditoría anual. Al final la Ley de Transparencia se aprobó con nuestro voto afirmativo,

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porque en el balance general incluyó mejoras sustanciales respecto a la ley anterior (Agosto 2012). La reforma a la Ley de Patentes de Licores. Sí a terminar con el negocio privado de las patentes, no a desproteger la salud pública. Apoyamos la aprobación en Plenario de la reforma integral a la desactualizada Ley de Patentes de Licores de 1936 (17.410) porque se prohibió por fin el traspaso de patentes, mejorando los ingresos municipales al frenar el negocio privado de algunos tagarotes que cobraban millones por alquilarlas mientras los gobiernos locales recibían migajas. Además, logramos la aprobación de varias mociones para mejorar el proyecto: subir las penas de cárcel a quienes vendan licor o tabaco a menores, aumentar el impuesto municipal en el caso de patentes para centros nocturnos, discotecas y marinas turísticas y para cerrar portillos legales que podrían haber mantenido la venta privada de patentes. A su vez, nuestra fracción fue la única que defendió en Plenario propuestas concretas para evitar que se reduzcan las distancias mínimas que deben separar las cantinas de las escuelas, así como reestablecer las normas que limitan el número de cantinas por habitantes. Además impulsamos que se respete el criterio técnico del IAFA en la regulación de la publicidad y el desarrollo de programas para prevenir el alcoholismo. Estas propuestas fueron rechazadas. Sin embargo, en la consulta que firmamos con otras fracciones, la Sala IV nos dio la razón sobre la inconstitucionalidad de debilitar las normas que protegen la salud pública. Al final la mayor parte de estos errores fueron corregidos (Enero-Febrero 2012). Aprobación de propuesta para hacer públicos los nombres de los evasores de impuestos y los montos que deben. En la ley de “Fortalecimiento de la Gestión Tributaria” (18.041), se incluyó y aprobó una propuesta que presentamos para reformar el Código Tributario y establecer que será información pública, de libre acceso para la ciudadanía y la prensa, los nombres de personas o empresas que deben impuestos y el monto de su deuda, así como los nombres de otras personas que incumplen obligaciones tributarias como no presentar su declaración de ingresos o no reportar sus actividades lucrativas. Hacienda estará facultado para publicar las listas de los grandes evasores de impuestos, eliminando así el vergonzoso privilegio legal que declaraba “secreta” esta información (Abril 2012). La ley se aprobó definitivamente en Plenario con nuestro voto (Agosto 2012). Proyecto para garantizar igualdad de trato a organizaciones religiosas y eliminar privilegios tributarios injustificados. Presentamos una iniciativa para garantizar que las exoneraciones del impuesto sobre bienes inmuebles para organizaciones religiosas se apliquen a propiedades destinadas al culto o a obras sociales, pero no así a inmuebles destinados a actividades lucrativas. Esta reforma regiría para todas las organizaciones religiosas por igual, eliminando normas discriminatorias que hoy existen (Abril 2012). Nuestra oposición al “Plan Fiscal B” del Gobierno. Más de la misma receta neliberal. Al caerse la reforma tributaria en la sala IV, el Gobierno presentó un proyecto alternativo para paliar la crisis fiscal que resultó ser un

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rejuntado de parches y medidas inconexas. Aunque contenía algunas propuestas que avalamos como congelar salarios de altos jerarcas o reducir el monto de la deuda política, manifestamos nuestro rechazo al proyecto porque contenía medidas sumamente perjudiciales para la clase trabajadora y los derechos de nuestro pueblo: prohibición de la negociación colectiva en el sector público, obligación de las instituciones autónomas a trasladar al Gobierno Central el 25% de su “superávit”, imposición de cobros por servicios que presta el Estado y venta de bienes públicos (Junio 2012). Posición sobre el proyecto de los “Eurobonos”. El Plenario aprobó el proyecto de ley que buscaba autorizar al Gobierno a emitir hasta $4 mil millones en títulos de deuda externa, para “canjearlos” por deuda interna, en condiciones que supuestamente serían más favorables (18.042). Fuimos la única fracción que votó en contra del proyecto en segundo debate. En el primero le habíamos dado el beneficio de la duda ante las promesas de que beneficiaría a las familias trabajadoras afectadas por el aumento en las tasas de interés. Pero cambiamos de posición ante la falta de transparencia del Gobierno sobre su impacto real en las tasas de interés y al contar con más información sobre los grandes riesgos de nuevos “chorizos” para favorecer a banqueros “amigotes” del PLN (Agosto 2012). Aprobada moción para distribuir recursos en beneficio de comunidades fronterizas más pobres. Después de una larga lucha, logramos que el Plenario aprobara una moción impulsada por el FA y el PUSC para distribuir de forma más justa y equitativa los impuestos por el uso de puestos fronterizos terrestres que se crearon mediante la Ley de aprobación del TLC con la Unión Europea. La versión original destinaba 96% de los nuevos recursos a la concesión-privatización de los puestos fronterizos y apenas 4% a las municipalidades de los cantones donde se ubican dichos puestos. Con la moción aprobada, las municipalidades de los cantones más pobres del país: La Cruz, Los Chiles, Talamanca y Corredores recibirán el 50% de los ingresos generados por los nuevos tributos. Este cambio significó un avance importante en nuestra lucha por mayor justicia tributaria y territorial (Abril 2013). VI.- DEFENSA Y MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Voto negativo a presupuesto extraordinario que recortó programas sociales. En el Plenario nos opusimos a este presupuesto porque hicieron una piñata con fondos públicos y recortaron recursos de programas sociales como el de erradicación de tugurios. Le quitaron a este programa cerca de 3 mil millones para, entre otras cosas, dárselo a FONATEL (es decir, a empresas privadas, para que hagan mal y de forma corrupta los proyectos que hacía el ICE directamente) (Junio 2010). Interpelación a la Ministra de Salud por errores en la compra de leche para los CEN-CINAI. Demostramos que el Ministerio actuó con negligencia al no planificar adecuadamente una contratación, dejando sin este alimento esencial durante casi un mes a miles de niños y mujeres embarazadas en condición de pobreza. También denunciamos que el Gobierno mantiene una

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deuda millonaria con FODESAF de más de 700 mil millones de colones, que también está perjudicando a los CEN-CINAI (Junio 2010). Liquidación del presupuesto de 2009. Denuncia por deuda millonaria del Estado con FODESAF. Denunciamos que el Gobierno intentó borrar de un plumazo la millonaria deuda que mantiene el Estado con FODESAF de recursos destinados por ley para financiar programas sociales. En vez de pagar, prefirieron manipular los estados contables. Según la Contraloría, entre 1999 y 2008 el gobierno le dejó de girar a FODESAF 786 mil millones de colones, que le correspondían a los más empobrecidos de este país (Setiembre 2010). Oposición al presupuesto ordinario para el 2011 por seguir debilitando programas sociales. Votamos en contra este presupuesto porque también contenía gravísimos recortes a programas sociales dirigidos a las personas más débiles y vulnerables. Recortes realizados, además, violando la ley. Denunciamos que al PANI le dejaron de girar más de 40 mil millones de colones. Con estos recursos se podrían atender las necesidades básicas de miles de niños, niñas y jóvenes en riesgo social y en estado de abandono (Noviembre 2010). Ley de bono de vivienda para familias de clase media. Votamos a favor el proyecto para crear un subsidio especial de vivienda accesible para familias de clase media, que hoy no tienen acceso al crédito en los bancos pero tampoco califican para bonos dirigidos a personas pobres. Luchamos para destinar a este fin recursos que estaban ociosos, sin tocar los fondos asignados para la atención de las familias en condición de pobreza y la erradicación de tugurios (Diciembre 2010). Ley para condonar deudas de vivienda a familias pobres de Pacuare de Limón y otras comunidades. En el Plenario aprobamos iniciativas para autorizar al INVU a condonar las deudas de cientos de familias de escasos recursos de varias comunidades de Limón, Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur. Con esto se evitaron injustos desalojos y remates de las viviendas de familias que resultaron estafadas con proyectos que nunca fueron formalizados adecuadamente (Octubre 2011). Rechazo a Presupuestos Ordinarios por nuevos recortes a programas sociales. Votamos en contra los presupuestos de 2012, 2013 y 2014 porque de forma sistemática el Gobierno recortó los recursos que por ley se le deben asignar a programas sociales como los del PANI y FODESAF, y siguió incumpliendo con el pago de las deudas del Estado con la CCSS, en clara violación de la Constitución Política (Noviembre 2011, 2012 y 2013). Defensa de la Junta de Protección Social frente al Plan Fiscal. Advertimos que la reforma fiscal golpearía a la JPS y a los programas sociales que se financian con sus ingresos, porque pretendía gravar con 14% de impuestos las compras de lotería de la institución. Para corregir esta injusticia presentamos varias mociones que fueron rechazadas en comisión, pero gracias a la movilización popular, finalmente logramos su aprobación (Noviembre 2011).

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Derogatoria de la ley de “titulación en precarios” por inútil y contraproducente. En la plena primera logramos la aprobación de un proyecto para eliminar esta ley politiquera que ofrecía crear una supuesta “sociedad de propietarios” repartiendo títulos de propiedad en asentamientos de pobreza extrema. Esa ley, tal y como lo denunció José Merino, más bien había terminado consolidando áreas donde, por razones técnicas y de espacio, no era posible garantizar una vivienda digna y puso trabas adicionales al desarrollo de muchos proyectos de vivienda, agravando el calvario de las familias empobrecidas (Febrero 2013). Aprobación de leyes para facilitar acceso al crédito para vivienda para la juventud y para la clase media. Defensa de los recursos de los más pobres. Con nuestra voto favorable, el Plenario aprobó dos iniciativas que buscan la creación de fondos especiales destinados prioritariamente a atender las necesidades específicas de estos sectores de la población. Durante el trámite defendimos los recursos del FOSUVI para la erradicación de tugurios y la atención de las personas pobres, pues hubo varios intentos de desviar estos fondos hacia otros segmentos de la población. Apoyamos dirigir recursos a financiar vivienda para la clase media, pero exigimos que se tomen de otras fuentes, nunca de los fondos destinados a la población más pobre y vulnerable. Al final nuestra posición prevaleció (Mayo 2013).

Denuncia por pérdida de más 1600 millones en FODESAF: exigencia de sanciones a los responsables. Exigimos a la Contraloría tomar acciones contundentes para identificar y sancionar a los jerarcas y funcionarios de la DESAF responsables de la pérdida de más 1600 millones de colones destinados a la atención de las familias en condición de pobreza. Estos recursos se perdieron porque la DESAF dejó prescribir deudas de patronos morosos (Junio 2013).

Fideicomiso cafetalero y defensa de los recursos para los más pobres. Nuestra fracción respaldó la creación de este fideicomiso para ayudar con urgencia a los pequeños productores de café afectados por la plaga de la roya, pero impulsamos una moción que fue aprobada para garantizar que los recursos de FODESAF que se tomarían con ese fin se destinen exclusivamente a atender a familias cafetaleras en condición de pobreza, evitando su desvío a otros fines (Junio 2013).

Denuncia por injusticias de proyecto de ley del Desahucio Exprés. En la comisión de jurídicos y en el Plenario denunciamos y votamos en contra un proyecto para crear un proceso de desalojo casi automático contra las personas que alquilan viviendas, cuando se atrasen en el pago del alquiler o de los servicios públicos (aumentazos de ARESEP incluidos). Si bien existen casos de inquilinos irresponsables, el proyecto inclinó la balanza de forma desproporcionada en perjuicio de quienes alquilan una vivienda, favoreciendo en exceso el derecho de propiedad por encima del derecho a una vivienda digna (Febrero 2013).

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VII. DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

A. RESCATE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) A.1.- Acciones legislativas Ley que fortalece controles cruzados para combatir la morosidad con la CCSS. La comisión plena primera aprobó de forma definitiva la iniciativa presentada por José Merino para fortalecer los controles que impiden a empresarios morosos con la CCSS contratar con el Estado (16.209). La nueva ley amplía los controles para cualquier contratación con fondos públicos -aunque la hagan entes privados-, incluye contratos de servicios profesionales y “amarra” también a los subcontratistas privados (si uno incumple todos serán solidariamente responsables con el contratista original), además de extender la obligación de estar al día con la CCSS a todas las sociedades que forman un grupo económico, cerrando portillos legales que han sido usados para burlarla. También logramos regular los abusos con arreglos de pago. Antes se aceptaba que morosos contrataran con el Estado si tenían estos arreglos con la CCSS, pero una vez obtenido el contrato, incumplían el arreglo. La reforma estableció que dichos arreglos deben garantizar la recuperación íntegra de las deudas y no pueden se incumplidos, porque quienes lo hagan no podrán volver a obtener este beneficio por 10 años. Por último, se logró ampliar la cobertura del control cruzado a otros aportes sociales como los recargos de planillas para FODESAF o los aportes al INA, fortaleciendo los programas sociales de lucha contra la pobreza. Votado en primer debate el proyecto, los libertarios intentaron bloquearlo, lo que nos obligó a bloquear varios proyectos de ellos, hasta que logramos su aprobación definitiva (Ley 8909) (Noviembre 2010). Proyecto de ley para que nunca prescriban las deudas con la seguridad social. Presentamos esta propuesta para impedir que las deudas por cuotas obrero-patronales con los seguros sociales de salud y pensiones y sus intereses se venzan por el paso del tiempo (imprescriptibilidad), por ser derechos irrenunciables de las y los trabajadores (17.954). Luchamos para que no se repita la triste historia de tantos adultos mayores que, después de trabajar toda su vida, no tienen una pensión digna y tienen que mendigar ayudas del Estado porque sus patronos no pagaron sus cuotas con la seguridad social y ya están prescritas (Diciembre 2010). Después de recibir total apoyo de la CCSS y el Ministerio de Trabajo, la comisión especial de la CCSS dictaminó por unanimidad el proyecto, agregando sanciones rigurosas para los jerarcas y funcionarios que no cobren oportunamente las deudas con la seguridad social (Mayo 2012). El proyecto quedó listo para votarse en los primeros lugares del Plenario (Noviembre 2014). Propuestas para que los ingresos de cualquier reforma tributaria se destinen prioritariamente a pagar deuda del Estado con la CCSS. Fuimos la única fracción que, desde la primera reforma fiscal presentada por el Gobierno en enero de 2011, planteó la urgente necesidad de que los nuevos

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recursos que se obtengan se destinen con prioridad a pagar la millonaria deuda que el Estado mantiene con los seguros sociales de salud y pensiones. También planteamos que estos recursos podrían obtenerse de un aumento en el impuesto sobre la renta que pagan los sectores más adinerados o de un tributo especial al negocio de la salud privada (Marzo 2011). Propuestas para garantizar el derecho de toda persona trabajadora a recuperar sus cuotas obrero-patronales. En la comisión de jurídicos logramos la aprobación de varias mociones con este objetivo, que fueron incluidas en la Reforma Procesal Laboral (15.990). Los principales cambios son: 1) Los jueces tendrán la obligación de consultar de oficio a la CCSS sobre deudas con la seguridad social en todo juicio laboral. 2) Los jueces deberán advertir a las y los trabajadores sobre la necesidad de incluir este extremo en sus demandas. 3) En toda sentencia que ordene el pago de salarios o derechos adeudados se debe incluir el pago a la CCSS de las contribuciones a la seguridad social, aunque dicha institución no haya sido parte en el juicio. Según la CCSS, estos cambios “beneficiarían tanto al trabajador (específico), como a la Seguridad Social (colectivo)” (Junio 2011). Propuesta concreta para pagar con justicia tributaria la deuda del Estado con la CCSS. Presentamos un proyecto de ley (18.259) para aumentar el impuesto sobre la renta que deben pagan los bancos y los grupos financieros, así como otros impuestos que gravan la riqueza y el consumo suntuario, con el fin de generar ingresos que sean destinados exclusivamente a pagar en un plazo de 3 de años la mayor parte de la deuda del Estado con los seguros de salud y pensiones que administra la CCSS (más de 421 mil millones de colones a 2011, según la Contraloría). Partimos de que el sector financiero privado tiene una deuda histórica con la sociedad costarricense pues solo entre 2003 y 2008 habría escondido en la banca off-shore más de 7 billones de colones (34% del PIB de 2011), por los que no pagó ni medio colón de impuestos (Setiembre 2011).

Proyecto de ley para proteger al seguro de salud de la CCSS frente a las amenazas de la apertura de seguros comerciales. Presentamos una iniciativa para obligar a cualquier persona que desee comprar o utilizar un seguro comercial de salud o de gastos médicos en el país, a demostrar -como requisito previo- que las personas beneficiarias de dicho seguro se encuentran a su vez cubiertas por el seguro obligatorio de salud de la CCSS (18.250). Esto es necesario porque la apertura de seguros comerciales impuesta por el TLC están poniendo en peligro la vigencia del principio de solidaridad en el aporte a los seguros sociales, al crear un incentivo para que las personas con más altos ingresos compren seguros privados y dejen de contribuir con la CCSS, drenando aún más los ingresos de la institución (Setiembre 2011).

Reforma para que asegurados independientes contribuyan con base en sus ingresos reales. Propusimos garantizar que empresarios, profesionales liberales y demás asegurados independientes de altos ingresos, que actualmente cotizan a la CCSS declarando ingresos irreales y sumamente bajos, tengan que contribuir a la seguridad social de acuerdo a su verdadero nivel de ingresos (18.332). Hoy nada impide que reporten ingresos por debajo

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del salario mínimo, lo que ha provocado que el Estado termine subsidiando con recursos de FODESAF el seguro de personas adineradas. El proyecto corrige esta injusticia y fortalece el intercambio de información entre la CCSS y Tributación para determinar los ingresos reales de las y los asegurados independientes (Noviembre 2011). La comisión especial de la CCSS dictaminó este proyecto, con criterio favorable de la institución y logramos delegarlo a la comisión plena primera donde está listo para su votación final (Noviembre 2012).

Propuestas para fortalecer a la CCSS en el Plan Fiscal. El rechazo del PAC y el PLN. También en la reforma fiscal impulsada con prioridad por el Gobierno presentamos propuestas estratégicas para fortalecer a la CCSS: 1) Convertimos en moción nuestro proyecto para pagar la deuda del Estado mediante un impuesto adicional sobre la renta de las grandes empresas y los grupos financieros. 2) Reforzar el cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, fijando sanciones penales para los jerarcas que no giren la plata y obligando a empresas privadas que compiten con empresas públicas (seguros, telecomunicaciones, bancos) a pagar también la contribución para fortalecer los seguros sociales. 3) Obligar a toda persona que pretenda descontar sus gastos para pagar menos impuestos de renta a estar inscrito ante la CCSS como patrono o trabajador independiente, como condición ineludible para disfrutar dicho beneficio. 4) Establecer que solo se podrán descontar como gastos para pagar menos impuestos las remuneraciones de trabajadores asalariados y los pagos realizados a trabajadores independientes cuando éstos coticen a la CCSS. 5) Impedir la deducción de montos mayores a los reportados a la CCSS, cerrando el “portillo” que permite a muchos patronos reportar salarios menores a la CCSS y declarar ante Hacienda los salarios reales para pagar menos impuestos. Lamentablemente, estas mociones fueron rechazadas por los aliados del Plan Fiscal, alegando que el Gobierno no les había dado el “visto bueno” (Noviembre 2011). Nuestra nueva fracción puede volver a presentarlas como iniciativas independientes.

Aprobación de propuestas en la Ley de Tránsito para proteger a la CCSS. Pago con prioridad al Seguro de Salud. En la nueva Ley de Tránsito logramos que se aprobara una moción que obligó a todas las empresas aseguradoras a dar prioridad en el pago a la CCSS con la cobertura del Seguro Obligatorio de Automóviles, por las deudas de gastos médicos originadas en la atención de personas accidentadas. Solo si queda remanente podrán cobrar las clínicas privadas. Además a estas últimas se les obligó a dar el tratamiento completo a los accidentados que atiendan, aunque se acabe la cobertura del seguro. Esta reforma evita que las aseguradoras se gasten la cobertura del seguro obligatorio y después dejen a la CCSS con las deudas por la atención de las emergencias (Febrero 2012). Aprobación de ley con propuesta que fortalece controles para detectar la evasión en el pago a la seguridad social. Logramos que en la Ley para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria (18.041) se incluyera definitivamente una reforma que autorizó a la CCSS a tener acceso a información tributaria contenida en declaraciones de impuestos ante

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Tributación. Esto fortalece la lucha contra la evasión, ya que permite a la CCSS comparar los salarios reportados por un empleador con los gastos declarados ante Tributación. La versión original del proyecto establecía que esta información no podía ser trasladada a ninguna otra institución, limitando a la CCSS en el cruce de datos de declaraciones tributarias con las planillas reportadas por patronos morosos (Abril 2012). Avance de reforma integral para combatir morosidad y sancionar a quienes no pagan a la CCSS. En la comisión especial de la CCSS logramos dictaminar afirmativamente el proyecto de ley que presentamos en consenso con varias fracciones para mejorar las armas con las que cuenta la CCSS para detectar y sancionar a los irresponsables que incumplen sus obligaciones con la seguridad social (18.329). Se proponen importantes reformas para cerrar portillos legales que hoy son usados para esconder y dividir el patrimonio y evadir el pago de cuotas obrero-patronales, como por ejemplo, los patronos que se declaran “inactivos” y mantienen sus operaciones con otro nombre. A su vez, también se refuerzan las sanciones económicas y administrativas que puede imponer la CCSS y se crean varios nuevos delitos contra la seguridad social. El proyecto se encuentra “haciendo fila” en el Plenario, donde ha sido una de nuestras prioridades (Noviembre 2012). Proyecto de ley para frenar arbitrariedades en perjuicio de médicos que estudiaron en el extranjero. Junto a diputados y diputadas de la comisión especial sobre la CCSS presentamos una iniciativa para regular de forma más transparente el reconocimiento y equiparación de títulos de medicina de personas graduadas en el extranjero, a través de una comisión especial integrada por varias instituciones, que aplicaría un examen único para la incorporación al Colegio de Médicos, igual para todas las personas solicitantes (18.569). Acogimos esta propuesta para su estudio en comisión, buscando una solución al trato injusto que han recibido estudiantes costarricenses graduados de la ELAM de Cuba y otras universidades extranjeras por parte de autoridades locales. Surge para frenar el abuso de poder de un sector del gremio médico que intenta quitarse competencia, en perjuicio de jóvenes profesionales que el país necesita (Setiembre 2012). Dictamen a proyecto para garantizar distribución equitativa de especialistas médicos en beneficio de comunidades abandonadas. En la comisión de la CCSS dictaminamos un proyecto de ley para regular el servicio social obligatorio que deben realizar las y los profesionales graduados de las distintas especialidades médicas y otras ciencias de la salud, garantizando su asignación a las zonas del país donde hay un mayor faltante de profesionales en los centros de salud públicos. Aprobamos varias mociones que buscan asegurar que la asignación de los lugares de servicio se haga con base en un sorteo, promoviendo que los nuevos especialistas llegarán a las comunidades que más los necesitan. El proyecto fue delegado a la comisión plena primera (Noviembre 2012). Proyecto para frenar privatización de servicios de salud. Presentamos un proyecto de ley para cerrar definitivamente el portillo legal de la Ley de Contratación Administrativa que hoy permite la privatización de los servicios

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públicos de salud que presta la CCSS. Así, buscamos evitar que se sigan privatizando clínicas y EBAIS, como ocurrió en el caso de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión (Enero 2013). Nuestra posición sobre la interpretación de la Ley de Incentivos Médicos. Siempre hemos combatido frontalmente el discurso mentiroso que ha pretendido culpar a las personas trabajadoras de la CCSS por la crisis que sufre dicha institución. La crisis fue causada por gobiernos corruptos y patronos irresponsables que han saqueado y desfinanciado a la CCSS. Aunque también existe un pequeño sector de funcionarios que han sido cómplices de este proceso, es una injusticia generalizar, pues un gran mayoría de las personas trabajadoras de la Caja se encuentran comprometidas con la seguridad social y sufren todos los días en carne propia el deterioro de sus condiciones de trabajo. En el caso específico del proyecto de ley mencionado, a pesar de no compartir la justificación usada por el Gobierno para defenderlo, votamos a favor porque: 1) No compartimos la interpretación excesivamente amplia que pretendía extender el cálculo de incentivos médicos a rubros variables como guardias y disponibilidades. 2) Si no se hubiera aclarado este punto, el Seguro de Salud habría tenido que pagar demandas multimillonarias por más de 174 mil millones de colones (el costo de 3 hospitales como el de Heredia), sin contar reclamos posteriore (un impacto imposible de soportar para la CCSS) (Febrero 2013). A.2. Denuncias y acciones legales y de control político en defensa de la CCSS Juicio para que el Gobierno pague en efectivo sus deudas con la CCSS y la indemnice por daño de más de 236 mil millones de colones (incumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador). Presentamos una demanda contencioso-administrativa para que los tribunales obliguen de una vez por todas al Gobierno a cumplir con la Ley que estableció que desde 1997 deben pagarse en efectivo y no con títulos de deuda, bonos u otro tipo de papeles las deudas del Estado con la seguridad social. Para ello, solicitamos que se declare que el pago con bonos es ilegal y que se ordene al Estado pagar todas sus obligaciones pendientes y las que surjan en el futuro con dinero en efectivo. Además, solicitamos que se condene al Estado a indemnizar al Seguro de Pensiones de la CCSS por la pérdida de más de 263 mil millones de colones que dejó de recibir porque el Gobierno incumplió durante 12 años su obligación de reglamentar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Esta norma establece que las empresas públicas deben destinar por año hasta un 15% de sus utilidades para fortalecer el Seguro de Pensiones y que vía reglamento el Gobierno debía definir el monto específico de la contribución. Pero como no lo hizo, la CCSS nunca pudo cobrar estos recursos (Marzo 2012).

El Tribunal Contencioso admitió nuestra demanda y le otorgó trámite preferente ,reconociendo su importancia para la defensa de la CCSS. Se trata del primer proceso de este tipo tramitado ante dicho Tribunal. Al darle trámite,

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reconoció que los seguros sociales son un bien de la colectividad y que cualquier persona puede defenderlos. Esto es un logro fundamental pues este juicio hace mucho tiempo debió haber sido presentado por las propias autoridades de la CCSS (Junio 2012) El Tribunal resolvió que sí es competente para conocer nuestra demanda, rechazando la excepción presentada por la Procuraduría (Enero 2013). La Sala Primera confirmó esta resolución.

Finalmente, se realizó el juicio oral. Nos representó de forma brillante nuestro compañero Edgardo Araya. Allí demostramos la ilegalidad del pago con bonos a la CCSS y cómo afecta al seguro de salud al impedirle contar con liquidez para prestar sus servicios oportunamente y obligarle a correr los riesgos de vender bonos en el mercado. También demostramos que la omisión de reglamentar el artículo 78 se debió a la negligencia e inoperancia del Gobierno y que esto golpeó severamente al Seguro de Pensiones, al impedirle extender su sostenibilidad hasta por 10 años más (Abril 2014).

El Tribunal Contencioso dictó sentencia, dándonos la razón en los puntos centrales de nuestra demanda: 1) De ahora en adelante, el Gobierno deberá pagar en efectivo sus deudas con el Seguro de Salud de la CCSS. 2) El Estado deberá indemnizar al Seguro de Pensiones por los daños ocasionados por la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador durante el período comprendido entre los años 2008 y 2013 (Mayo 2014).

Juicio para que el Gobierno pague millonaria deuda con la CCSS por el traslado de primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Presentamos una nueva demanda contencioso-administrativa para reclamar al Estado el pago de la deuda por más de 239 mil millones de colones que mantiene con el Seguro de Salud de la CCSS por el traslado de los EBAIS del Ministerio de Salud a dicha institución. Aunque desde 1993 la ley obligó a Hacienda a pagar mensualmente a la CCSS los recursos requeridos para financiar el costo de estos programas, durante casi 20 años el Estado no le ha pagado ni un colón a la CCSS, causándole un grave daño a los servicios de salud. Esta demanda debió ser presentada por las autoridades de la CCSS hace mucho tiempo. Pero en su lugar han “alcahueteado” al Gobierno, realizando maniobras dirigidas a eximirle de pagar. De ahí que hayamos intervenido para defender nuestra seguridad social (Marzo 2013). El Tribunal Contencioso también le asignó trámite preferente a este proceso y rechazó las excepciones para atrasar, presentadas por la Procuraduría. Estamos a la espera de que se fije fecha para el juicio en el segundo semestre de 2014.

Denuncia por conflicto de intereses de directivo de la CCSS. Denunciamos ante la Procuraduría de la Ética al directivo de la CCSS, Adolfo Gutiérrez, por representar en juicios laborales a empresas juzgadas y condenadas por intentar evadir sus obligaciones con la seguridad social. La Procuraduría archivó la denuncia por tecnicismos legales. Sin embargo, la denuncia obligó a la CCSS a revisar su normativa sobre el tema y a frenar estas prácticas. Nuestra fracción ha venido trabajando en reformas a la Ley Anticorrupción para evitar que esto se repita (Setiembre 2010).

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Denuncia contra “Atraquistas del Sol” y sus subcontratistas por morosidad con la CCSS. Denunciamos que empresas del consorcio concesionario de la carretera a Caldera, así como subcontratistas de servicios que se beneficiaron con la construcción de las obras mantenían millonarias deudas con nuestra seguridad social. Exigimos al Gobierno aplicar la ley para rescindir los contratos. Nunca lo hicieron, pero los deudores corrieron a ponerse al día (Octubre 2010). Respaldo a lucha por nuevo hospital para los barrios del sur de San José. Brindamos apoyo y acompañamiento a organizaciones populares y comunales del distrito de Hatillo en su lucha por mejorar y ampliar la clínica Solón Núñez y sentar las bases para la construcción de un nuevo hospital para los barrios del sur de San José (Noviembre 2010). Solicitud de apoyo a la Embajada de Cuba para solucionar faltante de especialistas médicos en hospital de Limón. Enviamos una solicitud escrita al embajador de Cuba en Costa Rica solicitando apoyo para solucionar este grave problema del hospital Tony Facio de Limón. Ofrecimos ayudar a tender los puentes necesarios entre el gobierno cubano y las autoridades de la CCSS a fin de lograr la suscripción de un convenio de cooperación que facilite la contratación de especialistas cubanos. Sin embargo, las autoridades de la Caja no mostraron interés (Febrero 2011). Acciones contra criterio jurídico de la CCSS que facilita la morosidad. Solicitamos a la junta directiva de la CCSS dejar sin efecto un criterio de sus abogados que abría la posibilidad de eximir a los patronos morosos o no inscritos de su obligación de estar registrados y al día con la seguridad social para poder contratar con el Estado. Denunciamos que los propios funcionarios de la CCSS estaban saboteando la nueva legislación recientemente aprobada (Junio 2011). Nuestra participación en la comisión mixta para investigar la crisis de la CCSS. En el Plenario logramos, junto a las demás fracciones de oposición, que se creara esta comisión especial para investigar denuncias sobre las causas y los responsables de la crisis de la CCSS, pera también con la potestad de dictaminar reformas legislativas para fortalecer a esta institución (Julio 2011). Participamos activamente en ella durante 15 meses. Algunas de las principales acciones que realizamos fueron:

Ø Defendimos insistentemente la participación de las personas usuarias y trabajadoras en la comisión. El PLN, el PUSC y los libertarios tomaron control de la presidencia y la secretaría y se negaron a respetar el carácter mixto de la comisión. Propusimos al compañero Mario Devandas como representante ciudadano. Al final esos tres partidos se apropiaron de estos espacios y nombraron a sus asesores externos (Octubre-Noviembre 2011).

Ø Denunciamos los gravísimos casos de corrupción que se han dado con la compra, manejo y almacenamiento de medicamentos de la CCSS. Denunciamos la red mafiosa que operaba saboteando los procesos de planificación de la compra de medicamentos para justificar el uso

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abusivo y manipulado de las compras “urgentes” (sin licitación) favoreciendo a proveedores vinculados a funcionarios de la CCSS. Hicimos público que la institución permitió el vencimiento de medicamentos valorados en miles de millones de colones, y durante muchos años pagó a empresas privadas por el almacenamiento de medicinas vencidas (en algunos casos desde 1997). Cuando esto empezó a destaparse corrieron a quemar en una cementera más de 9 mil tarimas de medicamentos vencidos, mientras el pueblo sufre el faltante de medicinas (Setiembre 2011).

Ø Denunciamos y demostramos con pruebas contundentes la absoluta ilegalidad de la práctica de los últimos gobiernos de pagar deudas millonarias a la CCSS mediante bonos y no en efectivo como ordena la ley. Tal y como mencionamos antes, en vista de que el Gobierno se negó a enmendar, preparamos varias acciones legales para hacer cumplir la ley (Setiembre 2011).

Ø Denunciamos a las autoridades de la CCSS, porque en vez de defender a la institución cuando el Gobierno le entregó 53 mil millones en bonos que no pudieron colocarse en el mercado, corrieron a pedir un préstamo a los bancos por 35 mil millones para gastos operativos, endeudando más a la CCSS.

Ø Cuestionamos la irresponsabilidad de la Administración Arias que infló la burocracia en las oficinas centrales de la CCSS, utilizando a la institución como botín político sin que haya mejorado la prestación de los servicios.

Ø Denunciamos los conflictos de intereses de funcionarios que debilitan la prestación del servicio público para favorecer negocios privados, como el caso de los aceleradores lineales del Hospital México.

Ø Cuestionamos a las autoridades de la CCSS por ser cómplices del incumplimiento del Gobierno al no cobrar con firmeza la millonaria deuda del Estado. En su lugar, lo alcahuetearon y firmaron convenios ilegales dirigidos a maquillar la deuda en perjuicio de la institución.

Ø Exigimos explicaciones por otra deuda de más de 147 mil millones de colones con el Régimen No Contributivo que el gobierno no pagó y la CCSS calificó como “incobrable” y por las maniobras ilegales que realizaron la Administración de la CCSS y el Gobierno para reducir en otros 100 mil millones la deuda por la cobertura de atención a indigentes (Octubre 2011).

Ø Quedó al descubierto la estrategia del PLN de culpar a las y los trabajadores de la CCSS por la crisis, en una emboscada que montaron contra sus representantes sindicales. Fuimos la única fracción que alzó su voz para rechazar esta maniobra, que pretendía ocultar la deuda millonaria del Estado, los conflictos de intereses de empresas privadas, la politización de la institución y la responsabilidad de los políticos corruptos que la han saqueado desde hace muchísimos años. A las diputadas oficialistas que cuestionaron a las y los trabajadores por pedir un aumento salarial justo, les recordamos que ellos votaron para recetarse un aumentazo salarial desproporcionado, sin ningún sustento técnico apenas pusieron un pie en el Parlamento (Noviembre 2011).

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Ø En varias audiencias con los “gerentes” de la CCSS dejamos en evidencia que no actuaron para cobrar la deuda del Estado y proteger a la institución por “decisiones políticas”. Quedó claro por qué y como la ausencia de autonomía frente al Poder Ejecutivo está matando a la CCSS (Febrero 2012).

Ø Interpelamos fuertemente al expresidente ejecutivo, E. Doryan por la condonación de más de 97 mil millones en intereses de la deuda del Estado con el seguro de salud y otra amplia lista de decisiones y omisiones que debilitaron a la CCSS. Nunca pudo justificar su negligencia al no cobrar esta millonaria deuda (Marzo 2012).

Ø La comisión se concentró en el trámite de varios proyectos de ley. Logramos dictaminar varios proyectos de ley del Frente Amplio para fortalecer a la CCSS y defender el derecho a la salud (Julio-Noviembre 2012).

La comisión generó dos informes. Uno presentado por las fracciones del PUSC, PLN, ML y PASE que no firmamos porque estas fracciones pactaron con el PLN relativizar la responsabilidad de los actuales jerarcas de la CCSS y contra los máximos responsables políticos de la crisis de la CCSS. Se propusieron sanciones contra Doryan y varios gerentes, pero no contra los jerarcas del gobierno. El PAC presentó otro informe con el que teníamos más coincidencias, aunque también se quedó corto en algunos temas. Nuestra fracción redactó un borrador de informe independiente. Sin embargo, por falta de tiempo y recursos decidimos concentrarnos en la presentación de los juicios para cobrar las deudas con la CCSS y en el impulso a varios proyectos de ley para fortalecer nuestro sistema de seguridad social. En nuestro balance, este último fue el punto fuerte de la comisión, mientras que faltó profundizar en el control político. Finalmente, el Plenario aprobó, sin pena ni gloria y casi sin discusión ni repercusiones, el informe de mayoría, prueba irrefutable de que se quedó corto (Noviembre 2013). Denuncia por condicionamiento del pago a la CCSS a la aprobación de “paquetazo” fiscal. En el Plenario denunciamos que en el convenio para pagar a la CCSS 85 mil millones de colones de la deuda del Estado, el Gobierno incluyó una cláusula que condicionaba dicho pago a la aprobación del Plan Fiscal. Cuestionamos que se pretendiera amarrar la obligación de pagarle a la CCSS a una reforma fiscal injusta que golpeaba a la clase trabajadora y sin poner a pagar a los más ricos sobre su verdadera riqueza (Julio 2011). Consulta a la Sala IV por incumplimiento en el pago a la CCSS en el Presupuesto de 2012. Consultamos el Presupuesto Ordinario de la República para 2012 porque el Gobierno no incluyó los recursos necesarios para pagar la deuda del Estado con la CCSS por el traslado de los EBAIS del Ministerio de Salud y los recursos necesarios para la atención de personas pobres. La Sala rechazó la consulta 4 a 3. Decidimos llevar este caso a los tribunales contencioso-administrativos (Octubre 2011).

Denuncia por deuda de 147 mil millones con el Régimen No Contributivo declarada “incobrable”. Desnudamos las maniobras del Gobierno y las

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autoridades de la CCSS para esconder esta otra deuda millonaria. Durante años, Hacienda no giró a FODESAF los recursos que por ley debían ir al Régimen No Contributivo, lo que impidió aumentar hasta en un 30% el monto de todas las pensiones existentes y dar miles de pensiones nuevas a personas adultas mayores que viven en la miseria. Lo más grave es que la CCSS, en vez de cobrar esta deuda, la declaró “incobrable”. Ante semejante escándalo, la CCSS reconoció la existencia de la deuda y aclaró que “no la habían condonado” (Noviembre 2011). Pero hasta la fecha no la han cobrado. Nuestra nueva fracción debe tomar medidas para recuperar estos recursos, a través de nuevas acciones como las que ya están en trámite.

Denuncia por conflicto de intereses en Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios. Denunciamos ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría a funcionarios que ocupaban cargos de dirección en este servicio y a su vez laboraban para la clínica privada que atendía a los pacientes con cáncer que la CCSS no podía atender. Es decir, que ganaban más dinero si el servicio de la CCSS no funcionaba bien. Incluso demostramos, con testimonios de pacientes, que funcionarios de la CCSS los remitían a la clínica privada, ofreciéndoles mejores servicios, si pagaban. Mientras, las autoridades de la CCSS se contentaban con pedirles declaraciones juradas a los funcionarios implicados. Aunque seguimos esperando sanciones contundentes por estas denuncias, la CCSS se vió obligada a revisar su normativa interna sobre conflictos de intereses (Noviembre 2011). Total respaldo a denuncia de UNDECA por más de 200 mil citologías sin ser analizadas. En el Plenario respaldamos la denuncia presentada por UNDECA por la negligencia de las autoridades de la CCSS que mantenían “engavetados” y sin analizar 200 mil exámenes realizados a mujeres para la detección temprana del cáncer de cérvix. La denuncia obligó a la CCSS a correr para solucionar el problema (Marzo 2012). Exitosa lucha por el nuevo centro de salud para Siquirres. Respaldamos y acompañamos la lucha del pueblo siquirreño para que la CCSS cumpla su compromiso de construir un nuevo Centro de Atención Integral en Salud (CAIS). Después de varias medidas de presión, se alcanzaron acuerdos concretos para empezar la construcción del proyecto (Marzo 2012). Recurso de amparo por no pagar intereses de millonaria deuda del Estado con la seguridad social. Presentamos un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda y las autoridades de la CCSS porque el Gobierno incumplió su obligación de pagar más de 97 mil millones de colones (2 hospitales como el de Heredia) adeudados al Seguro de Salud por los intereses acumulados durante trece años (1994-2007) en los que no pagó su deuda por la atención médica de personas no aseguradas en condición de pobreza. Además denunciamos a la CCSS por omitir el cobro de estos intereses. La Sala IV se lavó las manos y rechazó de plano el recurso (Marzo 2012). Pero esta y otras acciones obligaron a la CCSS a rectificar, al punto de que ahora tiene presentada una demanda en la vía contenciosa para cobrar estos intereses. Creemos que nuestra nueva fracción debe darle seguimiento a ese proceso e intervenir de ser necesario (Abril 2014).

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Guerra sin cuartel a los grandes morosos con la seguridad social. Durante los últimos cuatro años nuestra fracción realizó diversas acciones dirigidas a fortalecer la lucha para que los principales empresarios morosos con la seguridad social paguen sus deudas. Por ejemplo, le exigimos cuentas a la CCSS por el caso de varias empresas exportadoras de helechos que debían miles de millones de la CCSS, o el de la empresa Datascensión (centro de llamadas), que mantenía otra deuda millonaria y seguía operando impunemente (Mayo 2012). Denuncia por exportadores morosos con la CCSS que gozan de exoneraciones de impuestos. Exigimos explicaciones a las autoridades de Aduanas por permitir que exportadores morosos con la CCSS gocen de exoneración total en el pago del Impuesto sobre las Ventas para la exportación de sus productos, a pesar de que la ley lo prohíbe. Mientras tanto, a un pequeño empresario sí le cierran el negocio por unos días de atraso (Mayo 2012). Aduanas contestó con evasivas y “leguleyadas”, justificando su inacción en imprecisiones de la ley. Además de nuevas denuncias, nuestra fracción ha venido trabajando en propuestas de reforma para acabar con dichas imprecisiones (Agosto 2012). Acciones contra criterio de la Contraloría que promueve ilegalmente la contratación de empresas morosas con la seguridad social. Denunciamos en el Plenario las maniobras que ha venido realizando la Contraloría para impedir la correcta aplicación de la ley (impulsada por el FA) que obliga a estar al día con la CCSS, como condición para participar en contrataciones con fondos públicos: se inventó que el requisito de estar al día se refiere únicamente a la adjudicación de una licitación, de modo que los morosos pueden participar y sólo si les adjudican un contrato tienen que pagar a la CCSS. Además el órgano contralor se niega a aplicar la ley para las deudas con FODESAF y riesgos del trabajo. Le solicitamos rectificar estos criterios, y de no hacerlo, nuestra fracción debería impugnarlos en los tribunales porque son totalmente ilegales (Setiembre 2012). Alerta sobre el engaño del referendo para entregar el control de la CCSS a una asociación privada. A tiempo, advertimos a la población sobre la trampa de un plan para convocar un referendo sobre un proyecto de ley que pretende reformar la integración de la junta directiva de la CCSS. Sus promotores buscan entregar a su propia asociación privada el nombramiento de 3 miembros de la junta directiva de la CCSS, con el “gancho” de eliminar la intervención del Poder Ejecutivo. Junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales llamamos a la población a no firmar la convocatoria a referendo (Setiembre 2012).

Respaldo a la lucha de personas trabajadoras y comunidades contra abusos en la Clínica de Hatillo. Apoyamos las denuncias de las comunidad por irregularidades en la administración de la clínica, la mala atención a las personas aseguradas y serios problemas presupuestarios y de espacio (Mayo 2013).

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Apoyo la denuncia por irregularidades en compra de terreno para el Hospital de Cartago. Nos sumamos a la lucha de la Asociación Pro-Hospital de Cartago para que la CCSS rinda explicaciones y enmiende el rumbo en relación con la compra millonaria de un terreno no apto para la construcción del nuevo hospital que tanto necesita el pueblo cartaginés (Mayo 2013). B. DEFENSA DEL DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA Aprobación de moción que exigió a Presidenta dictar reglamento para fortalecer el Seguro de Pensiones. El Plenario Legislativo aprobó una moción que presentamos para instar al Poder Ejecutivo a que dicte el reglamento que permitirá a la CCSS cobrar a los bancos y demás empresas públicas la contribución de hasta un 15% de sus utilidades, establecida en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador para capitalizar el Seguro de Pensiones (IVM). Denunciamos que a pesar de que la CCSS dejó de recibir más de 300 mil millones de colones desde el año 2000 por la ausencia de ese reglamento, el Gobierno tenía “engavetada” la propuesta desde hace un año (Julio 2011).

14 años después Seguro de Pensiones empezó a recibir contribución de bancos y empresas públicas. Gracias a la lucha del FA y de mucha gente, finalmente el Gobierno promulgó el reglamento que fija el monto de la contribución obligatoria establecida en la Ley para fortalecer al Seguro de Pensiones. Esto logro fue posible en gran medida gracias a la presión realizada por el Plenario y a la demanda que presentamos contra el Estado para obligar a dictar este reglamento y reclamar el daño causado a la CCSS por tantos años de inoperancia (Marzo 2013). 14 después la CCSS empezó a recibir los primeros recursos or la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, aunque el INS y algunos bancos se niegan a pagar. Ahora nuestra lucha es para que se repare a la CCSS el daño sufrido por los aportes perdidos (Abril 2014).

Acción en defensa de los aportes que el INS debe realizar al Seguro de Pensiones. Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley de Privatización del Mercado de Seguros (agenda del TLC), que está siendo utilizando por la jerarquía del INS para negarse a realizar la contribución establecida en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (hasta 15% de sus utilidades) para fortalecer el Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM) (Noviembre 2012). La acción fue admitida para estudio y frenó la aplicación del artículo cuestionado (Enero 2013).

Investigación en defensa de las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. A pesar de no ser miembros de la comisión de control de ingreso y gasto público, nos integramos de lleno en la investigación que se abrió sobre malos manejos, irregularidades, despilfarro de recursos y pérdidas millonarias ocasionadas al Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM) (Setiembre 2010). Nuestras principales acciones fueron:

Ø Apoyamos la denuncia de varios sindicatos de la CCSS, solicitando la destitución del Gerente de Pensiones, Miguel Pacheco, por su responsabilidad en dichas irregularidades. Exigimos que se le trajera con

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la fuerza pública ante su negativa a presentarse a declarar (Setiembre 2010).

Ø Cuestionamos al Gerente por su intento de entregar los recursos de la reserva de las pensiones al Banco Mundial para que el sector financiero privado haga negocios con la plata del pueblo; así como por crear una estructura paralela que estaba duplicando funciones con la existente y generando gastos adicionales al fondo de IVM de más de 4 mil millones anuales, sin que existiera mejora alguna en la calidad de los servicios a las personas usuarias.

Ø También lo interpelamos por la rebaja ilegal de los intereses de los préstamos que otorga la CCSS, sin estudios técnicos, obedeciendo a presiones de los hermanos Arias y causando pérdidas al fondo de pensiones por 1600 millones de colones. Sacamos a la luz pública que el gerente presionó a funcionarios de la CCSS para que avalaran la venta de títulos valores con pérdidas, sin el respaldo de criterios técnicos (logró vender tres títulos, uno de ellos con pérdidas, comprado por el Grupo Sama) (Setiembre 2010).

Ø El gerente intentó justificar sin éxito sus actuaciones. Aunque dijo que las finanzas del régimen de pensiones (IVM) estaban sólidas, no pudo explicarnos por qué tomaron recursos de las inversiones -que deben capitalizarse para aumentar las reservas- para pagar pensiones y aguinaldos en los últimos años (21 mil millones en 2010) (Octubre 2010).

Ø La SUPEN refutó al gerente sobre la solidez del régimen de pensiones (IVM), afirmando que los cálculos de la CCSS se basaban en supuestos fuera de la realidad. Pero también cuestionamos al jerarca de SUPEN por promover medidas que violarían la autonomía de la CCSS y que afectarían los derechos de las y los trabajadores, como aumentos en cotizaciones y en edad de retiro (Enero 2011).

La comisión emitió un informe solicitando la destitución del gerente, entre otras medidas correctivas. Esta investigación permitió frenar al menos en parte los desmanes que se venían haciendo desde el Gobierno anterior con el fondo de pensiones, además de detener a una de las piezas claves de los Arias para desmantelar la CCSS. Meses después la CCSS acordó destituir al gerente cuestionado por hechos relacionados con esta investigación. Aunque al comienzo intentaron protegerlo, ante la presión del control político tuvieron que rectificar. El debate sacó a la luz los intreses político-empresariales que pugnan por apropiarse del fondo de pensiones de la CCSS. El entierro definitivo en la Sala IV de la Ley de Jubilación Anticipada. En la comisión plena primera, después de discutir varios textos y múltiples consultas, votamos a favor el proyecto para autorizar a las y los trabajadores a utilizar los recursos del Fondo de Capitalización Laboral y otros ahorros para financiar el adelanto de su pensión a 57 años, bajo el acuerdo de que se consultaría a la Sala IV para determinar si existía algún camino para darle viabilidad. La consulta se hizo y la Sala concluyó que el proyecto era inconstitucional e inviable, a pesar de que se le hicieron cambios que obligaban a las personas interesadas a realizar pagos millonarios para adelantar su pensión (Noviembre 2011).

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Denuncia contra intención de banqueros de meterle mano a la plata de las pensiones. En el Plenario denunciamos los nuevos intentos del entonces vicepresidente Liberman por imponer “a la brava” una reforma al mercado de valores que permita a los grupos financieros privados utilizar los fondos de pensiones, incluyendo los recursos de la CCSS, para destinar estos recursos a sus negocios. Advertimos sobre el vínculo de estas maniobras con las acciones del Gobierno y el Banco Central para tomar control total de los órganos reguladores del mercado financiero como SUGEVAL y SUGEF (Octubre 2012).

Oposición al proyecto que pretendía impedir el retiro de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Manifestamos nuestro rotundo rechazo al proyecto de ley del Gobierno que buscaba eliminar el derecho de las y los trabajadores a retirar –cada 5 años- sus ahorros contenidos en el FCL (17.597). Denunciamos que esta reforma pretendía favorecer los intereses del sector financiero, en detrimento de la clase trabajadora. Adjuntamos miles de firmas de trabajadores que expresaron su oposición. Al final el Gobierno tuvo que desistir (Octubre 2010).

Aprobada reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio para hacer justicia a las y los educadores pensionados. Desde el primer momento dimos total apoyo al proyecto para eliminar el cobro injusto y abusivo de impuestos que se aplicaba únicamente sobre las pensiones de las y los educadores (artículo 70), rebajándoles considerablemente su pensión (17.402) (Noviembre 2010) Denunciamos que el proyecto fue bloqueado durante dos años en la plena tercera por la fracción del PLN (Junio 2012). Después de una larga lucha de las y los educadores, se aprobó en Plenario, gracias a la inclusión de una reforma para generar recursos adicionales al Fisco, eliminando la exoneración del impuesto sobre la renta a las remesas al exterior (Noviembre 2012).

Apoyo a proyecto para que educadores que se trasladaron al régimen de pensiones de la CCSS puedan volver al Magisterio Nacional. Hemos venido respaldando una iniciativa que se tramita en la plena primera para corregir la injusticia que que sufrieron miles de educadores que fueron engañados en 1995 para que se trasladaran a la CCSS (17.561). El proyecto les da la opción de volver el Régimen de Pensiones del Magisterio, pagando las diferencias correspondientes y sin afectar a la CCSS. No obstante el PLN se opone y lo ha tenido bloqueado. La lucha seguirá en la nueva Asamblea (Setiembre-Noviembre 2013). C. SALUD PÚBLICA Y DIGNIDAD HUMANA Aprobación de la Ley Antitabaco. Fuerte lucha contra el lobby tabacalero. Nos apersonamos a la comisión de sociales para evitar que las tabacaleras (a través del PLN y ML) manosearan este proyecto de ley necesario para cumplir con el Convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que obliga a restringir el fumado en centros de trabajo y lugares públicos, prohibir la publicidad del tabaco y aumentar los impuestos a los cigarrillos, entre otras medidas para proteger la salud pública (17.371) (Abril 2011). Junto a la Red Nacional Antitabaco denunciamos sistemáticamente la intromisión del lobby

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tabacalero en el trámite del proyecto y combatimos sus maniobras para debilitarlo (Agosto 2011). El Plenario aprobó el proyecto con nuestro voto, después de una intensa lucha para revertir los cambios promovidos por las tabacaleras y defender la esencia de la propuesta. Se logró: prohibir todo tipo de publicidad de los cigarrillos (José Merino había presentado un proyecto con este fin desde 1998), declarar 100% libres de humo todos los centros de trabajo y todos aquellos espacios cerrados de acceso público (bares, restaurantes, centros nocturnos), aumentar los impuestos a los cigarrillos destinando la mayor parte de los recursos a financiar a la CCSS, y aprobar nuestra propuesta para obligar a los importadores de cigarrillos a realizar estudios e informar sobre las sustancias químicas que contienen sus productos (Febrero 2012). Las tabacaleras enviaron el proyecto a consulta a la Sala IV. En el Plenario refutamos uno a uno sus argumentos. Explicamos que es válido que la ley limite la libertad de comercio de las tabacaleras, porque la protección de la vida y la salud son valores que deben estar por encima del interés comercial. Al final, la Sala IV nos dio la razón en todos los puntos y la ley se consolidó (Ley 9028) (Marzo 2012). Denuncia por inacción del Gobierno en regulación de avisos en cajetillas de cigarrillos. Denunciamos que el Gobierno estaba retrasando injustificadamente el reglamento sobre etiquetado de cajetillas para favorecer a las compañías tabacaleras. A pesar de que la Ley Antitabaco tenía un año de estar vigente, frenaban el reglamento con argumentos absurdos como una supuesta necesidad de consultar a la OMC. Nuestras denuncias dieron resultado porque poco después la normativa fue emitida (Mayo 2013) Ley de Investigaciones en Seres Humanos. Nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos y la seguridad social. Con el apoyo de personas expertas en la materia, durante estos cuatro años continuamos la lucha de José Merino para garantizar que nuestro país cuente con una ley sobre investigaciones biomédicas que realmente proteja la vida, la salud y la dignidad humana de las personas que participan en estas investigaciones, garantizando que prime la ética por encima del negocio de algunos médicos y empresarios que buscan lucrar “maquilando” ensayos clínicos y utilizando a nuestro pueblo como “conejillo de indias”. Para lograrlo, presentamos y defendimos en la comisión de sociales y en el Plenario varias mociones para modificar sustancialmente el proyecto de ley promovido por el Gobierno sobre este tema (17.777) (Abril 2011). Todo el debate de la ley estuvo marcado por presiones de las trasnacionales farmacéuticas y sus aliados locales para sacar atropelladamente una ley con controles débiles, que les facilite hacer en Costa Rica lo que se les prohíbe en sus países de origen. Argumentaron la pérdida de inversiones por el voto de la Sala IV que declaró inconstitucional el reglamento que regulaba este tipo de investigaciones. Les recordamos que durante años fueron estos grupos los que se opusieron a contar con una ley, porque preferían un reglamento fácil de cambiar .

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Durante el debate final en Plenario se aprobaron varias mociones del FA para mejorar el proyecto. Por ejemplo: 1) Fortalecer el consentimiento previo informado de los pacientes que participan en investigaciones. 2) Evitar conflictos de interés entre los comités que aprueban las investigaciones y las empresas que las promueven. Evitar que estas puedan financiar al órgano regulador. 3) Crear medidas cautelares para frenar una investigación cuando hay un riesgo para la salud o la vida. 4) Garantizar que a quienes participan en una investigación se le darán gratuitamente los medicamentos derivados de ella. 5) Eliminar normas que debilitaban las potestades de la CCSS para comprar medicamentos, entre otras. Sin embargo, votamos en contra el proyecto porque, a pesar de los cambios, no se logró el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos. Faltaron regulaciones para asegurar que los centros de salud de la CCSS no serán utilizados indebidamente para el negocio privado. Faltaron garantías de que las investigaciones responderán a las necesidades de salud del pueblo de Costa Rica. El órgano encargado de fiscalizar las investigaciones (CONIS) carece de suficiente independencia frente a intereses privados y presiones políticas. No reguló el conflicto de interés del médico tratante de un paciente que al mismo tiempo dirige una investigación en que dicho paciente participa. Se mantuvieron normas muy permisivas sobre investigaciones en grupos vulnerables como menores de edad, personas con discapacidad, personas que sufren explotación o discriminación, favoreciendo violaciones a sus derechos (Diciembre 2013). Enviamos el proyecto en consulta a la Sala IV. Aunque ésta aclaró algunos de los artículos cuestionados, las principales preocupaciones apuntadas se mantienen (Abril 2014). Denuncia sobre la compra irregular de un medicamento vinculado con investigaciones ilegales en el Hospital de Niños. Exigimos una amplia investigación a la CCSS sobre la compra de un medicamento que fue desarrollado hace varios años mediante la realización de ensayos clínicos ilegales con bebés prematuros en el Hospital de Niños, causando daños a la salud de varios de ellos. A pesar de que hay un informe técnico que descartaba la compra de este medicamento porque carecía de un “beneficio terapéutico sustancial”, las autoridades del hospital insistieron en comprarlo en lo que podría haber sido un ensayo clínico encubierto (Agosto 2012). Nueva Ley de Tránsito. Sí a reducir multas excesivas, no a bajar las penas a los conductores borrachos. En la discusión en el Plenario del proyecto de nueva Ley de Tránsito (18.032) apoyamos la reducción de las multas para las infracciones no muy graves, pues eran excesivas y hasta confiscatorias. Pero rechazamos la intentona de bajar las sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de subir el consumo tolerado de alcohol en la sangre (Setiembre 2011). Aprobación de reforma a los tratados de la OMC para facilitar acceso a medicinas. En el Plenario apoyamos y aprobamos una enmienda al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre propiedad intelectual (ADPIC) para facilitar el trámite de licencias obligatorias para la exportación de

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medicamentos cuando sea necesario para proteger la salud, es decir la posibilidad de desconocer una patente para producir y exportar medicinas a un menor precio (Octubre 2011). Nueva Ley de Licores. En defensa de la salud pública y los derechos de la niñez. Si bien avalamos aspectos positivos de este proyecto, como la eliminación del tráfico comercial de patentes de licores sin beneficio para los gobiernos locales, cuestionamos que se estaban debilitando las restricciones para resguardar a la juventud ante el vicio del alcoholismo y proteger la salud pública. Nos opusimos a reducir las distancias mínimas que deben separar las cantinas de las escuelas, a eliminar las normas que limitan el número de cantinas por habitantes y a debilitar el criterio técnico del IAFA (Diciembre 2011). Consultamos estos puntos a la Sala IV y dicho tribunal nos dio la razón, obligando a la Asamblea a corregirlos (Marzo 2012). Iniciativa para respaldar decreto que prohíbe comida chatarra en sodas de las escuelas públicas. La comisión de juventud aprobó una moción que presentamos en apoyo al decreto emitido por los Ministerios de Salud y Educación para regular la comida que se vende en las sodas de las escuelas públicas, prohibiendo la comida chatarra. Más bien creemos que el decreto se quedó corto: debería generalizarse a todos los centros educativos y hacerse por ley (Febrero 2012).

Ley de Donación y Transplante de Órganos: Aprobada propuesta para castigar severamente el tráfico de órganos. Firmamos y apoyamos el proyecto para crear una red nacional que amplíe las oportunidades de vida de las personas enfermas que requieren transplantes de órganos, garantizando elevados parámetros éticos (18.246). Pero surgieron dudas sobre algunas debilidades en los controles y las sanciones para prevenir y sancionar el tráfico de órganos. En respuesta, el Plenario aprobó una moción que presentamos para establecer fuertes sanciones contra el tráfico de órganos como tal y contra todas las conductas relacionadas como la extracción ilegal de órganos, la promoción y el ofrecimiento de dádivas para estos fines, la coacción y manipulación a donantes, así como la omisión del consentimiento informado, entre otras. De esta forma, cerramos todos los portillos legales que favorecían esta práctica ilícita y denigrante de la diginidad humana (Marzo 2014).

D) SEGURO SOCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO En defensa del seguro de riesgos del trabajo. Denunciamos que el Gobierno y el INS promovían un proyecto de ley para terminar de desmantelar este seguro social, manoseando el Código de Trabajo. Buscaban permitir que las empresas privadas hicieran negocio, discriminando entre los riesgos rentables y los que no lo son, y destinando los excedentes a engrosar sus ganancias y no en beneficio de las y los trabajadores. Según el INS el proyecto debía aprobarse como “defensa” ante la entrada en vigencia de la apertura impuesta en el TLC. Advertimos que “el remedio era igual de malo que la enfermedad” (Agosto 2010).

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Freno a la destrucción del seguro social y solidario de riesgos del trabajo. Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra los artículos del TLC con Estados Unidos que obligan a Costa Rica a permitir la explotación comercial con fines de lucro del seguro social de riesgos del trabajo a partir del 1 de enero de 2011. Cuestionamos dicha imposición como un crimen contra la seguridad soical, porque pone en peligro los principios que garantizan la cobertura universal, solidaria, inmediata e ilimitada a todas las personas trabajadoras que sufran accidentes o enfermedades laborales, estén aseguradas o no (Diciembre 2010). La Sala IV acogió nuestra acción, con lo cual logramos frenar temporalmente el proceso de explotación comercial de esta garantía social que debía iniciar a partir del 1 de enero de 2011. La Superintendencia de Seguros quedó imposibilitada de dar permisos a empresas privadas para explotar el seguro de riesgos del trabajo mientras se tramitaba la acción. Gran cantidad de organizaciones sociales como UPINS, ANEP, y UNDECA presentaron gestiones de coadyuvancia en apoyo a nuestro recurso (Marzo 2011).

Dos años después la Sala IV declaró sin lugar la acción en una votación muy dividida (4 a 3). Aunque ganamos tiempo valioso, este voto reactivó las serias amenazas de desmantelamiento del seguro social de riesgos del trabajo, en momentos en que el Gobierno y los jerarcas del INS estaban haciendo su trabajo para debilitarlo desde adentro. Nuestra fracción ha venido preparando nuevas acciones para defenderlo (Noviembre 2012).

Defensa del seguro solidario de automóviles en proyecto de Ley de Tránsito. Denunciamos que en el proyecto de nueva Ley de Tránsito introdujeron varias mociones para eliminar por completo el carácter solidario del seguro obligatorio de automóviles (SOA) y convertirlo en un negocio lucrativo más. Lo más grave es que buscaban abrir el portillo para que las aseguradoras puedan escoger los vehículos que aseguran y los que no, seleccionando la parte rentable del negocio, y rechazando los que tienen muchos accidentes que le quedarían al INS y a la CCSS. Al final logramos que la comisión aprobara varias mociones para revertir la mayor parte de estos cambios. Se eliminaron los portillos para fomentar la selección de riesgos, quedando claro que las aseguradoras tienen que cubrir todo vehículo y hacerse cargo solidariamente de los casos no asegurados (Febrero 2012).

Denuncia contra el INS por desviar recursos y debilitar al Seguro de Riesgos del Trabajo para favorecer negocios en seguros comerciales. Denunciamos a las autoridades del INS ante la Contraloría, la Inspección del Trabajo y la SUGESE por negligencia en el cobro de las deudas a patronos que no aseguraron a personas trabajadoras accidentadas y por haber condonado deudas y maquillado obligaciones de grandes empresas para favorecer sus negocios en la venta de seguros comerciales, desviando fondos de la seguridad social que pertenecen a las y los trabajadores más pobres del país. Estas acciones ilegales habrían dejado prescribir al menos 6 mil millones de colones y, en total, estarían poniendo en peligro más de 13 mil millones de colones del seguro de riesgos del trabajo (Octubre 2012). La Contraloría nos dio la razón y confirmó que el INS no estaba cobrando diligentemente a los

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patronos morosos con riesgos del trabajo. Comprobó que el INS modificó ilegalmente las normas técnicas del seguro para eliminar el cobro de obligaciones a patronos morosos por más de 3 mil millones de colones. Además, le ordenó al Instituto revertir de forma inmediata estas acciones ilegales que comprometen fondos públicos. Otros elementos de la denuncia, como las condonaciones a grandes empresas y el desvío de fondos a los seguros comerciales fueron remitidos a la SUGESE, que tiene el caso en investigación. Urge darle seguimiento y sancionar a los responsables (Enero 2013).

Alto al desvío de más de 10 mil millones del seguro de riesgos del trabajo. Con la acción de inconstitucionalidad que presentamos contra la Ley de Privatización del Mercado de Seguros para defenser los aportes al Seguro de Pensiones, también logramos frenar los planes de la jerarquía del INS de suspender el aporte de esa institución a la reserva del seguro de riesgos del trabajo y devolver los recursos aportados en años anteriores. Así, detuvimos un intento de quitarle a este seguro social más de 10 mil millones de colones, para trasladarlos a los negocios comerciales del INS, lo que debilitaría aún más nuestra seguridad social (Enero 2013).

Alerta ante el “chorizo” del Hospital del Trauma. Hemos venido trabajando en una nueva denuncia por las irregularidades cometidas por el INS al trasladar la administración de este nuevo hospital a una sociedad anónima privada. Además de los riesgos de esta privatización solpada y conflictos de intereses con clínicas privadas, el INS estaría desviando ilegalmente cuantiosos fondos de los seguros sociales a sus negocios comerciales. La denuncia está casi lista para ser presentada y esperamos que nuestra nueva fracción le dé prioridad (Abril 2014).

VIII. EDUCACIÓN PÚBLICA Reforma constitucional para asignar al menos el 8% del PIB para la educación pública. Logramos la aprobación de esta trascendental reforma con cuatro puntos: 1) Hacer “obligatoria” la educación diversificada. 2) Subir del 6% al 8% del PIB la inversión mínima que el Estado debe realizar en educación pública. Se le dieron 4 años de plazo (hasta 2014) al Gobierno para alcanzar esta meta. 3) En un año debía aprobarse una ley para definir como se calculará ese 8%, eliminando la manipulación del Gobierno y el Banco Central. 4) El Estado además de becas deberá facilitar el acceso a “recursos tecnológicos”.

Esta votación fue un logro de nuestra lucha contra el "aumentazo" salarial. Sin nuestras denuncias sobre las prioridades invertidas de los otros partidos, no hubiera sido posible despejar el camino para una reforma que tenía más de cinco años de ser bloqueada por los libertarios. En nuestro razonamiento advertimos que el presupuesto adicional debe estar acompañado de cambios profundos en las políticas educativas: reducción de la brecha que afecta a escuelas y colegios rurales y urbano-marginales, dignificación de la profesión de las y los educadores (alto al clientelismo político en nombramientos, no al deterioro de derechos ni a la ley del salario único, etc.) transformar lo que se enseña y cómo se enseña para alcanzar una educación humanista, que sea

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atractiva, que forme personas críticas y pensantes, entre una larguísima lista de pendientes (Mayo 2010).

Proyecto para fortalecer la Universidad Técnica Nacional. Presentamos una iniciativa para otorgar por ley una concesión de radio y televisión a la Universidad Técnica Nacional por un plazo de 99 años. Esta concesión no puede afectar las de otras universidades públicas o el SINART y tiene que darse recuperando frecuencias que están inutilizadas o mal asignadas a entes privados (17.722) (Mayo 2010). La comisión de ciencia y tecnología dictaminó de forma unánime el proyecto (Noviembre 2010).

Total apoyo a la lucha por presupuesto justo para las universidades públicas. Desde el primer día, brindamos respaldo irrestricto a la lucha de las universidades públicas por un presupuesto creciente que permita mejorar la calidad y ampliar la cobertura de nuestra educación superior. Marchamos, participamos en diversos encuentros e hicimos control político desde el Plenario. Advertimos al Gobierno que si insistía en no negociar con las universidades y llevar el tema a la Asamblea, se bloquearía en su totalidad la agenda legislativa (Agosto 2010).

Ley para garantizar financiamiento permanente a los colegios públicos. La comisión de gobierno dictaminó el proyecto de ley presentado por José Merino para extender a favor de las juntas administrativas de los colegios públicos la obligación de las municipalidades de destinarles al menos el 10% de los recursos del impuesto sobre bienes inmuebles (17.087). La ley anterior, solo beneficiaba a las juntas de educación de las escuelas y excluía a los colegios, a pesar de que también necesitan recursos para mejorar las condiciones de estudio (Setiembre 2010). En el Plenario, logramos la aprobación definitiva y por unanimidad de esta iniciativa, convirtiéndose en ley (Junio 2011). Ley para devolver recursos a CONAPE. Presentamos una iniciativa para restituir a CONAPE los recursos del 5% de las utilidades de los bancos públicos, que le fueron cercenados en 2008 mediante la fallida Ley de Banca para el Desarrollo (18.871). Esto generó un déficit de 2800 millones en 2010, afectando seriamente la colocación de préstamos a estudiantes de escasos recursos y zonas rurales (Octubre 2010). El proyecto fue dictaminado afirmativamente en la comisión de educación (Julio 2012), y logramos que se aprobara de forma definitiva en la plena segunda (Ley 9092). Aunque se necesitan cambios mucho más profundos para atacar el grave problema de la elitización de la educación superior y la falta de oportunidades reales de acceso para jóvenes de escasos recursos, esta ley era indispensable. Mientras la banca de desarrollo sigue siendo una promesa incumplida, solo en 2011 el crédito accesible para educación se redujo a la mitad. Miles de jóvenes en condición de pobreza se quedaron sin una oportunidad de estudiar, mientras la plata se quedó ociosa en los bancos (Octubre 2012). Proyecto de ley de solidaridad en la educación universitaria privada. A través de esta iniciativa propusimos tres cambos fundamentales: 1) Regular las tarifas que cobran las universidades privadas para evitar cobros abusivos y aumentos excesivos y no justificados. Se propone dotar al CONESUP de

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potestades regulatorias similares a las de ARESEP y que la fijación de tarifas se vincule a la calidad y los costos reales del servicio, por medio de audiencias con participación del estudiantado. 2) Obligar a dichas universidades a otorgar al menos un 25% de becas a estudiantes de escasos recursos, con prioridad para aquellos que provengan de programas públicos como “Avancemos” y prohibiendo cualquier trato discriminatorio. 3) Garantizar que las y los estudiantes seguirán exonerados del pago del impuesto de ventas o IVA (18.011) (Marzo 2011). Defensa de las universidades públicas y las juntas de educación frente al Plan Fiscal. Gobierno obligado a rectificar. Desde que salió a la luz pública el proyecto de reforma fiscal del PLN y el PAC, denunciamos que se le estaba propinando un duro golpe a la educación pública al gravar con 14% de impuestos (IVA) las compras de bienes y servicios que realizan las universidades públicas, los colegios universitarios y las juntas de educación y juntas administrativas de escuelas y colegios públicos. Presentamos varias mociones para corregir el problema, pero fueron rechazadas sin discusión por la “mayoría mecánica”, con burlas incluidas. Sin embargo, ante la reacción oportuna de CONARE (alertado por el FA) el Ministerio de Hacienda tuvo que ceder. Aceptaron incluir expresamente en el proyecto de ley la exoneración del IVA para estas entidades, tal y como lo habíamos planteado desde un comienzo. Para ello, volvieron a presentar mociones casi idénticas a las rechazadas a nuestra fracción. Esta vez sí fueron aprobadas (Octubre 2011). Proyecto para garantizar la construcción del nuevo colegio público de Puerto Viejo de Talamanca. Mediante esta iniciativa buscamos hacer posible la construcción del nuevo Liceo Rural de la comunidad de Talamanca, Limón (18.431). Aunque más de 200 jóvenes reciben lecciones en instalaciones clausuradas por el Ministerio de Salud, el colegio no ha podido construirse porque el lote se encuentra en la zona marítimo-terrestre. Para solucionar el problema, propusimos otorgar una concesión especial al Ministerio de Educación (Abril 2012). Proyecto de ley para fortalecer la solidaridad y democratizar el acceso a los recursos de CONAPE. Propusimos una reforma integral a la Ley de CONAPE para garantizar que los recursos se distribuyan de forma más equitativa, brindando atención prioritaria a personas jóvenes de escasos recursos, zonas rurales y urbano marginales (18.661). Además, buscamos establecer por ley la obligación de prestar a tasas más bajas y crear un fondo de avales con una parte de los recursos para las y los jóvenes que no tienen posibilidad de otorgar garantías crediticias. Proponemos descentralizar de verdad a CONAPE, mediante la apertura de sucursales en todo el territorio nacional en alianza con los bancos del Estado, pues la queja recurrente de muchas personas jóvenes de zonas rurales es que los servicios están centralizados en la GAM (Noviembre 2012). Proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de la obligación constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación

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pública. A través de esta iniciativa buscamos asegurar que se cumpla la reciente reforma al artículo 78 de la Constitución Política (18.750). Propusimos aclarar el procedimiento para el cálculo del PIB y los mecanismos para verificar que la obligación constitucional se cumplió en la formulación del presupuesto, así como establecer los gastos que no deben contabilizarse dentro del presupuesto para la educación, como el presupuesto del INA.

También planteamos crear sanciones penales para los jerarcas que omitan presupuestar las inversiones que la Constitución exige y prohibir cualquier práctica dirigida a subejecutar los recursos de la educación o a impedir su inversión efectiva. Buscamos garantizar que los nuevos recursos que se generen al favor del Estado se destinen con prioridad a fortalecer la educación pública en todos sus niveles. Aunque la reforma constitucional dio un plazo de un año a la Asamblea para aprobar la ley que regule su cumplimiento, dicho plazo ya se venció y esa ley no ha sido aprobada (Abril 2013).

Fideicomiso para infraestructura educativa. Demanda de solución integral al problema sin poner en peligro bienes públicos. En medio de una fuerte presión de padres y madres de familia de escuelas y colegios públicos que imparten lecciones en galerones y garajes no aptos, el Plenario aprobó el proyecto del MEP para crear un fideicomiso por $167 millones que agilice la construcción de instalaciones educativas. Ante tanta urgencia, votamos a favor después de garantizar que los centros educativos que se construyan mediante el fideicomiso no dejarán de ser públicos ni podrán salir del dominio del Estado. También advertimos sobre los altos costos administrativos de esta figura y la injusta distribución de los recursos (muy baja asignación a provincias más necesitadas).

Exigimos al Gobierno atacar las verdaderas causas del atraso que sufre el país en infraestructura educativa: los malos manejos y la ineficiencia del MEP para asignar los recursos y construir rápidamente las obras, así como los diversos problemas que enfrentan las juntas de educación para ejecutar más eficientemente los recursos, debido en parte a la falta de apoyo y capacitación y a las injerencias politiqueras de los partidos tradicionales (Marzo 2013).

Sobre el préstamo del Banco Mundial para las universidades públicas. Nuestra posición. El Plenario votó el proyecto de ley de aprobación del préstamo por 200 millones de dólares firmado por las cuatro universidades públicas con el Banco Mundial para financiar obras de infraestructura, laboratorios y proyectos en el área tecnológica ($50 millones para cada universidad). Votamos a favor en primer debate porque a ese momento contaba con el aval de las cuatro universidades públicas, que lo negociaron en ejercicio de su autonomía y porque después de una exhaustiva revisión no encontramos cláusulas que lesionaran dicha autonomía. Concluimos que no contiene mecanismos que den poder al Banco Mundial para interferir en el gobierno de las universidades o en sus procesos internos de toma de decisiones.

Antes del segundo debate tuvimos conocimiento de objeciones en nuestra Juventud y en sectores del movimiento estudiantil. Nos reunimos con ellos para

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analizarlas. También los consejos universitarios de la UNED y la UCR cuestionaron un artículo incluido por la comisión de educación y avalado por los rectores. Atendiendo estas inquietudes, presentamos una moción para que el proyecto del préstamo fuera devuelto a comisión. Pero el proyecto fue aprobado en segundo debate por todas las demás fracciones (Mayo 2013).

Rotunda rechazo a colegio profesional de las artes. Manifestamos nuestro total rechazo al proyecto de ley que pretendía crear un colegio profesional imponiendo la colegiatura obligatoria a las y los artistas, obligándolos a incorporarse a dicho ente para poder ejercer su actividad creativa. Fue votado por unanimidad de forma sorpresiva en Plenario, justo cuando estábamos concentrados en el plan fiscal. Además nos dijeron que tenía el respaldo de las y los artistas, lo cual era falso. Cuando nos dimos cuenta del engaño presentamos una moción para devolverlo a comisión y logramos enterrarlo (Abril 2012). Proyecto de ley para el fortalecimiento integral de la Imprenta Nacional. Acogimos una propuesta formulada por la seccional de la UNT de la Imprenta Nacional para garantizarle a esta institución fuentes estables de financiamiento y otorgarle mayor autonomía (18.821). Propusimos obligar a las instituciones públicas a contratar con la Imprenta un porcentaje mínimo de los servicios de impresión que compren y se le garantiza la impresión de documentos oficiales sensibles como los exámenes del MEP, leyes, reglamentos, diarios oficiales y las papeletas electorales. También planteamos convertir a la Imprenta en una institución semiautónoma (Junio 2013).

Oposición a la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Respaldamos los planteamientos de diversas personalidades del mundo de la cultura (escritores, artistas, músicos, docentes universitarios) opuestas a este proyecto del Gobierno (17.853), por cuanto desnaturaliza estos premios a la cultura por criterios de “recorte del gasto” y promueve adaptar la producción cultural a las exigencias del mercado. No avalamos la reducción de las categorías de premios ni la confusión entre categorías distintas. Presentamos varios mociones para corregir estos problemas, pero como no fueron consideradas, votamos en contra el proyecto (Febrero 2014).

Alerta por decreto que arrebató a las universidades públicas parte de los recursos generados por la pesca del atún. Alertamos a las comunidades universitarias de la UCR y la UNA sobre las implicaciones de un decreto ejecutivo que ignoró la distribución establecida en la Ley de Pesca de los recursos generados por derechos de pesca del atún, con el objetivo de impedir que una parte de estos recursos se asigne a las universidades públicas para dárselos en su totalidad al INCOPESCA (Nº 36.998-MAG). A pesar de la advertencia, las universidades decidieron dejar pasar el decreto (Marzo 2012).

Respaldo a graduados/as de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, ante trabas injustificadas para impedirles trabajar en el país. Denunciamos que un sector de la Escuela de Medicina de la UCR les exigía requisito arbitrarios y despropoorcionados (como realizar hasta 11 exámenes para dar validez su título) impidiéndoles trabajar en el país. Así eliminaban

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“competencia”, en momentos en que la CCSS buscaba a los médicos graduados en Cuba por su disposición a trabajar en zonas alejadas y empobrecidas, donde otros no quieren ir (Junio 2012). Después de muchas gestiones, denuncias y reuniones, el Centro de Evaluación Académica de la UCR dio la razón a las y los graduados y el Consejo Universitario eliminó los requisitos excesivos que les imponían (Noviembre 2012).

Denuncia por omisión de nombramiento de educadores/as en el Hospicio de Huérfanos. Recibimos una denuncia por la decisión del MEP de no nombrar maestros/as para las y los niños del Hospicio de Huérfanos, argumentando que cerraban los códigos respectivos por culpa de las universidades públicas que pidieron mucho presupuesto para ellas. Exigimos explicaciones al Ministerio, que negó la denuncia y reabrió los códigos (Febrero 2011). Apoyo a la lucha por la construcción del nuevo colegio público de El Carmen de Goicoechea. Realizamos múltiples gestiones ante las múltiples trabas impuestas por la burocracia del Estado y un grupo de vecinas opuestas a esta obra, a pesar de que las y los estudiantes reciben clases en garajes y aulas prestadas y no cuentan con espacios de recreación. Por ejemplo, exigimos a SETENA explicar las razones del excesivo atraso de los permisos ambientales, a pesar de que se habían cumplido todos los requisitos legales (Julio 2011). Apoyo a la lucha para mejorar la infraestructura de la escuela pública de San Francisco de Coronado. A solicitud de un grupo de maestras de este centro educativo, realizamos varias gestiones para resolver las trabas burocráticas que impiden la construcción de nuevas aulas de preescolar para esta escuela, a pesar de que los niños y las niñas actualmente reciben lecciones en un área insalubre donde hay contaminación con aguas negras. Logramos avanzar, pero la inoperancia del IMAS y de la municipalidad sigue frenando una solución definitiva (Julio 2013). Lucha por el derecho a la educación de las y los estudiantes del Colegio de Paraíso de Sixaola. Dimos respaldo inmediato al movimiento estudiantil de este colegio público que protestó ante los recortes aplicados por el MEP de las becas de transporte y los atrasos en las obras para nuevas instalaciones. Dada la pobreza en la zona, la falta de transporte es sinónimo de exclusión del sistema educativo. El Ministerio se comprometió a restituir las becas (Agosto 2013). IX. AMBIENTE A) AGUA PARA LA VIDA La lucha por proteger el agua en la Constitución como un bien público y un derecho humano. Durante todo el cuatrienio le dimos prioridad en el Plenario a la aprobación de esta importante reforma constitucional. Se discutieron varios proyectos. En todos defendimos que la Constitución debe garantizar como mínimo: 1) Que el agua es un bien público, de uso colectivo,

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que no puede privatizarse; 2) Que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental; y 3) Que el abastecimiento de agua a las poblaciones será siempre prioridad sobre cualquier otro uso. Nuestras principales acciones fueron:

Ø Empezamos discutiendo el proyecto para establecer “que no podrá salir del dominio de la Nación” (14.757) el cual tenía ocho años de ser frenado por el ML. Denunciamos y frenamos las maniobras del PLN y los libertarios para enterrar esta reforma en el marco del “pacto” que habían firmado. Los desnudamos ante la prensa y la gente, generando divisiones en el partido de Gobierno. Tuvieron que echarse para atrás. El proyecto se mantuvo en agenda y se abrió un proceso de negociación (Julio 2010).

Ø Logramos un primer acuerdo para salvar la reforma, avalado por seis fracciones (menos ML y PUSC) que incluyó los tres elementos fundamentales definidos por nuestra fracción. Este acuerdo permitió relanzar el tema en la agenda pública, desnudar a los privatizadores y socavar el pacto PLN-ML (Julio 2010).

Ø Acordamos tomar como texto de trabajo del acuerdo de siete fracciones (se sumó el PUSC) el proyecto de reforma constitucional para proteger el agua como derecho humano que había sido presentado por José Merino (16.897). Aunque esta reforma es mucho más ambiciosa, se acordó aprobar un nuevo texto de consenso con los tres puntos ya mencionados. El proyecto fue convocado a extraordinarias, recibió las 3 lecturas y fue admitidio por el Plenario con 42 votos a favor y 7 en contra (Agosto 2010).

Ø En la comisión especial creada por el Plenario logramos dictaminar a favor el proyecto de reforma constitucional, incluyendo un texto consensuado. Pero en Plenario siguió enfrentando el bloqueo irracional del ML durante toda la legislatura siguiente (Octubre 2010). Nuestra fracción incluyó este proyecto como su prioridad en el Plenario para el nuevo período de sesiones ordinarias (Mayo 2011).

Ø Condicionamos nuestra continuidad en la Alianza Parlamentaria para 2012 a que el ML permitiera la votación de la reforma constitucional para proteger el agua y de la Ley Antitabaco. Exigimos a dicho partido cumplir el compromiso que había asumido de no bloquear más el proyecto. Esta propuesta fue avalada por las demás fracciones de la Alianza. En el caso del agua, se acordó: 1) Presentar un proyecto nuevo más sencillo con el mismo texto de consenso alcanzado en el proyecto 16.897 (varios diputados no querían que la reforma saliera con la justificación del proyecto original del FA) 2) Permitir la votación en primer debate antes de setiembre de 2012 (Enero 2012).

Ø Sin renunciar al proyecto del FA, presentamos un nuevo proyecto de reforma constitucional con una justificación más sencilla pero con el mismo texto ya consensuado, que fue firmado por 50 diputados y diputadas de las 8 fracciones legislativas (18.468) (Mayo 2012). Esta reforma fue admitida por el Plenario con 42 votos a favor y 2 en contra (Agosto 2012).

Ø El nuevo proyecto fue dictaminado por la comisión especial creada para conocerlo, manteniendo los principios de que el agua es “un derecho

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humano, básico e irrenunciable” y “un bien de dominio público”. Sin embargo, en el Plenario el ML rompió su palabra y volvió a bloquear la reforma defendiendo la existencia de aguas privadas. Para ello contó con la complicidad solapada de un sector del PLN que “tiraba la piedra y escondía la mano” (Octubre-Noviembre 2012).

Aunque logramos avances importantes, quedamos con la frustración de no haber logrado la aprobación definitiva de esta estratégica reforma constitucional. La gente se cansó y el tema volvió a ser invisibilizado. En la nueva Asamblea su aprobación solo será posible con fuerte presencia ciudadana en las barras y una gran presión mediática que acorrale al ML, desnudando sus intenciones privatizadoras. Proyecto para fortalecer a las ASADAS. Junto a asociaciones administradoras de acueductos comunales de todo el país presentamos este proyecto de ley para consolidar este modelo de gestión comunitaria del agua sin fines de lucro. El proyecto busca otorgar a las ASADAS mejores condiciones de acceso al crédito y capacitación, además de ordenar su relación con el AYA, que no les brinda apoyo pero pretende obligarlas a firmar convenios abusivos y hasta despojar a las comunidades de los bienes adquiridos con su esfuerzo (17.914). Sin embargo, en la comisión de ambiente el Gobierno manoseó el proyecto y logró aprobar (sin nuestro voto) un nuevo texto que nunca fue consensuado con las ASADAS (Noviembre 2013). Ante tal atropello presentamos mociones para rescatar la iniciativa original (Febrero 2014). La nueva Ley de Aguas por iniciativa popular. Durante más de 3 años y medio el Gobierno mantuvo frenado y secuestrado el proyecto de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico presentado por más de 150 mil personas ante la urgencia de actualizar la Ley de 1942 para enfrentar las actuales amenazas de contaminación, sobreexplotación y privatización de las fuentes de agua (17.742). Pero cuando el Poder Ejecutivo vio que se vencía el plazo para votar el proyecto, y ante el riesgo de que quedara para ser discutido en la nueva Asamblea (donde el FA tiene mayor presencia), decidió correr para votarlo rápidamente, metiendo cambios que deformaban la iniciativa original. En sesiones maratónicas de la comisión de ambiente luchamos para eliminar esos cambios. Sin embargo el tiempo fue muy reducido. Logramos eliminar varios artículos que facilitaban la privatización de acueductos y garantizar que la población podrá tomar decisiones sobre los planes y prioridades para el uso del agua. Además, el texto aprobado en Plenario mantuvo la declaratoria del agua como un derecho humano y el dominio público de las aguas, creó mecanismos de planificación por cuencas hidrológicas y modificó el régimen de concesiones garantizando que están fuera del comercio y que podrán modificarse para satisfacer usos prioritarios, con preferencia siempre para el consumo humano. Valorando estos avances votamos a favor el proyecto. Pero también enviamos el texto aprobado en consulta a la Sala IV para corregir aspectos donde hay

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dudas o que no quedaron bien: aclarar que no se eliminará el área de dominio público que protege las nacientes ni se reducirán las áreas de protección del recurso hídrico (los cambios deben interpretarse para mejorarlas, nunca para atrás). Además, cuestionamos que se le quitara a SENARA su función de hacer estudios técnicos vinculantes para la protección de las aguas subterráneas y que se le asignara a una Dirección politizada del MINAE. Luchamos para que se devuelvan sus competencias a SENARA o al menos para que se fortalezca la independencia del órgano técnico del MINAE. Gracias a esta consulta (Abril 2014) el segundo debate quedará para la nueva Asamblea. Freno a decretazos que desprotegían nuestras aguas subterráneas. Presentamos una acción en la Sala IV contra dos decretos de los hermanos Arias que aumentaban los riesgos de sobreexplotación y contaminación de las aguas, al promover la perforación de pozos y acelerar el trámite de concesiones, eliminando casi por completo el criterio técnico previo del SENARA (Marzo 2011). La acción fue admitida, frenando la aplicación de los decretos cuestionados (Agosto 2011). Aunque la Sala IV declaró sin lugar la acción, dijo cómo debían interpretarse los decretos, aclarando que en ningún caso estos trámites pueden prescindir de la consulta a SENARA ni obviar su criterio técnico y que en ningún caso rige el silencio positivo en los trámites para aprovechar aguas subterráneas. Es decir, aunque perdimos, logramos nuestro objetivo (Marzo 2012). Acciones en defensa del acuífero Barva. Realizamos varias acciones de presión a las municipalidades de los cantones de Heredia, San José y Alajuela ubicados en el área del acuífero Barva, para garantizar que cumplan con la obligación de aplicar las matrices de vulnerabilidad establecidas por SENARA en todos sus procedimientos para el trámite de permisos municipales (Junio 2011). Lucha por el derecho al agua de las comunidades de El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres. Pedimos al AyA transparencia y diálogo con estas comunidades sobre su pretensión de quitarles a las ASADAS locales la administración del nuevo acueducto que se construirá después de que las empresas piñeras envenenaron sus fuentes de agua. Además le exigimos actuar para cobrar en los tribunales de justicia a las empresas piñeras la indemnización y reparación total del daño causado. El AyA se comprometió a hacerlo (Junio 2012).

Respaldo a la lucha por el acceso al agua de la comunidad de Cuajiniquil de La Cruz. Le solicitamos al SINAC reconsiderar su rechazo a la solicitud de esta comunidad para que se le permita a la ASADA local establecer una nueva toma de captación dentro del Parque Nacional Santa Rosa, ante la crónica escasez del líquido que sufren sus más de 5 mil habitantes y la inexistencia de otra alternativa. Creemos que en casos excepcionales como éste, puede darse un permiso de uso únicamente para abastecimiento de agua a comunidades, pues se trata de un servicio social (no de una actividad comercial). Ante la falta de respuesta del SINAC, en la nueva Ley de Aguas impulsamos una solución para este problema (Febrero 2013).

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Avances en la lucha de Sardinal. Se conoció la redacción completa del voto de la Sala IV que declaró inconstitucional el acueducto para llenar las piscinas de los inversionistas a costa del agua de la comunidad. El fallo es contundente al reconocer que la prioridad en el uso del agua debe ser siempre para la gente, tal y como lo reclamamos en el recurso presentado por José Merino (Mayo 2010). Recurso en defensa del derecho al agua de comunidades de El Carmen y Bijagual de Aserrí. Presentamos un recurso de amparo a favor de estas comunidades afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Pirrís del ICE. Aunque fue declarado sin lugar, el FA seguió acompañando a las y los vecinos para garantizar una reparación justa de los daños sufridos (Enero 2011). Mejoras en el acueducto de Herradura (Garabito). Con el apoyo de nuestra fracción, esta comunidad logró resolver el problema de abastecimiento de agua que le afectaba (Febrero 2013). B) MINERÍA Ley que prohibió la minería metálica a cielo abierto y el uso del cianuro y otras sustancias tóxicas. En la comisión de ambiente logramos dictaminar un texto de consenso sobre el proyecto para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (15.948) (Agosto 2010). En Plenario logramos que se aprobara de forma unánime esta iniciativa despúes de que la ubicamos como el proyecto prioritario del FA para la primera legislatura, con lo cual Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano que prohíbe por ley esta actividad depredadora del ambiente (Noviembre 2010). La nueva ley (8904) entró en vigencia después de que denunciamos atrasos en su publicación (Febrero 2011). Así, prohibimos definitivamente el otorgamiento y la renovación de permisos o concesiones para minería de cualquier metal a cielo abierto, cualquier tipo de actividad minera en refugios de vida silvestre y reservas forestales y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la minería. Nunca más se repetirá la nefasta historia de Crucitas y Bellavista. Además se restringieron otras formas de minería, dando atención al mismo tiempo al problema social de las familias dedicadas a la minería artesanal de pequeña escala en cantones como Abangares, Osa y Golfito. Denuncia contra el ofrecimiento multimillonario del Gobierno a Infinito Gold. En el Plenario denunciamos como traición al Patria la actitud entreguista del vicepresidente Piva al afirmar, sin ningún sustento técnico, que Costa Rica tendría que pagar una $1700 millones a esa transnacional canadiense si se cancelaba el proyecto minero. Le exigimos rectificar esta declaración irresponsable, hecha para favorecer a Infinito en un arbitraje contra el país (Julio 2010). El triunfo de Crucitas. Desde un comienzo respaldamos la lucha contra el proyecto minero Crucitas. Marchamos con los caminantes. Apoyamos a las y

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los compañeros en huelga de hambre. Hicimos oír su voz en el Plenario. Por eso también celebramos la sentencia del Tribunal Contencioso que dio la razón a las organizaciones ambientalistas y anuló el decreto de vergüenza nacional de los Arias, así como la concesión minera de Infinito Gold y la viabilidad ilegal de la SETENA, además de condenar a la trasnacional a reparar los daños ambientales y enviar a los delincuentes ambientales al Ministerio Público. Esta sentencia reforzó la importancia de la ley impulsada por el FA, porque dicha ley le cerró las puertas a cualquier intento de Infinito Gold de “subsanar” su concesión ilegal o pedir una nueva (Noviembre 2010). Denuncia y oposición a minería metálica en territorio indígena bribri de Talamanca. En el Plenario denunciamos que la SETENA tramitaba permisos para construir un proyecto de minería metálica en el cerro sagrado Namasol en las montañas de Talamanca, a espaldas de los pueblos indígenas afectados, sin consultarles ni informarles. Presentamos una oposición legal contra el proyecto, solicitando la consulta las comunidades y su archivo inmediato. (Octubre 2010). Al final, logramos que fuera archivado. Rendición de cuentas de la Procuraduría por su actuación en el caso Crucitas. En la comisión de ambiente logramos que se llame a comparecer a la Procuraduría por su actuación al apelar la sentencia que declaró ilegal dicho proyecto minero. Nunca pudo explicar porqué pidió revocar una sentencia que ordenó reparar el daño ambiental causado por la mina, a pesar de que la ley le ordena proteger el patrimonio natural. Tampoco explicaron porqué no actuaron para defender el camino público invadido por la minera. Quedaron en evidencia fuertes presiones políticas sobre la Procuraduría (Enero 2011). Investigación y acciones sobre el intento de reabrir la mina Bellavista. La comisión de ambiente aprobó nuestra propuesta para investigar el intento de reactivar la mina de oro a cielo abierto “Bellavista” en Miramar (Puntarenas), a pesar de que la empresa dueña del proyecto nunca se hizo responsable por los daños ambientales causados en 2007, cuando un derrumbe de escombros contaminados con cianuro colapsó la mina. Cuestionamos la negligencia del MINAE y la SETENA que aceptaron “suspender” la concesión minera en vez de cancelarla y que intentaron justificar a la empresa a pesar de que ésta tuvo una responsabilidad directa por lo ocurrido. Denunciamos el intento de “disfrazar” un nuevo proyecto con los permisos y la concesión del proyecto fallido y exigimos una nuevo estudio de impacto ambiental. Advertimos que la mina no podría utilizar cianuro en sus actividades, porque dicha sustancia ya había quedado prohibida por la nueva Ley (8904) (Junio 2011). La comisión nos dio la razón y aprobó una propuesta que presentamos para ratificar dicha prohibición e instar al Gobierno a cumplir la ley. Esto implicó que la nueva planta de procesamiento de oro usando cianuro que la empresa minera quería construir como parte de su plan para reabrir la mina Bellavista tendría que ser considerada ilegal por las autoridades competentes. Y así fue, pues la SETENA rechazó los recursos presentados por la empresa minera contra la resolución que había declarado la inviabilidad de reactivar la mina Bellavista, amparándose en dicha ley (Marzo 2012).

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Denuncia contra intento de golpe de estado al Poder Judicial por caso Crucitas. Denunciamos en el Plenario las maniobras para violentar la independencia del Poder Judicial y la red de tráfico de influencias que operó en el caso de la filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera sobre el juicio de Crucitas. Denunciamos que, además del acto delictivo (robo del borrador), estas maniobras iban dirigidas a sacar del caso a las y los magistrados que podrían resolver con independencia para poner suplentes afines a la empresa minera. Al final la sentencia de Crucitas fue confirmada en todos sus extremos (Noviembre 2011). Rendición de cuentas del MINAE sobre cumplimiento de la nueva ley. En la comisión de ambiente solicitamos explicaciones al Ministro del Ambiente por los atrasos en los reglamentos para poner en práctica la ley que prohibió la minería metálica a cielo abierto (8904), sobretodo en las alternativas para que los mineros artesanales puedan reconvertir su actividad. Las presiones sirvieron para que el Ministerio acelerara el proceso de cancelación de concesiones mineras ilegales (Abril 2012). Gestión en defensa de la nueva ley que prohibió minería metálica a cielo abierto. Presentamos una coadyuvancia ante la Sala IV para que fuera rechazada la acción que interpuso la Cámara de Minería contra la nueva Ley 8904. Refutamos cada uno de los argumentos que pretendían anular este paso histórico en la defensa de la naturaleza y en la lucha por alcanzar un desarrollo verdaderamente solidario con las futuras generaciones(Julio 2012). La acción de los mineros fue rechazada en su totalidad, con lo cual la nueva ley quedó consolidada. Denuncia: aceptar el arbitraje de Crucitas sería un nuevo acto de traición a la Patria. Exigimos al Gobierno negar su consentimiento a someter a Costa Rica a un arbitraje internacional en el Banco Mundial con la transnacional Infinito Gold por el cierre de la mina Crucitas. Explicamos que dicho arbitraje es totalmente improcedente, porque ya hay una sentencia firme de nuestros tribunales y porque afecta nuestra soberanía sobre el uso de los recursos naturales y la aplicación de nuestras leyes ambientales. Solicitamos información y explicaciones claras al COMEX sobre este tema (Marzo 2014). C) BOSQUES Y BIODIVERSIDAD La nueva Ley de Vida Silvestre por Iniciativa Popular. En la comisión de ambiente logramos que avanzara el proyecto para la reforma integral de la Ley de Vida Silvestre (17.054), primera iniciativa presentada directamente por el pueblo con más de 177 mil firmas. El proyecto prohibió de forma definitiva la cacería deportiva por cruel e insostenible y reguló de mejor manera aspectos cruciales como la reproducción de vida silvestre en sitios de manejo, la reintroducción de especies al medio natural y todo lo relacionado con el comercio, la exportación e importación de plantas y animales silvestres. Logramos aprobar un texto sustitutivo con mejoras, sin permitir que se debilitaran los objetivos originales. El proyecto pasó al Plenario, donde logramos contener los intentos del Gobierno y el ML por manosearlo y desvirtuarlo (Setiembre-Octubre 2012).

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Aprobada en primer debate, la iniciativa fue enviada en consulta a la Sala IV, que avaló el trabajo que realizamos en la comisión de ambiente, rechazando 6 votos contra 1 las objeciones de los libertarios. Así se aprobó la primera ley de iniciativa popular de la historia y dimos un paso adelante en nuestra lucha por la protección del ambiente y una democracia verdaderamente participativa (Noviembre 2012). Proyecto para eliminar licencias de armas para caza deportiva. En concordancia con la nueva Ley de Vida Silvestre que prohibió la cacería deportiva, presentamos un nuevo proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de licencias para la portación y el uso de armas con fines de caza deportiva (18.676), pues dichas licencias perdieron todo sentido y razón de ser (Diciembre 2012). Proyecto para cerrar el portillo de la “conveniencia nacional” que permite destruir bosques y dañar áreas de protección. Presentamos un proyecto de ley para dar interpretación auténtica a las normas que regulan este concepto a fin de impedir que se siga usando para justificar indiscriminadamente el cambio de uso del suelo de los bosques (18.445). Propusimos limitarlo a la construcción de obras para la prestación de servicios públicos en beneficio de la colectividad (caminos, acueductos, electricidad, etc.) y no a proyectos de minería o cualquier otro negocio particular (Abril 2012). Proyecto para sancionar la “socola” del bosque. En la comisión de ambiente hemos venido apoyando una iniciativa que busca sancionar explícitamente y con mayor contundencia esta práctica que impide la regeneración de las áreas boscosas y es la antesala para el cambio ilegal del uso del suelo (17.969) (Marzo, 2011). Apoyo a la lucha contra el maltrato animal. Nuestra fracción respaldó y firmó la iniciativa presentada por una coalición de personas y organizaciones sociales para reformar la Ley de Bienestar Animal y establecer sanciones eficaces contra quienes realicen tratos crueles contra los animales (18.298) (Octubre 2011). También apoyamos la iniciativa de decenas de miles de personas para tramitar esta reforma por iniciativa popular. (Noviembre 2012) En la comisión de ambiente dictaminamos el proyecto 18.298 y hemos venido impulsando mejoras a través de mociones para garantizar que no se afectará la producción agropecuaria, que las sanciones serán proporcionadas y que se crearán medidas alternativas que promuevan la sensibilización de los infractores (Febrero 2013). Frenada moción que buscaba desproteger bosques costeros. Después de una fuerte denuncia, logramos que la comisión de ambiente rechazara una moción del PLN que pretendía excluir del Patrimonio Natural del Estado los bosques ubicados en la zona marítimo-terrestre, lo que habría significado su privatización y destrucción (Marzo 2011). Anulados dos reglamentos de la agenda de implementación del TLC que afectaban nuestra biodiversidad. La Sala IV declaró con lugar dos acciones

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de inconstitucionalidad que presentamos junto a la Red de Biodiversidad contra estos reglamentos que debilitaban la protección de nuestra biodiversidad y promovían la privatización del conocimiento tradicional de las comunidades locales. El primero promovía que dicho conocimiento fuera patentado. El segundo buscaba dejar sin efecto la obligación de quienes extraen elementos de nuestra biodiversidad de demostrar que los obtuvieron legalmente, pidiendo permiso y consultando a las comunidades afectadas (Diciembre 2012). D) PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y TRANSGÉNICOS

Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de transgénicos y promoción de la agroecología. Junto a legisladores del PAC y a solicitud de comunidades libres y un gran número de organizaciones ecologistas y campesinas, presentamos este proyecto para frenar por tiempo indefinido esta amenaza a la biodiversidad, hasta tanto no exista certeza científica de que la liberación y el cultivo de transgénicos no daña el ambiente, la vida y la salud (18.941.) Al mismo tiempo, se busca promover la producción agroecológica (orgánica, que protege suelos, diversifica cultivos, reutiliza residuos, genera su propia energía y promueve soberanía alimentaria y justicia social) (Octubre 2013).

Denuncia contra permisos para la siembra de piña transgénica. En conjunto con el Bloque Verde, FRENASAP y la Red de Biodiversidad manifestamos nuestra rotunda oposición al otorgamiento de permisos para la siembra de hasta 200 hectáreas de piña alterada genéticamente en Buenos Aires de Puntarenas, con fines comerciales, es decir, para vender al público. Denunciamos que no existen estudios técnicos que descarten los graves impactos para el ambiente, mientras que el Estado ni siquiera ha sido capaz de dar respuesta a la contaminación causada por el cultivo convencional de la piña (Febrero 2011).

Acciones contra la siembra de maíz transgénico en Costa Rica. Freno a los permisos de Monsanto. Nos apersonamos a la Comisión de Bioseguridad del MAG en oposición a las solicitudes de compañías transnacionales para sembrar maíz transgénico en el territorio nacional, porque los riesgos de contaminación genética son elevadísimos, mientras el Estado carece de capacidad para controlarlos (Noviembre 2012). Junto a más de 20 de organizaciones ecologistas, comunales e indígenas, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento que autoriza el trámite de permisos para sembrar y liberar transgénicos al ambiente, ya que no cumple con las garantías mínimas para prevenir daños al ambiente y limita la participación de la población al declarar confidencial la información de estos permisos (Diciembre 2012).

La Sala IV acogió para estudio nuestra acción, lo que nos permitió frenar la ejecución del permiso otorgado arbitrariamente a Monsanto para la siembra de maíz transgénico en Chomes (Puntarenas). En la comisión de ambiente interpelamos a la Ministra de Agricultura, evidenciando la irresponsabilidad con que se otorgó dicho permiso (Enero 2013).

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Lucha para la prohibición definitiva del agroquímico tóxico “Carbofurán”. En varias ocasiones solicitamos al Gobierno la derogatoria inmediata del decreto que permite el uso en Costa Rica del Carbofurán o Furadán, un agroquímico tóxico que fue prohibido en EEUU, Canadá, Europa y Panamá, por sus altísimos riesgos para la vida y la salud humana, pero que se sigue importando y usando impunemente en las fincas piñeras de nuestro país (Junio-Setiembre 2011). Varios criterios técnicos de órganos del Estado respaldaron nuestra solicitud y los ministerios de Salud, Trabajo y Agricultura redactaron un proyecto de decreto que prohíbe de forma gradual pero definitiva el Carbofurán en nuestro país. Pero dicho decreto ha sido frenado por más de dos años en Casa Presidencial. Debemos seguir presionando. (Junio 2013).

Denuncia por nuevo daño ambiental de las piñeras en La Suerte de Ticabán, Pococí. Realizamos varias acciones en defensa de los derechos de la comunidad de La Suerte de Ticabán, Pococí, que sufría una plaga de moscas provocada por el mal manejo de los desechos de la piña por parte de la empresa piñera Grupo Acón, afectando la salud de sus habitantes y dañando seriamente la actividad ganadera (Febrero 2012).

Cierre de piñera ilegal en Pococí. Con nuestro apoyo, la comunidad de La Florita de Anita Grande, en Jiménez, Pococí, logró que el concejo municipal de ese cantón clausurara una explotación piñera que había empezado a operar sin permisos y sin cumplir con nuestra legislación ambiental (Marzo 2012). E) GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Aprobación definitiva de Ley de Gestión Integral de Residuos. En el Plenario aprobamos definitivamente en segundo debate este importante proyecto de ley para atender el grave problema de la generación excesiva y el mal manejo de la basura en nuestro país. La nueva ley impulsa políticas integrales para reducir la producción de residuos, que los generadores asuman su responsabilidad con la sociedad, planes e incentivos para la revalorización, reutilización y el reciclaje de los residuos, además del ordenamiento de las funciones de los gobiernos locales y el Ministerio de Salud. Se incluyeron regulaciones especiales sobre el manejo de residuos tóxicos, peligrosos y de difícil manejo. También luchamos para mantener limitaciones rigurosas a la importación de residuos para que nuestro país no sea utilizado como basurero internacional (Mayo 2010). Proyecto para limitar la entrega de bolsas plásticas desechables en establecimientos comerciales. Presentamos una iniciativa para eliminar progresivamente el uso de bolsas plásticas desechables en supermercados y otros establecimientos comerciales, ante el grave problema de contaminación que provocan y la gran dificultad que existe para reutilizarlas o reciclarlas (18.349). El proyecto propone un plan gradual de 5 años para la sustitución paulatina de las bolsas plásticas desechables por bolsas de tela u otros materiales de uso permanente o, al menos, bolsas biodegradables de efectividad científicamente comprobada (Diciembre 2011).

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Ley para exonerar de impuestos a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Su defensa frente al Plan Fiscal. En la comisión de ambiente y el Plenario apoyamos la aprobación de esta ley para incentivar el uso de nuevas tecnologías que reduzcan la contaminación de nuestros ríos con aguas residuales que hoy son vertidas sin ningún tratamiento (Ley 8932) (Febrero 2011). Además denunciamos que con el Plan Fiscal el Gobierno intentó derogar esta ley, volviendo a ponerles impuestos, en un acto de total incoherencia (Enero 2012).

Obligación de adaptar escapes de humo de autobuses, furgones y vehículos pesados. Presentamos un proyecto de ley para garantizar que este tipo de vehículos sean adaptados de manera que los escapes de humo (muflas) sean ubicados en la parte superior, evitando que el humo sea expulsado directamente “a la cara” de peatones, ciclistas y motociclistas (18.701) (Febrero 2013).

Apoyo a la lucha contra los incineradores de residuos. Hemos venido respaldando la lucha de varias comunidades y organizaciones ecologistas contra los intentos del Gobierno y algunos alcaldes por construir plantas incineradoras de residuos como supuesta “solución” al problema de la basura. En la comisión de ambiente interpelamos al Ministerio de Salud, ya que esto se ha estado haciendo sin analizar las experiencias de contaminación que viven otros países y el daño que los incineradores le causarían a los programas de reutilización y reciclaje de residuos (Marzo 2013).

F) ENERGÍA: USO RACIONAL Y FUENTES ALTERNATIVAS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Ley para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera. Volvimos a presentar un proyecto de José Merino que había sido archivado sin discusión, para prohibir definitivamente el otorgamiento de concesiones para la exploración y la explotación petrolera en el territorio costarricense (17.746) en aras de proteger nuestras fuentes de agua y nuestra biodiversidad ante la depredación de la industria petrolera y como parte de nuestra estrategia para superar el modelo energético insostenible de los combustibles fósiles (Mayo 2010). Lucha contra la amenaza petrolera en la Zona Norte. Manifestamos nuestra férrea oposición a las presiones de la trasnacional Mallon Oil para que se le otorgue una concesión para explotar petróleo y gas en una amplia región del norte del país (llanuras de San Carlos, Sarapiquí y Pococí) (Junio 2011). Con una amplia fundamentación jurídica, le advertimos al Gobierno que la firma del contrato petrolero sería un delito de prevaricato ya que se trata de una concesión absolutamente ilegal e inconstitucional, porque la petrolera ni siquiera cuenta con un estudio completo de impacto ambiental (Julio 2011). El Gobierno decidió no firmar el contrato petrolero. Nuestra fracción manifestó su respaldo a esa decisión. Proyecto de ley para fortalecer al INCOFER y promover la creación de un Tren Eléctrico en la GAM. Presentamos una iniciativa para corregir el error

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histórico de los gobiernos neoliberales que debilitaron y prácticamente cerraron el INCOFER. Propusimos eliminar las trabas que le impiden a esta institución tener acceso al crédito y realizar contrataciones de forma ágil. Además, planteamos medidas para facilitar y fomentar la creación de un Tren Eléctrico Interurbano en la Gran Área Metropolitana, que conecte San José, Alajuela, Heredia y Cartago, descongestionando el tránsito entre estas ciudades y la capital (18.252) (Setiembre 2011).

La comisión de ambiente dictaminó afirmativamente este proyecto, reconociendo la necesidad de convertir en política de Estado la creación del Tren Eléctrico Interurbano, ya que permitiría resolver el gravísimo problema del trasporte que aqueja a más de dos millones de personas que habitamos en la GAM. Esto proyecto traería inmensos beneficios para el país en lo ambiental (reducción de contaminación de vehículos automotores, menos gases tóxicos y de efecto invernadero) en lo social (menos presas, tiempos más rápidos de desplazamiento, mejora en calidad de vida, disfrute del tiempo libre, menos estrés) y en lo económico (reducción de gastos en combustibles fósiles y de la factura petrolera) (Noviembre 2012).

Obligación al Estado a incluir ciclovías en nuevas carreteras. En el proyecto de ley de aprobación de un préstamo para la construcción de obras de infraestructura vial (17.617) logramos aprobar una moción para obligar al Estado a incluir el diseño y la construcción de ciclovías en las nuevas carreteras que se diseñen o construyan en el futuro con los recursos de este préstamo. De esta forma, contribuimos a mejorar la seguridad, la salud y la calidad de vida de la gente, promoviendo ciudades más amigables y accesibles y el desarrollo de medios de transporte alternativos a la contaminación con hidrocarburos (Julio 2010).

Apoyo a la lucha por una ciclovía para la ciudad de San José y promoción de la bicicleta en la nueva Ley de Tránsito. En la discusión de esta ley luchamos para que se respete y se promueva el uso de medios alternativos de transporte como la bicicleta, en aras de mejorar la calidad de vida de la población y reducir la contaminación. Logramos la aprobación de una moción para sancionar con multa a los vehículos que obstruyen las ciclovías. También propusimos que se obligue al MOPT a construir, en un plazo de dos años, el proyecto de una ciclovía en la ciudad de San José (entre la UCR y la Sabana), ante la falta de voluntad política para concretarlo (Febrero 2012). Esta moción fue rechazada con el voto negativo del PLN y el PAC (Junio 2012). Sobre el proyecto de ampliación de la refinería de RECOPE. Además de sumarnos a las denuncias por irregularidades en el contrato con la petrolera china, manifestamos que es un error estratégico que el proyecto de refinería se limite a consolidar nuestra dependencia del petróleo con el impacto económico y ambiental que conlleva, gastando además cuantiosos recursos que podrían destinarse a otros fines. Planteamos que cualquier proyecto para modernizar la refinería de RECOPE debe prever la urgente transición hacia otras fuentes de energía y venir acompañado de una estrategia integral, que incluya la

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necesaria investigación y el desarrollo de capacidades nacionales para la aplicación de esas alternativas (Julio 2013).

G) ÁREAS PROTEGIDAS

Proyecto de ley para garantizar financiamiento permanente para nuestros parques nacionales. Presentamos esta iniciativa para resolver de forma definitiva el grave problema del abandono y la falta de recursos para proteger y dar mantenimiento a nuestros parques nacionales y demás áreas protegidas; además de garantizar una fuente segura de recursos para terminar de pagar terrenos expropiados que todavía se adeudan a sus antiguos propietarios en varios parques nacionales. Propusimos redistribuir de forma justa los más de 10 mil millones de colones generados por el impuesto sobre los tiquetes de pasajes aéreos que pagan turistas extranjeros, para que el 50% sea asignado al SINAC para la protección y consolidación de nuestras áreas protegidas, en vez de destinarlos en su totalidad al ICT (18.251) (Setiembre 2011).

En la comisión de ambiente el proyecto fue ampliamente consultado y quedó listo para ser dictaminado. Aunque cuenta con el apoyo de muchos pequeños empresarios turísticos, ha enfrentado la oposición del ICT, que, a pesar de tener un superávit de más de 11 mil millones, pretende usar el 100% de estos recursos para promoción del turismo. Hemos respondido que no habrá mucho que promover si nuestras áreas protegidas -la principal fuente de atracción de turistas del país- se mantienen totalmente abandonadas y desprotegidas, con graves faltantes de personal e infraestructura (Noviembre 2013).

Proyecto para la creación de un parque ambiental y educativo en Hatillo. Propusimos crear el Parque Ambiental “Roberto Brenes Mesén” en Hatillo, para proteger, reforestar y destinar al deporte, la recreación y la educación de la comunidad terrenos públicos que hoy están abandonados y son codiciados por inversionistas que quieren seguir extendiendo la jungla de cemento en uno de los distritos más hacinados de San José (Octubre 2010).

Ley para la creación de la zona protectora El Chayote. Acogimos, junto varias fracciones, una propuesta presentada por grupos comunales y organizaciones ambientalistas del cantón de Naranjo para consolidar como área protegida las principales zonas de recarga acuífera que garantizan el abastecimiento de agua de este cantón alajuelense y comunidades aledañas (18.210) (Setiembre 2011). El Plenario la convirtió en ley por unanimidad (Ley 9085), después de nuestra insistencia para abrirle un espacio (Setiembre 2012). Mejoras al préstamo para áreas silvestres protegidas. En el Plenario apoyamos la aprobación de un préstamo con el BID por $19 millones para financiar mejoras de infraestructura en áreas silvestres protegidas y promover actividades ecoturísticas, después de que logramos incluir imporantes cambios. Además de nuestra moción para asegurar que los recursos irán con prioridad a las comunidades locales que viven en el área de influencia de los parques nacionales, luchamos para frenar el despilfarro de las consultorías y garantizar

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que no se van a usar los recursos para promover actividades prohibidas que dañen áreas protegidas frágiles como el Macizo del Barva (Junio 2011). Rotunda oposición a proyecto para autorizar pesca en parques nacionales marinos. En el Plenario respaldamos el manifiesto de gran cantidad de organizaciones ambientalistas, académicas y sociales que denunciaron esta nueva agresión contra el patrimonio nacional. Aunque la excusa era “ayudar” a los pescadores artesanales, recordamos que el efecto del proyecto sería todo lo contrario, pues los parques marinos son menos del 1% de nuestro territorio marino, pero el principal refugio y el último reducto para la regeneración de especies en peligro de extinción por la pesca irresponsable y la contaminación (Agosto 2011). Lucha contra reducción ilegal de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Fuimos la única fracción que se opuso en el Plenario a un proyecto de ley para excluir de esta área protegida toda la franja costera que va de Cocles a Manzanillo, sin consulta a la población ni estudios técnicos que garanticen que no habrá daño para los ecosistemas protegidos(18.207) (Agosto 2012). Ante la negativa a escuchar razones, enviamos el proyecto en consulta a la Sala IV y esta nos dio la razón sobre su inconstitucionalidad (Octubre 2012). Pero los politiqueros de turno volvieron a presentar el proyecto con los mismos errores y se volvió a votar en medio clima electoral sin corregir nada. Volvimos a votar en contra y advertimos del engaño a la gente, pues en cualquier momento la ley se caerá de nuevo en la Sala IV (Abril 2014).

El argumento usado por los defensores de este proyecto fue la necesidad de ayudar a las y los pobladores locales del Caribe Sur que viven dentro del refugio y están amenazados con ser desalojados. Siempre hemos estado de acuerdo con solucionar este problema, pero creemos que el camino para ello no es eliminar el refugio. Lo que se necesita es una reforma legal que reconozca derechos a las personas que allí habitan, a través de un régimen especial de concesiones, como la Ley TECOCOS u otro proyecto similar al planteado para el caso de Ostional, y no salidas politiqueras e inviables, donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

Sobre el desarrollo de la energía geotérmica por parte del ICE y la necesaria protección del Parque Nacional Rincón de la Vieja. En la comisión de ambiente se ha venido discutiendo un proyecto de ley para permitir al ICE accesar un sector del Parque Nacional Rincón de la Vieja con el objetivo de producir energía geotérmica (17.680). Aunque avalamos enviar a consulta un texto sustitutivo para tratar de encontrar una alternativa viable sobre este tema (Diciembre 2012), también frenamos varios intentos del PLN y los libertarios por dictaminar el proyecto “a la brava”, sin atender las dudas ni buscar consensos (Marzo 2013).

Creemos que es fundamental para Costa Rica ampliar el desarrollo de la geotermia a cargo del ICE, porque es una fuente de energía estable (disponible todo el año) que implica menos impactos ambientales que las hidroeléctricas.

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Pero este desarrollo solo puede hacerse sin debilitar el régimen de protección y la integridad de nuestros parques nacionales.

Un eventual cambio de límites del parque (segregar una parte del parque y agregar otra de igual tamaño y valor) solo podría ser viable si al final del proceso el parque resulta fortalecido con: 1) un área total mayor a la actual, 2) ecosistemas protegidos y riqueza natural igual o mayor a la actual, sin afectar sitios únicos o amenazados y 3) recursos financieros y personal capacitado que garanticen la sostenibilidad del parque. Todo esto debe garantizarse mediante estudios técnicos previos a la ley realizados por expertos independientes y a través de un amplísimo proceso de consulta con todos los sectores interesados, buscando consenso sin imponer ni atropellar.

Freno a decreto que mutilaba Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas. Participamos en una inspección en la isla San Lucas convocada por la Sala IV dentro del trámite de la acción de inconstitucionalidad presentada por José Merino contra un decreto de los hermanos Arias que pretendía cercenar la parte central de esta área protegida y entregarla en concesión a empresas privadas (Junio 2010). Al final la Sala IV declaró con lugar nuestra acción, anulando la mutilación del refugio. Demostramos que para promover el ecoturismo no era necesario reducir el área protegida (Agosto 2010).

Respaldo a la lucha por la defensa de la Loma Salitral. En la comisión de ambiente impulsamos una investigación sobre el proyecto “La Arboleda”, la megaurbanización que una empresa vinculada a amigos de los Arias pretendía construir en plena zona de amortiguamiento de la Loma Salitral en Desamparados, dañando seriamente el último reducto de bosque que queda en la sobrepoblada zona sur del GAM. Aunque el PLN y los libertarios impidieron que el proceso continuara, logramos dar un espaldarazo a la lucha de las comunidades en defensa de la Loma, al evidenciar el conflicto de intereses y las actuaciones parcializadas e ilegales de la municipalidad y la SETENA para favorecer a la empresa constructora, además de frenar el secretismo que había marcado todo el trámite del proyecto (Agosto 2011).

H) ÁREAS MARINO-COSTERAS

Firme oposición a Ley de Marinas. En el Plenario votamos en contra el proyecto de ley que buscaba eliminar controles ambientales para facilitar la privatización de nuestras playas y su entrega por 35 años renovables para la construcción de parqueos para yates de lujo, expulsando a las y los pobladores locales. José Merino ya lo había frenado en dos ocasiones con consultas a la Sala IV, donde logramos quitarle las peores cosas. Pero seguía siendo parte del mismo modelo económico excluyente, concentrador de la riqueza y depredador de la naturaleza que tiene empobrecidas a nuestras comunidades costeras. Por eso lo enviamos a una nueva consulta constitucional (Junio 2010). La Sala IV nos volvió a dar la razón detectando errores de procedimiento (Julio 2010). Pero el Gobierno y sus aliados volvieron a aprobar el proyecto repitiendo los mismo errores, lo que no obligó a mandarlo de nuevo en consulta a la Sala IV (Octubre 2010). Por cuarta vez dicho Tribunal nos dio la razón, señalando que el proyecto dañaba el ambiente y violaba el principio

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de progresividad de los derechos humanos. Aún así el Gobierno insistió en aprobar la ley, pasando por encima del criterio de la Sala. Aunque lograron aprobarla con nuestro voto negativo, actualmente la nueva ley está impugnada y es casi seguro que será declarada inconstitucional (Noviembre 2010).

Reformas al capítulo de sanciones de la Ley de Pesca. En la comisión de ambiente discutimos importantes cambios a un proyecto de ley para mejorar las sanciones establecidas en dicha normativa para los diversos delitos e infracciones de pesca ilegal, en perjuicio de la sostenibilidad de nuestros recursos marinos (17.013). Defendimos que las regulaciones deben ser justas, que no se puede aplicar la misma sanción a grandes embarcaciones y a los pescadores artesanales (Setiembre 2010). Moratoria en zonas costeras: atolillo con el dedo para las comunidades. El Plenario aprobó con nuestro voto negativo un proyecto del Gobierno para frenar por dos años cualquier acción de desalojo en zonas costeras y de Patrimonio Natural del Estado, supuestamente para defender a las comunidades costeras. Advertimos que la “moratoria” era una forma de “tirar la bola para adelante”, desmovilizando a las comunidades en periodo electoral y debilitando el movimiento para aprobar una solución definitiva como la Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Aunque apoyamos detener los desalojos de las y los pobladores locales, denunciamos que el proyecto tenía graves errores, pues se aplicó la moratoria sin selección de casos, beneficiando también a poderosos inversionistas que se apropian ilegalmente de nuestras playas (Agosto 2012).

Defensa de la zona pública en la Ley de “Ciudades Litorales”. Votamos en contra y enviamos en consulta a la Sala IV este proyecto de ley, porque ponía en grave peligro la zona pública de nuestras playas al permitir su apropiación privada por personas que han ingresado a ocuparlas pocos meses antes (Mayo 2013). La Sala IV nos dio la razón, declarando inconstitucionales los artículos consultados. Hemos sostenido que la defensa de las comunidades costeras debe hacerse protegiendo la zona pública, pues se trata del último reducto que le queda a nuestro pueblo para disfrutar de nuestras playas (Junio 2013). El Gobierno y sus aliados insistieron en aprobar la ley sin corregir los problemas detectados por la Sala IV, lo que nos obliga a impugnarla nuevamente (Abril 2014).

Freno a proyecto que pretende revivir el desastre de la pesca de arrastre. En el Plenario frenamos con gran cantidad de mociones los intentos de aprobar atropelladamente un proyecto de ley para volver a otorgar licencias para la pesca de arrastre del camarón, sin arreglar los graves daños ambientales y sociales que provoca esta actividad (18.968). A pesar de la Sala IV la declaró inconstitucional porque es insostenible (arrasa con la vida en el fondo marino, impidiendo la regeneración de las especies) los camaroneros han presionado por reactivarla, con la excusa de la pérdida de empleos. Les hemos dicho que, además del daño ambiental irreparable, son más los empleos que se pierden al dejar sin fuentes de sustento a miles de pescadores artesanales que sufren la depredación de los barcos camaroneros (Abril 2014).

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Control político para consolidar y proteger nuestro territorio marino. Solicitamos al Gobierno rendición de cuentas sobre sus acciones para consolidar nuestra soberanía en una amplísima extensión de territorio marino a la que tenemos derecho. Nuestro país tenía plazo hasta mayo de 2012 para presentar complejos estudios que justificaran nuestra pretensión sobre más de 125 mil kilómetros cuadrados de territorio marino, de lo contrario podríamos perder nuestros derechos. El Gobierno se comprometió a cumplir con estos requisitos (Enero 2012).

Respaldo a lucha ambientalista en Puerto Jiménez (Golfito) contra plan regulador y proyecto “Marina Cocodrilo”. Junto a fuerzas vivas de esta comunidad, anunciamos nuestro apoyo total al recurso presentado contra el plan regulador privado hecho a la medida para favorecer la instalación del megaproyecto “Marina Cocodrilo”, el cual pondría en grave peligro los frágiles ecosistemas marino costeros del Golfo Dulce (Marzo 2013).

I) FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Proyecto de ley para despolitizar y fortalecer la SETENA. Presentamos una iniciativa para convertir a la SETENA en una institución autónoma con fuentes propias de financiamiento provenientes del pago de cánones y un impuesto al agua embotellada (17.860). Además buscamos que se integrara de forma más técnica su Comisión Plenaria, fortalecer el seguimiento de los compromisos ambientales y eliminar la injerencia política que jerarcas del Gobierno han ejercido para lograr la aprobación arbitraria de proyectos depredadores del ambiente y violatorios de los derechos de las comunidades (Setiembre 2010). Fortalecimiento del Tribunal Ambiental Administrativo. En el Plenario y la comisión de ambiente apoyamos un proyecto de ley para dar más recursos y mayores potestades a este importante órgano encargado de sancionar violaciones a la legislación ambiental y reclamar la reparación de los daños, pero fue frenado por el PLN y los libertarios. Junto a otras fracciones presentamos una nueva iniciativa con el mismo objetivo (18.191) (Julio 2011). Además ejercimos control político permanante, denunciando los constantes recortes de presupuesto que el Gobierno le impuso a este Tribunal (Agosto 2010). En la nueva Ley de Recurso Hídrico (17.742) logramos aumentar los recursos para el Tribunal, provenientes del canon por el uso del agua (Abril 2014).

Avance de proyecto para fortalecer protección del ambiente y participación ciudadana. En la comisión de ambiente logramos dictaminar a favor y por unanimidad un proyecto de ley de José Merino para crear una acción popular en materia de delitos ambientales (16.368). Hoy solo la Procuraduría puede solicitar una indemnización por delitos que dañan el ambiente y solo se tiene como “víctima” en estos delitos a las ONGs ambientalistas. El proyecto amplía estos derechos para que puedan ser ejercidos por cualquier persona, incluyendo las comunidades afectadas (Setiembre 2010).

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Ley para sacar el sector de telecomunicaciones del MINAE y pasarlo al MICITT. Votamos en el Plenario a favor de este proyecto de ley porque la concentración de las telecomunicaciones en el MINAE estaba restándole prioridad a sus funciones de protección ambiental y conservación de los recursos naturales (Mayo 2012). Propuesta para regular los seguros ambientales. Presentamos un proyecto de ley para crear en nuestra legislación seguros especializados en cubrir los riesgos de daños ocasionados al ambiente (18.613), como alternativa a las garantías ambientales tradicionales que hoy se depositan y que, en muchos casos han sido insuficientes para garantizar la reparación integral o la indemnización de daños ambientales (Octubre 2012). Propuestas para defender el ambiente y los parques públicos en los juicios civiles. En el proyecto del nuevo Código Procesal Civil (15.979) logramos la aprobación de varias mociones para crear la figura de los interdictos populares, que permitiría a la ciudadanía reclamar la recuperación rápida de bienes públicos como parques cuando son invadidos por sujetos privados sin tener que acudir a las lentas municipalidades. Además hemos defendido reformas para que cualquier persona pueda reclamar la reparación directa de daños a la salud y al ambiente a través de demandas colectivas o por intereses difusos. Hoy no existe una vía judicial expedita para estos reclamos, cuando los daños son causados por particulares (Marzo 2013). J) OTRAS DENUNCIAS AMBIENTALES Denuncia contra decreto que pretendía eliminar límites a sustancias tóxicas en el cemento. Denunciamos un decreto que preparaba el Ministerio de Economía para eliminar –sin justificación técnica alguna- normas vigentes que limitan la cantidad de sustancias tóxicas (metales) que puede tener el cemento para ser vendido en el país. El Gobierno paró el decreto y sus diputados afirmaron que fue “un error” del ministerio (Junio 2010). Freno a rebajar garantías ambientales en proyecto para financiar carreteras. En la discusión de un préstamo para la construcción de varias obras viales (17.617) logramos revertir los intentos del Gobierno de rebajar arbitrariamente la garantía ambiental que deben depositar los constructores para asegurar que cumplirán con sus compromisos de no dañar el ambiente. Al final el proyecto se aprobó, pero respetando nuestra legislación ambiental (Julio 2010). Apoyo a la lucha contra cementera en San Rafael de Alajuela. Otorgamos amplio respaldo político y legal a la lucha de las y los vecinos de San Rafael contra la instalación de una fábrica de cemento en su comunidad que no ofrecía garantías suficientes de que no se producirían daños al ambiente y la salud. Al final la comunidad logró frenar esta amenaza en los tribunales (Diciembre 2010).

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Freno a intento de aplicar “silencio positivo” en materia ambiental. En la comisión de jurídicos logramos parar los intentos del gobierno y los libertarios por usar una reforma a la ley 8220 de simplificación de trámites (16.956) para eliminar controles ambientales y de protección de la salud pública. Tuvieron que desistir de su intención de dar por aprobados permisos ambientales con sólo que los funcionarios tarden en responder las solicitudes (Marzo 2011). Denuncias por graves daños ambientales en autopista a Caldera. En la comisión de concesiones sacamos a la luz graves denuncias por daños al ambiente causados por la concesionaria Autopistas del Sol (contaminación y destrucción de quebradas, botaderos ilegales, daños a áreas de protección y la ruptura del acuífero Barva). Todos fueron advertidos a tiempo y pudieron evitarse, pero SETENA y el Gobierno callaron. Denuncia contra el MINAE por perseguir a funcionarios que denuncian casos de corrupción y daños ambientales. En la comisión de ambiente interpelamos al Ministro del Ambiente por actos de persecución y despidos contra funcionarios que habían denunciado tala ilegal, daños a manglares, cobros ilegales de funcionarios por explotar parques nacionales y permisos otorgados vía sobornos en el Área de Conservación Guanacaste. El MINAE tuvo que rectificar (Junio 2011). Denuncia por desastre ambiental de Terminal de Contenedores de Moín. Después de realizar una gira a Limón, advertimos en el Plenario sobre los gravísimos daños ambientales que ocasionaría el megaproyecto de la Terminal Portuaria de la trasnacional APM Terminals, al desviar los canales que conectan con Tortuguero, talar grandes extensiones de manglar y rellenar humedales, además de afectar los mantos acuíferos de la zona que se alimentan del sistema de canales (Julio 2011). Alto a plan para declarar de “conveniencia nacional” todos los proyectos eléctricos. En la comisión especial que analizó la Ley de Contingencia Eléctrica logramos frenar los intentos del Gobierno por imponer una declaratoria genérica de conveniencia nacional para todos los proyectos eléctricos que se construyan en el país, con la cual pretendían burlar las leyes ambientales permitiendo la corta de árboles sin estudios sobre el costo-beneficio de cada proyecto en particular (Agosto 2011). Denuncia por contaminación ambiental en Hatillo y respaldo a lucha comunal por el rescate de áreas verdes. Denunciamos ante el Tribunal Ambiental la contaminación que realizaban el ICODER y particulares con basura y escombros de la demolición del antiguo Estadio Nacional en terrenos públicos que más bien deberían estar destinados a áreas para la protección ambiental y la recreación de la comunidad de Hatillo (Marzo 2012). Medida cautelar contra obra ilegal para favorecer a trasnacional EBI en perjuicio de comunidades. Junto a vecinos y vecinas de Aserrí y Desamparados presentamos una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso para frenar la construcción ilegal de un puente que realizaba la municipalidad de Desamparados en El Llano de San Miguel (sin estudios

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técnicos adecuados y poniendo en peligro áreas de recreo de las comunidades vecinas) con el único fin de facilitar el traslado de basura al botadero de la trasnacional Ebi en El Huazo de Aserrí. Lamentablemente, no pudimos darle seguimiento a esta gestión por falta de recursos (Mayo 2012). Total apoyo a la lucha de la comunidad de Orosí contra los daños ambientales de la concesión en el Río Grande. En la comisión de ambiente interpelamos al Ministro del Ambiente por las graves denuncias de las fuerzas vivas de Orosí (Paraíso de Cartago) contra una gran empresa que extrae materiales del Río Grande, causando graves daños al ambiente y la calidad de vida de la comunidad. Después de varias reuniones y gestiones el ministerio abrió un procedimiento para cancelar la concesión de dicha empresa. Además se logró una medida cautelar para suspender la extracción de materiales en el río. La lucha no ha terminado (Setiembre 2012). Exigencia de verdad y justicia por el crimen de Jairo Mora. En el Plenario exigimos a los poderes del Estado acciones concretas para evitar que el vil asesinato del compañero Jairo Mora, ambientalista defensor de las tortugas, quede en la impunidad, así como un cambio de políticas para garantizar protección a las y los ecologistas que sufren persecución por defender el ambiente. Además en la comisión de ambiente logramos abrir una investigación sobre las responsabilidades de funcionarios públicos que contribuyeron por acción y omisión con la muerte de Jairo. Pero, esta investigación ha sido frenada por PLN, que se ha negado a convocar las primeras audiencias (Junio 2013). X. ACCESO A LA TIERRA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Ley para identificar origen de los productos agropecuarios. Presentamos un proyecto de ley para obligar a los comerciantes de productos agropecuarios (frescos o empacados) a informar a las personas consumidoras sobre el país de origen de dichos productos (18.116). Esta información debe colocarse en un lugar visible, para que toda persona sepa de donde provienen los alimentos que se dispone a consumir (Mayo 2011). La comisión de asuntos agropecuarios dictaminó a favor el proyecto (Noviembre 2011). La comisión plena primera aprobó definitivamente nuestra iniciativa, convirtiéndola en ley (Ley 9098). Pero la lucha continúa, pues el Ministerio de Economía se niega a aplicar la nueva ley porque frenaría, por ejemplo, los abusos de importadores de frijoles que los venden como producto nacional, sin informar de donde vienen, y permitiría promover una estrategia de defensa y promoción del consumo de productos nacionales, frente a la avalancha de importaciones de dudosa calidad provocada por los TLC. Con la aplicación de esta ley podremos escoger la comida producida en Costa Rica como estrategia para defender nuestra soberanía alimentaria (Setiembre 2012). Reforma constitucional para garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Impulsamos las iniciativas para incorporar expresamente en nuestra Constitución el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, así como la obligación del Estado de proteger e incentivar la producción nacional de

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alimentos como requisito indispensable para afianzar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Además de defender la propuesta presentada por José Merino (16.774) firmamos junto a otros diputados y diputadas un proyecto similar (18.472) y apoyamos el avance de la iniciativa promovida por el PAC con una redacción casi idéntica a la nuestra (18.238) (Junio 2012). Ley de transformación del IDA en el INDER. Lucha para mejorarlo y razones de nuestro voto negativo. En la comisión de agropecuarios y en el Plenario presentamos gran cantidad de propuestas para mejorar el proyecto de ley para crear el Instituto de Desarrollo Rural en sustitución del IDA (17.218) (Marzo-Setiembre 2011). Enviamos el proyecto en consulta a la Sala IV, logrando eliminar los artículos que impulsaban una piñata con tierras públicas y desprotegían nuestro patrimonio natural (Diciembre 2011). Compartimos la necesidad de adoptar un enfoque más amplio de desarrollo rural, donde el IDA pueda construir obras e impulsar proyectos productivos que no se concentren únicamente en la agricultura. Además, logramos algunas mejoras como mayores controles para evitar abusos en la asignación de tierras y la garantía de que se mantendrán todas las funciones que ostentaba el IDA para resolver conflictos agrarios por tenencia de tierras. A pesar de estos avances, fuimos la única fracción que lo votó en contra porque introdujo términos ambiguos que podrían convertir al IDA en una promotora empresarial de los agro-negocios, desnaturalizando su función social al servicio de las familias campesinas sin tierra. Además, el proyecto mantuvo y agravó los vicios que han impedido que el IDA funcione adecuadamente, al mantener la presidencia ejecutiva y una junta directiva todavía más politizada, altamente vulnerable a la corrupción y el clientelismo politiquero (Febrero 2012). Reformas a Ley SENASA y de Transporte de Ganado para eliminar requisitos excesivos que afectan a pequeños productores. Presentamos un proyecto de ley para reformar las leyes que endurecieron excesivamente los requisitos para poseer reses de ganado y movilizarlas, golpeando de forma severa a los pequeños productores pecuarios (18.205). Propusimos: eliminar la pena de cárcel que se impuso a campesinos que transporten su propio ganado sin un permiso del MAG, aunque no dañen a nadie; eliminar el requisito del certificado veterinario de operación para transporte de ganado, porque es injustificado; establecer exoneraciones y cobros diferenciados para pequeños productores y revivir la norma que eximía a los productores que tengan menos de cinco reses de la costosa obligación de tramitar una marca de ganado (Julio 2011). Lamentablemente, el proyecto fue archivado sin discusión en la comisión de agropecuarios. Proyecto para devolver al Ministerio de Agricultura la rectoría del sector agropecuario. Presentamos un proyecto de ley para frenar la intromisión que ejerce el Ministerio de Comercio Exterior en la definición de la política agropecuaria del país (18.446). La propuesta buscaba reintegrar al Ministerio de Agricultura la potestad de planificar y dirigir el desarrollo de la producción agropecuaria del país, de manera que las negociaciones comerciales tengan que adaptarse a la política agropecuaria y no al revés (Abril 2012). La iniciativa

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fue rechazada sin mayor análisis en la comisión de agropecuarios, pero recibió dictamen afirmativo de minoría de la fracción del PAC (Noviembre 2012). Exitoso acuerdo sobre impuesto de bienes inmuebles, en beneficio de pequeños y medianos agricultores. Después de un mes de intenso debate y negociaciones, acordamos en el Plenario un texto de consenso para el proyecto de ley que pretendía realizar un cobro diferenciado del impuesto sobre bienes inmuebles para los terrenos de uso agropecuario (18.070). Esto era necesario para frenar las injusticias que sufrían muchos pequeños agricultores, a quienes se les valoraba sus fincas y se les cobraba como si fueran parte del negocio del “boom” inmobiliario o los megaproyectos turísticos, aunque su actividad siguiera estando abandonada y en crisis. Votamos a favor el proyecto. Dentro del acuerdo, logramos obligar al Gobierno a realizar un nuevo Censo Agropecuario, bajo sanción penal si no cumple (desde 1984 no han querido hacerlo porque desnudaría los efectos desastrosos del neoliberalismo en el campo). Además se logró aclarar que a las grandes empresas no se les rebajarán los impuestos. Siempre respaldamos las justas aspiraciones de las y los agricultores, y a la vez exigimos justicia tributaria: que el beneficio sea únicamente para pequeños y medianos productores y no así para las grandes empresas trasnacionales, monocultivos y latifundios como las bananeras y las piñeras (Julio-Agosto 2012). Dictamen a Código Procesal Agrario y Agroambiental. Después de 8 años, en la comisión de jurídicos logramos dictaminar afirmativamente este proyecto de ley para agilizar los juicios agrarios, simplificando trámites y fortaleciendo la oralidad de todas sus etapas, en aras de mejorar el acceso a la justicia para las familias campesinas de nuestro país (15.887). Además con este proyecto se refuerza la protección ambiental en todos los procesos relacionados con actividades agropecuarias en los que se puedan producir daños al ambiente (Junio 2013). Lucha en defensa del Consejo Nacional Producción y la Fábrica Nacional de Licores. La comisión de agropecuarios archivó por mezquindad política el proyecto de ley presentado por José Merino para devolverle al CNP sus competencias originales y crearle una fuente propia de financiamiento a través del impuesto a cigarrillos y bebidas alcohólicas (17.080). Sin embargo, su pertinencia quedó demostrada cuando la misma comisión dictaminó otro proyecto con las mismas propuestas para fortalecer el financiamiento del CNP, además de otros cambios, como una interpretación auténtica para impedir que se cobren impuestos sobre los aportes de Fanal al CNP (18.575) (Setiembre 2013). Le dimos todo el apoyo a este proyecto. Además, durante estos 4 años, acompañamos a las y los trabajadores del CNP y FANAL con denuncias y acciones de control político para frenar su desmantelamiento y la venta de sus activos. Denuncia por brutal desalojo ilegal de familias campesinas en Pococí. Denunciamos en el Plenario el criminal desalojo realizado por el Gobierno en Balastre de La Teresa de Guápiles, en perjuicio de más de 30

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familias campesinas que tenían 12 de años ocupar una finca abandonada por un empresario que estafó al Estado costarricense con CATs. A pesar de que había un juicio agrario pendiente, el Ministerio de Seguridad ejecutó un desalojo ilegal y violento, destruyendo con maquinaria pesada casas en buen estado, sin dejar a las familias afectadas sacar sus pertenencias (Febrero 2011). Lucha por la tierra y defensa de los derechos humanos de las familias campesinas de Medio Queso. Le exigimos cuentas al Ministerio de Seguridad por el desalojo ilegal de más de 400 familias campesinas sin tierra de Medio Queso de Los Chiles, y denunciamos las amenazas y el hostigamiento de policías privados contratados por el terrateniente Elmer Varela, con la complicidad de la fuerza pública. Además solicitamos al IDA la declaratoria de un conflicto agrario para amparar a estas familias (Mayo 2011). Presentamos junto a otros diputados una nueva propuesta al INDER (IDA) para lograr la compra o expropiación de la finca y repartirla entre las familias campesinas sin tierra (Noviembre 2012). El INDER acogió nuestra solicitud y procedió a expropiar la finca, avanzando hacia una solución definitiva del conflicto.

Respaldo a pequeños agricultores amenazados por el remate de sus fincas. Realizamos varias gestiones ante el Sistema de Banca de Desarrollo para resolver el problema de muchas familias campesinas que sufrieron problemas de mercado y desastres naturales y que siguen apareciendo con deudas activas, a pesar de que una ley obligó a la condonación de las deudas que mantenían con el extinto Fideicomiso Agropecuario (FIDAGRO) (Julio 2011).

Intervención para frenar desalojo de agricultores en Cartagena. Realizamos gestiones para evitar el desalojo de varias familias campesinas del asentamiento del IDA de Cartagena de Santa Cruz (Guanacaste). Solicitamos a dicha institución frenar los inminentes desalojos y abrir un proceso de dialogo, lo cual se logró (Octubre 2011). Acciones para frenar hostigamiento a familias campesinas en Venecia de San Carlos. Exigimos al Ministerio de Seguridad frenar amenazas de desalojo y hostigamiento ilegal ejercido por oficiales de la fuerza pública contra familias campesinas que ocupan la finca ARFA S.A. en Venecia de San Carlos. Estas amenazas se daban a pesar de que ya existía un acuerdo de expropiación adoptado por el IDA para resolver el problema social de tenencia de la tierra (Marzo 2012). Por el derecho a la tierra de las familias campesinas de La Suerte de Ticabán. Acompañamos la lucha de más de 200 familias de esta comunidad que tienen 60 años de vivir en parcelas adjudicadas por el ITCO (hoy INDER) sin un título de propiedad. Después de un intenso proceso de negociación con INCOFER, Municipalidad de Pococí, INDER y el Comité de Vecinos de La Suerte, se logró la firma de un acuerdo que hará posible la solución definitiva de este problema (Febrero 2013).

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XI. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A) LUCHA CONTRA LOS AUMENTAZOS DE LOS DE ARRIBA Triunfo popular contra el “aumentazo” salarial de las y los diputados. Fuimos los primeros en expresar nuestra categórica oposición al intento de las fracciones del PLN, ML, PUSC, PASE y evangélicos de aumentarse el salario en casi 2 millones de colones, así como a la antidemocrática vía rápida que usaron para tramitarlo. Denunciamos que el aumento era abusivo, inoportuno e injusto y exigimos que empezaran por aumentar los salarios de hambre de más de un millón de familias pobres. También aclaramos que si llegaba a pasar no nos embolsaríamos ni un cinco de ese aumento. Aunque lo aprobaron en primer debate con una mayoría aplastante, el pueblo en las calles lo enterró. En la Asamblea hicimos nuestra parte. Usamos todos los recursos al alcance para combatir el proyecto e informar al pueblo. Fuimos los únicos que defendimos mociones. Desnudamos que también se aumentaban las pensiones de expresidentes y exdiputados (motivo usado por el Gobierno para echarse para atrás). Demostramos que no había estudios técnicos y lo mandamos en consulta a la Sala IV (Mayo 2010). Inconstitucionalidad de la vía rápida del aumentazo salarial. La Sala IV resolvió favorablemente la consulta que presentamos sobre el trámite legislativo de este proyecto, reconociendo que se lesionaron garantías básicas como el principio de publicidad y el derecho de participación de las minorías. El fracaso de esta vía rápida fue un precedente valioso para desestimular su aplicación a otros proyectos impopulares (Julio 2010). Respaldo a acciones para frenar aumento salarial automático de las y los diputados. Anunciamos nuestro pleno respaldo a un proyecto de ley y a una acción de inconstitucionalidad anunciadas por otros legisladores para frenar el aumento salarial automático de los diputados. Aunque este mecanismo está vigente desde los años 90, es injustificable que los puestos más altos del Gobierno reciban aumentos por encima de la inflación mientras se les rebaja el salario al resto de trabajadores con aumentos de hambre. Además, dado que las acciones mencionadas tenían un futuro incierto, solicitamos a la Administración de la Asamblea que el aumento salarial automático del primer semestre de 2012 no se aplicara al diputado del Frente Amplio. Mientras denunciamos que a las trabajadoras domésticas se les paga un salario de esclavitud, sería incongruente aceptar un aumentazo diputadil que supera el salario mensual de estas trabajadoras (Febrero 2012). Nuestro rechazo al aumento salarial de los diputados y la devolución del dinero. Tuvimos que desplegar una larga batalla legal, ante la insistencia de la burocracia legislativa por obligarnos a recibir los aumentos, desconociendo con leguleyadas nuestro derecho a renunciar a ellos (probablementepara que la población no exija una conducta similar a otros diputados). Presentamos

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varios recursos que fueron rechazados por el Directorio. Optamos por devolver el monto del aumento al Departamento Financiero de la Asamblea. Pero después de recibirnos la primera devolución se negaron a hacerlo más. Al final aceptaron consultar el caso a la Procuraduría, que sigue analizándolo. Mientras tanto, adoptamos por política no recibir aumentos superiores a la inflación proyectada y destinar la diferencia a fortalecer actividades partidarias (Mayo 2012 y 2013). Proyecto de ley para eliminar aumento automático excesivo de remuneración de las y los diputados. Presentamos esta iniciativa para sustituir los aumentos semestrales automáticos de 5% (muy por encima de la inflación de los últimos años) por incrementos que no superen el alza en el costo de la vida y el aumento de los salarios mínimos del sector privado (19.059). La justicia salarial debe empezar por las y los de arriba. Ya es hora de acabar con este privilegio odioso que desprestigia a todo el Parlamento (Marzo 2014). B) ALTO AL USO ABUSIVO DE LA INMUNIDAD DE LOS SUPREMOS PODERES PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN

Reforma constitucional para eliminar inmunidad a diputados, ministros y presidentes corruptos. Presentamos esta iniciativa para que no tengan inmunidad aquellos miembros de los supremos poderes que sean investigados por delitos de corrupción como los establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal (peculado, cohecho, malversación de fondos públicos, etc.) (18.755). La inmunidad se creó para permitir que las y los diputados podamos denunciar sin ser perseguidos por ello, pero hoy es utilizada para entorpecer y frenar las investigaciones de los casos más graves de corrupción. Quién nada debe nada teme (Mayo 2013).

Denuncia que frenó intento de otorgar inmunidad perpetua a políticos cuestionados por corrupción. Ventilamos la pretensión del Gobierno y la fracción del PLN de aprobar como proyecto prioritario una reforma constitucional que buscaba extender de forma indefinida la inmunidad de miembros de los supremos poderes, incluso después de que dejaran su cargo (18.266). Denunciamos el proyecto como un descarado intento de garantizar la impunidad perpetua a políticos cuestionados, como el exministro Dobles o el expresidente Arias. Nuestra alerta fue rápidamente acogida por medios de prensa y redes sociales. El Gobierno se vio obligado a desconvocar el proyecto y varios diputados le retiraron la firma, con lo que pasó al archivo (Marzo 2012).

Exigencia de renuncia inmediata e incondicional a la inmunidad de diputado cuestionado del PLN. Cuestionamos la renuncia “a medias” y exigimos una renuncia inmediata y sin condiciones a la inmunidad del diputado Jorge Angulo, al confirmarse serias investigaciones por varios delitos como el tráfico de influencias en la construcción de escuelas públicas en la zona sur y el hospedaje en hoteles de lujo con fondos públicos de JUDESUR (denuncia presentada por nuestra fracción). El diputado “ofrecía” renunciar después de

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ser acusado, cuando el sentido de la renuncia es evitar que se use el poder del cargo para entorpecer y obstruir la investigación (Noviembre 2011). Al final el Plenario levantó totalmente la inmunidad, pero el caso todavía no ha llegado a juicio por maniobras diltorias de los abogados y “alcahuetería” de la Corte.

Mi renuncia a la inmunidad. Ante las denuncias calumniosas promovidas por el Gobierno contra mi persona sobre una supuesta agresión a policías durante la manifestación del 8 de noviembre DE QUE ANO, renuncié a la inmunidad para que pudiera ser investigada ampliamente y de forma inmediata (Noviembre 2012). La Fiscalía y la Sala III desestimaron las denuncias.

C) PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Propuesta para castigar con cárcel a los políticos que sabotean los servicios públicos. Presentamos un proyecto de ley para crear un nuevo delito que sancione a los jerarcas de instituciones públicas que, a pesar de contar con los recursos necesarios, omiten realizar las compras de equipo o las obras necesarias para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos (18.063). En la CCSS, en el ICE, en JAPDEVA, hemos visto como se han frenado inversiones para justificar la compra de servicios con sobreprecio a empresas privadas de “amigotes”, así como otras formas de privatización (Abril 2011). Proyecto de ley sobre el levantamiento del velo corporativo para frenar fraudes y abusos con sociedades mercantiles. Presentamos esta propuesta para crear instrumentos legales que permitan desestimar o penetrar el escudo protector de las sociedades mercantiles y cobrar obligaciones directamente a sus socios, cuando dichas sociedades son utilizadas abusivamente para cometer fraudes, burlar la ley o irrespetar los derechos de otras personas (18.213). En estos casos, propusimos desconocer las formas jurídicas y darle prioridad a la realidad económica, para exigir responsabilidad a los verdaderos dueños del negocio. Así, se fortalecería la lucha contra la corrupción y también la defensa de la CCSS y los derechos laborales y familiares, pues hoy se dan muchos usos abusivos como la contratación de trabajadores a través de sociedades “de papel”, sin bienes, mientras el verdadero patrono se deja las ganancias (Julio 2011). El proyecto ha sido ampliamente discutido en la comisión de jurídicos y está listo para ser dictaminado. Impedimento para que diputadas y diputados sean nombrados en la Defensoría de los Habitantes. Mediante esta iniciativa (18.339) buscamos ponerle freno a la reiterada costumbre de los partidos tradicionales en los últimos períodos legislativos de nombrar en la Defensoría a sus actuales compañeros y compañeras de curul, para convertir esta entidad en un títere del Gobierno de turno o usarla como trampolín político (Diciembre 2011). Reforma reglamentaria para garantizar el conocimiento de los informes de las comisiones investigadoras. Presentamos este proyecto para garantizar

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que los informes de las comisiones de investigación y las mociones para crear estas comiciones se discutan y voten en un plazo fijo (17.996). Esto es urgente porque hoy la fracción de Gobierno puede impedirlo. Muchos informes nunca se discuten, van a parar al archivo y el pueblo nunca conoce sus conclusiones sobre la responsabilidad de políticos corruptos ni se llegan a aplicar sus recomendaciones (Febrero 2011). En la comisión de reglamento logramos dictaminar esta reforma (con el voto negativo del PLN), pero en el Plenario fue rechazada porque requiere mayoría calificada (Agosto 2011). Por eso lo volvimos a presentar como un proyecto nuevo (18.736) (Marzo 2013). Derogatoria de la Ley de Concesiones. Presentamos un proyecto de ley para derogar esta nefasta ley que únicamente ha servido para incentivar la corrupción, favorecer la privatización de los bienes de la colectividad y encarecer los costos de los servicios públicos. Propusimos además cerrar el Consejo Nacional de Concesiones, destinando el presupuesto de este órgano ineficaz y corrupto a fortalecer la capacidad de ejecución de obras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (18.823).

La propuesta se basa en las gravísimas deficiencias que presenta la Ley de Concesiones, ya que traslada todo el riesgo de los proyectos al Estado, favoreciendo negocios leoninos lesivos para el interés público, como la carretera San José-Caldera o la fallida concesión de la carretera San José-San Ramón. Una ley hecha a la medida de los intereses privados, con normas para burlar los concursos públicos -como la opción de vender al mejor postor el contrato de concesión (cesión)-. En su lugar, propusimos reforzar la institucionalidad pública y desarrollar mecanismos más transparentes y participativos para realizar los proyectos (Junio 2013).

Proyecto alternativo para construir carretera a San Ramón sin “chorizo”. Acogimos para su trámite y estudio esta propuesta presentada por una parte de las comunidades que lucharon contra el fallido contrato de concesión, demostrando que es posible desarrollar esta obra pública con un cobro razonable de peaje y participación ciudadana, sin privatizar los bienes que son de todos y todas (Agosto 2013).

Dictamen a proyecto para frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al presupuesto nacional. En la comisión de jurídicos logramos dictaminar esta iniciativa de José Merino para cerrar todos los portillos legales usados para realizar incrementos desmedidos de pensiones financiadas con recursos públicos por parte de pensionados que volvieron a ocupar otros cargos (16.880). Si este proyecto se aprobara, se acabarían los abusos de diputados pensionados por el Magisterio que intentan multiplicar el monto de su pensión, equiparándola a su salario en la Asamblea, a pesar de que nunca cotizaron por esos montos como educadores (Setiembre 2013).

Criterios técnicos de LANAMME deben ser vinculantes. Apoyamos decididamente esta iniciativa para que el MOPT no pueda desconocer o engavetar los estudios del laboratorio especializado de la UCR en la construcción de obras públicas. Respaldamos su delegación a una comisión plena, pero el Gobierno lo frenó (Setiembre 2013).

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D) INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ-CALDERA Después de un fuerte pulso entre el Gobierno y los partidos de oposición, logramos la creación de una comisión investigadora sobre los contratos de concesión de obras y servicios públicos de los últimos años. Aunque el acuerdo incluía la participación del FA, la fracción oficialista maniobró para excluirnos, nombrando a uno de sus aliados (Setiembre 2010). Aún así, asistimos a todas las sesiones y participamos activamente en la comisión. Nos concentramos en el “chorizo” de la carretera a Caldera. Nuestras principales acciones fueron:

Ø Denunciamos las maniobras del PLN para bloquear el trabajo de la comisión como un reflejo del miedo que tienen quienes han estado saqueando el patrimonio nacional de que salgan a la luz sus actos corruptos (Setiembre 2010).

Ø Logramos constatar que los costos de la carretera y los ingresos que cobra el concesionario fueron inflados de forma abusiva e injustificada mediante modificaciones ilegales a los contratos que carecen de sustento técnico. Estos costos inflados los ha estado pagando el pueblo de Costa Rica con peajes carísimos (Setiembre 2010).

Ø El PLN se vio forzado a cambiar de estrategia de obstrucción ante las fallas en la carretera las crecientes denuncias (cobros excesivos, construcciones sin estudios, daños ambientales, incumplimiento del contrato, ausencia de sanciones). Hasta la Presidenta tuvo que admitir que las concesiones han sido “un fracaso”, dejando desnudos a los diputados que las defendían a muerte (Octubre 2010).

Ø En el Plenario denunciamos el contrato leonino que firmó el Gobierno con “Atraquistas del Sol”, donde todos los riesgos corren por cuenta del Estado y de los usuarios. Explicamos que la empresa cobra su plata con una tasa de descuento fija que está inflada y es muy superior a la tasa de interés que tuvo que pagar para financiarse. Esta diferencia de tasas le produce ganancias millonarias a costa del pueblo.

Ø También denunciamos el incumpliendo del contrato de concesión cuando el CONAVI corrió a instalar –con recursos públicos- los puentes para reabrir la carretera ante los hundimientos que se produjeron porque fue construida sin estudios técnicos. Para colmo la concesionario pidió aumentar los peajes porque poca gente usaba la carretera (Octubre 2010).

Ø Se demostró que los graves daños que presentó la carretera (derrumbes, taludes mal construidos, hundimientos, huecos, carpeta asfáltica de mala calidad, serios daños ambientales) fueron advertidos por los técnicos en más de 200 reportes y pudieron haberse evitado. Pero el Gobierno y la Contraloría taparon los incumplimientos de la concesionaria y persiguieron a la empresa supervisora (Octubre 2010).

Ø Desnudamos las mentiras del Gobierno de los Arias al afirmar que la apertura 6 meses antes de la carretera -a pesar de no estaba terminada- había sido una iniciativa exclusiva de Autopistas del Sol. Aportamos pruebas que mostraron que la apertura antes de tiempo la venían conversando desde hacía tiempo y que había una solicitud previa del

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gobierno. Quedaron en evidencia sus maniobras para inaugurar una carretera que ponía en peligro la vida de las personas, solo para favorecer la campaña electoral del PLN (Noviembre 2010).

Ø Denunciamos que socios de “Atraquistas del Sol” pagaron viajes a España de la entonces ministra del MOPT y de la gerente de la concesión de la autopista a Caldera. Desnudamos las mentiras de estas funcionarias y demostramos que el viaje fue financiado por una asociación integrada por FCC Construcciones, el principal accionista de Autopistas del Sol (Diciembre 2010).

Ø Confrontamos a los representantes de “Atraquistas del Sol” con el último estudio de LANAMME-UCR que confirma que la capa asfáltica de la carretera se está desprendiendo a pedazos y hay grietas que no se justifican en una vía recién construida. Ante la contundencia de este estudio, la concesionaria intentó descalificar a LANAMME, diciendo que el estudio era un “criterio político”. Pero los expertos de la UCR refutaron una a una sus excusas, quedando al descubierto la gran estafa de la concesión (Enero 2011).

Ø Interpelamos a la Contraloría por su inoperancia, al permitir la concesión a pesar de saber que el Estado no tiene capacidad de fiscalizarla y por su complicidad al aprobar los cambios ilegales que se le hicieron al contrato de concesión (Febrero 2011).

Ø Además de la denuncia por el viaje a España, demostramos vínculos de la exministra del MOPT con la concesionaria, al haber laborado en el bufete que asesoró a la principal accionista de “Atraquistas del Sol”. Aunque la Contraloría ignoró esto con formalismos legales, quedó en evidencia un claro conflicto de intereses. Además, demostramos que la exministra le mintió a la comisión al afirmar que su bufete nunca había asesorado al consorcio de la concesionaria. Esta denuncia desató la ira de dos diputados del PLN, que interrumpieron el interrogatorio a la exministra de los Arias. Denunciamos públicamente su actitud de matonismo para tapar la corrupción “al estilo de los capos de la mafia” (Febrero-Marzo 2011).

Informe independiente exigió sanciones para los responsables de la gran estafa de la carretera a Caldera. Presentamos al pueblo costarricense nuestro propio informe sobre este vergonzoso caso de saqueo al patrimonio nacional. Señalamos gravísimas irregularidades, violaciones a la ley e incumplimientos de deberes en que incurrieron los dos últimos gobiernos para promover la concesión de la carretera a toda costa, sacrificando el ambiente, los bienes públicos y los derechos, la vida y la seguridad de las personas usuarias. Identificamos a los jerarcas responsables y propusimos sanciones como inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a los exministros Karla González y Marco Vargas. Además solicitamos la destitución de la Contralora General de la República, por ineptitud y procederes incorrectos. También exigimos revisar integralmente la Ley de Concesiones y su eventual derogatoria, modificar las cláusulas abusivas o dar por terminado el contrato con “Atraquistas del Sol” y frenar nuevas concesiones hasta tanto no se haga una

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revisión integral de este modelo privatizador que solo pérdidas millonarias le está dejando al pueblo de Costa Rica (Mayo 2011).

E) INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONSULTORÍAS DEL BCIE Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE RODRIGO ARIAS Informe final confirmó intromisión indebida sobre la Fiscalía y propuso sanciones. Después una larga lucha junto a las demás fracciones de oposición, logramos que el Plenario creara una comisión especial para investigar las presiones indebidas de Rodrigo Arias sobre el Ministerio Público a fin de paralizar la investigación en su contra por el manejo indebido de $2 millones donados a Costa Rica por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esta decisión fue una derrota para la fracción oficialista que había cerrado filas con su precandidato. Aunque no integramos de forma oficial la comisión, participamos activamente en todas las sesiones y en la elaboración del informe final de mayoría, el cual firmamos. Como resultado de la investigación concluimos que Rodrigo Arias se valió de su poder como exministro para ejercer presiones indebidas sobre el Ministerio Público a fin de obtener beneficios personales, interviniendo ilícitamente en una causa en la que él era investigado por varios delitos contra la hacienda pública. También concluimos que la Procuraduría y la Contraloría fueron permisivas y no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones en el caso de las consultorías del BCIE. Cuestionamos la “alcahuetería” de la Contraloría, que se negó a aplicar sanciones a pesar de que quedó claro que los Arias montaron una maniobra para usar $2 millones en consultorías, burlando los controles del Estado en evidente fraude de ley. Propusimos inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos al exministro Arias por un plazo de 10 años. Esta recomendación fue compartida por el PAC y el ML. Sin embargo, los diputados del PUSC y el PASE prefirieron remitir el caso al Ministerio Público. Pero hubo acuerdo de mayoría en que Arias le mintió al pueblo de Costa Rica, abusó de su poder poniendo en peligro la independencia del Poder Judicial, faltó al deber de probidad y actuó de forma contraria a la ética que debe regir la función pública (Febrero-Mayo 2011). F) OTRAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN Nuevo caso de tráfico de influencias de los Arias: Presiones a la Procuraduría para que apelara sentencia de Crucitas. Denunciamos en el Plenario que Oscar Arias y Rodrigo Arias llamaron a la Procuradora General de la República para ejercer influencia sobre la decisión de apelar la sentencia que anuló las concesiones del proyecto minero Crucitas, es decir, se valieron de su poder para influir en una decisión que les beneficiaba directamente pues atacaba una decisión judicial que solicitó al Ministerio Público investigar sus actuaciones. Este caso salió a la luz a partir de preguntas que formulamos en la comisión de ambiente y resultó decisivo para que el PLN renunciara a bloquear la investigación contra Rodrigo Arias. La procuradora reconoció que estas llamadas eran “inconvenientes” y podían calificarse como “actos indebidos” (Febrero 2011).

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Impulso a comisión para investigar el financiamiento electoral del Movimiento Libertario y los demás partidos. Junto a otras fracciones impulsamos la creación de una comisión investigadora que analizara las denuncias contra los libertarios, pero que también tuviera la potestad de analizar otras graves irregularidades que se han denunciado contra otros partidos. Esto dejó al desnudo al PLN, que quería “sacarse el clavo” con su antiguo aliado pero no quería que se investigaran sus finanzas (Mayo 2011). Al final logramos ampliar las competencias del la comisión para incluir las graves denuncias surgidas sobre la campaña mafiosa del PLN (cobros millonarios al Estado por servicios no prestados, falsificación de firmas, uso de documentos falsos, estafas con fondos públicos, entre otros) (Enero 2012). También se incluyó al PAC. En todo este proceso, el Frente Amplio fue el único partido que salió totalmente limpio. Por eso le exigió públicamente al Fiscal General que rectificara las declaraciones a la prensa donde manifestó que todos los partidos han obtenido financiamiento ilícito en sus campañas políticas. Denunciamos su actuación irresponsable como una forma de favorecer a los partidos tradicionales al sembrar la idea en el pueblo de que “todos son corruptos”. Al final el Fiscal tuvo que rectificar y aclarar que su afirmación no incluía al FA (Enero 2012). Denuncia por conflicto de intereses y despilfarro con alquiler de edificio en la ARESEP. En el Plenario denunciamos el millonario alquiler de un edificio en Escazú que la ARESEP realizó en tiempo récord a una empresa vinculada con uno de sus directivos y con varios políticos y empresarios cercanos a los hermanos Arias (Setiembre 2010). Denuncia penal contra los jerarcas del JAPDEVA. Presentamos una denuncia penal contra la Administración Superior de JAPDEVA por sus graves incumplimientos de deberes dirigidos a quebrar dicha institución. Denunciamos que, de forma deliberada estos jerarcas han ocasionado que JAPDEVA deje de percibir cuantiosos ingresos que le habrían permitido mejorar sustancialmente la prestación de sus servicios (Octubre 2010). Denuncia de corrupción en la municipalidad de Carrillo. Denunciamos en el Plenario que el alcalde de ese cantón guanacasteco y dos regidores del PLN recibieron cientos de millones de colones de sujetos privados en cuentas que han ocultado (hasta 11 millones de dólares el alcalde), al punto de que la Contraloría los denunció por varios delitos. Recordamos que es el mismo alcalde que aprobó el robo del agua de Sardinal, la destrucción de un manglar por el Hotel Riu y la construcción de innumerables proyectos inmobiliarios ilegales, sin planificación alguna (Julio 2010). Denuncia sobre irregularidades en la municipalidad de Barva. En conjunto con las y los compañeros de la Coalición Barva Unida denunciamos varios casos de corrupción contra la alcaldesa y funcionarios municipales que aprobaron permisos de construcción con base en planos visados por funcionarios municipales, en su actividad privada (Noviembre 2010).

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Denuncia contra viceministro de transportes por conflicto de intereses y violar la Ley de Aviación Civil. Denunciamos ante la Contraloría y la Procuraduría de la Ética al viceministro del MOPT porque tenía participación y vínculos con varias empresas dedicadas a negocios en el sector de la aviación. Advertimos de un grave conflicto de intereses, pues como máximo jerarca del sector tendría que aprobar cualquier beneficio para las empresas con las que tiene negocios (Noviembre 2010). La denuncia fue desestimada por “leguleyadas”, que evidenciaron la necesidad de reformar la Ley de Aviación Civil para cerrar portillos que favorecen la corrupción. Control político para rescatar la Cancillería y frenar clientelismo en el servicio exterior. En el Plenario censuramos los abusos cometidos con nombramientos ilegales para usar el cuerpo diplomático y el servicio exterior de Costa Rica como botín político de los pegabanderas del PLN. Interpelamos al Canciller Castro por el uso abusivo de la figura de la “inopia” para nombrar amigotes, a pesar de que sí había profesionales de carrera disponibles, así como por nombrar a personas que no cumplían los requisitos mínimos y que fueron a hacer turismo. Exigimos la renuncia o la destitución inmediata del cuestionado jerarca y aunque se logró rescatar la Cancillería, el ministro se acogió a la “red de cuido” del Gobierno, al ser trasladado al Ministerio de Ambiente (Julio 2011). A raíz de este caso, presentamos con otros diputados y diputadas un proyecto de ley para consolidar la profesionalización del servicios exterior (18.255) (Setiembre 2011). Nuevas denuncias sobre corrupción en la municipalidad de Golfito. Divulgamos en el Plenario gravísimos actos de corrupción en ese gobierno local. A la denuncia por mordidas solicitadas por el alcalde recién electo del PLN a unos extranjeros para tramitar una concesión ilegal en Playa Pavones, sumamos nuevos cuestionamientos por el desvío de una partida de 300 millones de colones y la aprobación de planes reguladores elaborados ilegalmente por los propios inversionistas privados interesados en apropiarse de la zona costera (Agosto 2011).

Denuncia por ejercicio indebido de influencias y conflicto de intereses en perjuicio del pueblo de Liberia. Denunciamos las maniobras que realizaban la diputada Ocampo del PLN y su hijo (presidente municipal) para impedir la aprobación del presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Liberia, porque dicho presupuesto incluía recursos para iniciar la recuperación de la Playa Cabuyal: la misma playa que la familia de esta diputada pretende apropiarse. El abuso de poder llegó al extremo de amenazar al alcalde, con dejarlo sin presupuesto los próximos seis años (Agosto 2011).

La “piñata” de JUDESUR. Sacamos a la luz pública el despilfarro y el uso abusivo de los recursos de esta institución, creada para atender las necesidades de las comunidades más empobrecidas de la zona sur. Con pruebas en mano, denunciamos el pago de facturas millonarias para invitar a políticos del PLN y aliados a comilonas, tomaderas de guaro y hospedajes en hoteles de lujo, incluyendo varias facturas pagadas con plata del pueblo a los diputados Cubero y Angulo (este último con una factura por más de 500 mil colones gastados en hoteles lujosos de la zona sur).

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Dentro de esta denuncia incluimos el caso de un chofer de la Asamblea de nombre “Oscar Arias” a quién, por error, confundimos con el expresidente. Esto fue utilizado por el oficialismo para distraer la atención de la prensa sobre nuestra gravísima denuncia de fondo. Hicimos las aclaraciones y rectificaciones del caso y continuamos con el control político. Remitimos el caso de la piñata de JUDESUR al Ministerio Público y exigimos la derogatoria del vergonzoso reglamento usado para estos fines (Agosto 2011). El caso del diputado Angulo fue elevado a juicio. Jalón de orejas al Gobierno. Rechazo a la liquidación del presupuesto del 2010. Por primera vez en 25 años el Plenario rechazó, con nuestro voto, la liquidación de gastos que presentó el Gobierno. Es decir, censuramos la forma en que el Gobierno gastó la plata asignada para dicho año. No invirtieron bien los recursos, no cumplieron las metas, no rindieron cuentas, dejaron sin invertir miles de millones de colones, mientras le piden al pueblo sacrificios fiscales. Esta votación fue un logro de la Alianza Parlamentaria (Agosto 2011). Control político sobre el despilfarro y el clientelismo en el Presupuesto Ordinario para 2012. Por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1949 una mayoría de diputados y diputadas votamos en contra el Presupuesto Ordinario de la República, en clara censura a la corrupción imperante, la mala gestión y el despilfarro de los recursos públicos. Antes, aprobamos varias normas de ejecución que limitaron el clientelismo del Gobierno con programas sociales. También logramos aprobar un recorte de gastos superfluos (consultorías, viajes, alimentación, gastos de publicidad entre otros rubros que no afectan derechos laborales ni programas sustantivos) por 25 mil millones de colones, que en su mayoría afectó al Poder Ejecutivo (Noviembre 2011). Denuncia por clientelismo político y malos manejos de recursos públicos en DINADECO. Junto a otras fracciones y asociaciones de desarrollo de todo el país, exigimos una investigación a fondo de irregularidades como: falta de controles sobre el uso de fondos públicos, distribución inequitativa de los recursos, intromisión politiquera en las comunidades y clientelismo y manipulación para favorecer al partido de gobierno. Abogamos por que DINADECO deje de ser un brazo político del Gobierno y se convierta en una verdadera instancia de apoyo y capacitación para el movimiento comunal (Octubre 2011). Denuncia por sangría de consultorías para saquear al Estado costarricense. En el Plenario recordamos que los casos de las consultorías otorgadas por RECOPE y el MEP a la empresa Procesos, propiedad del exministro Herrero y su esposa, no son hechos aislados. Son parte de toda un sistema de corrupción que viene creciendo en el Estado e instituciones autónomas: redes de influencias donde jerarcas del Gobierno inventan necesidades, duplican funciones que ya tienen el personal de planta y manipulan contrataciones para favorecer a sus propias empresas o las de sus amigos (Abril 2012).

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Nombramiento de nueva Contralora. Lucha por una Contraloría independiente que no tenga miedo de sancionar la corrupción. Durante la discusión de este nombramiento defendimos la necesidad de un cambio radical en la gestión de la Contraloría, de poner a una persona valiente e independiente que no temiera actuar ante los grandes casos de corrupción y que no estuviera comprometida con las privatizaciones-concesiones del modelo neoliberal. Criticamos duramente a la jerarca saliente de la Contraloría, porque fue permisiva y complaciente cuando se trató de confrontar los grandes intereses de quienes están saqueando este país. Aunque “le entró” con facilidad a los campesinos que ocupan tierras del Estado y fue capaz de ordenar el cierre del IDA o el desalojo de un pueblo de pescadores, siempre llegó tarde en los casos gruesos como el saqueo de la CCSS o el “megachorizo” de las concesiones de obra pública. Finalmente el Plenario eligió a Martha Acosta, quién fungió en los últimos 8 años como subcontralora. Reclamando un cambio de rumbo, votamos nulo. Pero el nombramiento ya estaba cocinado por el PLN y sus aliados incondicionales de otras fracciones de “oposición” que se unieron para que “nada cambie” (Mayo 2012). Denuncia por graves irregularidades para favorecer a RITEVE y prorrogar ilegalmente monopolio privado. Denunciamos ante la Contraloría que los jerarcas del COSEVI manipularon los informes técnicos de fiscalización de esta trasnacional y ocultaron información, tapando graves incumplimientos contractuales de RITEVE para justificar la prórroga de su contrato. Llegaron al extremo de sustituir las objeciones técnicas por textos redactados por RITEVE y ejercieron presiones indebidas sobre funcionarios para que avalaran la prórroga. También demostramos que RITEVE no entrega información detallada sobre los vehículos que revisa y sus costos de operación, impidiendo una adecuada fiscalización. Todo lo anterior evidencia que dicha prórroga estuvo viciada de nulidad (Julio-Agosto 2012). Hasta la fecha la Contraloría ha preferido ver para otro lado. Freno al intento de imponer el secretismo en la reforma al mercado de valores mediante el “decreto Liberman”. Divulgamos que en un decreto para crear una comisión de “reforma al mercado de valores” el Gobierno estableció que sus miembros deben guardar secreto sobre sus discusiones. Esto a pesar de que el decreto expresamente plantea el interés de “meterle mano” a los fondos de pensiones y otros recursos que pertenecen al pueblo costarricense. Censuramos este nuevo acto de secretismo y falta de transparencia (Julio 2012). A raíz de esta denuncia, el Gobierno se vio obligado a derogar el artículo del “Decreto Liberman” que pretendía imponer la obligación de “confidencialidad”, aunque persistieron los intentos de “cocinar” una reforma que beneficie a los banqueros y no a las grades mayorías (Agosto 2012). El caso Liberman-Garnier. Exigencia de sanciones y de respeto a los dictámenes de la Procuraduría de la Ética. En el Plenario reclamamos sanciones para estos jerarcas después de que la Procuraduría de la Ética determinó que incumplieron las normas éticas al ejercer influencias directas

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para favorecer a la empresa del exministro Herrero y su esposa. Además denunciamos que la actitud del Gobierno, al ignorar el dictamen de la Procuraduría y bajarle el piso a dicho órgano técnico, es una forma de incentivar directamente la corrupción, pues se emite el mensaje de que los de arriba pueden violar la ley con total impunidad (Agosto 2012). Con lugar denuncia por corrupción en Municipalidad de Puntarenas. Suspensión del alcalde. La denuncia que presentamos por irregularidades en la municipalidad de Puntarenas (abandono y deterioro de instalaciones deportivas, condonación ilegal de impuestos municipales, alquiler ilegal y sin concurso de bienes públicos, etc.) fue acogida por la Contraloría y el Ministerio Público y trasladada al juzgado penal que, a petición de la Fiscalía, decidió suspender y separar del cargo al alcalde (Agosto 2012).

Respaldo irrestricto a lucha propular contra la concesión de la carretera San José-San Ramón. Denuncias por graves irregularidades del contrato. Antes de que esta lucha alcanzara dimensión nacional, ya habíamos empezado a investigar la vergonzosa concesión a OAS. Por eso contamos con estudios técnicos que demostraron que había alternativas para arreglar la carretera sin inflar el cobro de peajes ni entregar el patrimonio nacional. Pudimos desnudar desde un inicio las gravísimas ilegalidades del contrato y sus condiciones leoninas, porque ya José Merino había denunciado en solitario las reformas que abrieron la puerta al fraude de la “cesión” para burlar licitaciones, entre muchas otras trampas de la Ley de Concesiones.

Además de marchar con la gente en la calle, nos integramos a la comisión de ingreso y gasto público, que abrió una investigación sobre este tema. Interrogamos al Ministro del MOPT y a la Contralora, demostrando la complacencia con que la Contraloría analizó el contrato de concesión y su cesión, a pesar de que se violentó la ley. Sacamos a la luz pública que una de las sociedades extranjeras utilizadas por OAS para instalarse en el país fue constituida en un paraíso fiscal.

Cuando el Gobierno anunció su decisión de no continuar con el contrato, no por convicción, sino con la clara intención de desmovilizar al pueblo de cara a la visita de Obama, advertimos sobre la maniobra y mantuvimos nuestra exigencia de nulidad absoluta de la concesión, sin pagar ni un colón de indemnización, salvo que salga de los bolsillos de los políticos responsables de este negocio (Abril 2013). Nueva refinería de RECOPE: Denuncia de graves irregularidades y reclamo de transparencia. Nos sumamos a las voces que exigieron explicaciones al Gobierno y la destitución inmediata del Ministro del Ambiente y los jerarcas de RECOPE, por las irregularidades en el proyecto para construir una nueva refinería de petróleo valorada en $1200 millones, a través de una empresa conjunta con la petrolera estatal china. Denunciamos el evidente conflicto de intereses que se produjo cuando RECOPE encargó los estudios de prefactibilidad a una empresa china vinculada con la petrolera interesada en el

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proyecto, así como las burdas maniobras del Gobierno para intentar encubrir semejantes errores (Julio 2013).

XII.- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REFORMAS ELECTORALES

A) FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LAS INSTITUCIONES

Reforma constitucional para fortalecer a la Defensoría de los Habitantes. En el Plenario logramos que se aprobara una moción para revivir el proyecto de José Merino para dar rango constitucional a la Defensoría de los Habitantes (16.205). Se le dio un nuevo plazo de cuatro años a esta iniciativa que buscar reforzar a la Defensoría, dándole mayores herramientas para defender los derechos de nuestra pueblo (Julio 2010).

Reforma para democratizar los órganos directivos del Banco Central. Propusimos varios cambios a la forma en que se eligen la presidencia ejecutiva y la junta directiva del Banco Central, cargos monopolizados por un puñado de economistas neoliberales desde hace muchos años (17.949). Planteamos que los cargos sean ratificados por la Asamblea y que se elijan a partir de ternas conformadas con equidad de género y de propuestas de organizaciones sociales, universidades públicas y colegios profesionales. Además, incluimos cambios para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias por parte de las autoridades del Banco (Diciembre 2010).

Reforma a la Ley de ARESEP para fortalecer la participación ciudadana en audiencias públicas. Propusimos fortalecer los mecanismos existentes en la ley para que las comunidades puedan plantear oposiciones bien fundamentadas a las peticiones de aumentos de tarifas de los servicios públicos, así como participar activamente y con la asesoría necesaria en las audiencias públicas para discutir estos aumentos (17.958). Hoy, muchas comunidades de zonas alejadas o de escasos recursos no tienen opción real de participar (Diciembre 2010).

Exigencia de respeto a la voluntad del pueblo de Pérez-Zeledón. Nos sumamos al movimiento de ciudadanos y ciudadanas de ese cantón para exigir el respeto a los resultados del plebiscito por el cual el pueblo decidió revocar, por abrumadora mayoría (80%), el mandato del alcalde de ese cantón. Al final la presión obligó al TSE y la Sala IV a respetar la consulta y hacerla cumplir. Aunque el alcalde destituido fue relevado por otra del mismo partido (PLN) y hubo más de un oportunista, no podíamos callar ante las maniobras para debilitar los instrumentos de democracia directa a nivel local, una herramienta con gran potencial transformador (Febrero 2012). Defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos en las moratorias a la expansión piñera. Presentamos una gestión de coadyuvancia ante la Sala IV, solicitando el rechazo del recurso de amparo de la Cámara de Piñeros contra el histórico acuerdo de la Municipalidad de Guácimo que decretó la suspensión de nuevos permisos para plantaciones de monocultivos agrícolas en la parte sur del cantón (donde están las principales

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fuentes de agua que abastecen a las comunidades). Denunciamos esta acción de los piñeros como una agresión contra el derecho de los pueblos a proteger sus recursos naturales y definir su propio modelo desarrollo (Agosto 2012). Lamentablemente su recurso fue declarado con lugar. Respaldo al plebiscito de Cóbano, Lepanto y Paquera. Apoyamos decididamente el proyecto de ley para convocar a una consulta popular que permita a las y los habitantes de estos tres cantones decidir si quieren pertenecer a Guanacaste o a Puntarenas, y conformar un nuevo cantón (La Península) (14.543). Denunciamos que la iniciativa se frenó por el pleito regionalista de caciques locales del PLUSC que solo piensan en si eligen más o menos diputados, mientras la población de dichas comunidades sigue abandonada (Noviembre 2012).

Por una solución definitiva a problema de concejos municipales de distrito. Presentamos con varias fracciones una reforma integral a la ley de estos órganos de administración de distritos alejados de la cabecera de cantón para resolver el problema generado por errores en ley vigente que obligaría a su cierre técnico, según criterios de Sala IV y Contraloría. Se trata de permitir su funcionamiento administrativo y presupuestario sin contradecir la autonomía de las municipalidades que los originaron (Setiembre 2013). La Ley (9208) fue aprobada por unanimidad en el Plenario (Noviembre 2013).

B) REFORMAS ELECTORALES

Proyecto de ley para consolidar las coaliciones electorales. Presentamos esta iniciativa para evitar que se cancelen automáticamente las coaliciones existentes al finalizar las elecciones (17.745). Hoy el Código Electoral lo establece así, y eso ha sido usado por el TSE para cancelar la inscripción de todas las coaliciones cantonales en las que participó el Frente Amplio, incluyendo las que eligieron regidores. Se les cancela, sin preguntarle a los partidos participantes si esa es su voluntad. Una arbitrariedad total dirigida a torpedear los intentos de unidad desde la base de las fuerzas patrióticas (Mayo 2010). El proyecto fue archivado en la comisión de asuntos electorales. Proyecto de ley para promover reglas más equitativas de financiamiento y acceso a los medio de comunicación para todos los partidos políticos. Junto a otras fracciones presentamos una iniciativa para reformar el Código Electoral y establecer normas más justas para todas las fuerzas políticas, como un mayor y más fácil acceso al financiamiento anticipado y la creación de una franja horaria financiada con recursos de la deuda política, en la que los partidos podrán divulgar sus propuestas a la población en igualdad de condiciones (18.739). Estas reformas son urgentes para fortalecer nuestra democracia (Abril 2013). Respaldo total a la reducción de la deuda política. Apoyamos plenamente desde el principio y votamos el proyecto de ley para reducir el monto global de recursos públicos destinados a la deuda política de las elecciones de 2014 del 0,19% del Producto Interno Bruto al 0,11%. Combatimos las matráfulas del

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PLN para impedir su votación y amarrarlo a otras reformas inaceptables como reestablecer las donaciones de personas jurídicas. Como quedó demostrado, ese monto es más que suficiente para financiar una campaña política de ideas sin despilfarro ni clientelismo. El problema es la injusta distribución de los recursos (Setiembre 2013).

XIII. DEFENSA DEL ICE: ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

A) ELECTRICIDAD

Lucha contra la privatización de la electricidad. Freno a la Ley de Contingencia Eléctrica. Impedir el avance del proceso de privatización del ICE y detener el desmantelamiento de nuestro modelo solidario de desarrollo eléctrico fue un objetivo prioritario que nos trazamos para estos cuatro años. Por eso, cuando el Gobierno envió de Ley de Contingencia Eléctrica (18.093) y conformó una comisión especial para tramitarlo rápidamente, nos integramos de lleno a esa comisión, a pesar de que fuimos excluidos de su integración con derecho a voto. Nuestras principales acciones en esta lucha fueron:

Ø En el Plenario votamos en contra de crear la comisión porque no apoyamos agilizar el trámite de proyectos totalmente innecesarios e inconvenientes para el país (Agosto 2010).

Ø En la comisión explotamos al máximo las grietas que se abrieron en el bloque neoliberal, entre el Gobierno que promovió la Ley de Contigencia (“ajustes al modelo”) y los hermanos Arias y los libertarios que impulsaron una privatización total a través de la Ley General de Electricidad. Atizando estas grietas, apoyamos que la discusión empezara analizando el modelo energético que queremos para el país, lo que nos permitió posicionar la idea de que “lo que ha funcionado bien no hay por qué cambiarlo” y ganar tiempo para acumular fuerzas en la lucha social (Setiembre-Octubre 2010).

Ø En la comparecencia del FIT-ICE, respaldamos la lucha del movimiento sindical del ICE que, a pesar de las constantes campañas de difamación y la persecución, se ha mantenido firme defendiendo un modelo de desarrollo eléctrico que ha llevado cobertura con calidad a precios accesibles al 99,5 % del territorio nacional (Noviembre 2010).

Ø El FIT desmontó las mentiras de los privatizadores. Por ejemplo, demostró que los salarios de todos los y las trabajadoras de su sector eléctrico, que generan más del 70% de la electricidad del país, apenas representan un 20% del presupuesto de ese sector. Mientras que los pagos a los generadores privados, que solo generan un 13%, afectan un 14% de ese presupuesto (Enero 2011).

Ø Denunciamos que los privatizadores intentaron dictaminar el proyecto “a la brava” y aprobaron varias mociones que aumentan la generación privada pasando de un 15% a un 40% de la producción eléctrica nacional, además de debilitar al ICE permitiendo a los generadores privados exportar directamente electricidad a Centroamérica y negociar contratos con grandes empresas que dejarían de pagar los servicios al ICE (llevarse “la crema” del negocio). Pero la maniobra fracasó. Convocamos en audiencia a los compañeros de SIICE, quienes

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demostraron que el ICE puede garantizar la demanda de electricidad sin privatización y que la supuesta “emergencia eléctrica” no era más que un nuevo capítulo del “memorando del miedo” (Julio 2011).

Ø En al menos dos ocasiones nuestra presencia oportuna, presentando y defendiendo mociones de fondo, impidió que se dictaminara el proyecto de forma atropellada. En una sesión nocturna dispensaron de lectura todas las mociones e intentaron votarlas sin entregar copia a los diputados, al mejor estilo del Combo, pero no lo permitimos (Agosto 2011).

Ø Como parte de nuestras mociones al proyecto, presentamos una serie de propuestas para fortalecer efectivamente al ICE y a las cooperativas y empresas públicas sin ampliar los portillos para que los generadores privados sigan lucrando con el servicio público de electricidad a costa del pueblo.

Ø Propusimos reformar las leyes que limitan el desarrollo del ICE, tales como ampliar el límite de acceso al crédito, eliminar requisitos para el endeudamiento externo del ICE para el desarrollo de proyectos, exonerar al ICE y sus empresas de todo tributo, incluyendo el impuesto a los combustibles utilizados en la generación de electricidad (medida que reduciría los precios de la energía), otorgar la garantía del Estado a los títulos valores emitidos por el ICE para financiar sus proyectos, entre otras (Agosto 2011).

Ø Denunciamos negociaciones “por debajo de la mesa” promovidas por el Gobierno, para aprobar sorpresivamente un nuevo texto del proyecto. Aunque nos excluyeron del proceso, reiteramos que no apoyaremos ningún texto que amplíe el tope de generación privada contenido en la nefasta Ley 7200, aunque lo adoben y lo maquillen (Agosto 2011).

Ø El PUSC y el PAC pactaron un nuevo texto que eliminaba algunos de los aspectos dañinos del proyecto, pero que no firmamos porque mantenía un incremento del porcentaje de generación privada bajo la Ley 7200. En todo caso, dicho texto no prosperó por la intransigencia del Gobierno que ni siquiera quiso estudiarlo, empantanando la comisión (Agosto 2011).

Ø Continuamos haciéndonos presentes en la comisión de la “Trocha Eléctrica” y mantuvimos nuestras mociones presentadas. De hecho, a mediados de 2012 el Frente Amplio era la única fracción que tenía mociones de fondo presentadas a la Ley de Contingencia. De no ser por estas mociones, ya la habrían aprobado (Julio 2012).

Ø Se venció definitivamente el plazo de vida de la comisión especial y en el Plenario frenamos los intentos de aprobar nuevas prórrogas, lo que significó su entierro. El gobierno envió la Ley de Contigencia a la comisión de agropecuarios (que no tiene competencia en esta materia), donde hizo algunos intentos adicionales de revivirla. Pero ya había perdido por completo la iniciativa política (Julio-Agosto 2012).

Triunfo para el pueblo, derrota para los neoliberales: solo el ICE podrá exportar electricidad a Centroamérica. En el trámite en Plenario del Segundo Protocolo del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, logramos la aprobación de una moción que garantiza que en el caso de Costa Rica el ICE seguirá siendo la única entidad habilitada para exportar

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electricidad a Centroamérica. Así, conseguimos preservar un rasgo esencial de nuestro modelo solidario de desarrollo eléctrico. A pesar de este logro, votamos en contra el proyecto, porque contenía otros cambios sobre rectoría y regulación que podrían interpretarse en perjucio del ICE (Agosto 2011).

Denuncia por injusto rebalanceo de las tarifas eléctricas en perjuicio del pueblo. Denunciamos en el Plenario las maniobras del Gobierno para modificar las tarifas eléctricas en aras de subsidiar a los grandes industriales, pero a costa de aumentárselas al resto de la población, incluidos los hogares más pobres del país, que actualmente pagan una tarifa “preferencial de carácter social. Exigimos cuentas al Gobierno y a las autoridades del ICE y de la ARESEP por esta vergúenza política (Febrero 2012).

Proyecto para consolidar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Presentamos junto a varias fracciones una iniciativa para extender por 99 años el plazo de vigencia de la Compañía, pues la ley vigente establece un plazo más reducido que podría vencerse y ser usado para debilitar esta importante empresa pública (18.920) (Setiembre 2013).

Defensa del ICE en reformas a la Ley de Expropiaciones. En el trámite de mociones de este proyecto dictaminado en la comisión de asuntos jurídicos para agilizar los procesos expropiatorios para la construcción de obras públicas (18.743) presentamos una propuesta para mejorar también la Ley de Expropiaciones del ICE. Aunque esta ley fue avanzada en su tiempo, con los nuevos cambios quedaría totalmente desfasada, dificultándole al ICE desarrollar sus proyectos de forma ágil (Marzo 2014).

B) TELECOMUNICACIONES

Denuncia por injerencia del Gobierno de EEUU en la SUTEL. El presidente del Consejo de SUTEL nos confirmó que había estado recibiendo presiones de funcionarios del gobierno estadounidense para intervenir en el proceso de apertura celular. En el Plenario denunciamos estos hechos como una gravísima violación a nuestra soberanía (Mayo 2010).

Denuncia por el saqueo y despilfarro de nuestro patrimonio con la apertura de las telecomunicaciones. En el Plenario Legislativo denunciamos el saqueo del patrimonio nacional a través del proceso de apertura de las telecomunicaciones, donde se le imponen al ICE tarifas de interconexión ridículas para que las trasnacionales hagan negocio con la infraestructura construida con el ahorro nacional. Denunciamos la falta de transparencia y parcialidad en ARESEP y SUTEL, cuyos jerarcas gastan la plata del pueblo en edificios de lujo y se recetan salarios faraónicos (Agosto 2010).

Acción de inconstitucionalidad contra entrega ilegal de frecuencias del ICE. En conjunto con el SIICE, impugnamos en la Sala IV el traspaso arbitrario de las frecuencias del espectro radioeléctrico que el Gobierno de los hermanos Arias le quitó al ICE para entregarlas a empresas privadas. En el recurso denunciamos que la entrega se hizo violando los procedimientos legales y

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poniendo en peligro el patrimonio y la estabilidad de esta institución (Agosto 2010). Lamentablemente la acción fue rechazada.

Nuevas denuncias por acciones ilegales de la SUTEL para debilitar al ICE. Cuestionamos la orden corrupta de la SUTEL que rebajó de 26 a 17 colones por minuto las tarifas de interconexión para telefonía celular. Una tarifa ruinosa que le ocasionaría al ICE pérdidas por más de 30 mil millones de colones, para subsidiar a compañías trasnacionales con acceso casi gratuito a la infraestructura pública, construida con el esfuerzo de varias generaciones del pueblo de Costa Rica (Diciembre 2010).

Nuevas acciones en Sala IV para defender el ICE. En conjunto con otras fracciones, firmamos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra los acuerdos del Gobierno que entregaron frecuencias del ICE a empresas trasnacionales y autorizaron concesiones de la telefonía celular, violando hasta las propias leyes de apertura aprobadas por la Asamblea anterior. La Sala IV también rechazó estas acciones. Reclamo a la SUTEL por mal manejo de portabilidad numérica en detrimento del ICE. Solicitamos explicaciones a la SUTEL por sus maniobras para imponer este mecanismo (cambiar de operador, manteniendo el número) atropelladamente sin que estén las condiciones para ello (en otros países tomó varios años) y perjudicando al ICE con la imposición de nuevos costos y sin darle tiempo de prepararse. Exigimos corregir los graves errores del proceso. Además reclamamos que la portabilidad permita a las personas usuarias saber de cuál operador está recibiendo la llamada, aunque el número haya sido portado, para poder defender nuestros derechos como consumidores y decidir si contestamos o no (Agosto 2012). Denuncia por desviación y abuso de poder de la SUTEL para despojar al ICE de sus mejores frecuencias. Solicitud de destitución. En el Plenario respaldamos y divulgamos la denuncia presentada por ANTTEC por la resolución ilegal y arbitraria de la “Superintendencia para Terminar con el ICE”, que pretendía obligar al ICE a desprenderse de las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al servicio de telefonía celular de cuarta generación, como condición para autorizarle la compra de una empresa de televisión por cable (indispensable para competir con proveedores privados de Internet). Exigimos la destitución inmediata de los jerarcas de la SUTEL, pues esta resolución ilegal es prueba irrefutable de la mala fe y la parcialidad en contra del ICE (Noviembre 2012).

Junto a los sindicatos del ICE, tramitamos ante la ARESEP la apertura de un expediente administrativo para la inmediata destitución del Consejo de la SUTEL por abusar de su poder, violando la ley para dañar al ICE. La ARESEP nos dio la razón, concluyendo que la SUTEL se extralimitó en sus competencias al imponer semejante exigencia al ICE, a pesar de no estar facultada legalmente para hacerlo. Pero de forma cuestionable, decidió no destituir ni sancionar a los jerarcas de la SUTEL porque “no se había demostrado el daño causado al ICE” con su actuación ilegal (Marzo 2013).

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Denuncias por irregularidades en la licitación para imponer la portabilidad numérica de forma atropellada. Acogimos y presentamos ante la Contraloría la denuncia contundente y fundamentada del FIT-ICE contra la actuación ilegal de la SUTEL que adjudicó la licitación para aplicar la portabilidad numérica a una empresa que no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el cartel (Enero 2013). También divulgamos en Plenario la denuncia de ANTTEC sobre el conflicto de intereses existente entre la empresa española adjudicada para dirigir el proceso de portabilidad numérica (“El Corte Inglés”) y Telefónica de España (dueña de Movistar), una de las principales beneficiarias de este proceso. Esta denuncia tuvo amplia repercusión en la prensa y provocó que recibiéramos amenazas de demandas por los bufetes empresariales que representan a Telefónica (señal inequívoca de que íbamos por el camino correcto) (Marzo 2013).

Denuncia por despilfarro de más de 150 mil millones en el ICE con la compra de un plataforma informática deficiente. Junto a ANTTEC denunciamos la actuación negligente de las autoridades del ICE en el manejo de la plataforma informática PESSO (desde 2008) ya que su mal funcionamiento (pérdida de clientes y errores en la facturación) le ha costado pérdidas millonarias a la institución. Los jerarcas del ICE conocen el problema pero no actúan ni sancionan a los responsables (Junio 2013).

XIV. EQUIDAD DE GÉNERO. DERECHOS DE LAS MUJERES

Apoyo total a la Ley de la paridad de género en juntas directivas de asociaciones y sindicatos. En la comisión plena primera defendimos y votamos a favor el proyecto de ley que obligó a asociaciones civiles (Ley 218), de desarrollo comunal, solidaristas y sindicatos a integrar sus juntas directivas de forma paritaria por hombres y mujeres (15.160). Apoyamos decididamente esta reforma, como una medida de acción afirmativa para combatir la discriminación histórica y estructural que sufren las mujeres en este tipo de espacios. Por eso, combatimos varias mociones que intentaron desnaturalizar el proyecto con argumentos falaces. También aclaramos que la nueva ley no contradice los convenios de la OIT sobre la libertad sindical, porque la paridad de género tiene sustento en otros convenios de derechos humanos que obligan al Estado a combatir la discriminación (Octubre 2010). La Sala IV confirmó la constitucionalidad de la ley rechazando una acción presentada por las cámaras empresariales (Marzo 2014). La lucha contra la violencia machista. Aprobación de reformas para sancionar maltrato físico y violencia emocional. En el Plenario logramos un acuerdo para aprobar el proyecto que restableció los artículos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres que sancionan este tipo de agresiones (17.499). Estas normas habían sido anuladas por la Sala IV en un voto cargado de prejuicios, dejando a muchas mujeres en indefensión, porque representan la mayor parte de las denuncias y el preludio de los femicidios (Noviembre 2010). Varios diputados volvieron a enviar la reforma en consulta

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a la Sala IV, pero esta vez fue declarada sin lugar, consolidando la ley (Enero 2011). Fortalecimiento de la Ley contra Violencia Doméstica. En el Plenario aprobamos una reforma para cerrar portillos legales que estaban impidiendo la correcta aplicación de la ley para proteger la vida y la integridad física de mujeres que sufren violencia de género y otros grupos vulnerables de la población (menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc.) (15.732). El proyecto fortaleció la aplicación de las medidas de protección e incluyó cambios para evitar que los agresores manipulen la ley en perjuicio de las víctimas (Diciembre 2010). Proyecto para incluir el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en las cuentas nacionales. Presentamos una iniciativa para obligar a las instituciones del Estado a realizar una medición permanente del aporte económico del trabajo doméstico que realizan principalmente las mujeres en labores no remuneradas como el cuido de la niñez y las personas adultas mayores y todas aquellas tareas indispensables para el sostenimiento de los hogares, que son realizadas sin ningún tipo de retribución económica (18.073). Buscamos que este aporte sea contabilizado e incluido en el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Banco Central, como primer paso para garantizar su pleno reconocimiento (Abril 2011). El proyecto fue dictaminado con apoyo unánime en la comisión la mujer, reconociendo que, mientras siga la invisibilización del aporte de las mujeres a la economía, será muy difícil desarrollar políticas públicas dirigidas a retribuirlo equitativamente (Junio 2012). Pero, en la comisión plena segunda la fracción del PLN y los libertarios votaron en contra, en un acto de “sacada de clavo” con el FA, aunque también marcado por prejuicios machistas (“¿como vamos a ponerle precio al amor de nuestras esposas”, dijo un diputado del PLN). Presentamos moción de revisión para evitar que el proyecto fuera archivado (Noviembre 2012) y tuvimos que dar una dura pelea para evitar que fuera enterrado, porque funcionarios administrativos lo habían mandado al archivo, sin conocer nuestra moción de revisión. Logramos mantenerlo vivo para que lo conozca la nueva Asamblea (Junio 2013). Proyecto para fortalecer los controles dirigidos a evitar el uso denigrante de la imagen de las mujer en la propaganda. Presentamos esta iniciativa para actualizar y mejorar la normativa que regula el uso de la imagen de las mujeres en mensajes publicitarios y medios masivos, a fin de prohibir su utilización de forma vejatoria, contraria a la dignidad humana, e impedir la promoción de la discriminación, la violencia y los patrones culturales machistas (18.802). Buscamos garantizar que la ley vigente sea acorde con los nuevos tratados de derechos humanos que el país ha suscrito, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (Mayo 2011). La comisión de la mujer dictaminó afirmativamente el proyecto de ley (Julio 2013). Ley para hacer justicia a las viudas de taxistas fallecidos. Presentamos un proyecto de ley para permitir que las concesiones de taxis sean heredadas por

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las esposas y demás familiares de los taxistas fallecidos (18.132). Así buscamos eliminar el trato injusto que sufrían estas personas, por criterios legales que no consideraban “aptas” a las viudas para mantener la concesión, dejando desamparadas a sus familias sin su principal fuente de sustento (Junio 2011). En la comisión de jurídicos logramos dictaminar el proyecto, con varias mejoras para ahorrar tediosos juicios a las familias (Octubre 2011). Con amplio apoyo popular, la ley fue definitivamente aprobada por el Plenario (Ley 9027) (Noviembre 2011). Ley de igualdad en la incripción de apellidos. Propusimos reformar el Código Civil y el Código de Familia para abrir la posibilidad de que el orden de los apellidos de las y los hijos sea definido de común acuerdo entre el padre y la madre, sin imponer la prelación a favor del padre, como ocurre ahora (18.943) (Octubre2013). Voto negativo a proyecto que debilita protección de las mujeres en casos de violencia de género. En la comisión de juventud fuimos la única fracción que no votó un proyecto de ley sobre “alienación parental”. Aunque en teoría buscaba garantizar que los padres separados puedan ver a sus hijos, contenía serias deficiencias que incluso podrían poner en peligro la vida de las mujeres protegidas por medidas cautelares. En el Plenario frenamos su votación con mociones (Febrero 2014). Apoyo decidido a ley para la incorporación de perspectiva de género en los partidos políticos. Hemos venido respaldando el trámite rápido y la votación de esta iniciativa para establecer la obligación de los partidos de conformar sus listas de cargos de elección popular aplicando los principios de paridad y alternabilidad de género, también de forma horizontal (que mujeres también encabecen papeletas). Se discute aún en Plenario (Marzo 2014). Denuncia por cambios en el INAMU que debilitaban la protección de las mujeres. La Defensoría de los Habitantes acogió una denuncia que presentamos junto a organizaciones de mujeres contra una directriz emitida por la presidencia ejecutiva del INAMU, que limitaba la capacidad de las abogadas de esa institución de dar asistencia legal efectiva a las mujeres que presentan reclamos por violencia o discriminación. Las denuncias surtieron efecto y el INAMU tuvo que derogar la absurda directriz (Julio 2010).

La violencia contra las mujeres, un problema prioritario de seguridad ciudadana. Denunciamos que el Gobierno no incluyó como prioridad en su política sobre seguridad el problema de la violencia contra las mujeres, lo que implicó un franco retroceso respecto a los avances que se habían logrado en los años anteriores. Le solicitamos rectificar y darle a este flagelo la atención que merece (Julio 2010).

Participación activa en el grupo de trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres migrantes. En la comisión de derechos humanos nos integramos de lleno a un grupo de trabajo conformado por instituciones y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes, con la finalidad de proponer reformas a la Ley de Migración,

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para frenar abusos que actualmente se cometen contra este sector altamente vulnerable de la población (Junio 2011). Después de dos años este grupo dio origen al proyecto de ley 18.922, que firmamos junto a otras fracciones, que reforma varias leyes para proteger los derechos de las personas migrantes (Setiembre 2013).

Denuncia en defensa de los derechos de las mujeres afectadas por implantes defectuosos. Le solicitamos a la Comisión de Defensa del Consumidor que haga cumplir la ley en el caso de las mujeres afectadas por los implantes mamarios “PIP”, vendidos por una empresa francesa y que fueron retirados del mercado en todo el mundo por su peligrosidad para la salud. Le exigimos hacer cumplir la ley para que las clínicas privadas que realizaron operaciones asuman su responsabilidad con las personas afectadas en vez de trasladársela a la CCSS (Febrero 2012). Compromiso con las luchas de las mujeres por el cese de la discriminación y la violencia patriarcal. Además de celebrar con acciones de lucha el Día Internacional de las Mujeres, reiteramos en diversas ocasiones nuestro compromiso con la agenda pendiente para la protección y consolidación de sus derechos: combate a la violencia machista en todos los ámbitos y como política de Estado, freno a la discriminación salarial que sufren las mujeres, acciones afirmativas para garantizar acceso equitativo al empleo, ampliación de la licencia de maternidad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las labores de cuido, cuantificación y reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, políticas integrales para atacar la feminización de la pobreza, urgencia de un Estado Laico, reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros temas (Marzo 2012, marzo 2013 y marzo 2014).

Exposición de “desagravio” y exigencia de diálogo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En conjunto con diversas organizaciones sociales solicitamos al Gobierno reabrir el diálogo nacional sobre este tema. Exigimos a la CCSS cumplir la ley y respetar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo de forma segura cuando se encuentra en riesgo su vida. Organizamos una exposición de calendarios de la Colectiva por el Derecho a Decidir, como “desagravio” para las mujeres, ante una serie de actividades previas que promovieron la manipulación y la desinformación sobre sus derechos (Mayo 2013).

XV. JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Proyecto para asignar recursos al deporte, la recreación y la cultura en beneficio de la juventud. Presentamos una iniciativa para reformar la Ley de Licores, con el fin de que las municipalidades y las juntas de educación tengan más recursos para destinarlos prioritariamente a infraestructura educativa y deportiva y en general a proyectos que fortalezcan el acceso al arte, la cultura, el deporte y la recreación para la juventud, especialmente en las comunidades más pobres del país (17.754). Propusimos actualizar la ridícula tarifa que regía para el impuesto de patentes de licores y otras reformas dirigidas a incrementar

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los ingresos municipales, de manera que los recursos adicionales se destinen a este fin (Junio 2010).

Nueva propuesta para dar financiamiento permanente al deporte, con prioridad para las comunidades más pobres. Avance del proyecto de Ley del Ministerio del Deporte. La comisión de juventud aprobó una moción que presentamos a dicho proyecto (17.484) para subir en 8 colones el impuesto que se cobra por la venta de bebidas alcohólicas y destinar los recursos que se generarían a financiar infraestructura deportiva y programas para la universalización del deporte y la recreación, además de darle fondos al nuevo ministerio que estaba naciendo desfinanciado. Con esta reforma se generarían más de 6 mil millones de colones por año que irían a los comités cantonales de deportes, las federaciones deportivas y el nuevo Ministerio, dando más recursos a las comunidades rurales y urbano marginales con menor índice de desarrollo social (Febrero 2012). La comisión dictaminó a favor el proyecto de ley, incluyendo nuestra propuesta de financiamiento, que recibió un masivo respaldo de las federaciones deportivas de todo el país (Marzo-Mayo 2012). Pero, por presiones de la Cervecería, diputados del PLN y los libertarios intentaron eliminar la moción aprobada al Frente Amplio. No lo lograron porque los denunciamos públicamente y los bloqueamos con la convocatoria de varias audiencias. El proyecto se frenó (Diciembre 2012). Denunciamos en el Plenario nuevas presiones de la Cervecería para dejar sin efecto nuestra propuesta, amenazando con la quiebra y el despido de trabajadores. Demostramos que estas amenazas carecen de fundamento y evitamos una vez más que manosearan el proyecto, pero no logramos que se aprobara la ley. Sigue pendiente el trámite de mociones (Julio 2013). Proyecto para quitar trabas legales que impiden al PANI invertir la totalidad de sus recursos a la protección de la niñez. Presentamos una iniciativa que busca liberar al PANI de la obligación legal de mantener superávit y todas las demás restricciones impuestas por la Autoridad Presupuestaria que afectan la creación de nuevas plazas y la prestación de sus servicios en todo el país (17.772) (Junio 2010). Después de dos años de intensas discusiones, donde contamos con el apoyo del PANI y la frontal oposición de Hacienda, la comisión de juventud dictaminó afirmativamente el proyecto por unanimidad. Logramos demostrar que el PANI es la única institución constitucional a la que se le impone esta camisa de fuerza, que hoy la obliga a subejecutar su presupuesto y le impide nombrar al personal que necesita para dar atención adecuada en sus albergues y en muchas regiones del país, donde no hay personal para atender denuncias y dar protección oportuna a la niñez (Noviembre 2012). Propuestas para mejorar Ley de Protección a la Niñez frente al contenido nocivo de Internet. La comisión de juventud aprobó varias mociones de mejora que presentamos al proyecto que buscaba obligar a los negocios que ofrecen acceso público a Internet a establecer filtros y otros controles que impidan el acceso de niños y niñas a pornografía y a sitios que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación (17.164).

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Nuestras mociones corrigieron errores y mejoraron sustancialmente la propuesta, que finalmente fue aprobada por el Plenario (Enero- Febrero 2011). Ley para fortalecer la protección a la niñez en el trámite de adopciones internacionales. En esta comisión de juventud logramos dictaminar la iniciativa de José Merino para mejorar la legislación sobre adopciones internacionales (niños costarricenses que son adoptados por personas residentes en el extranjero) y adaptarla a los tratados de derechos humanos, cerrando “portillos” que facilitaban la operación de redes mafiosas de tráfico de niños y niñas. También se reguló de mejor manera la adopción directa (cuando los propios padres dan al menor en adopción) a fin de evitar que sea utilizada para la trata de menores (16.979) (Octubre 2010). Después de aclarar dudas y acoger propuestas de la Corte para mejorarlo, la comisión plena primera aprobó definitivamente esta ley, estableciendo un equilibrio entre el freno a los abusos y la necesidad de que los procesos de adopción no resulten excesivamente engorrosos y burocráticos (Julio 2012). Ley para sancionar universalmente delitos sexuales contra menores de edad. En la comisión de jurídicos logramos dictaminar el proyecto de ley presentado por José Merino para que Costa Rica pueda juzgar y sancionar cualquiera de estos delitos cometidos en cualquier parte del mundo. Es decir, sin importar la nacionalidad del autor y aunque se cometan fuera del territorio nacional (17.084) (Noviembre 2010). La comisión plena primera aprobó por unanimidad esta ley, con el objetivo de enviar una clara señal a las redes de explotación sexual infantil y “turismo sexual”, en el sentido de que en nuestro país no habrá impunidad para estos delitos: aún cuando sus autores no puedan ser extraditados, se les podrá juzgar aquí (Junio 2011). Ley para que no prescriban los daños causados a personas menores de edad, hasta tanto estas no puedan defenderse por su cuenta. Presentamos esta proyecto de ley para establecer que no correrá la prescripción de la acción para reclamar la reparación de daños causados a niños y niñas por delitos y en sede civil o administrativa, hasta tanto estas personas no cumplan la mayoría edad y puedan presentar personalmente las acciones en su defensa (17.927) (Noviembre 2010). El proyecto fue dictaminado por unanimidad en la comisión de juventud (Octubre 2011) y la comisión plena primera convirtió defintivamente en ley nuestra propuesta (Ley 9057). Así corregimos una gran injusticia, porque la ley anterior asumía que los padres, tutores o el PANI iban a proteger a las personas menores, pero si esto no ocurría, las causas prescribían y las y los menores quedaban en total indefensión. La reforma garantiza que mientras a un menor no se le reconozca la capacidad jurídica para defender sus derechos por su cuenta, no correrá la prescripción. El plazo solo empezará a correr cuando cumpla 18 años (Junio 2012). Proyecto para frenar la criminalización del arte y el deporte urbano. Presentamos un proyecto de ley para eliminar las sanciones excesivas y las prohibiciones absolutas establecidas en la nueva Ley de Tránsito contra expresiones del arte urbano (payasos, malabaristas, etc.) y los deportes callejeros (patinaje, skateboarding, etc.). En su lugar propusimos regular la forma y los espacios donde pueden realizarse, buscando un equilibrio entre la

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seguridad vial y el derecho de nuestra juventud a disfrutar del espacio público para practicar el arte y el deporte. Así dimos respaldo a la lucha de colectivos de jóvenes dedicados a estas actividades (Octubre 2012). Ley para prohibir el ingreso al país de quienes tengan antecedentes por delitos sexuales contra menores. La comisión de juventud aprobó varias mociones que presentamos a fin de mejorar un proyecto de ley para fortalecer la sanción contra la producción y difusión de pornografía infantil (18.139) Dentro de estas, se incluyó una propuesta del Frente Amplio que estableció la prohibición de ingreso al país a quienes tengan procesos penales pendientes o hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores durante los últimos 50 años, así como la obligación de Migración de intercambiar información con otros países para detectar estos casos y así evitar que nuestro país siga siendo destino para la explotación sexual comercial de menores (Setiembre 2012). Por iniciativa nuestra, este proyecto fue delegado a la comisión plena primera, donde fue aprobado por unanimidad (Octubre 2013). Denuncia contra el Gobierno por recortar más 47 mil millones de colones al PANI en el Presupuesto de 2012. Denunciamos en el Plenario que para ese año el Poder Ejecutivo le dejó de girar al PANI más de 47 mil millones del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre licores y cigarillos (provenientes de leyes que establecieron un destino específico prioritario a favor de dicha institución), mientras se negó a recortar 30 mil millones en gastos superfluos como consultorías, viajes y comilonas con fondos públicos. También presentamos una consulta de constitucionalidad contra el proyecto de ley de Presupuesto Ordinario de 2012, ante la evidente violación de la obligación del Estado de dar protección especial a la niñez abandonada (Octubre 2011). La consulta fue declarada sin lugar por la Sala IV en votación que quedó 4 a 3. Nuestra fracción criticó fuertemente el voto de mayoría, por contener graves inconsistencias y contradicciones y desconocer las normas constitucionales que defienden a la niñez y garantizan el Estado Social de Derecho (Diciembre 2011). En votos posteriores sobre deudas del Estado con el PANI, la Sala enmendó su criterio y declaró con lugar los recursos. Juicio ganado en defensa de la niñez. Gobierno condenado a pagar al PANI deuda de más de 126 mil millones. Presentamos una demanda contencioso-administrativa contra el Estado por violar de forma grosera las leyes que establecen destinos específicos a favor del PANI e incumplir con su obligación de girarle más de 41 mil millones en 2010, 40 mil millones en 2011 y 45 mil millones 2012 para cubrir sus gastos de operación, atender a las niñez en abandono y riesgo social y dar becas a madres adolescentes. Denunciamos que este incumplimiento le causa un grave daño a los niños y las niñas, porque la institución carece de personal y recursos suficientes para darle atención y protección oportuna a la niñez (Febrero 2012). El Tribunal Contencioso admitió la demanda, reconociendo nuestra legitimación para presentar un juicio que el PANI debió impulsar hace muchos años y declaró el caso como asunto prioritario de trámite urgente (Marzo 2012). En su

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contestación el Gobierno reconoció que no cumplía la ley y alegó que no tenía plata (mientras malgastaba recursos en consultorías y la vergonzosa “trocha”). Además, presentó una serie de “excepciones” para retrasar el proceso (Mayo 2012). En la audiencia oral, demostramos la total ilegalidad del incumplimiento del Gobierno y el Tribunal rechazó varias oposiciones que éste presentó. Contamos con un equipo de abogados de lujo, encabezado por nuestro compañero Edgardo Araya y el valioso respaldo del sindicato del PANI y muchos trabajadores y trabajadoras comprometidas con la niñez (Junio 2013). El Tribunal dictó sentencia declarando con lugar nuestra demanda y le ordenó al Poder Ejecutivo “incluir en el Proyecto de Presupuesto Nacional de la República (…) los fondos que ha dejado de percibir el Patronato Nacional de la Infancia conforme correspondía, para el período fiscal del dos mil diez, dos mil once y dos mil doce” (N. 53-2013-VII). El Gobierno presentó casación ante la Sala I, que todavía no se ha resuelto (Agosto 2013). XVI. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

La larga lucha por la aprobación del proyecto de Ley de Autonomía Indígena. Durante estos 4 años intentamos que la Asamblea dé una respuesta definitiva a las comunidades que tienen ya 20 años de esperar por esta ley para garantizarles la autonomía de gobierno, el control sobre sus territorios, la protección de sus recursos naturales y el derecho a definir sus propias políticas de desarrollo, respetando su cultura y sus tradiciones (14.352).

Pero esto no fue posible por la desidia de una mayoría de diputados y los poderosos intereses que se oponen: los terratenientes que han despojado a los indígenas de sus tierras, los que quieren hacer negocio explotando las riquezas de estos territorios y quienes han usufructuado de los recursos de la nefasta CONAI. Algunas de las acciones que realizamos fueron:

Ø En reunión con la entonces Presidenta de la República le solicitamos apoyar el proyecto. Su respuesta fue que lo estaban estudiando porque “podría dificultar la construcción de proyectos estratégicos como el PH Diquís” (Julio 2010).

Ø En el Plenario y la comisión de sociales logramos avanzar con el trámite de mociones de fondo, frenando cambios que debilitaban la ley, como una moción para reducir una pequeña contribución que se les impone a los bancos para financiar proyectos de desarrollo en comunidades indígenas. Pero, cuando tocaba iniciar el debate por el fondo en el Plenario, el proyecto se estancó (Julio 2010).

Ø Dirigentes de comunidades indígenas de todo el país realizaron una protesta pacífica por la negativa del Gobierno a convocar y tramitar el proyecto. Tomaron el Salón de Beneméritos y anunciaron que no saldrían de allí hasta el Gobierno no dialogara con ellos. Sin dudarlo, respaldamos esta justa lucha. El Gobierno decidió “volar garrote” y los desalojó por la fuerza, cometiendo abusos, en especial contra las mujeres (Agosto 2010).

Ø En el Plenario denunciamos que las redes mafiosas del PLUSC que se han venido apropiando de las tierras indígenas también han impedido la aprobación de la Ley de Autonomía. Propusimos la creación de una

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comisión especial para investigar el robo y el saqueo sistemático de las tierras indígenas (Agosto 2010).

Ø En las siguientes legislaturas volvimos a denunciar que sigue el abandono, la discriminación, la humillación y el etnocidio lento y silencioso por parte del Estado costarricense. Propusimos un debate reglado sobre este tema y que las fracciones asumieran compromisos para reactivar la Ley de Autonomía. Pero una mayoría de fracciones no quiso siquiera recibir a las y los representantes de las comunidades (Agosto 2011 y 2012).

Ø Ante representantes de las comunidades indígenas de todo el país suscribimos un compromiso de impulsar y respaldar las acciones que sean necesarias para que el proyecto de ley sea votado de una vez por todas. Pero no hubo voluntad de darle prioridad en el Plenario y el Gobierno se negó a convocarlo a extraordinarias (Mayo 2013).

Proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Presentamos una iniciativa para proteger adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia (17.805). Esto incluye el derecho a contar con intérpretes y traductores oficiales en todo proceso judicial, el trato digno y la no discriminación, el reconocimiento del derecho consuetudinario y las tradiciones culturales, la aplicación de atenuantes en procesos penales, entre otros derechos básicos que hoy en día no se respetan (Julio 2010).

Reforma constitucional para garantizar el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Impulsamos este proyecto firmado por José Merino como una de nuestras prioridades en el Plenario (17.150). Junto a la fracción del PAC, logramos que avanzara en primera y segunda lectura y que quedara listo para la votación de su admisibilidad, a pesar del desinterés del Gobierno y que quedara listo para la votación de su admisibilidad (Julio 2012).

Anulación de reglamento del TLC que buscaba el patentamiento del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. La Sala IV declaró con lugar la acción que presentamos, junto a la ADI de Salitre y la Red de Biodiversidad contra el reglamento de la agenda de implementación que buscaba facilitar la apropiación privada del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país sobre los usos de la biodiversidad. El recurso fue declarado con lugar porque el Gobierno no consultó a las comunidades indígenas, violentando el Convenio 169 de la OIT (Diciembre 2012). Acciones en defensa del territorio indígena Kekoldi. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad preparaba un desalojo administrativo de pobladores indígenas en una finca ubicada en el Territorio Indígena Bribri de Kekoldi (Talamanca), a solicitud de un extranjero que logró inscribir la finca como “propiedad privada”, a pesar de ser inalienable. El Gobierno suspendió el desalojo cuando demostramos que la finca forma parte del territorio indígena. Le manifestamos al ministerio que, en vez de reprimir a la comunidad afectada, debería perseguir a los corruptos que permitieron el robo de sus tierras (Abril 2011).

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En respuesta a nuestras gestiones, el Ministerio de Seguridad resolvió de forma definitiva que no procedía el desalojo por tratarse de territorio indígena. Pero la represión siguió por parte de la Fiscalía, que detuvo a varios indígenas y los acusó por “usurpación” (Julio 2011). Le explicamos a la Fiscalía que no cabía ese delito (ocupar tierras ajenas) si la finca forma parte del territorio inalienable del pueblo indígena y que la comunidad de Kekoldi era la única usurpada, por lo que debería protegerla y no agredirla. Al final, el juzgado penal de Talamanca desestimó estas injustas acusaciones, a pesar del vergonzoso papel del Ministerio Público (Setiembre 2011). Solidaridad con lucha del pueblo indígena Ngobe. Denunciamos la brutal represión ejercida por el gobierno panameño contra este pueblo y respaldamos su lucha contra devastadores proyectos de minería metálica a cielo abierto que se pretenden imponer sin consulta previa en el territorio que nuestros hermanos indígenas han cuidado y habitado históricamente (Febrero 2012). Respaldo a la lucha del pueblo indígena Térraba. Realizamos varias gestiones ante el Gobierno, en apoyo a la lucha emprendida por el pueblo indígena Térraba en defensa de su derecho a una educación que respete y promueva su cultura, ante el incumplimiento de la normativa que exige nombrar maestros que dominen la lengua indígena y dar prioridad a profesionales indígenas. Estas violaciones se suman al despojo de la mayor parte del territorio de este pueblo por finqueros no indígenas, ante la inacción de las autoridades. Al final el Gobierno aceptó las principales demandas de la comunidad (Febrero 2012). XVII. DERECHOS HUMANOS A) LUCHA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Proyecto de ley para la eliminación de la DIS. Volvimos a presentar la iniciativa legislativa para eliminar definitivamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad, policía política del Gobierno utilizada para perseguir opositores y violar los derechos humanos y las libertades públicas de la población (17.993). El proyecto había sido presentado por José Merino, pero en la comisión de seguridad lo archivaron sin discusión alguna (Febrero 2011). Esta misma comisión volvió a rechazar la propuesta por mayoría (Octubre 2013). Nuestra nueva fracción continuará la lucha.

Propuesta para eliminar “delitos contra el honor”, utilizados para perseguir a luchadores sociales. Durante el debate del nuevo Código Procesal Civil (15.979) en la comisión de asuntos jurídicos presentamos una moción para eliminar estos delitos y sustituirlos por faltas civiles con un proceso rápido en vía civil para reclamar rectificaciones y reparaciones. Creemos que nadie debería ser perseguido penalmente por manifestar sus opiniones. Si estas son falsas u ofenden a terceros, para eso está el derecho de respuesta e indemnización. La propuesta fue rechazada, pero creemos que debería volverse a presentar porque así acabaríamos con la principal arma que usan los poderosos para callar a quienes denuncian injusticias (Marzo 2013).

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Solidaridad con el compañero Carlos Arguedas. Brindamos respaldo político y asesoría jurídica a nuestro querido compañero en el juicio penal que enfrentó por decir la verdad: denunciar que las piñeras contaminaron las fuentes de agua que abastecían a la comunidad del El Cairo de Siquirres. Denunciamos que la acusación de las piñeras fue un acto de persecusión que buscaba callar e intimidar a todas aquellas comunidades que ejercen su derecho a denunciar daños al ambiente (Julio 2010).

Demanda a la Fiscalía: poner fin a criminalización de la protesta social. Denunciamos ante el nuevo Fiscal General la creciente tendencia del Ministerio Público a actuar como un instrumento de persecución y represión en perjuicio de las y los ciudadanos que protestan por las políticas injustas del gobierno. En concreto denunciamos el caso de 24 compañeros y compañeras que fueron perseguidos por manifestarse contra la privatización de JAPDEVA. Al final estas causas fueron archivadas. También solicitamos más protección para luchadores sociales amenazados (Noviembre 2010).

Denuncia contra la persecusión de defensores del ambiente en San Rafael de Alajuela. Denunciamos en el Plenario a la empresa COMCOAS (Cementos David) por perseguir penalmente a todos los dirigentes comunales que alzaban su voz para pedir explicaciones sobre los daños al ambiente que podría ocasionar la fábrica de cemento de dicha compañía (Diciembre 2010).

Interpelación al Ministro de Seguridad por incursión de la policía en la Asamblea y el hostigamiento a defensores de derechos humanos. Denunciamos el ingreso no autorizado de un policía al Parlamento para intimidar a las y los organizadores de la “Marcha de los invisibles”, como un acto de abuso policial que, además de violentar el principio de separación de poderes, constituyó un peligroso precedente que se sumó al caso del policía fascista y otras agresiones contra las personas que luchan por el respeto a la diversidad sexual (Junio 2012). Lucha contra la represión y la persecusión policial en manifestación pacífica para defender a la CCSS. Denunciamos y enfrentamos en carne propia la violencia policial que trató de acallar el descontento social por la crisis de la CCSS a punta de garrotazos. Denunciamos el uso abusivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. No descansamos hasta que fue liberada la última persona injustamente detenida. Denunciamos que los únicos que tendrían que haber salido en “perrera" son los corruptos de cuello blanco que están saqueando a la CCSS y las autoridades del Gobierno que organizaron la represión contra el pueblo. Aunque inventaron acusaciones absolutamente falsas y difamatorias contra mi persona sobre inexistentes agresiones a policías, al final el Ministerio Público y la Sala III las declararon sin lugar y las archivaron. También fue absuelto nuestro compañero de la JFA Rolando Fernández, quién sufrió una acusación falsa por marchar defendiendo a la CCSS, en un acto desesperado de persecusión política del Gobierno para tratar de justificar la represión (Noviembre 2012).

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Denuncia por agresión paramilitar contra familias campesinas de Medio Queso. Denunciamos en el Plenario los brutales ataques de paramilitares al servicio del terrateniente Elmer Varela contra las familias campesinas que luchan por su derecho a la tierra en Medio Queso de Los Chiles. Hubo cuatro campesinos heridos de bala por disparos de los paramilitares, a pesar de que la ley no autoriza a la seguridad privada a realizar desalojos ni a disolver manifestaciones populares. Todo esto con la complicidad de la fuerza pública, que solo intervino para investigar a la seguridad privada, después de nuestras denuncias (Junio 2012). Destitución de jefe policial de Los Chiles que aconsejó a paramilitares sobre cómo matar campesinos. Junto a la FEUCR y el PT, denunciamos esta grave violación a los derechos humanos, donde quedó demostrado que el alto jerarca asesoró a los paramilitares sobre la mejor manera de asesinar a las familias campesinas, manipulando la escena del crimen para que parezca un acto de legítima defensa. El jerarca policial fue destituido de forma inmediata y el Gobierno se vio obligado a contener la represión, abriendo paso a la intervención del INDER (Noviembre 2012).

B) DIVERSIDAD SEXUAL

Prohibición de discriminar en el trabajo por motivos de orientación sexual. En el trámite de la Reforma Procesal Laboral (15.990) logramos la aprobación de una moción del FA para incluir por primera vez en el Código de Trabajo la prohibición de discriminar a una persona trabajadora por motivo de su orientación sexual, incluyendo un mecanismo de protección y reinstalación inmediata en caso de ser despedida por este motivo (Enero 2011).

Acciones para frenar el referendo del odio. En el Plenario denunciamos la convocatoria de este referendo sobre el proyecto para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo, como un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos (Junio 2010). Presentamos una gestión de apoyo y ampliación a los argumentos del recurso de amparo interpuesto por Esteban Quirós contra la convotatoria del TSE. Recordamos que Costa Rica ha firmado tratados que nos obligan a no discriminar a las personas por su orientación sexual y reconocerles las condiciones básicas para el libre desarrollo de su personalidad. Cuando la Sala IV nos dio la razón y anuló el referendo del odio, nos sumamos a la celebración (Agosto 2010).

Respaldo a proyectos de sociedades de convivencia y uniones de hecho y lucha contra los discurso del odio. En la comisión de derechos humanos aprobamos un nuevo texto para permitir el avance del proyecto de sociedades de convivencia para reconocer efectos legales, sociales y patrimoniales a las uniones entre parejas del mismo sexo (17.668). También en la comisión de jurídicos apoyamos la reforma al Código de Familia para extender los efectos de las uniones de hecho a las parejas homosexuales (16.182). Combatimos los discursos homofóbicos, discriminatorios y de apología del odio y denunciamos el bloqueo sistemático de los diputados fundamentalistas (Octubre 2011). Ambos proyectos recibieron dictamen negativo por una mayoría diputados conservadores y llenos de prejuicios, a pesar de nuestro voto afirmativo.

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Redactamos dictámenes de minoría que pasaron al Plenario (Junio y Octubre 2012). Nuevas iniciativas para reconocer derechos de las personas sexualmente diversas. Junto a la diputada Carmen Muñoz (PAC) volvimos a presentar los proyectos de sociedades de convivencia y de reforma al capítulo de uniones de hecho del Código Familia (18.481 y 18.483), que habían sido saboteados por el discurso politiquero de diputados mal llamados “cristianos”, que encontraron una veta para crecer electoralmente a partir de discrsos homofóbicos (Junio 2012). Eliminación de normas del Código Penal que violentaban de forma grosera los derechos humanos. Presentamos un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Penal que fomentaban la discriminación y el trato degradante contra las personas homosexuales (18.706). A su vez, le solicitamos a la Defensoría de los Habitantes presentar una acción de inconstitucionalidad contra estas normas, que calificaban la homosexualidad como una “enfermedad” y justificaban la aplicación de castigos contra estas personas por el solo hecho de tener una orientación sexual distinta (Febrero 2013). Al final, logramos nuestro objetivo porque la Defensoría presentó la acción y la Sala IV anuló los artículos discriminatorios. Censura a las agresiones homofóbicas de Justo Orozco. En el Plenario y en las comisiones rechazamos con firmeza las grotescas expresiones de este diputado contra las personas sexualmente diversas. El caso más grave fue su intento de excluir a la diputada Carmen Muñoz (PAC) del conocimiento del proyecto de sociedades de convivencia. Denunciamos esto como un acto de discriminación y apología del odio, que debería ser motivo suficiente para destituir al agresor de su curul, por utilizarla para violar los derechos humanos (Mayo 2013). Reforma a la Ley de la Persona Joven: avance en materia de derechos humanos. En la comisión de juventud aprovechamos la discusión de un proyecto irrelevante que planteaba cambios de forma a dicha ley, para presentar una moción que fue aprobada por unanimidad. La nueva norma establece que las personas jóvenes tienen derecho al reconocimiento de los efectos legales, sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan sin discriminación contraria a la dignidad humana. Esta reforma permitiría el reconocimiento jurídico de las uniones de hecho que conformen parejas del mismo sexo y beneficiaría a todas las parejas que conviven en unión de hecho, al hacer posible que estas uniones sean reconocidas después de tres años y no únicamente cuando terminen, como ha ocurrido hasta el momento.

Cuando la ley se aprobó en el Plenario (Ley 9155), la caverna homofóbica se dio cuenta de lo que había votado. Pegaron el grito al cielo, y trataron de frenar la ley, pero no han podido. Varias parejas acudieron a los tribunales a solicitar protección a sus derechos. Hay varias peticiones en trámite y recursos presentados contra la ley. La Sala IV ya rechazó el primero. Empezó una nueva batalla judicial por la forma en que la ley debe interpretarse. No será fácil, pues

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también hay fuerzas conservadoras a lo interno de la Corte que se opondrán a reconocer derechos. Per, logramos abrir una puerta para avanzar en una lucha por derechos humanos que estaba frenada en la Asamblea (Julio 2013).

C) LUCHA POR UN ESTADO LAICO

Reforma constitucional para la creación de un Estado Laico en Costa Rica. Junto a más de 12 diputados y diputadas nuestra fracción respaldó y firmó el proyecto de reforma constitucional para establecer que el Estado costarricense será neutral en materia religiosa y deberá respetar la libertad de conciencia, de religión y de culto de todas las personas, sin que exista discriminación ni privilegios a favor de una religión en detrimento de los derechos y las creencias de los demás (18.496) (Junio 2012).

D) LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

Ley para sancionar insultos racistas y otras manifestaciones discriminatorias en espectáculos deportivos. Dentro del proyecto de ley para prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos (17.870) logramos incluir nuestra iniciativa de prohibir y sancionar los insultos racistas o que promuevan violencia contra las mujeres, homofobia, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación, así como toda aquella manifestación que incite al odio contra minorías y otros grupos humanos. A quienes cometan estos actos se les sancionará con expulsión y prohibición de volver a ingresar al evento deportivo hasta por cuatro años, sin excluir otras sanciones civiles o penales (Abril 2013).

Reformas a Ley de Migración para proteger derechos humanos de las y los trabajadores migrantes. Despúes de varios meses de trabajo con la sociedad civil, presentamos junto a diputadas del PAC, PUSC y PLN este proyecto de ley para eliminar multas excesivas y requisitos injustificados que impiden la normalización de la situación en el país de personas migrantes (18.922). También buscamos cambiar normas injustas que favorecen la explotación laboral de las y los trabajadores migrantes, al impedirles denunciar abusos y fomentar su sometimiento al patrono que viola sus derechos (Setiembre 2013).

Ley para sancionar la incitación al odio y la apología de la discriminación. Presentamos un proyecto de ley para reformar el Código Penal, a fin de castigar con rigurosidad las acciones o manifestaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, homofobia y cualquier otra forma de discriminación contra la dignidad humana, así como aquellos actos dirigidos a incitar la violencia contra minorías o grupos de personas que sufren discriminación (19.062). Esta iniciativa busca cumplir con los tratados de derechos humanos que nuestro país ha firmado y parte de una revisión de la doctrina y la legislación comparada más avanzada a nivel mundial, para que nunca vuelan a quedar impunes las vergozosas acciones de Justo Orozco (Marzo 2014).

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Denuncia por graves violaciones a los derechos humanos de trabajadores indígenas migrantes en EBAIS de Sixaola. Exigimos a la CCSS investigar graves denuncias por el maltrato que sufren trabajadores indígenas migrantes en el EBAIS de Daytonia (Sixaola). Funcionarios que se niegan a incapacitarlos a pesar de estar enfermos, que se niegan a dar atención a las mujeres embarazadas aún cuando estén aseguradas, y en una muestra extrema de racismo, xenofobia e inhumanidad han llegado a trasladarlas a la frontera para evitar que sus hijos nazcan en Costa Rica. Incluso hubo denuncias de mujeres que han sufrido pérdidas porque no recibieron atención prenatal. La CCSS abrió una investigación. Esperamos que nuestra nueva fracción le dé seguimiento con prioridad a este caso (Julio 2013).

Oposición a charla de genetista racista que usó su investidura para promover el odio y la discriminación. Manifestamos a las autoridades de la Universidad de Costa Rica nuestro desacuerdo con que se le diera espacio en dicha institución a James Watson, científico que utilizó su autoridad y reconocimiento internacional (Premio Nobel) para difundir ideas fascistas como la modificación genética humana para el “mejoramiento de la raza” y otras atrocidades similares. Aunque mantenemos el fondo de nuestro reclamo, también reconocemos que el medio empleado para realizar la protesta fue incorrecto por el riesgo que implica sobre la autonomía universitaria. Así se lo hicimos saber a las autoridades universitarias (Febrero 2011). E) FERTILIZACIÓN IN VITRO Apoyo a una ley moderna sobre FIV que garantice la protección de la dignidad humana. Integramos la comisión especial que tramitó el proyecto presentado por el Gobierno para legalizar la FIV (17.900), a raíz de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos que condenó al país por lesionar el derecho a la familia de parejas que no pueden procrear por medios naturales, cuando la Sala IV prohibió esta técnica hace diez años (Noviembre 2010). Impulsamos una amplia consulta a sectores de la población excluidos del debate como el movimiento feminista (Febrero 2011). Presentamos junto a otras fracciones un nuevo texto para corregir graves errores del proyecto original que hacían imposible la aplicación de la FIV y ponían en peligro la vida y la salud de las mujeres (Marzo 2011). Sin embargo ese nuevo texto no fue acogido y la comisión llegó a su fin, lo que nos obligó a votar en contra el dictamen del proyecto, a pesar de que apoyamos la regulación de esta técnica en beneficio de las parejas que no pueden tener hijos. A su vez, presentamos nuestra propuesta alternativa como un proyecto nuevo (18.057) (Abril 2011). En el Plenario se archivó en definitiva el proyecto del Gobierno en una votación dividida, marcada por presiones del fundamentalismo religioso y el doble discurso del PLN. Votamos a favor de mantenerlo vivo para cumplir con lo dispuesto por la Comisión de Derechos Humanos, pero reiteramos que deben arreglarse las serias deficiencias que contenía (Junio 2011). Después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos seguido insistiendo sobre la necesidad de regular por ley este tema,

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adoptando los parámetros científicos más avanzados para garantizar los derechos de las parejas beneficiarias y la más estricta protección de la dignidad humana. Incluso presentamos al Gobierno y al Presidente de la Asamblea una propuesta para fijar plazo de votación al proyecto por existir una setencia vinculante de la Corte, pero fue ignorada (Diciembre 2013). F) INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Aprobación de varios tratados para fortalecer la protección de los derechos humanos. En el Plenario defendimos y apoyamos hasta su aprobación final varios convenios internacionales como el convenio de privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional (que persigue delitos contra los derechos humanos, genocidio, tortura, etc.), un convenio con la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas para fortalecer los controles contra armas nucleares, un tratado para prohibir las bombas de racimo y la convención de la UNESCO para el fomento y la protección de la diversidad cultural (Octubre 2010). Lucha por la aprobación del tratado para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Durante los 4 años luchamos para que avanzara y no quedara en el olvido el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacionales Unidas, el cual establece por primera vez un mecanismo para denunciar e investigar violaciones a estos derechos humanos. En el ámbito internacional (al igual que ocurre con los Convenios de la OIT) estos acuerdos sólo existen en el papel, porque no cuentan con mecanismos para exigir su cumplimiento, a diferencia de lo que ocurre con los TLCs. En la comisión de derechos humanos logramos aprobar una propuesta para solicitarle al Gobierno que enviara el Protocolo a la Asamblea (Junio 2011). El Gobierno envió el Tratado (18.404) y se dictaminó en la comisión de internacionales. En el Plenario, logramos ubicarlo en un lugar de prioridad y que se votara en primer debate, quedando listo para su aprobación final (Noviembre 2013). G) DERECHO A LA INTIMIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA Aprobación de la ley para la protección de datos personales. En la comisión de jurídicos y en el Plenario apoyamos este proyecto para frenar los abusos que cometen empresas comercializadoras de bases de datos en perjuicio del derecho a la privacidad y la intimidad de las y los ciudadanos. Se le reconocieron a la gente importantes derechos: protección a los datos sensibles sobre la vida íntima, acceso a los datos personales que están siendo manejados por terceros, derecho a decidir si entrega sus datos y cuál información se divulga y cuál no, derecho a exigir la rectificación, la corrección o la eliminación de los datos personales de las bases de datos (Ley 8968) (Marzo 2011). Posición en contra del entierro del proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa. En el Plenario fuimos una de las únicas dos fracciones que nos opusimos al archivo de este proyecto de ley que buscaba reformar las normas sobre “delitos contra el honor” para evitar que sean utilizadas para

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perseguir y callar a luchadores sociales y periodistas, especialmente a los medios alternativos (pues los grandes cuentan con los mejores abogados y los recursos para ir a la Corte de Derechos Humanos). Eso sí, dejamos claro que el proyecto era insuficiente para garantizar verdadera libertad de prensa y derecho a la información en Costa Rica. Para ello hace falta fortalecer la cláusula de conciencia y los derechos laborales de los periodistas, para que no se les persiga por pensar con cabeza propia; fortalecer las garantías de rectificación y respuesta; revisar la concentración de capital en los medios de comunicación para frenar la proliferación de monopolios, modificando el régimen legal de las frecuencias de radio y televisión, entre otras acciones (Junio 2011). Pleno respaldo al proyecto para eliminar la “Ley Mordaza”. Firmamos el proyecto de ley impulsado por varios medios de comunicación y el Colegio de Periodistas para corregir algunos artículos del Código Penal que podrían lesionar el derecho a la información y la libertad de prensa y ser usados para perseguir no solo a periodistas, sino a todas las personas que denuncian actos de corrupción del Gobierno o daños al ambiente (18.546) (Agosto 2012). La ley se aprobó definitivamente con nuestro voto favorable (Ley 9135). Quedó claro que nadie puede ser perseguido por divulgar informaciones de interés público (por ejemplo el Memorando del Miedo) y se eliminó la protección especial a las “informaciones secretas políticas”, aclarando que solo se puede castigar la divulgación de “secretos de Estado” (limitados a asuntos de seguridad nacional y relaciones diplomáticas) (Abril 2013). XVIII. SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL, POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA A) SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Freno a excesos represivos en la Ley de delitos informáticos. En el Plenario respaldamos la propuesta para regular de mejor forma los delitos que se cometen utilizando medios informáticos e Internet, como las estafas electrónicas o los delitos contra menores por medio de redes sociales (17.613). Pero advertimos que el proyecto también contenía errores como penas cárcel excesivas y desproporcionadas (9 años por hurtar gallinas) y el uso abusivo de las intervenciones de las comunicaciones hasta para investigar delitos insignificantes (Octubre 2010). Por eso, cuando se aprobó en primer debate lo enviamos en consulta a la Sala IV (Diciembre 2010). La Sala nos dio la razón, obligando a la Asamblea a eliminar excesos que cuestionamos (Febrero 2011). Propuestas para mejorar el proyecto de impuestos a los casinos y financiar prevención. En el debate de la iniciativa para aumentar los impuestos que deben pagar los casinos que operan en el país (17.551), logramos la aprobación de varias propuestas para fortalecer los requisitos de operación de casinos (solo en hoteles 4 estrellas o más), ampliar las potestades de fiscalización del Estado y mejorar las sanciones para los casinos ilegales. Pero el cambio más importante fue la garantía de que los recursos recaudados podrán destinarse también a financiar programas preventivos

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dirigidos, entre otros, a la juventud en riesgo social, ya que la versión original solo financiaba programas represivos (Marzo 2012). Lucha contra las reformas represivas y politiqueras del “populismo penal”. Durante los 4 años combatimos y en varios casos logramos frenar proyectos de ley impulsados principalmente por los libertarios con el discurso falaz de subir penas de cárcel por delitos de poca gravedad (cometidos sin violencia contra las personas) como supuesta solución al problema de la inseguridad ciudadana. Denunciamos los efectos desastrosos sobre los derechos humanos de reformas realizadas en el periodo 2006-2010 como la pena de cárcel por hurtos menores. Rechazamos intentos de eliminar criterios de oportunidad y penas alternativas o la ejecución condicional de la pena. En la comisión de jurídicos logramos corregir un intento de aumentar excesivamente la prisión preventiva para menores de edad (18.024) (Diciembre 2011). Inhabilitación para el uso de armas a quienes han cometido delitos usando armas. Presentamos un proyecto de ley para garantizar que quienes hayan usado armas para cometer cualquier tipo de acto delictivo queden automáticamente inhabilitados para obtener permisos de portación de armas por un plazo de entre 10 y 50 años (pena máxima permitida) (18.779). Partimos de que existe una relación directa entre la libre tenencia de armas de fuego y el incremento de hechos violentos cometidos mediante su utilización, por lo que es urgente fortalecer los controles y restricciones sobre el uso y tenencia legal e ilegal de armas (Mayo 2013). Ley para reducir penas de cárcel a mujeres en pobreza y vulnerabilidad. En el Plenario defendimos hasta su aprobación un proyecto de ley para reducir las penas por delitos menores relacionados con drogas (como introducir pequeñas cantidades a centros penales) a mujeres jefas de hogar con hijos menores bajo su cargo, que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerablidad (Ley 9161). Es la primera vez en muchos años que una ley penal contempla estas variables. La nueva ley ha beneficiado a más de 200 mujeres pobres en sus primeros meses de vigencia (Julio 2013). Hacia una política de seguridad ciudadana progresista y de respeto a los derechos humanos. En el Plenario realizamos un análisis crítico de la nueva política pública elaborada por el Gobierno sobre este tema (POLSEPAZ). Señalamos sus deficiencias y también reconocimos los puntos de coincidencia con las propuestas del FA: esfuerzo por un abordaje integral del problema desde sus causas estructurales (pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para la juventud, etc.), una marcada tendencia a alejarse de la política de la “mano dura” (reconociendo que el problema no se resuelve subiendo las penas de cárce), el reconocimiento de la urgente necesidad de prestar atención a la falta de espacios públicos para la población, entre otros (Febrero 2011). B) ACCESO A LA JUSTICIA Nuevo Código Procesal Civil. Avances para garantizar justicia pronta y cumplida. En la comisión de jurídicos apoyamos y dictaminamos este proyecto para agilizar y simplificar los juicios civiles e introducir la oralidad en

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todas sus etapas (15.979). Se trata de una reforma que devolvería a la población el acceso a la justicia civil (entre particulares), acceso que actualmente está negado porque se trata de los procesos más largos, lentos, formalistas y engorrosos del país (los juicios pueden durar hasta 10 años o más). Esto le permitiría a la gente demandar de forma directa la reparación de daños causados por otros sujetos privados, descongestionando otras jurisdicciones como la penal y la contenciosa (Marzo 2013). El proyecto estaba listo para votarse, pero fue frenado por el Gobierno, que atendió reclamos absurdos de grandes empresarios opuestos a que se presenten demandas por intereses difusos o colectivos contra quienes dañan la salud, el ambiente, el patrimonio nacional, los fondos públicos o la seguridad social. Este freno obligó a devolver el Código a la comisión, donde nos opusimos rotundamente a que se recorten derechos de la población (Noviembre 2013). La comisión de jurídicos volvió a dictaminar el proyecto con pequeños cambios, pero rechazando los intentos del Gobierno por recortar el derecho a defender intereses de la colectividad y reclamar el pago de daños al ambiente (Abril 2014). Oposición a reformas a la Ley de la Sala IV que pretenden recortar derechos de la población. En la comisión de jurídicos votamos en contra este proyecto impulsado por el PLN y el PUSC (17.743) y presentamos un dictamen afirmativo de minoría junto a Carmen Muñoz (PAC) con varios cambios. Nos opusimos porque, como una “sacada de clavo” del rancio bipartidismo, pretende reducir las armas que tiene la población más vulnerable para defender sus derechos ante la justicia constitucional y quitarle potestades de control al Poder Judicial frente a los abusos de poder del Gobierno. Aunque la Sala IV se ha plegado a los poderosos en casos como la reelección presidencial y el TLC con Estados Unidos, también en muchos casos ha sido la única justicia accesible para los más pobres. Por eso, nos oponemos a eliminar la suspensión automática de los actos impugnados cuando se presenta un recurso de amparo (única forma de frenar daños irreparables a los derechos humanos) o a impedir que la gente presente amparos para que la operen en la CCSS o para que le arreglen un camino. Tampoco aceptamos eliminar las consultas de constitucionalidad, instrumento indispensable para frenar leyes injustas y violatorias de derechos, entre otras reformas regresivas que combatiremos en el Plenario (Mayo 2013). Lucha contra la arbitraria destitución del magistrado Fernando Cruz y defensa de la independecia de los jueces. Fuimos la primera fracción en alzar la voz contra la espuria maniobra del PLN y sus aliados para destituir al magistrado Fernando Cruz de la Sala IV. Denunciamos esta nueva alianza de la derecha neoliberal para sacar a un magistrado probo, recto e independiente por el solo hecho de no doblar la rodilla ante los hermanos Arias y sus negocios. Presentamos un recurso de nulidad ya que la votación estuvo fuera del plazo constitucional. Aunque el recurso fue rechazado por los mismos diputados, sus argumentos fueron reiterados en varios amparos ante la Sala IV, que finalmente anuló este atropello y restituyó en su cargo al magistrado (Noviembre 2012).

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XIX. SOBERANÍA NACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES A) DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Reforma constitucional para que el rango de tratados internacionales sea recíproco entre países. Presentamos un proyecto de reforma al artículo 7 de la Constitución para establecer que los tratados solo estarán por encima de las leyes costarricenses cuando tengan ese mismo rango para los otros países firmantes. Salvo el caso de los tratados de derechos humanos que siempre prevalecerán sobre las leyes nacionales (18.133). Hoy todos los tratados están por encima de nuestras leyes, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde los tratados comerciales no obligan a reformar ninguna ley nacional (Junio 2011). Firme oposición a los permisos para el ingreso de barcos militares. Fuimos la primera fracción que denunció el atropello de los permisos para el ingreso al territorio nacional de 46 buques de guerra del ejército estadounidense, armados hasta los dientes, portando más de 7 mil soldados (marines) y 200 aeronaves militares. Además de la violación a nuestra soberanía y al derecho a la paz, denunciamos que se les otorgaba a los marines “el derecho a realizar cualquier actividad que consideraran necesaria para cumplir su misión”, la renuncia de Costa Rica a presentar reclamos por cualquier daño que ocasionen y la violación a los derechos humanos al obligar a los costarricenses a ir a EEUU para reclamar los daños que sufren. Denunciamos que este permiso es parte la estrategia geopolítica de dominación de América Latina del gobierno estadounidense, que busca utilizar el territorio de Costa Rica como una base militar más. El Plenario aprobó el permiso con nuestro voto negativo (Julio 2010). Acción de inconstitucionalidad contra los permisos para el ingreso de barcos militares. En el recurso explicamos que estos permisos violentan la prohibición del ejército y la garantía de que el mantenimiento del orden es una función de la policía civil, violentan el derecho a la paz y a los principios de no militarización y neutralidad perpetua, violentan el propio Convenio de Patrullaje que solo se refiere a autoridades policiales y no militares, así como el derecho de acceso a la justicia de nuestro pueblo y la obligación del Estado de proteger el ambiente y los bienes públicos (Julio 2010). La Sala IV rechazó la acción en una votación dividida. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Freno al ingreso de barcos militares de la Marina de Guerra. El Gobierno solicitó prorrogar por 6 meses más el permiso para el ingreso de barcos militares estadounidenses. Denunciamos que, según el propio Gobierno, el patrullaje en nuestros mares no solo no ha ayudado a frenar el narcotráfico, sino que tendría el efecto perverso de estar agravando la presencia de bandas de narcotraficantes en territorio costarricense, al provocar que desvíen sus rutas desde mar abierto hacia nuestras costas y por tierra. Después de frenar varios intentos de votación, logramos que el Gobierno retirara el permiso de barcos militares, aprobándose únicamente el de “guardacostas” con nuestro voto en contra.

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A pesar de que estamos conscientes de que el Servicio de Guardacostas de EEUU es un cuerpo totalmente militarizado, el freno al permiso de barcos militares fue un logro gigantesco, pues desde que existe el Convenio de Patrullaje Conjunto (1999), fue la primera vez que no se aprueba un permiso para barcos militares antes del vencimiento del permiso anterior (Diciembre 2010). Bajo fuertes presiones de la embajada norteamericana, el Gobierno volvió a presentar la misma solicitud de permiso para el ingreso a territorio de barcos militares (Febrero 2011). Pero logramos frenar su aprobación. Denunciamos que antes de aprobar nuevos permisos, debe hacerse un estudio serio sobre su impacto 10 años después, ya que la presencia del narcotráfico en el país se ha multiplicado. También recordamos que, según los cables de Wikileaks, durante 3 años el gobierno de EEUU recortó a Costa Rica toda la cooperación contra el narcotráfico, como medida de chantaje para que el país acepte dar inmunidad a los militares de ese país que cometan delitos contra los derechos humanos (Abril 2011).

Lucha frontal contra otorgamiento de inmunidad diplomática a los militares estadounidenses que actúan en el país. Denunciamos en el Plenario nuevas solicitudes de ingresos de barcos militares a las que se les agregó el pedido de inmunidad diplomática a las fuerzas militares que operen en el país, tratando de “estirar” indebidamente la Convención de Viena. Este pedido se incluyó en el permiso para el ingreso de un barco militar que daría “ayuda médica” en Puntarenas, bajo el chantaje de que si no se otorgaba la inmunidad, se cancelaría dicha ayuda. Fuimos la única fracción que votó en contra.

Explicamos que la inmunidad a militares es vergonzosa violación a los principios de protección universal a los derechos humanos. Los uniformados, quienes ejercen el poder de la fuerza bruta nunca pueden gozar de inmunidad. Deben estar sometidos a los tribunales de justicia ordinarios, por cualquier exceso que cometan contra el pueblo. Basta con ver la historia de América Latina: en todas las dictaduras de Seguridad Nacional existieron privilegios para los violadores: inmunidades, amnistías, fueros y tribunales especiales (Julio 2011). Triunfo democrático. Rechazo a pedido de inmunidad para militares que ingresen al país. En las nuevas solicitudes de permisos para el ingreso barcos artillados del Servicio de Guardacostas de ese país (cuerpo militarizado), la embajada estadounidense volvió a incluir el pedido de inmunidad diplomática para el personal de esas embarcaciones que operaría en Costa Rica. Esta petición venía “camuflada” en una nota de la embajada que se adjuntaba a la solicitud, pero que no fue mencionada por el Gobierno de Costa Rica. Pretendían meternos “gato por liebre”. La maniobra no prosperó porque exigimos que se leyera el texto completo de la solicitud. En respuesta a nuestro reclamo, el presidente de la Asamblea emitió una resolución donde concluyó que la solicitud de permiso no incluía la pretensión de inmunidad. Esta resolución no fue apelada. Así, aunque el permiso se aprobó, con nuestro voto negativo, se excluyó la inmunidad a militares. A los dos días, el Ministerio de Seguridad pidió que se revisara esa

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decisión. Pero su gestión finalmente fue rechazada por todos los jefes de fracción, quienes coincidieron con el FA en que se trataba de una afrenta a la soberanía costarricense (Diciembre 2011). Declaratoria de Juanito Mora como héroe nacional. En conjunto con las demás fracciones legislativas presentamos un proyecto de acuerdo legislativo para declarar a Juan Rafael Mora Porras como héroe nacional (17.815), que fue finalmente aprobado por el Plenario en reconocimiento a esta figura emblemática de la lucha antiimperialista del pueblo costarricense, centroamericano y latinoamericano (Setiembre 2010). También presentamos y aprobamos otra iniciativa para declarar el año 2014 como el año del Bicentenario de Juanito Mora y rebautizar con su nombre la Avenida Segunda de San José (18.829) (Agosto 2013). Posición sobre el conflicto con Nicaragua. Destacamos, en todos los medios, nuestro rotundo rechazo a las voces que pretenden atizar el odio, la violencia y la xenofobia entre pueblos hermanos. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo a las gestiones que realiza el Gobierno mientras se mantengan en la línea de buscar una salida pacífica y negociada al conflicto, sin fomentar la escalada militar y acudiendo a los mecanismos del derecho internacional. Censuramos al Gobierno de Nicaragua por dos hechos que son irrefutables: 1) Fuerzas bajo su dirección ocuparon sin permiso territorio que sin duda alguna es costarricense, lesionando nuestra soberanía. 2) Esas fuerzas han causado graves daños ambientales (destrucción de bosque primario y relleno de humedales protegidos internacionalmente) (Noviembre 2010).

B) LUCHA POR UN COMERCIO JUSTO

Oposición razonada al TLC con China. Votamos en contra porque concluimos que es otro tratado injusto y desigual, de “tigre suelto contra burro amarrado”. Nuevamente hay sectores productivos que engrosarán las listas de los “perdedores”, mientras los ganadores serán los mismos tagarotes de siempre. Denunciamos que aquí también metieron “por la cocina” temas sensibles como los servicios públicos (incluyendo una reiteración de la apertura de las telecomunicaciones), los recursos naturales y la propiedad intelectual. El TLC se aprobó con argumentos como el expuesto por una diputada del PAC: “ya le entregamos el país a los gringos, mejor que vengan los chinos a competir por nuestros pedazos” (Febrero 2011).

Denuncia por nuevo golpe a los frijoleros nacionales en el TLC con China. Denunciamos que en el TLC con China el gobierno metió a escondidas una cuota de 10 mil toneladas de frijol negro (100% de la producción nacional) que podrán importarse sin impuestos, además de la importación ilimitada de frijol blanco y rojo. Pero en la Asamblea ni siquiera le consultaron este tratado a los pequeños agricultores de granos básicos. Censuramos esta nueva traición contra los frijoleros (que ya estaban en la ruina sin TLC porque el monopolio de comercializadores no les compra su producción) (Mayo 2011).

Intenso y largo debate del TLC con Unión Europea. Razones de nuestro voto negativo. El Plenario aprobó este nuevo TLC (eufemísticamente llamado

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“Acuerdo de Asociación”), después de un debate de casi tres meses en los que dimos la pelea prácticamente en solitario, defendiendo hasta altas horas de la noche nuestros argumentos sobre su inconveniencia para el país. Mantuvimos nuestras mociones hasta que todas fueron rechazadas por una mayoría mecánica que no escuchaba razones.

Sobre este nuevo “mamotreto” de más de mil páginas, advertimos que, aunque beneficiaba a algunos sectores productivos exportadores, reproducía los mismos errores del TLC con Estados Unidos: privilegios a extranjeros para que demanden al país en tribunales parcializados si no se somete a sus caprichos, obligación de privatizar servicios públicos esenciales como las telecomunicaciones, pérdida de soberanía para regular la explotación de recursos naturales, normas de propiedad intelectual que limitan el acceso libre al conocimiento y ponen en peligro la salud, normas ambientales y laborales bien redactadas pero que carecen de mecanismos vinculantes para exigir su cumplimiento, entre otros.

Además denunciamos que en algunos casos más bien agravaba los problemas, como la imposición de obligaciones adicionales en perjuicio del ICE o la ausencia de reservas a favor de sectores vulnerables como los servicios culturales. A su vez, el Tratado fue usado para crear sin transparencia nuevos impuestos por el uso de los puestos fronterizos terrestres y peligrosos portillos para su privatización. Todo esto intentaron maquillarlo con dos capítulos sobre “cooperación” y “diálogo político” plagados de frases bonitas y buenas intenciones, pero con nulo efecto vinculante. Por eso fuimos la única fracción que votó en contra.

Aprovechamos el debate para recordar que el Gobierno tampoco saldó la deuda pendiente y creciente de legislación para proteger los derechos de las y los trabajadores que día a día sufren explotación brutal y violación a su libertad sindical en muchas fincas que exportan a Europa. Además, reiteramos nuestra exigencia de retiro del veto a la Reforma Procesal Laboral (Febrero-Mayo 2013).

Freno a tratados que lesionan nuestra soberanía y agravan las injusticias de los TLCs. A pesar de que durante este cuatrienio la agenda del Gobierno estuvo plagada de nuevos TLCs sin ninguna evaluación crítica de sus impactos (además de los mencionados arriba, se aprobaron tratados con Singapur, Perú, México y Colombia, que votamos en contra por razones similares) también logramos frenar tratados que agravarían severamente sus daños. No pudieron aprobar el Tratado Bilateral de Inversiones con China (17.246, hermano del TLC), que incluye nuestros recursos naturales y busca otorgar a los inversionistas chinos el privilegio de demandar a Costa Rica ante tribunales privatizados del Banco Mundial en casos como el de la refinería o la carretera a Limón. Tampoco pasó el Tratados de Inversión y Comercio de Servicios de Centroamérica (17.247), que es un intento descarado por ampliar los peores capítulos del TLC con Estados Unidos, llevándolos a niveles que hacen palidecer al ALCA.

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Denuncia por arbitraje internacional de tranasnacional del gas para chantajear a Costa Rica. Sacamos a la luz la millonaria demanda presentada por los dueños de Gas Z, usando un tratado de inversiones con Suiza, para obligar a la ARESEP a otorgarles aumentos tarifarios que ya habían sido rechazados y presionar al Estado para que desista de mejorar las normas se seguridad con el manejo de cilindros de gas. Denunciamos que el primer efecto de este nuevo chantaje fue que el Gobierno congeló un proyecto de ley que buscaba regular el mercado del gas licuado en nuestro país (Abril 2013).

C) SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Denuncia y condena de graves violaciones a los derechos humanos en Honduras. Fuimos la única fracción que, a un año del golpe de estado en Honduras, denunció que continuaban impunes las torturas, los asesinatos, los escuadrones de la muerte, las desapariciones, los exilios, la represión, la persecución contra la resistencia, la militarización y todas las demás violaciones a los derechos humanos. Le exigimos al Gobierno de Costa Rica manifestarse sobre estas violaciones y condenamos su complicidad (Julio 2010).

En el Plenario logramos la aprobación por mayoría calificada de una resolución que condenó los crímenes contra los derechos humanos cometidos en Honduras. Denunciamos las atrocidades cometidas por los escuadrones de la muerte de la oligarquía y el ejército. Estos crímenes que incluyen el asesinato de 61 campesinos (Bajo Aguán), 24 periodistas, 80 activistas de la diversidad sexual, 8 candidatos de partidos de oposición, incontables abusos y violaciones contra mujeres, más de 15 personas desaparecidas (activistas y opositores), etc. En especial destacamos los casos de Dina Meza y Noemi Pérez, dirigentes del Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADE) quienes visitaron Costa Rica denunciando la persecución y la amenaza directa contra sus vidas (Junio 2012). Respaldo de la lucha del pueblo guatemalteco en la lucha contra la minería. En respuesta a una invitación del colectivo ecologista Ceiba, visitamos Guatemala para compartir nuestra experiencia en la lucha contra la minería a cielo abierto y el proceso de aprobación de la ley que prohibió definitivamente esta actividad tan destructiva en el territorio nacional y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. Participamos en varios encuentros con líderes comunales de los territorios afectados por la minería, jóvenes, dirigentes indígenas, grupos ecologistas, académicos y políticos progresistas (Junio 2011). Abierto respaldo a la creación del Estado Palestino. Fuimos la única fracción que se manifestó públicamente en el Plenario a favor de la creación del Estado Palestino, reconociendo el derecho a la autodeterminación de ese pueblo y su plena soberanía sobre su territorio y recursos naturales. Instamos al Gobierno a no cometer el error de abstenerse y votar favorablemente la resolución de Naciones Unidas para hacer justicia a este mancillado pueblo que sufre el exterminio sistemático a vista y paciencia de la comunidad internacional (Setiembre 2011).

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Solidaridad con el proceso de cambio democrático emprendido por el pueblo salvadoreño. Integramos la delegación del Frente Amplio que participó en El Salvador como observadora internacional en el proceso de elecciones legislativas y municipales, en respuesta a la invitación cursada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Rendimos un extenso informe sobre nuestras valoraciones de esta experiencia y sus enseñanzas (Marzo 2012). Apoyo a la consolidación de la democracia en Venezuela. Participé como observador internacional en las elecciones presidenciales del hermano país, atendiendo la invitación del Consejo Nacional Electoral. Junto a observadores de más de 50 países visitamos varios centros de votación en el Estado de Carbabo y en Caracas. Pudimos constatar el abismo que existe entre la realidad y la campaña de desprestigio montada por un sector de la prensa. El proceso de votación totalmente informatizado fue transparente, con garantías para evitar el fraude. La participación de la población fue masiva, superando la de las últimas elecciones de Costa Rica. La victoria del presidente Chávez fue legítima, consecuencia de políticas económicas y sociales que distribuyen la riqueza y benefician a las grandes mayorías, aunque sin duda hay muchas cosas que corregir y mejorar (Octubre 2012). Constitución del grupo parlamentario de amistad con Cuba. Por iniciativa del Frente Amplio se conformó oficialmente el grupo de amistad con Cuba de la Asamblea Legislativa. El nuevo grupo contó con un amplio respaldo multipartidista. Estuvo integrado inicialmente por 9 diputados y diputadas de 6 de las 8 fracciones legislativas representadas en el Parlamento (FA, PAC, PUSC, PASE, PLN y PRC). Esperamos que esta iniciativa se consolide en el futuro y sirva para estrechar los lazos con el pueblo cubano y su revolución, así como la solidaridad entre naciones hermanas (Diciembre 2012). Participación en Cumbre Mundial de Legisladores, Rio de Janeiro, Brasil. Participé en encuentro con diputadas y diputados de más de 80 países de todo el mundo para discutir sobre propuestas legislativas y de control político dirigidas a fortalecer la protección del ambiente, como el foro paralelo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible (Río + 20). Presenté una ponencia sobre la Ley de Biodiversidad de Costa Rica como norma modelo para garantizar la protección de la biodiversidad y la distribución equitativa de beneficios por su utilización, así como las amenazas que enfrenta esta ley tras la aprobación del TLC (Junio 2012). Encuentro internacional en San Francisco,California sobre programa “Basura Cero” y la amenaza de los incineradores. Conocimos de cerca este programa que ha permitido que solo el 20% de los residuos que se producen en San Francisco vaya a parar al relleno sanitario. Estudiamos los proyectos que aplican para promover la separación de la basura en los hogares y negocios, el reciclaje y reutilización de residuos y la utilización de los residuos orgánicos para fabricar abono orgánico, que se vende a agricultores de la región. Además, vimos la experiencia nefasta de otras ciudades estadounidenses con la incineración de residuos (Febrero 2013).

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En ninguno de los viajes que realicé hice uso de recursos públicos para costear tiquetes aéreos, viáticos u otros gastos. XX. EN LAS CALLES Y EN LAS COMUNIDADES, JUNTO A LA GENTE QUE LUCHA La fracción legislativa del Frente Amplio fue la única que siempre estuvo a la par de nuestro pueblo cada vez que salió a las calles a defender sus derechos. Las puertas de nuestro despacho estuvieron siempre abiertas para todas las organizaciones sociales y a pesar de las limitaciones de recursos, tratamos de mantener un contacto permanente con las comunidades de todo el país. Dimos siempre prioridad al pueblo organizado que lucha por romper las cadenas de la política clientelista y promovimos su articulación y movilización, desde un marco de respeto a su autonomía. A continuación un breve resumen de las principales acciones en que participamos. A) ACOMPAÑAMIENTO DE LAS LUCHAS POPULARES. ENCUENTROS CON ORGANIZACIONES SOCIALES.

Ø Encuentro y marcha con trabajadores municipales de todo el país contra la privatización de servicios municipales (Mayo 2010).

Ø Conferencia de prensa de apoyo a lucha de Crucitas, divulgando la decisión de la Unión Europea de prohibir el uso del cianuro en minería (Junio 2010).

Ø Marcha de trabajadores municipales contra ley privatizadora. Acciones

de apoyo efectivo a la lucha (Junio 2010).

Ø Encuentro de denuncia contra criminalización de la protesta social y solidaridad con luchadoras y luchadores perseguidos de todo el país (Junio 2010).

Ø Encuentro con el escritor hondureño Jorge Miralda, integrante de la

resistencia hondureña (Junio 2010).

Ø Conferencia de prensa junto a trabajadores y comunidades sobre acciones para defender JAPDEVA (Junio 2010).

Ø Marcha en defensa del presupuesto universitario, por negociación del FEES (Junio 2010).

Ø Encuentro de trabajo conjunto con la Coordinadora de Sindicatos

Bananeros (COSIBA) (Julio 2010) .

Ø Encuentro con el Movimiento Sindical para presentar Ley de Salario Mínimo Vital (Julio 2010).

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Ø Foro en la UNED sobre la privatización de servicios municipales (Julio 2010).

Ø Foro sobre ingreso de tropas militares estadounidenses, Alajuela (Julio

2010).

Ø Encuentro con grupos organizados de San José y Cartago que luchan por su derecho a la vivienda digna (Agosto 2010).

Ø Marcha por la defensa del presupuesto de las universidades públicas

ante negociación del FEES (Agosto 2010).

Ø Foro en la Universidad Nacional sobre la declaratoria del agua como derecho humano (Setiembre 2010).

Ø Acompañamiento permanente a la toma del salón de Beneméritos de la

Asamblea por representantes de comunidades indígenas en lucha por aprobación de la Ley de Autonomía Indígena (Agosto 2010).

Ø Manifestación contra la destrucción en Crucitas. Vigilia frente a Casa

Presidencial (Agosto 2010).

Ø Mesa redonda “Costa Rica sin militares”, UCR (Agosto 2010).

Ø Caminata contra la minería en Crucitas. Desde el parque de Heredia hasta la Plaza de las Garantías Sociales en San José. Acompañamiento a ayunantes (Agosto 2010).

Ø Foro de estudiantes de salud pública de la UCR sobre “Equidad y Agua

Potable” (Setiembre 2010).

Ø Encuentro de solidaridad y acciones conjuntas de lucha con la Asociación deTrabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) (Setiembre 2010).

Ø Encuentro con organizaciones y personas del movimiento de diversidad

sexual (Setiembre 2010).

Ø Foro sobre proyecto para prohibir minería metálica (Octubre 2010).

Ø Foro de apoyo a la lucha por la autonomía indígena (Octubre 2010).

Ø Apoyo a luchas ambientales en comunidad de Hatillo (Octubre 2010).

Ø Foro en el TEC sobre el derecho humano al agua (Octubre 2010).

Ø Encuentro con jóvenes en Plaza de la Democracia, convocado por la organización “Un techo para mi país” (Octubre 2010).

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Ø Encuentro con el Frente de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción (Noviembre 2010).

Ø Marcha organizada por organizaciones feministas y de mujeres en

conmemoración del día de la no violencia contra las mujeres (Noviembre 2010).

Ø Reunión con organizaciones de mujeres sobre proyecto de ley de

fertilización in vitro (Noviembre 2010).

Ø Participación activa en Jornada Nacional de Lucha. Marcha de trabajadores y trabajadoras contra el paquete fiscal (Marzo 2011).

Ø Apoyo al movimiento de protesta de las y los trabajadores del Hospital

San Juan de Dios ante las pésimas condiciones de trabajo (Marzo 2011).

Ø Apoyo a la lucha de la comunidad de San Martín de Nicoya por su

derecho a la vivienda (Marzo 2011). Ø Encuentro con el movimiento sindical sobre la Reforma Procesal Laboral

(Marzo 2011).

Ø Reunión con relator de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas (Mayo 2011).

Ø Encuentro con organizaciones sociales para la defensa del Seguro de

Riesgos del Trabajo (Mayo 2011).

Ø Reunión con misión de la OIT. Defensa de la libertad sindical (Mayo 2011).

Ø Manifestación pacífica de comunidades de Santa Ana, Ciudad Colón,

Puriscal y Turrubares contra el peaje abusivo de “Atraquistas del Sol”. (Mayo 2011).

Ø Concentración en San José por el respeto a la diversidad sexual (Mayo 2011).

Ø Encuentro con fuerzas vivas de Desamparados y Aserrí (defensa de la Loma Salitral) (Mayo 2011).

Ø Encuentro en la Asamblea con el Frente de Comunidades Amenazas por

Políticas de Extinción y el Frente Cívico Guanacasteco (Mayo 2011).

Ø Reunión con AGITEP (asociación de trabajadores del teatro) (Mayo 2011).

Ø Apoyo a la comunidad de la Esperanza de Cóbano en lucha por la

construcción de un puente. Ganamos recurso de amparo (Junio 2011).

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Ø Manifestación contra la concesión petrolera de Mallon Oil (Junio 2011).

Ø Exitoso encuentro nacional de comunidades afectadas por la

proliferación de torres celulares (Junio 2011)

Ø Encuentro con fuerzas vivas del cantón de Liberia (recuperación de la playa Cabuyal) (Junio 2011).

Ø Visita a cárcel de menores de El Zurquí para la defensa de derechos

humanos de personas jóvenes privadas de libertad (Junio 2011).

Ø Encuentro con estudiantes del Liceo de Costa Rica (Junio 2011).

Ø Manifestación de educadoras y educadores pensionados (Junio 2011) .

Ø Congreso Nacional Arrocero (Junio 2011).

Ø Huelga de la CCSS. Respaldo a la lucha de las y los trabajadores. Necesidad de alianzas con personas usuarias (Julio 2011).

Ø Encuentro de jóvenes sindicalistas de Sitrapequia (RECOPE) (Agosto

2011).

Ø Acompañamiento al pueblo indígena de Kekoldi en juicio por la tierra (Agosto 2011)

Ø Reuniones con trabajadores y organizaciones de pequeños agricultores

para la defensa del CNP (Setiembre 2011).

Ø Manifestaciones frente a la Corte por la filtración de la sentencia del caso Crucitas (Noviembre 2011).

Ø Movimiento de las y los motociclistas, trabajadoras y trabajadores por

cobros excesivos del INS (Noviembre 2011).

Ø Acompañamiento a comunidades de Santa Ana, Ciudad Colón, Puriscal y Turrubares en juicio contra el peaje (Noviembre 2011).

Ø Marcha con estudiantes y profesores/as de las universidades privadas

contra impuestos a la educación y recortes a CONAPE (Noviembre 2011).

Ø Marcha y concentración en la Plaza de la Cultura contra violencia

machista (Noviembre 2011).

Ø Marcha popular contra el Plan Fiscal (Diciembre 2011).

Ø Gran manifestación contra plan fiscal y salario único (Febrero 2012).

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Ø Foro del Frente de Comunidades Costeras (Febrero 2012).

Ø Manifestación frente a la embajada de Panamá en solidaridad con el pueblo indígena Ngobe (Febrero 2012) .

Ø Marcha de trabajadoras de la CCSS y dirigentes sindicales de UNDECA

(presa de citologías para prevenir cáncer de cérvix) (Marzo 2012).

Ø Encuentro con la Red de Mujeres Rurales y diversas organizaciones de mujeres (Marzo 2012).

Ø Reuniones de apoyo a la lucha para que el ICE cumpla compromisos

sobre el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (Marzo 2012).

Ø Encuentro con artistas (rechazo a proyecto de colegio de las artes) (Abril 2012).

Ø Manifestación de comunidades costeras de todas las regiones del país

(Mayo 2012).

Ø Marcha por el Día Mundial la Homofobia, la Lesbofobia y Transfobia (Goicoechea) (Mayo 2012) .

Ø Apoyo a lucha de vecinas y vecinos de Hatillo por la defensa de áreas

verdes (Mayo 2012).

Ø Acciones de apoyo al movimiento en defensa de la electricidad como derecho de todos y todas. Acciones concretas para frenar ley de privatización eléctrica (Julio 2012).

Ø Marcha de rechazo al “Plan Fiscal B” del Gobierno. Fuimos la única fracción que marchó junto a las y los trabajadores (Junio 2012).

Ø Marcha en defensa del modelo eléctrico solidario, junto a las y los trabajadores del ICE y las coperativas de electrificación rural (Julio 2012).

Ø Marcha de pequeños y medianos agricultores en su lucha por cobro diferenciado de impuesto a bienes inmuebles (Julio 2012).

Ø Vigilia de comunidades indígenas por ley de autonomía (Agosto 2012).

Ø Congreso de estudiantes, graduados y familiares de costarricenses que estudian en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba (Agosto 2012).

Ø Marcha junto al movimiento estudiantil en defensa del fotocopiado y el derecho a la educación (Agosto 2012).

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Ø Movilización con el pueblo en defensa del Hospital de Grecia, junto a las y los trabajadores y las comunidades de Grecia, Sarchí, Naranjo y Palmares (Agosto 2012).

Ø Reuniones y gestiones en defensa del derecho a la salud de la gente de Ticabán, La Rita, Pococí (Agosto 2012).

Ø Marcha en defensa del presupuesto del PANI, junto a las y los trabajadores de la institución y organizaciones de defensa de los derechos de la niñez de todo el país (Setiembre 2012).

Ø Marcha estudiantil del fotocopiado, en defensa del derecho a estudiar y

contra el veto del proyecto de ley del Frente Amplio (Octubre 2012).

Ø Asamblea General del SEC. Exposición de nuestra visión sobre “Cómo recuperar el Estado Social de Derecho” (Octubre 2012).

Ø Congreso de ANDE. Nuestras propuestas sobre financiamiento de la

educación y la problemática de la infraestructura educativa (Octubre 2012).

Ø Foro “Políticas Públicas e Ingobernabilidad” (UNA, Escuela de

Planificación) (Octubre 2012).

Ø Debate con representantes del COMEX sobre los resultados del TLC a 5 años de su aprobación (UCR, Escuela de Economía) (Octubre 2012).

Ø Foro de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua sobre el Derecho

Humano de Acceso al Agua (Octubre 2012).

Ø Marcha con las comunidades en defensa de la CCSS. Lucha a la par de nuestro pueblo contra la represión policial (Noviembre 2012).

Ø Marcha junto a las y los educadores. Rotundo rechazo a proyecto de ley

para recortar salarios del sector público (Noviembre 2012).

Ø Masiva movilización ciudadana en defensa de la CCSS y contra la represión policial (Noviembre 2012).

Ø Marcha junto a las y los trabajadores del Poder Judicial en defensa de

un sistema de justicia independiente (contra arbitraria destitución del magistrado Cruz) (Noviembre 2012).

Ø Visita a la Asamblea de niños y niñas de comunidades afectadas por la

contaminación piñera (Noviembre 2012).

Ø Respaldo a lucha de motociclistas contra cobros injustos del marchamo (Diciembre 2012).

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Ø Manifestación de saloneros por despidos injustificados y eliminación del derecho a la propina (Diciembre 2012).

Ø Apoyo a movilización contra la amenaza transgénica y defensa de los

municipios libres (Diciembre 2012-Enero 2013).

Ø Marcha por la ampliación de las licencias por maternidad (Enero 2013).

Ø Respaldo a la comunidad de Tuis (Turrialba) para la reparación del puente destruido por el río. Ganamos recurso de amparo (Febrero 2013).

Ø Apoyo a la manifestación de varias comunidades de la zona baja de

Siquirres para la repración de los diques del Río Reventazón (Marzo 2013).

Ø Manifestación en defensa de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y

Tres Ríos contra su privatización (Marzo 2013). Ø Marcha en defensa de derechos laborales de trabajadores del sector

público contra Ley de Salario Único (Marzo 2013).

Ø Asamblea Nacional de la Juventud del Frente Amplio (Marzo 2013)

Ø Masiva movilización popular contra concesión de carretera a San Ramón. Manifestaciones en Alajuela, Grecia y San Ramón, apoyando a las comunidades (Abril 2013).

Ø Marcha en defensa del ICE: Una vez más el Frente Amplio fue la única

fracción que dijo presente junto a la mancha amarilla (Abril 2013).

Ø Marcha de las trabajadoras y los trabajadoras de la fuerza pública (Abril 2013).

Ø Asamblea General del SITET, dedicada a nuestro compañero José

Merino del Río (Abril 2013).

Ø Asamblea de la ANDE (filial preescolar) amenazas para los derechos de la clase trabajadora (Abril 2013).

Ø Presentación del libro de la compañera Silvia Rodríguez “El despojo de

la riqueza biológica” (Abril 2013).

Ø Mesa Redonda organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo sobre nuestras propuestas electorales (Abril 2013).

Ø Foro “Geotermia en Costa Rica” en el ICE (Abril 2013).

Ø Manifestación del pueblo de Hatillo por irregularidades en la Clínica Solón Núñez. Única fracción que se hizo presente (Mayo 2013).

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Ø Foro organizado por el Colegio de Enfermeras para analizar la crisis que enfrenta la CCSS (Mayo 2013).

Ø Encuentro con movimiento sindical para discutir sobre la Reforma

Procesal Laboral (Mayo 2013).

Ø Jornada de Lucha del 25 de junio. En las calles junto al pueblo (Junio 2013).

Ø Vigilia organizada por el movimiento ecologista por crimen de Jairo

Mora. (Junio 2013).

Ø Conversatorio en el Instituto Tecnológico sobre nuestras propuestas para el fortalecimiento de la educación superior (Junio 2013).

Ø Conferencias sobre la Reforma Constitucional para proteger el Agua y

los problemas de la gobernabilidad en Costa Rica (Facultad de Derecho de la UCR) (Junio 2013).

Ø Conversatorio con estudiantes de ciencias políticas sobre nuestras

propuestas programáticas (Junio 2013).

Ø Congreso Nacional Arrocero. Debate con candidatos (Julio 2013).

Ø Foro-Debate organizado por Protur (cámara de micro y pequeñas empresas turísticas). Marcha para evidenciar la crisis que atraviesan los pequeños empresarios turísticos (Julio 2013).

Ø Junta Directiva Nacional de ANDE. Conversatorio sobre Reforma Procesal Laboral (Julio 2013).

Ø Foro sobre concesiones y obra pública con candidatos. TEC -

Asociación de Ingeniería en Construcción (Agosto 2013).

Ø Marcha en defensa del CNP y las ferias del agricultor (Agosto 2013).

Ø Foro en JUPEMA sobre fondos de pensiones e inversión en obra pública (Agosto 2013).

Ø Participación en el Congreso de la Confederación de Trabajadores

Rerum Novarum. Propuestas para defender y fortalecer las garantías sociales (Agosto 2013).

Ø Charla con estudiantes de quinto año del Colegio Humanístico de

Heredia sobre “Por qué ir a votar” (Agosto 2013).

Ø Foro-Debate en el SINDEU sobre la Reforma Procesal Laboral (Agosto 2013).

138

Ø Conversatorio con candidatos presidenciales organizado por la Asociación de Estudiantes Ciencias Políticas UCR (Setiembre 2013).

Ø Foro-debate con candidatos presidenciales sobre el agua– TEC (Setiembre 2013).

Ø Encuentro con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres migrantes y conferencia de prensa para presentación de proyecto de ley (Setiembre 2013).

Ø Participación en Asamblea Nacional de la ANEP (Setiembre 2013).

Ø Encuentro con estudiantes en el Traspaso de Poderes del Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica (Setiembre 2013).

Ø Gira a Cartago. Concepción de Tres Ríos y Paraíso (Santa Lucía, Orosí y Paraíso Centro). Conversatorio con las comunidades sobre propuestas del FA (Setiembre 2013).

Ø Debate en la Universidad Nacional con candidatos presidenciales “Ojo al Voto” (Setiembre 2013).

Ø Gran manifestación nacional de afectados y afectadas por el Nemagón. Apoyo a proyecto de ley del FA (Setiembre 2013).

Ø Conversatorio con estudiantes en la Universidad Nacional sobre

propuestas del FA (Octubre 2013).

Ø Foro “El ecoturismo como una herramienta para el desarrollo de las zonas rurales”, Recinto UCR de Paraíso de Cartago (Octubre 2013).

Ø Conversatorio con candidatos presidenciales del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación (SEC). Compromisos del FA con la educación pública (Octubre 2013).

Ø Participación en Asamblea de ANTTEC (Octubre 2013).

Ø Charla “La transparencia en los partidos políticos y la actividad

legislativa”, Sede de San Ramón, UCR (Octubre 2013).

Ø Conversatorio sobre derechos humanos con estudiantes de psicología de la Universidad Monterrey (Octubre 2013).

Ø Foro sobre infraestructura nacional y propuestas del FA en el Colegio de

Ingeniería y Arquitectura (Octubre 2013).

Ø Charla sobre corrupción y propuestas para combatirla con estudiantes de Derecho, UCR (Octubre 2013).

139

Ø Debate con candidatos presidenciales en la Universidad Nacional (Octubre 2013).

Ø Encuentro con sindicatos bananeros (apoyo a luchas en defensa de

derechos laborales en plantaciones) (Octubre 2013).

Ø Participación en Asamblea de Trabajadores del Banco Popular (propuestas del FA para fortalecimiento de la economía social y el rescate del Banco) (Octubre 2013).

Ø Debate radial de candidatos presidenciales sobre infraestructura (ADN

Noticias) (Octubre 2013).

Ø Encuentro con jóvenes de Desamparados, Curridabat y La Unión (propuestas para la juventud del FA) (Octubre 2013).

Ø Conversatorio con la directiva y el consejo consultivo de SITRAPEQUIA

(Octubre 2013).

Ø Conversatorio con estudiantes y personal de la UNED (Noviembre 2013).

Ø Foro sobre las propuestas de los candidatos presidenciales para mejorar

la educación pública (Noviembre 2013).

Ø Debate sobre propuestas para las personas con discapacidad (Noviembre 2013).

Ø Foro de la ANDE sobre propuestas para la educación costarricense

(Noviembre 2013).

Ø Debate presidencial de la Universidad La Salle (Noviembre 2013).

Ø Debate de candidatos presidenciales organizado por CONARE sobre educación pública (Noviembre 2013).

Ø Debate sobre telecomunicaciones y derecho a la comunicación. Acceso

universal a Internet. Propuestas del FA (Noviembre 2013).

Ø Reunión con industriales. Cámara de Industrias (Noviembre 2013).

Ø Foro de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) Propuestas para el rescate de la CCSS y derechos de personas adultas mayores (Noviembre 2013).

Ø Foro sobre políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia, UCR

(Noviembre 2013)

Ø Foro en el Colegio de Agrónomos. Propuestas del FA para el agro. (Noviembre 2013)

140

Ø Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo. Unión Nacional de

Gobiernos Locales (Noviembre 2013).

Ø Marcha en conmemoración del día de la no violencia contra las mujeres (Noviembre 2013).

Ø Debate en ULACIT. Propuestas para la juventud y la educación (Noviembre 2013).

Ø Foro sobre las propuestas del FA. Conversatorio con estudiantes de la Universidad Latina (Noviembre 2013).

Ø Debate de candidatos presidenciales de la Federación de Estudiantes de la UCR (Noviembre 2013).

Ø Foro ¿Una Campaña sin ambiente? - Alianza de Redes Ambientales (ARA). Programa ambiental del FA (Diciembre 2013).

Ø Debate presidencial en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Diciembre 2013).

Ø Mesa redonda con candidatos sobre propuestas para el fortalecimiento del ICE (SIICE) (Diciembre 2013).

Ø Debate empresarial de UCCAEP (Diciembre 2013).

Ø Foro en el Hospital México (UNDECA). Propuestas para el rescate de la seguridad social (Diciembre 2013).

Ø Enjambre amarillo en la Avenida Central (Diciembre 2013).

Ø Encuentro con productores de caña (LAICA) (Diciembre 2013).

Ø Reunión con Foro nacional de pequeños y medianos transportistas (Diciembre 2013).

Ø Reunión con Cámara de Exportadores (Diciembre 2013).

Ø Encuentro con organizaciones ambientalistas. Programa ambiental del FA (Diciembre 2013).

Ø Debate presidencial del TSE (Enero 2014).

Ø Debate de Transparencia Internacional de Costa Rica. Propuestas de

lucha contra la corrupción (Enero 2014).

Ø Debate presidencial de Canal 9 (Enero 2014).

Ø Reunión con empresarios de zonas francas (Enero 2014).

141

Ø Debate presidencial del Grupo Extra (TV-Extra 42) (Enero 2014).

Ø Reunión con representantes de porcicultores y avicultores (Enero 2014).

Ø Conversatorio presidencial: Derechos Humanos y Diversidad Sexual

(CIPAC) (Enero 2014).

Ø Debate presidencial de Canal 7 (Enero 2014).

Ø Reunión con rectores de universidades privadas (Enero 2014).

Ø Debate presidencial de Radio Monumental (Enero 2014).

Ø Debate presidencial de la Rectoría de la UCR (Enero 2014).

Ø Encuentro con el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP (Enero 2014).

Ø Plaza pública de cierre de campaña nacional, San José (Enero 2014).

Ø Debate presidencial de Repretel (Enero 2014).

Ø Reunión con médicos. Propuestas del FA para el rescate de la seguridad social (Enero 2014).

Ø Encuentro con pequeños agricultores y apoyo a manifestación por una nueva ley de banca para el desarrollo (Marzo 2014).

Ø Manifestación de pescadores artesanales en contra de proyecto que

pretende legalizar pesca de arrastre (Marzo 2014).

Ø Movilización de comunidades afectadas por represas hidroeléctricas (Marzo 2014) .

Ø Conversatorio sobre Crucitas y el arbitraje internacional-UCR (Marzo 2014).

B) GIRAS Y VISITAS A LAS COMUNIDADES

Ø Gira a la zona rural del cantón de Aserrí (El Carmen, Bijagual) Problemas comunales, lucha por el agua, PH Pirrís (Mayo 2013).

Ø Gira al cantón de Tarrazú. Ley de privatización eléctrica, banca de desarrollo, propuestas para el agro y educación universitaria pública, alianza con fuerzas políticas locales (Junio 2010).

Ø Reunión con dirigentes y simpatizantes del FA del cantón de Pococí en La Rita. Derechos laborales. Daños ambientales de piñeras, afectados del Nemagón, problemas del agro (Junio 2010).

142

Ø Visita al cantón de Santa Ana. Problemas del agro comunales y chorizo

de carretera a Caldera, vínculos con fuerzas políticas locales (Junio 2010).

Ø Gira a Guanacaste. Asentamiento campesino de Pijije de Bagaces, oreros artesanales de Abangares (Junio 2010).

Ø Encuentro Talamanca por la Vida y la Tierra. Comunidades indígenas. Amenazas de minería, represas hidroeléctricas y biopiratería. Ley de Autonomía Indígena (Junio 2010).

Ø Encuentro con la asociación Pro Hospital de Cartago (Julio 2010).

Ø Conversatorio en Paraíso sobre ley de privatización de los servicios

públicos municipales (Julio 2010).

Ø Visita a San Carlos. Encuentro con trabajadores municipales (Julio 2010).

Ø Gira a Guanacaste. Abangares (cooperativas de mineros artesanales). Sardinal de Carrillo (lucha por la defensa del agua. Nicoya (Frente de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción – TECOCOS) (Agosto 2010).

Ø Gira a Puntarenas. Centro (reuniones con trabajadores de la pesca.

Esparza (Comité patriótico local) (Setiembre 2010).

Ø Gira a Limón. Guácimo, Finca Dos Ríos (lucha por la tierra). El Limbo y Guácimo centro (contaminación de piñeras y violaciones a los derechos laborales) (Octubre 2010).

Ø Gira a Pococí. Encuentro con personas afectadas por el nemagón y

reunión general del Frente Amplio. (Octubre 2010).

Ø Gira a Siquirres y Matina. Encuentro con dirigencia comunal (Octubre 2010).

Ø Gira al cantón central de Limón (Los Lirios en Limón Centro, La Guaria

en el Valle de la Estrella, Beverly de Matina y el distrito de Río Blanco) Situación social de la provincia (Noviembre 2010) .

Ø Visita al concejo municipal de San Carlos. Propuestas y luchas del

FA (Noviembre 2010).

Ø Visita al distrito de San Gabriel Aserrí (Noviembre 2010).

Ø Gira al cantón de Talamanca. Cachabri (reunión con comunidades indígenas) Puerto Viejo (problema costero y gobierno local) (Octubre 2010).

143

Ø Gira por San Ramón de Alajuela, Siquirres, Guácimo, Limón Central, Matina y Paraíso de Cartago. Elecciones municipales (Diciembre 2010).

Ø Visita a Pococí. Santa Rosa de La Rita (moratoria de la siembra de

piña). Balastre, Guápiles (denuncia de brutal desalojo) (Enero 2011).

Ø Gira a Guanacaste y Puntarenas. Colorado de Abangares (gobierno local y pequeños productores). Pozo de Agua de Nicoya (Encuentros con ASADA y con comunidades costeras). Costa de Pájaros de Manzanillo, Puntarenas (Ley TECOCOS) (Febrero 2011).

Ø Gira a territorios costeros de La Península (Muelle Tambor, Montezuma,

Pochote, Isla Venado, Cabo Blanco, La Leona, Playa Gigante y Paquera (centro) y marcha con las comunidades costeras (Marzo 2011).

Ø Gira a Liberia (decreto de los Arias sobre Papagayo, recuperación de

Cabuyal, defensa del agua y territorios costeros) (Marzo 2011).

Ø Gira a la Zona Sur-Sur. Dominical de Osa (ambiente, corrupción municipal, zona costera, lote comunal). Ciudad Neily, Caracol de Corredores (agua y luchas comunales, reciclaje de residuos). Coto 44 (EBAIS, luchas campesinas, CNE). Comité del FA del Sur- Sur (luchas locales, Ley SENASA, tierras regaladas a Palmatica) (Marzo 2011).

Ø Gira a Los Santos. Copey de Dota (defensa del Río Savegre y líneas de

alta tensión). Tarrazú (agua y agro) (Mayo 2011).

Ø Congreso de la Regional de Turrialba de la APSE (Mayo 2011).

Ø Encuentro con organizaciones de agricultores de Cartago (Mayo 2011).

Ø Sesión del concejo municipal de Carrillo, Guanacaste (decreto sobre Papagayo) (Junio 2011).

Ø Visita a Puntarenas y Esparza (problemas de la pesca y derechos

laborales, robo del atún) (Junio 2011).

Ø Reunión en Desamparados (defensa de la Loma Salitral) (Junio 2011).

Ø Visita al colegio público de El Carmen-Mata de Plátano (Goicoechea) (Junio 2011).

Ø Gira a Limón (puertos de Moín y Limón, defensa de JAPDEVA) (Julio

2011).

Ø Gira a Guanacaste. Peladas de Nosara, Ostional (Santa Cruz) y Matapalo de Sámara (Nicoya): encuentro sobre Ley TECOCOS. Barrio San Martín de Nicoya: problemas sociales y de vivienda. Marcha del 25 de julio (Julio 2011).

144

Ø Visita a Las Vueltas de Tucurrique y Juan Viñas de Jiménez, Cartago

(agua, agro, problemas comunales) (Agosto 2011).

Ø Visita a Leon XIII, Tibás, San José (problemas sociales de la comunidad) (Setiembre 2011).

Ø Gira a Zona Norte. Pavón (Los Chiles), Boca Arenal y Las Nieves de

Santa Rosa de Pocosol (San Carlos): gravísimas denuncias por daños ambientales y violaciones a los derechos en las plantaciones piñeras (Noviembre 2011).

Ø Gira por el cantón de Talamanca. Paraíso de Sixaola (problema de

tenencia de la tierra). Territorio indígena Kekoldi (Noviembre 2011).

Ø Gira a Guanacaste. Abangares (cooperativas de mineros artesanales). Nicoya (fiestas cívicas de Pozo de Agua) (Febrero 2012).

Ø Conversatorio con el Comité Patriótico de San Rafael de Heredia

(Febrero 2012).

Ø Visita a la sede de la Universidad de Costa Rica de Puntarenas (recursos de Ley de Pesca) (Marzo 2012).

Ø Gira a las fincas piñeras de la Zona Norte. Visita a fincas de Río Cuarto

de Grecia y Pocosol de San Carlos. Encuentros con comunidades afectadas y trabajadores de las piñeras en Pavón de Los Chiles y Boca Arenal de San Carlos (Abril 2012).

Ø Visita a Horquetas de Sarapiquí, encuentro con educadores y

educadoras, filial de la APSE (Junio 2012).

Ø Visita Guararí de Heredia (Junio 2012).

Ø Visita a San Marcos de Tarrazú (Junio 2012).

Ø Visita a Paraíso y Orosí (Cartago): movimiento por la defensa del Río Grande (Julio 2012).

Ø Gira de la Comisión de Ambiente y de compañeros del FIT-ICE al

Campo Geotérmico Miravalles y al Parque Nacional Rincón de la Vieja (Bagaces y Liberia) (Agosto 2012).

Ø Visita a San Carlos y Grecia de Alajuela (Setiembre 2012).

Ø Asambleas provinciales del Frente Amplio de Limón, Guanacaste y

Cartago (Noviembre 2012).

Ø Visita a Guápiles, encuentro con familias campesinas y dirigentes locales sobre los problemas de tenencia de la tierra (Marzo 2013).

145

Ø Asambleas provinciales de Heredia, San José, Puntarenas y Alajuela

(Febrero 2013).

Ø Visita a San Ramón, sede de la UCR y comunidad de Valle Azul para exponer sobre la concesión de la carretera (Abril 2013).

Ø Asambleas provinciales de Guanacaste, Puntarenas, Heredia , Limón y

San José (Mayo 2013).

Ø Visita a Siquirres en un encuentro con personas trabajadoras y dirigencia comunal (Mayo 2013).

Ø Visita a Sarapiquí para exponer nuestras propuestas en defensa de los

derechos de las y los educadores, en asamblea de la Regional de APSE (Mayo 2013) .

Ø Visita a Puriscal (Mayo 2013).

Ø Gira a Sámara (Nicoya, Guanacaste) para participar en Encuentro de

Comunidades Costeras. Reuniones con dirigentes comunales de Sámara y Nosara (Junio 2013).

Ø Visita a Chacarita, Puntarenas, invitación del Frente Lucha por el

Hospital de Puntarenas. Asamblea para analizar situación del Hospital Monseñor Sanabria y nuestras propuestas para el rescate y relanzamiento de la seguridad social (Junio 2013).

Ø Visita a Grecia para participar en debate sobre la Reforma Procesal

Laboral (Junio 2013).

Ø Visita al Colegio Manuel Benavides de Heredia, charla a estudiantes de quinto año sobre juventud y participación política.

Ø Visita a Nicoya. 25 de julio: marcha junto al pueblo guanacasteco en

lucha por justicia social y ambiental (Julio 2013).

Ø Gira por el cantón de Talamanca. En Suretka (territorio indígena bribri): aniversario de la lucha heroica de Pablo Presbere. En Puerto Viejo: problemas costeros y de tenencia de la tierra (Julio 2013).

Ø Visita a San Joaquín de Flores para participar en convivio organizado

por el Frente Amplio de Heredia (Julio 2013).

Ø Visita a Paso Ancho, conversatorio con vecinos y vecinas de esa comunidad (Julio 2013).

Ø Visita a Cariari de Pococí: encuentro con más de mil personas

trabajadoras afectadas por el Nemagón y sus familias. Guápiles: encuentro con líderes comunales (Julio 2013).

146

Ø Visita al Colegio Universitario de Cartago: propuestas para mejorar la

educación pública (Julio 2013).

Ø Gira a la Zona Sur. Punta Mala de Osa (tenencia de la tierra). Paso Canoas (problema de milla fronteriza). Laurel de Corredores (agricultura de la palma). Abrojo y Palmar Norte (Afectados por el Nemagón). San Vito de Coto Brus (crisis de la CCSS y el agro) (Agosto 2013).

Ø Visita a El Carmen de Goicoechea. Conversatorio con la comunidad

(Agosto 2013).

Ø Gira a Puntarenas Centro, Barranca, Esparza y Miramar. Reunión con las comunidades sobre propuestas del Frente Amplio (Agosto 2013).

Ø Visita a Santo Domingo de Heredia. Encuentro con el Partido Cantonal

Movimiento Avance Santo Domingo (MAS) (Agosto 2013). Ø Visita a Palmares. Conversatorio del Foro Palmareño sobre concesión

de carretera a San Ramón y proyecto de derogatoria de Ley de Concesiones. Reunión en el local del FA (Agosto 2013).

Ø Encuentro en Pérez Zeledón con dirigencia local del FA (Agosto 2013).

Ø Encuentro con trabajadores municipales de la Municipalidad de

Puntarenas (Agosto 2013).

Ø Gira a Grecia y a San Carlos. Recorrido por la ciudad y encuentro con comunidades y medios de comunicación locales (Agosto 2013).

Ø Encuentro cantonal en Escazú. Propuestas y luchas del FA (Agosto

2013).

Ø Visita a Pérez Zeledón. Encuentro con organizaciones sociales y productivas. Apoyo a Propuesta de Reactivación Económica. Encuentro en el local del FA (Agosto 2013).

Ø Visita a Limón centro. Celebración del Día de la persona

afrodescendiente. Compromisos del FA con la comunidad negra (Agosto 2013).

Ø Visita a Alajuela, cantón central. Inauguración del local del FA (Agosto

2013).

Ø Encuentro Intercantonal de Los Santos (Dota, León Cortés y Tarrazú). Reunión con jóvenes en San Marcos (Setiembre 2013).

Ø Gira a Guanacaste. Liberia (conversatorio con estudiantes en UCR y

visita a comunidades). Santa Cruz (reunión con dirigentes del FA) (Setiembre 2013).

147

Ø Encuentro con estudiantes de la UNA en Pérez Zeledón. Soberanía alimentaria y crisis de frijoleros (Setiembre 2013).

Ø Encuentro en Zapote y conversatorio con la comunidad (Setiembre

2013).

Ø Visita a Pococí. Encuentro con comunidades afectadas por las piñeras (La Curia y Santa Rosa de La Rita, San Luis de Jiménez, Irocois de Guácimo) y con autoridades de Gobierno (Setiembre 2013).

Ø Visita a San Sebastián (San José). Conversatorio con la comunidad

sobre propuestas del FA (Setiembre 2013).

Ø Visita a Atenas. Diálogo con la comunidad. Firma de Alianza con el Partido Unión Ateniense (Octubre 2013).

Ø Encuentro cantonal en Belén. Firma de acuerdo con el Partido

Independiente Belemita (Octubre 2013). Ø Visita a Nicoya. Encuentro con la comunidad (problemas agro, territorios

costeros, hospital, juventud, carreteras, etc.) y con dirigencia del FA (Octubre 2013).

Ø Visita a Turrialba (Centro y La Suiza). Conversatorio con jóvenes y

líderes comunales (Octubre 2013).

Ø Visita a la Feria del agricultor de Heredia y reunión en Los Lagos de Heredia (Octubre 2013).

Ø Encuentro en Goicoechea. Conversatorio con la comunidad. Propuestas

y luchas del FA (Octubre 2013).

Ø Gira a Guácimo. Encuentro con comunidades (propuestas del FA, problemas del agro, pequeños productores, derechos laborales, salud y educación) (Octubre 2013).

Ø Visita a San Ramón - Inauguración de Casa Amarilla (Octubre 2013).

Ø Caravana Curridabat-Desamparados-Aserrí (Octubre 2013).

Ø Debate en la Sede de Santa Clara del Instituto Tecnológico de Costa

Rica (San Carlos) (Octubre 2013).

Ø Conversatorio en Hatillo (diálogo con la comunidad sobre propuestas del FA) (Octubre 2013).

Ø Gira a Talamanca y cantón central de Limón. Sixaola (encuentro con la

comunidad, problemas del agro, tierras, derechos laborales, oportunidades para juventud). Bribri y Puerto Viejo (encuentro con comunidades indígenas y territorios costeros). Limón (recorrido por la

148

ciudad, encuentro con dirigencia del FA) (Noviembre 2013).

Ø Debate presidencial en la Sede de Liberia de la UCR y reunión con pequeños transportistas (Noviembre 2013).

Ø Gira a Pérez Zeledón y Cartago. Recorrido por San Isidro. Encuentro con la comunidad y dirigentes locales. Inauguración de locales en La Unión, Paraíso y Cantón Central (Noviembre 2013).

Ø Visita a Sarapiquí. Encuentro con estudiantes y vecinos. Recinto de la

Universidad Nacional (Noviembre 2013).

Ø Debate sobre Cultura Viva Comunitaria. Presentación de nuestras propuestas para el sector cultura (Noviembre 2013).

Ø Debate de candidatos presidenciales en San Marcos de Tarrazú.

Propuestas para el agro, crisis del café, agua, empleo joven, educación (Noviembre 2013).

Ø Gira a Frailes y San Cristóbal de Desamparados (propuestas para el

agro, pobreza rural, desarrollo local, combate al clientelismo) (Noviembre 2013).

Ø Encuentro en Alajuelita. Conversatorio con la comunidad (Noviembre

2013).

Ø Conversatorio en San Rafael de Heredia. Encuentro con el pueblo herediano. Programa y propuestas del FA (Noviembre 2013).

Ø Conversatorio en Cristo Rey. Diálogo con la comunidad. Propuestas del

FA para generar empleo y combatir corrupción (Noviembre 2013).

Ø Conversatorio de Montes de Oca (Noviembre 2013).

Ø Visita a la Feria del Agricultor de Pavas (Noviembre 2013).

Ø Gira a la Zona Sur. Puerto Jiménez, La Palma y Golfito. Tenencia de la tierra, oreros, turismo, agro, abandono de la región, corrupción, educación) (Noviembre 2013).

Ø Debate en vivo con candidatos presidenciales (canal 2 cable visión de

occidente) en Santiago de Puriscal.

Ø Visita a Barrio Luján. Inauguración del local (Noviembre 2013).

Ø Gira a Siquirres. Encuentro con jóvenes. Recorrido por la ciudad. Encuentro con la comunidad, dirigentes y luchadores sociales (Noviembre 2013).

149

Ø Gira a Pococí. Encuentro con personas afectadas por el Nemagón y familias campesinas. Recorrido por la ciudad y mitín en el parque (Diciembre 2013) .

Ø Conversatorio en Barva de Heredia. Diálogo con la comunidad sobre

propuestas del FA (Diciembre 2013).

Ø Gira a la Zona Norte. Bijagua de Upala (encuentro con familias campesinas). Upala Centro (recorrido por la ciudad, diálogo con la comunidad). San Rafael, Guatuso (encuentro con líderes locales, recorrido por la ciudad). La Fortuna de San Carlos (encuentro con la comunidad y pequeños empresarios turísticos). Ciudad Quesada y Aguas Zarcas (inauguración de locales) (Diciembre 2013).

Ø Gira a Sarapiquí. Recorrido por varias comunidades de trabajadores

agrícolas. Visita a Río Frío y Puerto Viejo (Diciembre 2013).

Ø Conversatorio en Purral. Encuentro con dirigencia local y diálogo con la comunidad (Diciembre 2013).

Ø Visita a Palmares. Encuentro con vecinos y vecinas en Candelaria y

otros distritos. Plaza pública en el centro (Diciembre 2013).

Ø Gira a Puntarenas. Recorrido casa por casa por Barranca, Chacarita, El Roble, Puntarenas Centro (mercado central) Miramar (varias comunidades) y Esparza (centro) (Diciembre 2013).

Ø Gira a Guanacaste. Cañas (encuentro con productores y líderes

comunales de Guanacaste). Abangares (recorrido por las Juntas y encuentro con la comunidad). Pozo de Agua de Nicoya (reunión con dirigencia local). Santa Cruz (encuentro con la comunidad) (Diciembre 2013).

Ø Visita a la feria del agricultor de Guadalupe. Caravana y recorrido por

Coronado (feria del agricultor), Moravia y Tibás. Visita casa por casa y encuentro con las comunidades y dirigencia del FA (Enero 2014).

Ø Visita a la Feria del Agricultor de Hatillo. Recorrido casa por casa en

Zapote. Visitas casa por casa y caravana por Tirrases (Curridabat) y casa por casa en Barrio Pinto (Montes de Oca) (Enero 2014).

Ø Visita a Heredia. Visita al Mercado. Recorrido y casa por casa por varias

comunidades del Cantón Central, Santa Bárbara y San Joaquín. Diálogo con la gente (Enero 2014) .

Ø Visita a Alajuela. Caravana y recorrido casa por casa por los barrios más

poblados del cantón central. Recorrido por el Parque. Debate presidencial en Grecia (Enero 2014).

150

Ø Gira a Cartago. Recorrido casa por casa en Tierra Blanca, Llano Grande, Cot, Pacayas, Cervantes, Oreamuno y Cartago Centro. Mitín en el local del FA (Enero 2014).

Ø Gira a Limón. Encuentro con organizaciones sociales y dirigentes

comunales. Recorrido por los barrios. Diálogo con la gente. Visita a Matina. Encuentro con trabajadores bananeros y recorrido por el centro de Bataán (Enero 2014).

Ø Gira a Guanacaste. Visita a Tilarán (recorrido por la ciudad y la clínica.

Diálogo con la comunidad). Visita a Bagaces (encuentro con trabajadores del ICE, visita a Asentamiento de Pijije). Visita a Liberia (recorrido por el centro y visita casa por casa). Caravana por Santa Cruz. Encuentro y mitín en Nandayure (Enero 2014).

Ø Gira a Puntarenas. Recorrido casa por casa en Chacarita y Fray

Casiano. Encuentro con las comunidades. Debate organizado por la Universidad Técnica Nacional de Puntarenas.

Ø Visita a ferias del agricultor de Plaza Víquez y Rincón Grande de Pavas.

Encuentro con la comunidad en Aserrí. Concentración masiva y diálogo con la comunidad en Desamparados (Enero 2014).

Ø Gira a la Zona Sur. Visita a Buenos Aires. Recorrido por la ciudad.

Diálogo con la comunidad en el parque. Encuentro con comunidades indígenas del sur. Visita a Coto Brus (San Vito, Sabalito, Copa Buena). Encuentro con la comunidad en Neilly. Visitas a Palmar y Ciudad Cortés (Osa) y Quepos (Enero 2014).

Ø Gira a Pérez Zeledón. Recorrido casa por casa y caravana. Mitín de

cierre de campaña (Enero 2014).

Ø Concentración provincial de Heredia (Enero 2014).

Ø Gira a Cartago. Recorrido por Corralillo (problemas del agro), visita a fincas y encuentro con productores de café. Encuentro con la comunidad en El Guarco, Tucurrique y Juan Viñas. Gran reunión en Turrialba. (Enero 2014)

Ø Gira a Alajuela. Visita a Los Chiles. Encuentro con la comunidad.

Caravana por Santa Rosa de Pocosol, Las Nieves, Muelle de San Carlos y Ciudad Quesada. Recorrido por el parque de Zarcero. Mitines en Naranjo y San Ramón. Caravana y cierre en Alajuela Centro (Enero 2014).

Ø Visita a Escazú (Centro). Recorrido casa por casa. Diálogo con la gente

(Enero 2014).

Ø Visita a Los Cuadros. Encuentro y diálogo con la comunidad (Enero 2014).

151

Ø Visita a la Feria Orgánica de Paso Ancho (Enero 2014).

Ø Visita a Alajuelita. Recorrido por el centro de la ciudad (Enero 2014).

Ø Visita a La Carpio. Diálogo casa por casa con las y los vecinos.

Recorrido por la comunidad (Enero 2014).

Ø Convivio frenteamplista de agradecimiento en Heredia (Marzo 2014).

Ø Visita a Puerto Jiménez (Golfito). Encuentro con dirigencia local del FA. (Marzo 2014).

Ø Gira a Talamanca. Encuentro con comunidades indígenas, costeras y

dirigencia local del FA (Marzo 2014).

CONCLUSIÓN

Durante estos cuatro años la fracción legislativa del Frente Amplio se dio a conocer por su fortaleza en el control político. Siempre alzamos la voz para denunciar la corrupción y a los corruptos, así como las políticas económicas injustas de una clase política que hace mucho se olvidó de las grandes mayorías.

Destacamos por nuestras investigaciones y nuestras denuncias, pero también por nuestra capacidad de propuesta. Durante este período presentamos gran cantidad de iniciativas en las diversas áreas temáticas de nuestro plan de gobierno, siempre con el objetivo de avanzar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria en armonía con la naturaleza. En total presentamos 66 proyectos de ley de forma individual y 90 en conjunto con otras fracciones legislativas, de los cuales muchos también nacieron en nuestro despacho.

Según un informe de junio de 2013 del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea, nuestra fracción fue la más productiva en la formulación de leyes de la actual legislatura, pues fui el diputado que más proyectos de ley presentó a título individual y también encabezamos la lista de leyes aprobadas por diputado (a pesar de la gran cantidad de proyectos de ley del Frente Amplio que fueron vetados por el Gobierno), superando con creces a todas las demás fracciones en los porcentajes de proyectos presentados y leyes aprobadas en proporción al número de diputados por fracción.

El Frente Amplio destacó en la actividad legislativa, pero también estuvimos en las calles junto al pueblo. En las principales luchas populares, siempre que hubo movilizaciones para defender nuestras conquistas sociales, ahí estuvo nuestra fracción al pie del cañón. Nunca “nos creímos el cuento” de que la actividad legislativa se agotaba en las cuatro paredes del Plenario y por eso no nos sentimos solos a pesar de tener un único diputado.

Ahora le toca a la militancia frenteamplista y al pueblo de Costa Rica evaluar nuestra gestión. Sin duda alguna cometimos errores, pero me queda la

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inmensa satisfacción de que nunca podrán decir que nos robamos la plata del pueblo o que traicionamos los principios que juramos defender.

Un primer indicador de esa evaluación se dio el 2 de febrero de 2014. El Frente Amplio fue la fracción legislativa que más creció. Pasamos de 1 a 9 diputados, mientras los partidos neoliberales como el PLN y el ML perdieron 6 y 4 diputados respectivamente. Cuando empezó la legislatura 2010-2014 la fracción del PLN era 24 veces más grande que la del FA, hoy solo es 2 veces mayor en tamaño.

El 2 de febrero de 2014 el FA se convirtió en la tercera fuerza política a nivel nacional y la segunda fuerza política en Limón, Puntarenas y Guanacaste. No solo crecimos exponencialmente, sino que crecimos de forma significativa en los sectores más empobrecidos y explotados de nuestra población. Ganamos en la mayor parte de los territorios indígenas de Costa Rica, en los cantones fronterizos de Golfito y Los Chiles, en muchos territorios costeros, en comunidades de familias trabajadoras explotadas en las plantaciones bananeras y piñeras. Donde más apoyo obtuvimos fue precisamente entre la gente por la cual hemos venido luchando con más fuerza. Después de muchos años, una fuerza política de izquierdas recuperó la sintonía con estos sectores de nuestra población.

Ahora tenemos la obligación de consolidar estos logros. De muy poco sirve elegir muchos diputados y diputadas si no fortalecemos las luchas de nuestro pueblo, si no contribuimos a facilitar la movilización popular, nuestra conciencia, nuestra organización, nuestra resistencia en las calles, en los barrios, en las comunidades.

Durante estos cuatro años tuve inmensas alegrías y también me tocó enfrentar momentos sumamente dolorosos. El más difícil de todos fue la muerte de José Merino, y más concretamente el momento en que la fracción del PLN abandonó el Plenario en medio del minuto de silencio acordado en su memoria, con la clara intención de agraviarnos.

Nada fue más difícil que la partida demasiado temprana del maestro, el amigo de consejo sabio y respetuoso, el luchador honesto, digno, coherente, el intelectual inspirador, nuestro líder indiscutible y querido.

Hoy, viendo las cosas en retrospectiva, debo confesarles que solo logré soportar este episodio y lo que vino después por la certeza de que no podíamos fallarle a don José. Seguí adelante movido por la convicción inquebrantable de que la mejor manera de honrar su memoria es continuar sus luchas, fortalecer este partido que él fundó para que siga creciendo vigoroso, hasta consolidarse como la alternativa de transformación y justicia social que reclama nuestro pueblo.

No me cabe duda de que eso es lo que seguiremos haciendo. Gracias por todo don José. ¡La lucha continúa!

San José, 26 de mayo de 2014.

· ! 1! INFORME FINAL DE LABORES (2010-2014) Diputado José María Villalta Flórez-Estrada. Partido Frente Amplio INTRODUCCIÓN

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