Informe de conflictividad primer semestre 2011

INFORME DE CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA – enero a junio de 2011 1

Gerencia de Información, Investigación y Análisis de Conflictos

Unidad de Análisis de Conflictos de Bolivia

INFORME SOBRE LA CONFLICTIVIDAD

EN BOLIVIA

ENERO A JUNIO DE 2011

Bolivia, agosto 2011


Fundación UNIR Bolivia Dirección Ejecutiva Antonio Aramayo Tejada Gerencia del Área de Información, Investigación y Análisis de Conflictos María Soledad Quiroga Trigo Unidad de Análisis de Conflictos de América Latina Jimena Avejera Udaeta Cristian León Coronado Óscar Meneses Barrancos Pablo Ríos Dávila Jefatura de la Unidad de Prensa y Promoción Gabriela Ugarte Borja Edición general Iván Barba Sanjinez Ilustración tapa Jorge Dávalos DL: 4-1-403-11 ISBN… Agosto de 2011 www.unirbolivia.org

La Fundación UNIR Bolivia cuenta con el respaldo de una canasta de fondos conformada por el apoyo financiero de las cooperaciones de Holanda, Suecia y Suiza, así como de Christian Aid y Trócaire.


ÍNDICE

Página

Introducción

4

La conflictividad sociopolítica en Bolivia de enero a junio de 2011

5

La situación económica: la piedra angular de la conflictividad sociopolítica en el primer semestre de 2011

7

Los protagonistas de la conflictividad económica del semestre

22

El alcance y la violencia de los conflictos económicos del semestre

28

El desenlace de los conflictos económicos

30

Conclusiones

32

Fuentes consultadas 34


INTRODUCCIÓN

Las cifras de la conflictividad sociopolítica de los años recientes muestran que uno de los principales motivos por los cuales se movilizan continuamente los bolivianos es el económico. La búsqueda de mejores condiciones de vida, de mayores ingresos, de más y mejor empleo, o el rechazo a medidas que afectan o se considera que pueden afectar la economía de determinados grupos o del conjunto de la población, son algunos ejemplos de los temas que llevan, con frecuencia, a diferentes sectores a protagonizar conflictos.

En los últimos meses, notablemente a partir de la promulgación del Decreto Supremo nº 748 que dispuso el incremento del precio de los carburantes hasta en 80%, la tendencia a la movilización social por motivos económicos se ha acentuado. Así, de acuerdo con las fuentes consultadas, fue posible identificar que entre enero y junio de 2011 la cantidad de conflictos de tipo económico superó la de períodos anteriores, representando la mitad de todos los conflictos registrados durante dicho semestre. Se detectó asimismo la presencia de temas específicos en torno a los cuales han girado varias controversias, haciendo de aglutinadores frente a la gran dispersión que últimamente caracterizaba a la conflictividad en el país.

Las causas de dichos conflictos pueden ser diversas; el acercamiento a su comprensión resulta indispensable para transformarlos positivamente y, así, avanzar en la construcción de una cultura de paz, dado que ésta implica, además de otros elementos, atender problemas estructurales, como la pobreza y las inequidades, que frecuentemente se encuentran en la base de las controversias por razones económicas.

En este contexto, el presente informe tiene como objetivo central describir y brindar algunos lineamientos de análisis para comprender los principales conflictos sociales que se desarrollaron en Bolivia por motivos económicos durante el primer semestre de 2011. En primera instancia se brindará una mirada panorámica de la conflictividad en Bolivia, para después abordar los principales conflictos económicos del período señalado. Posteriormente se hará un repaso de los protagonistas de dichos casos, incluyendo la participación de las mujeres. Finalmente se presentarán consideraciones en relación con el alcance y la violencia de tales controversias.


LA CONFLICTIVIDAD SOCIOPOLÍTICA EN BOLIVIA DE ENERO A JUNIO DE 2011

De acuerdo con las fuentes consultadas por la Fundación UNIR Bolivia, entre enero y junio de 2011 se registraron 6891 conflictos en el país, 413 más que en el primer semestre de 2010 y 182 más que en el segundo semestre del mismo año.

El año 2011 comenzó con 114 controversias –cantidad elevada en comparación con similares períodos anteriores: en enero de 2010 se tuvo registro de 28 casos y en el mismo mes del año 2009 no hubo más de una quincena2–, cifra que mostró sólo una leve variación durante los dos meses posteriores. En abril se evidenció un pico de conflictividad que descendió en mayo y junio, pero manteniéndose en niveles superiores a los registrados durante el primer trimestre. El siguiente gráfico refleja la evolución señalada.

GRÁFICO Nº 1: CANTIDAD DE CONFLICTOS POR MES (EN CIFRAS)

Fuente: Fundación UNIR Bolivia

Los motivos por los cuales se movilizaron los bolivianos durante el primer semestre de 2011 fueron diversos; los temas económicos encabezan la lista, seguidos por controversias de índole administrativa en entidades públicas y privadas y por demandas de prestación efectiva de servicios públicos.

1 Esta cifra no equivale a la sumatoria de conflictos de los seis meses dado que durante el período analizado se presentaron casos en los que un mismo conflicto se desarrolló durante más de un mes. 2 Es necesario tomar en cuenta que, con el paso del tiempo, la Fundación UNIR Bolivia fue incorporando nuevas fuentes al seguimiento periódico de la conflictividad, lo que puede también haber incidido en las cifras presentadas.


TABLA Nº 1: TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS EN EL SEMESTRE

(EN PORCENTAJES)

Tipología de los conflictos %

Medidas económicas/situación económica 24,85

Laboral/salarial 14,63

Gestión administrativa 13,13

Prestación de servicios públicos 9,62

Leyes/medidas legales 9,52

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 6,11

Ideológico/político 4,71

Gestión del espacio urbano 3,41

Recursos naturales y medio ambiente 2,71

Incumplimiento de convenios 2,30

Derechos humanos 2,10

Vivienda 1,90

Límites político-administrativos 1,30

Seguridad ciudadana 1,20

Tierra 1,00

Valores/creencias/identidad 0,70

Otro 0,80

Totales 100,00 Fuente: Fundación UNIR Bolivia

De acuerdo con el informe de conflictividad de enero a mayo de 2010, durante dicho período los principales tipos de controversias se originaron en medidas económicas/situación económica, con un 21% de los casos, problemas de gestión administrativa, con 14%, y de prestación de servicios públicos, con 12%, y en cuestiones laboral/salariales, con 11% del total. Entre junio y diciembre del mismo año el panorama se presentó de la siguiente manera: medidas económicas/situación económica concentró el 19% del total de los casos, gestión administrativa el 15%, laboral/salarial el 14% y leyes/medidas legales y prestación de servicios públicos el 10%, cada uno. Así, se verifica que los asuntos por los que más se movilizan los bolivianos continúan siendo los mismos de un año a otro. Sin embargo, es posible comprobar que existen variaciones en el peso relativo de cada tema en relación con el total.


LA SITUACIÓN ECONÓMICA: LA PIEDRA ANGULAR DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOPOLÍTICA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011

Los datos de la Fundación UNIR Bolivia muestran que los temas económicos han sido continuamente un motor relevante de las controversias: entre junio de 2008 y diciembre de 2010 éstos concentraron en promedio 35% del total de los conflictos. En el primer semestre de 2011 este porcentaje se incrementó significativamente: la mitad de todos los casos registrados fue de carácter económico.

A continuación se presenta la evolución mensual de la cantidad de conflictos económicos durante los primeros seis meses de 2011.

GRÁFICO Nº 2: CANTIDAD DE CONFLICTOS ECONÓMICOS POR MES

(EN PORCENTAJES)


Los conflictos económicos del primer semestre del año fueron de diversa naturaleza; sin embargo, destacan tres grandes temáticas que concentraron la mayoría de los casos: a) las protestas por el incremento del costo de vida, b) los conflictos en demanda de un incremento de los ingresos y otros relacionados con temas laborales-salariales y c) los conflictos vinculados al control de recursos naturales concebidos como motores de desarrollo familiar, local y regional.

Aunque todos estos temas se hicieron de alguna manera presentes a lo largo del semestre, en enero y febrero fueron más frecuentes las protestas por el incremento de precios de productos de la canasta familiar y los conflictos en torno al aumento de tarifas de transporte; en marzo y abril tuvieron protagonismo las demandas de incremento salarial superior al 10% y aumento de prediarios y rentas, además de las tarifas del


transporte público, y en mayo y junio fueron mayoritarias las pugnas por el control de recursos naturales.

En las siguientes páginas se desarrollará la descripción de cada uno de estos conjuntos de conflictos, intentando realizar un acercamiento a sus principales causas. Como se verá más adelante, dicho panorama tiene que ver con temas tanto estructurales como coyunturales, algunos de carácter interno y otros influenciados por factores externos al país.

El contexto sociopolítico es, sin duda, uno de elementos indispensables para comprender las controversias económicas del semestre, cuyos principales hitos se presentan a continuación:

GRÁFICO Nº 3: LÍNEA DEL TIEMPO

114

Conflictos

120

Conflictos 113

Conflictos

168

Conflictos 133

Conflictos 127

Conflictos

31/12 Derogación

D.S. 748

14/01 1er.

Incremento oficial precio azúcar

22/01 Discurso

presidencial y cambio de

Gabinete

7/02 BCB emite

bonos para

extraer liquidez

9/02 Llega

primera carga de azúcar

importada

15/02 Cambio de Gabinete

2/03 Gobierno aprueba

incremento salarial de

10%

16/03 Se transfiere la regulación de

pasajes a alcaldías y

gobernaciones

26/03 Incremento

de prediarios

de 20%

27/04 Se anuncia

importación masiva de cemento

1/05 Derogación D.S. 21060

5/05 Gobierno

hace efectivos

descuentos salariales

24/05 EMAPA deja

de comercializar

azúcar

03/06 Nuevo

Ministro de Trabajo

08/06 Se promulga ley de legalización

de autos indocumentados

MARZO FEBRERO ENERO ABRIL MAYO JUNIO

22/02 Precio de

azúcar baja



Conflictos por el incremento del costo de vida y la escasez de productos básicos

Un primer gran conjunto de conflictos económicos registrados durante el primer semestre de 2011 estuvo relacionado con el costo de vida y la escasez de productos básicos. En efecto, diversos actores se movilizaron en rechazo al incremento de precios de productos básicos, como los alimentos, y de servicios, como el transporte. Por su parte, otros sectores demandaron autorización para aumentar los costos de los bienes y servicios que producen y/o proveen, como fue el caso de los productores de leche, de arroz y de los transportistas. Se registraron también protestas por la escasez de algunos productos básicos, especialmente de azúcar. Estas controversias representaron el 18,5% de los conflictos por temas económicos del semestre.

Las movilizaciones en rechazo al incremento de precios de productos de la canasta familiar, aunque de manera aislada y poco frecuente, tuvieron lugar prácticamente durante todo 2010. Sin embargo, hacia el último trimestre del año, notablemente a partir de diciembre, y durante los primeros meses de 2011, este tipo de conflicto experimentó un alza considerable. En febrero se presentó el pico más alto, cuando tales casos representaron el 22% del total de las controversias del mes. Los protagonistas fueron varios: fabriles, campesinos, indígenas, maestros, gremiales, amas de casa, vecinos y pobladores de diferentes áreas urbanas y rurales del país. A partir del mes de marzo la cantidad de casos por este tema se redujo sustancialmente.

Con el argumento del incremento del costo de vida, los transportistas de todo el país anunciaron el alza de sus tarifas. Ante la negativa de las autoridades de permitir dicho incremento, sobre todo durante los meses de enero y marzo distintos actores del sector transporte llevaron a cabo una serie de medidas de presión, incluyendo largos paros movilizados. Inicialmente, el principal demandado por este tema era el Gobierno central, pero a partir de la promulgación del Decreto Supremo 821 que transfiere la competencia de regulación de las tarifas del transporte a los gobiernos departamentales y municipales, se descentralizó el conflicto, y, en algunos casos, se establecieron acuerdos entre transportistas y gobiernos locales.

Este tema generó una importante cantidad de contraconflictos: vecinos (agrupados o no en juntas vecinales), comerciantes, universitarios, campesinos, fabriles, trabajadores municipales, entre otros, se movilizaron ampliamente en rechazo a la posibilidad de un incremento de las tarifas del transporte. En varias situaciones se registraron enfrentamientos violentos entre estos actores y los transportistas.

Otros sectores demandaron se autorice el incremento de los precios de sus productos, como los lecheros que solicitaron un aumento del precio del litro de leche y los arroceros que demandaron un incremento del precio de la fanega de arroz. Asimismo, comunarios de Totora Pampa (Potosí) demandaron que el precio de la tonelada de piedra caliza se incremente entre 25% y 30%, lo que está relacionado con el alza de los precios del cemento (la piedra caliza es la materia prima para su elaboración), y una organización de zafreros demandó el incremento en 25 Bs del precio de la caja de castaña.


El denominador común de estos conflictos es su relación con el encarecimiento general del costo de vida. Para comprender el trasfondo de estas movilizaciones es necesario referirse a la promulgación del D.S. 748 en diciembre de 2010, que establecía el retiro de la subvención a los carburantes. Más allá de los móviles que llevaron a la adopción de la medida –existen diferentes análisis, percepciones y explicaciones sobre las razones que llevaron a ponerla en práctica–, la misma generó rechazo en varios sectores de la población, lo que derivó en una serie de protestas en todo el país. El malestar se debía no sólo al impacto directo de la medida sobre la economía popular, sino también al hecho de que no se hubiese consultado con los sectores sociales (Ferreira, 2001; Apaza, 2011; Deheza, 2011). La extensión e intensidad de las protestas determinaron la abrogación del cuestionado decreto el 31 de diciembre de 2010.

Sin embargo, los efectos del denominado “gasolinazo” siguieron manifestándose aún después de que éste quedara sin efecto. La ola de especulación que acompañó la emisión de la medida generó un incremento general de los precios de servicios y bienes de primera necesidad, que se mantuvo incluso después de su abrogación. Al respecto, Apaza (2011) señala: “A partir de esa fecha [la de la promulgación del Decreto Supremo Nº748] 3 prácticamente no hay un equilibrio, una estabilidad en los precios en el mercado de los productos, de los artículos de primera necesidad esencialmente”. Por su parte, Deheza (2011) comenta: “En ese momento *de la emisión del decreto que retiró la subvención a los carburantes+ (…) nosotros tuvimos que comprar los alimentos de primera necesidad extremadamente altos. Y a partir de ese momento, tampoco ha bajado nada. O sea, ha subido todo con mucha rapidez en esa semana y actualmente esos precios se mantienen y no ha bajado nada”.

Según Ferreira (2011), dicho decreto tuvo entre sus efectos la pérdida del poder adquisitivo del dinero, situación que se mantuvo aun después de su anulación:

“La situación creada por el incremento en el precio de los hidrocarburos ha persistido pese a que los hidrocarburos volvieron al precio previo a la dictación de la medida, lo que ha agravado la escasez de productos alimenticios, la pérdida del poder adquisitivo del dinero y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Las herencias son muchas; un pliego petitorio de incremento salarial superior al 10%, la demanda de incremento del precio del transporte público y una escalada inflacionaria que, aunque moderada, es importante si se compara con los últimos cinco años” (Ferreira, 2011: 14).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011), el Índice de Precios al Consumidor (IPC)4 durante el primer semestre de 2011 tuvo una variación mensual5 de

3 Los contenidos entre corchetes son añadidos por la redacción del informe y no corresponden a palabras textuales de los/as entrevistados/as. 4 El IPC es el “Indicador que mide las variaciones promedio de los precios de un determinado conjunto de bienes y

servicios de consumo de la población de referencia. El IPC [que determina el INE] se calcula con la nueva Base 2007 en las ciudades de Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, incluye la ciudad de El Alto.” (INE, 2011). Las variaciones en el IPC sirven para determinar la inflación; la tasa de inflación es la “variación porcentual que experimenta el índice de precios con respecto al período anterior” (Mankiw, 2004: 321).


1,29% en enero; 1,66% en febrero; 0,89% en marzo; 0,02% en abril; 0,20% en mayo y 0,14% en junio. En cuanto a la variación acumulada a 12 meses, en enero tuvo un registro de 8,38%; en febrero de 10%; en marzo de 11,11%; en abril de 11,03%; en mayo de 11,27% y en junio de 11,28%.

Al respecto, otras fuentes señalaron que tales cifras contradicen la percepción generalizada de diferentes agentes económicos respecto de la inflación (PRISMA, 2011, informes de Indicadores Económicos correspondientes a enero, marzo, abril y junio), que sería más elevada. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) publicó en el mes de abril de 2011 que, entre marzo de 2010 y marzo de 2011 los precios de los alimentos aumentaron en 18,5% en el país, más de siete puntos porcentuales por encima del IPC.6 Más que en las cifras en sí mismas, los desacuerdos parecen centrarse en la forma de cálculo del IPC, que para Javier Gómez (2011), “está reduciendo la visión del impacto que tiene el aumento de los precios alimenticios, fundamentalmente sobre la canasta básica alimentaria en general de gran parte de los hogares bolivianos”. En la misma línea, Bruno Apaza indica que en los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los alimentos tienen un peso relativo de 39% en el total de los productos de la canasta familiar, “con el objeto de disminuir el impacto en la elevación de los costos de alimentos en la canasta” (Apaza, 2011). Sin embargo, “cuanto más bajo es el salario, el rubro *correspondiente a alimentos+ es 100%, no 39%”. Así, las personas más pobres invierten más porcentaje de su salario en alimentos, por lo que, de acuerdo con el dirigente cobista, en las estimaciones del INE el porcentaje asignado a la alimentación dentro del IPC estaría subvalorado. Para ciertos analistas no existe una relación directa entre variables macroeconómicas y conflictos, por lo que las cifras inflacionarias –independientemente de la fuente que se tome como referencia– podrían ser insuficientes para explicar la movilización social. Gabriel Loza (2011) señala que las “variables macro *como la inflación+ son variables agregadas, es decir, de conjunto de la economía (…) no son variables resultantes de la sumatoria de individuos que tienen una determinada situación o un determinado indicador o nivel (…) lo que no hay es una variable de bolsillo del ciudadano y aun habiendo una variable del ciudadano, del bolsillo, tendría que separarse según niveles de ingreso (…) Por lo tanto, todo el tema de percepciones, por ejemplo, es muy difícil asociarlo a variables macroeconómicas”. Así, independientemente del desacuerdo existente en torno a las variaciones porcentuales de la inflación, distintos sectores de la población perciben que se ha producido un encarecimiento de los productos básicos y del costo de vida en general. Las percepciones son las diferentes visiones que las personas o grupos tienen sobre la realidad, que, de

5 La variación mensual de la inflación da cuenta de cuánto varía el índice de un mes a otro. La variación a 12 meses indica cuánto varía el índice de un determinado mes en comparación con el índice del mismo mes del año anterior. 6 http://www.cedla.org/content/2312

http://www.cedla.org/content/2312


acuerdo con la teoría del conflicto, se basan en la cultura (creencias, valores), las experiencias personales, la información externa y la interpretación selectiva de los hechos observables. De acuerdo con Loza (2011) “La percepción de la gente, del bolsillo, es que el precio del arroz, del pollo, ha subido y por lo tanto su satisfacción económica es menor. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, la tasa de inflación en Bolivia es manejable, va a estar en torno [a una cifra] menor al 10%; pero [puede haber] insatisfacción económica.” En sintonía con lo expresado, María Elena Deheza señala: “Yo, como ama de casa, percibo que la vida es mucho más difícil. Está más costosa la canasta familiar” (Deheza, 2011) y Pardo (2011) sostiene: “…esa elevación del costo de vida hace perder el poder de compra de los miserables salarios”.

Más allá de que las percepciones pueden estar adecuadamente fundadas en la realidad o no, éstas pueden contribuir a crear realidades. En el ámbito de la economía esto es particularmente evidente. Loza (2011), refiriéndose al denominado gasolinazo, señala: “cuando hay una situación así, las expectativas económicas aumentan, porque creen que después va a haber más aumentos de precios, después no va a haber azúcar, después va a haber desabastecimiento, y eso ya entra al campo que en la economía nosotros llamamos que las expectativas económicas van alimentando el nuevo proceso de inflación”.

El testimonio de Yujra (2011) ilustra también lo expresado: “Mi esposa es la que protesta cuando los medios de comunicación, en especial las grandes cadenas, dicen: el precio de tal artículo en Cochabamba está a tanto. ‘¡Ah, pa’ qué hablan, ahora van a hacer subir *los precios+!’ y justo sube. Es como anoticiar a los demás: está subiendo en Santa Cruz, en Cochabamba, y aquí automáticamente ya subió. O sea hay una, una viveza también de la vendedora”. Además de los factores mencionados, es necesario tomar en cuenta que desde hace algún tiempo se está atravesando por una crisis alimentaria internacional, que ha determinado el incremento sostenido de los precios de productos alimenticios a nivel mundial. Este fenómeno, impulsado por factores climáticos que han determinado la pérdida de cosecha en países exportadores de importancia internacional,7 influye en el país, entre otros motivos porque importamos una gran cantidad de alimentos (De la Cruz, 2011). Mary de la Cruz, de la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB8), señala que en Bolivia también están bajando los rendimientos agrícolas por motivos climáticos –alteración de las estaciones, sequías, inundaciones, etc.–, lo que también tiene efectos en el encarecimiento del precio de los alimentos. De acuerdo con la Fundación Jubileo, además de los factores climáticos, inciden en el desarrollo del sector agropecuario los niveles de inversión que, si bien han registrado un aumento en los años recientes, en comparación con principios de la década del 2000 han disminuido.

7 http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/es/ 8 AOPEB es la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, su misión es promover el desarrollo humano sostenible y consolidar la producción y el consumo de productos ecológicos.

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/es/


A los temas de coyuntura se añaden problemas estructurales, como la pobreza, que también influyen en este tipo de conflictos. De acuerdo con el Sexto informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia, elaborado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la pobreza extrema se redujo en 16,6% entre los años 1996 y 2009 “y presentó los mayores avances en los últimos dos años” (2010:17). Por su parte, en el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se destaca que “durante el período 2000-2008 los niveles de pobreza relativa tanto extrema como moderada se redujeron en 1,25 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente, debiéndose esta reducción sobre todo a una disminución de la pobreza rural, en especial la pobreza extrema que de casi ocho de cada diez personas pobres el año 2000 redujo a cinco el año 2008” (PNUD, 2010:92). Otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se han manifestado al respecto, señalando que en Bolivia se ha reducido la pobreza extrema. Algunas fuentes coinciden en señalar que, entre otros factores, la transferencia de bonos (Juancito Pinto, destinado a niños de primaria; Juana Azurduy, destinado a madres y Dignidad, dirigido a los jubilados) a sectores vulnerables de la sociedad es una de las explicaciones de este descenso.

Sin embargo, estos avances contrastan con la realidad en la que aún se encuentran grandes sectores de la población boliviana. Apaza (2011) señala: “…la sensación del día a día, a nivel general (…) es que la pobreza no ha disminuido”. Yujra (2011) indica: “En cuanto al tema de la reducción de la pobreza lo que el Gobierno nos muestra son estadísticas de que habría un avance de disminución, pero en el pueblo, en la ciudad de El Alto, no se siente eso (…); a pesar de los incentivos como el bono Juana Azurduy, el bono Juancito Pinto, el bono Dignidad para los abuelos, a pesar de eso todavía hay muchas necesidades en el pueblo alteño”. Juan de la Cruz Villca (2011) indica: “no hemos salido de la pobreza (…), pero sí se está trabajando para hacerlo”; Bruno Apaza (2011) señala: “…los tres bonos (…) *tienen una] mirada estrictamente electoral. Porque todos los tres bonos, Juancito Pinto, etc., etc., cuando nosotros le decíamos [al Gobierno]: inversión, ¿no? Si se hubiera producido la inversión (…) yo creo que no hubiéramos discutido el modelo. Hoy podríamos tener una economía un poco más diversificada que no solamente se centre en la exportación de materia prima.” En cuanto al tema de las desigualdades, Bolivia continúa siendo uno de los países más desiguales de la región; “a lo largo de cuatro décadas *1970-2007] la población creció de 4,6 a 10 millones de habitantes, pero la distribución del ingreso se mantiene tan desigual como antes” (PNUD, 2010:28). Estas desigualdades en el ingreso varían de acuerdo a criterios geográficos (dependiendo de los municipios o regiones del país y según áreas urbanas o rurales), de clase (según la clase social), étnicos (según la pertenencia étnica) y de género (hombres y mujeres), entre otros posibles. En contrapartida, en el discurso correspondiente al 6 de agosto de 2011 el Presidente del Estado hizo referencia a una reducción de las desigualdades en el país.9

9 http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-07&idn=51619

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-07&idn=51619


De igual manera, se observa en las últimas décadas una tendencia al incremento de los índices de desarrollo humano –lo que se refleja por ejemplo en el aumento de la esperanza de vida y de las tasas de alfabetización (PNUD, 2010)–, aunque ciertas fuentes (PNUD, 2010) señalan que se está dando una desaceleración de dicho fenómeno en el tiempo. Así, a pesar de los avances, existen todavía grandes porciones de la población que viven en condiciones de pobreza y las brechas socioeconómicas continúan siendo muy amplias, lo que incide en el reclamo de la población por mejores condiciones económicas y de vida. Al respecto, Javier Gómez (2011) dice: “La ausencia de estabilidad, la ausencia de saber que mañana tienes ingresos o puedes ser productivo, tiene que ver mucho con conflictividad”. Lucas Yujra (2011), por su parte, señala: “Cuando tú tienes todo no te movilizas, sería por aspectos más políticos o más, pero cuando tú tienes necesidad, tienes familia, tienes que pagar muchas cosas (impuestos de la casa, de la luz, que son sagrados), y ves que tus recursos son menguados, entonces tienes que movilizarte”, y María Elena Deheza (2011): “aquí vienen vecinas y nos buscan a nosotras como ejecutivas y nos dicen: Como mujeres, tenemos que salir a manifestarnos, tenemos que salir a hacer una marcha de cacerolas vacías, al Gobierno no le interesa que nosotros estemos bien o estemos mal”. Es necesario insistir en que el incremento de precios de productos de primera necesidad impacta con mayor fuerza en las familias más pobres dado que éstas dedican la mayoría de sus ingresos a los alimentos.10 Prácticamente de manera simultánea a las controversias por el encarecimiento de la canasta familiar se registraron movilizaciones en rechazo a la escasez de algunos productos, especialmente el azúcar. Entre los protagonistas –vecinos, mineros, fabriles, miembros de las centrales obreras, entre otros– destacan los gremiales de varios lugares del país por la cantidad de casos en los que participaron. En general, las protestas de comerciantes se debieron a que la escasez repercutió en sus ingresos y a que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), la cual vendía azúcar, generaba competencia. Este protagonismo gremial está relacionado con las características del trabajo informal, las cuales serán abordadas más adelante. Entre los factores que habrían influido en la escasez de azúcar se encuentran las condiciones climáticas que afectaron la producción interna, la especulación potenciada a partir de los acontecimientos de diciembre en relación con el retiro de la subvención a los hidrocarburos (De la Cruz, 2011) y el contrabando, además de otros. A estos temas se añadieron los problemas logísticos de EMAPA que dificultaron una distribución regular del producto y una atención satisfactoria para los clientes, lo que también generó protestas. Como se mencionó en páginas precedentes, durante los meses de enero y febrero se desarrollaron intensas movilizaciones en rechazo al encarecimiento de productos de

10 http://www.rlc.fao.org/es/prensa/coms/2011/19.pdf; Apaza, 2011


primera necesidad y a la escasez de azúcar, en menor medida durante el mes de abril, y prácticamente desaparecieron del escenario de la conflictividad durante los meses siguientes. En este contexto es necesario mencionar las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de tales problemas, como la importación masiva de azúcar, la aceleración de la zafra y la apreciación del boliviano para desincentivar las exportaciones y priorizar el mercado interno. De acuerdo con Javier Gómez (2011), la disminución del número de estos conflictos no se debe a una mejora de “las condiciones de los sectores movilizados anteriormente; (…) es estacional, normalmente sucede; después proviene un reflujo hacia abajo porque la gente está cansada y se desmoviliza normalmente y más bien tendemos a que después de invierno vuelven a tener otra vez creciente los conflictos (…) me parece que no es por un tema de resolución de conflictos, sino por típico comportamiento de las masas”. Gran parte de los sectores que se movilizaron en enero y febrero contra el incremento del costo de vida y la escasez de productos, durante los meses de marzo y abril se manifestaron en demanda de un aumento salarial mayor al 10% ofrecido por el Gobierno. Esto parecería indicar que, en algunos casos, hubo un desplazamiento de la demanda de control de precios hacia la demanda de incremento salarial.

Conflictos en demanda de incremento de los ingresos y otros de tipo laboral

Otro gran conjunto de conflictos económicos registrados durante el primer semestre de 2011 estuvo vinculado con demandas de incremento de los ingresos (salarios, rentas, bonos y prediarios) de diferentes sectores, y con otros temas de índole laboral, como el reclamo de fuentes de empleo, de mejores condiciones de trabajo y de pago de sueldos y bonos retrasados. En conjunto, tales casos concentraron el 38% del total de los conflictos económicos del período. Además, hubo casos relacionados con los ingresos de sectores no asalariados que representaron aproximadamente el 10% de los conflictos económicos.

Conflictividad en demanda de incremento de los ingresos

Los casos de conflicto vinculados con la demanda de un incremento salarial mayor al 10% ofrecido por el Gobierno estuvieron entre los más relevantes del mes, en razón de su alcance geográfico, de la cantidad de actores que concentraron, de la violencia que generaron y de la cobertura mediática que recibieron.

Las controversias salariales comenzaron a principios de año, cuando los sectores de salud y educación protestaron porque el Gobierno dejó sin efecto el incremento salarial de 20% ofrecido con la promulgación del decreto 748. Posteriormente, a partir de marzo, diversos sectores aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) expresaron su desacuerdo con el aumento de 10% definido por autoridades gubernamentales para la presente gestión. El Gobierno había comprometido un alza en los sueldos mayor a la inflación, lo que para estos sectores no se estaba cumpliendo. A tales protestas se unieron los universitarios y algunos


funcionarios públicos no sindicalizados y llevaron a cabo medidas de presión, como marchas, paros y bloqueos en diferentes puntos del país.

A las movilizaciones de los trabajadores asalariados se sumaron medidas de otros sectores que intentaron también mejorar sus ingresos. Fue el caso de los jubilados –tanto los afiliados en el antiguo sistema de reparto como en el nuevo– que demandaron un mayor incremento en sus rentas.

Además de las mencionadas, durante el semestre se gestaron otras controversias en reclamo de mejoras salariales, como las de los trabajadores en avance de obras en Oruro, de los empleados de las fábricas PIL y PEPSI, de los funcionarios municipales de Camiri, de los operadores de la empresa Trébol de El Alto y de los trabajadores sindicalizados de Servicios Eléctricos Potosí S.A, entre otros.

Después de que el Gobierno ofertara una elevación salarial de 11% –con posibilidad de que suba a 12% si se encontraba una fuente de recursos–, propuesta que fue aceptada por la COB, surgió una nueva ola de conflictos ante los descuentos efectuados por los días de paro. La COB, las centrales obreras departamentales y especialmente los sectores de salud y educación se movilizaron por este tema y reclamando respeto al fuero sindical, lo que tensionó nuevamente las relaciones con las autoridades gubernamentales.

Durante los primeros meses del año se negocian los sueldos entre los sectores asalariados y el Gobierno, por lo que es usual que en esa época se registren movilizaciones sociales. Como indica Javier Gómez (2011): “Es tradicional, podríamos decir estacional, que los primeros trimestres del año, de cada año, en conflictos los salarios sean lo más notable y eso genera (…) efectos multiplicadores de conflictos vinculados a ingresos”. Así, cabe recordar que en 2010 diferentes sectores encabezados por la COB rechazaron el aumento de 5% que ofrecieron las autoridades gubernamentales y posteriormente protestaron por los descuentos por los días no trabajados. Sin embargo, los conflictos de 2011 fueron distintos de los del año anterior. Uno de los elementos fundamentales que marcó tal diferencia fue la promulgación del decreto 748, que retiró la subvención a los hidrocarburos y fue abrogado una semana después. El alza de los precios y el efecto que ésta tuvo en la vivencia y en la percepción de los trabajadores asalariados y de otros sectores sociales potenciaron las tradicionales demandas de incremento salarial. René Pardo (2011), dirigente de los maestros urbanos de La Paz, dice: “la posibilidad de nivelación de esos salarios con el costo de vida implica conflicto social”. En referencia al caso de los jubilados, Bruno Apaza comenta: “con un incremento del costo de vida de cien por ciento aquéllas rentas que se habían acordado [con el Gobierno] realmente estaban por los suelos” (Apaza, 2011). Otra diferencia en relación con los conflictos laborales del año pasado fue el notable incremento de la violencia. Un caso emblemático fue el enfrentamiento de maestros rurales con la Policía en la Apacheta, en La Paz, que tuvo como saldo varias personas heridas y detenidas. De no haberse llegado a un acuerdo entre los sectores involucrados, la


violencia podría haber sido mayor puesto que algunos sectores, como padres de familia, choferes y campesinos manifestaron su rechazo a las movilizaciones encabezadas por la COB, ya sea por motivos políticos (en explícito apoyo al Gobierno) o porque las marchas y paros dificultaban sus actividades cotidianas (choferes) y las de sus hijos (padres de familia que reclamaban un retorno a clases de los maestros). Este descontento se manifestó a través de amenazas de medidas de presión que no llegaron a concretarse, lo que impidió posibles enfrentamientos entre grupos de la sociedad. En general, si bien con el paso del tiempo “el Gobierno ha ido aumentando el salario mínimo real” (Loza, 2011), de acuerdo con el CEDLA (2011) aún no se logra una correspondencia entre el costo de vida y los salarios, sobre todo en algunos sectores de trabajadores. Javier Gómez (2011) señala que la movilización de sectores asalariados por el incremento salarial mayor al 10% ofrecido por el Gobierno “se debe a que los trabajadores sienten que aún con el aumento del salario nominal (…), es solamente una reposición de su capacidad adquisitiva por parte de los hogares que tienen relación asalariada formal. Mucha gente que está por fuera de una relación asalariada típica no ha recibido este impacto, pero ha recibido el impacto negativo de la inflación”. En general, el desarrollo de estos conflictos se vio influido tanto por factores estructurales, la pobreza, las desigualdades (que ya fueron tratados en páginas precedentes) y la precariedad laboral, como por cuestiones coyunturales: la promulgación del D.S. 748 y el encarecimiento general del costo de vida. La demanda de incremento de los prediarios fue otro caso relacionado con el mejoramiento de los ingresos, que involucró prácticamente a todos los penales del país; los/as privados/as de libertad demandaron a las autoridades un incremento del monto de dinero que reciben diariamente por concepto de alimentación: “Inicialmente, el Gobierno propuso incrementar los prediarios y el bono de alimentación en un 20%, es decir de Bs 5,50 a Bs 6,60, lo que fue rechazado por los reclusos; y la demanda de Bs 15 de prediario bajó a Bs 10” (Informe de coyuntura PRISMA marzo-abril 2011). La particularidad de estos conflictos fue el alto nivel de violencia que implicaron, tema que será desarrollado más adelante. Junto con los pedidos de aumento de prediarios se demandó una mejora de las condiciones de vida en las cárceles y reformas del sistema penal, temas estructurales que se tornan cada vez más urgentes de resolver. Es necesario señalar que este tipo de conflictos se vienen dando desde hace mucho tiempo en el país; en 2010 los privados de libertad se manifestaron varias veces en torno a estos temas, sin que se atiendan los problemas de fondo. Posiblemente este año el conflicto adquirió mayor radicalidad que en períodos anteriores debido al incremento del costo de vida. Por otra parte, hubo también conflictos en demanda de establecimiento o reposición de bonos. Entre otros casos, los discapacitados exigieron un bono, los trabajadores en salud de Santa Cruz reclamaron un bono de antigüedad, y los maestros urbanos y rurales exigieron la reposición de los bonos de frontera.


Estos conflictos relacionados con los ingresos dan cuenta de la existencia de altas expectativas en distintos sectores debido a la información proporcionada acerca de la bonanza económica del país que, esperan, se traduzca en mayores ingresos para la población. Al respecto, Pardo (2011) indica: “el Gobierno ha hecho ilusionar a muchos sectores de que iba a dar solución a los problemas *económicos+”.

Conflictividad por pagos oportunos y mejores condiciones de trabajo

Distintos sectores asalariados del país protagonizaron conflictos en demanda de pago de sueldos y bonos retrasados: los funcionarios del Programa Pertt y del Plan de Empleo Urgente Productivo de la Gobernación de Tarija demandaron la cancelación de sueldos devengados, los guardias municipales de El Alto, los trabajadores de las alcaldías de El Alto y Warnes, los trabajadores en salud de Chuquisaca, las educadoras del programa Manitos de El Alto y los trabajadores de la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (EMMU) de El Alto. Asimismo, los trabajadores de algunas empresas privadas demandaron el pago de salarios y/o bonos adeudados: los empleados del canal Full TV, de la fábrica de plástico Belén y de PIL. En su mayoría, estos conflictos tienen que ver con problemas administrativos –demoras en desembolsos por firmas pendientes, documentación faltante o simples retrasos procedimentales– en entidades públicas y privadas que, una vez superados, ponen fin a la controversia.

Por otro lado se registraron casos en reclamo de mejores condiciones de trabajo (estabilidad laboral, insumos para un trabajo adecuado, capacitación, buen trato por parte de superiores, entre otros). La mayoría de estas controversias se presentó en entidades públicas: alcaldías (Oruro, El Alto, Quillacollo), Caja Nacional de Salud, Empresa de Correos Bolivia (ECOBOL), entre otras. Si bien en determinadas circunstancias estos conflictos tienen que ver con asuntos administrativos –provisión de material de trabajo– varios de ellos están también relacionados con la precariedad del trabajo, problemática que no es exclusiva del sector informal, dado que “la baja calidad se ha instalado en todos los sectores del mercado de trabajo” (CEDLA, 2011). Este tema se verá con más detalle en páginas siguientes.

Conflictividad por fuentes laborales

Este grupo de conflictos integra movilizaciones en demanda de fuentes laborales y por despidos. Los sectores que se manifestaron en contra de despidos fueron los trabajadores en salud de Potosí, Cochabamba y El Alto, los trabajadores municipales de Santa Cruz, El Alto y Potosí, los trabajadores mineros, los empleados de universidades y los maestros. La mayoría de estos casos se produjo en entidades públicas; para Yujra (2011) ello tendría que ver fundamentalmente con temas políticos: “un partido X (…) entra a la administración y


barre nomás con toda la gente, a pesar de los reclamos como de los guardias11 y todo, pero sabemos que esos son puestos o cargos políticos”.

En cuanto a las controversias en demanda de fuentes de trabajo destacan las protagonizadas por maestros que reclamaron la dotación de ítems, por organizaciones de mineros y de personas con discapacidad.

Estos conflictos están directamente vinculados con la problemática de desempleo en el país. Según fuentes oficiales, la tasa de desempleo en Bolivia descendió entre 2006 y 2010 de 8,0% a 5,7%.12 Por su parte el CEDLA (2011) señala que en 2010 la tasa de desempleo llegó a 8,8% (9,9% entre las mujeres y 7,9% entre los hombres). A pesar de las diferencias, ambas fuentes coinciden en que hubo un descenso en relación con períodos anteriores; sin embargo, el desempleo continúa siendo un serio problema que afecta a la población boliviana.

De acuerdo con el CEDLA (2011), “El desempleo es de carácter estructural y afecta, en forma permanente, a una elevada fracción de la fuerza de trabajo, con mayor intensidad en los jóvenes más escolarizados y en las mujeres de todas las edades, mientras la duración de los períodos de desocupación se prolongan por más de tres meses para el 50%”.

Por otra parte, al parecer, en el último tiempo se está produciendo un fenómeno de “desempleo ilustrado” que afecta a las clases medias que han realizado estudios y que no pueden obtener empleo (Gómez, 2011). Las percepciones sobre el tema laboral tienden a ser negativas: “la sensación del día a día, a nivel general, es que la pobreza no ha disminuido y tampoco el desempleo (…) no hay fuentes de trabajo dignas, estables, sino estrategias de sobrevivencia” (Apaza, 2011).

René Pardo, Secretario de Relaciones Públicas de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz, uno de los sectores que se manifestó más activamente tanto en demanda de nuevos ítems como en rechazo a despidos (sobre todo a partir de la optimización de ítems que realiza el Ministerio de Educación en coordinación con los SEDUCA), señala: “por la carencia de fuentes de trabajo, el magisterio se aferra a ese documento legal que es el escalafón nacional del magisterio fiscal, donde (…) se establece la inamovilidad funcionaria; los docentes no pueden ser destituidos de su cargo si de por medio no existe un proceso escolar administrativo con fallo incluido. Entonces, en ese sentido, se hace todo lo posible para defender esa reglamentación, para mantenerse [en el empleo]; porque al no existir fuentes de trabajo en el país, es algo que le permite garantizarse por lo menos un ingreso, así sea miserable, pero un ingreso fijo, [en lugar de] estar en las calles sin ningún tipo de ingreso”.

Por otro lado, en criterio de algunos analistas, las cifras de descenso en el desempleo y de crecimiento del empleo ocultan una problemática que en Bolivia tiene dimensiones

11 Guardias municipales de El Alto protagonizaron un largo conflicto laboral a principios de año, rechazando ser despedidos. 12 http://www.economiayfinanzas.gob.bo/

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/


mayores: el subempleo, asociado a la gran masa de población que se dedica a la actividad informal: “buena parte de la población que se incorpora al mercado de trabajo se está incorporando en la informalidad” (Gómez, 2011).

Según el PNUD (2010) el sector informal en Bolivia acoge actualmente a siete de cada diez ocupados, constituyéndose en el más grande de América Latina (Banco Mundial, 2009a). Dicha configuración del mercado de trabajo se potenció de manera importante a fines de la década del ochenta y principios de la década del noventa, con las reformas de ajuste estructural. Así, el relevante incremento del empleo no asalariado contribuyó a frenar el desempleo abierto, pero hizo también que se eleve el subempleo y la precarización laboral (Montero, 2003).

Los fenómenos de subempleo y precarización laboral implican trabajos inestables, mal remunerados, de corta duración, sin protección social y con frecuente ampliación de la jornada laboral (Montero, 2003). En palabras de Gómez (2011), “La precariedad en Bolivia no solamente se ha mantenido desde 2005 sino que más bien ha aumentado. La precariedad está vinculada a que no ha aumentado la cantidad de contratos laborales con todos los derechos que eso supone (…) La tasa equivalente de desempleo, que es nuestro dato, sigue rondando el 50%, lo que significa que más del 50% de nuestra población económica activa está por debajo de las condiciones legales de trabajo y está por debajo de las condiciones de necesidades de reproducción de esa fuerza de trabajo (…) buena parte de la población que se incorpora al mercado de trabajo se está incorporando no formalmente, sino se está incorporando en la informalidad.” De acuerdo con datos del CEDLA (2011) en 2010 prácticamente la mitad de los trabajadores tenía un empleo precario extremo, un tercio tenía un empleo precario moderado y sólo 17% contaba con un empleo adecuado. Este fenómeno de precarización alcanza tanto a hombres como a mujeres, aunque éstas se ven más afectadas. Entre los conflictos económicos protagonizados por actores que operan en el sector informal se encuentran el de grupos de gremialistas enfrentados por puestos de comercialización, el de gremialistas enfrentados con vecinos y con las alcaldías por asentamientos comerciales en las vías públicas, el de grupos de transportistas en pugna por el control de rutas de circulación, y el de transportistas en rechazo a la ley de legalización de autos indocumentados, que se intensificó al finalizar el semestre. Estos sectores se encuentran prontos a movilizarse si perciben que sus ingresos son amenazados, llegando incluso a enfrentarse entre sí de manera violenta. En referencia a los gremialistas, Yujra (2011) indica: “son celosos, porque [hay] tal cantidad de gente que se quiere meter en el sector, en el gremio, o en ese servicio, que va a haber mucha más oferta de gente que hace ese trabajo y menos recursos”. Por su parte Gómez (2011) señala que fenómenos como la inflación impactan fuertemente en los trabajadores no asalariados; esto puede explicar que, en un contexto inflacionario, este tipo de conflictos económicos sean más frecuentes.


Conflictividad por el control de recursos naturales para el desarrollo familiar, local y regional

En comparación con los otros conflictos económicos, las controversias por el control de recursos naturales para el desarrollo familiar, local y regional fueron menores en cantidad, alcanzando poco más del 3% del total. Sin embargo, se trata de un tipo de conflicto cada vez más frecuente, complejo y violento que merece ser considerado. La mayoría de los casos del semestre tiene que ver con disputas entre grupos de comunarios y trabajadores mineros por el acceso y aprovechamiento de recursos minerales, que en algunas ocasiones derivó incluso en la toma de minas. Estos conflictos están vinculados con el patrón de desarrollo primario exportador que todavía se mantiene en Bolivia (Gray, 2007; CEDLA, 2011), lo que significa que la explotación y exportación de materias primas es la base de la economía del país. Los dos sectores más importantes para la economía boliviana son la minería y los hidrocarburos, que tradicionalmente constituyen la mayor parte de las exportaciones del país (Banco Mundial, 2009b). Si bien existen algunos avances en términos de diversificación de las exportaciones, lo que sucede con los sectores no tradicionales es que “la limitada capacidad productiva se traduce en episodios de exportación cortos (en vez de sostenidos) y en una tasa de deserción bastante alta para los exportadores que se inician en la actividad” (Banco Mundial, 2009b: 12). Adicionalmente, durante el último tiempo se está viviendo un auge de precios de las materias primas en los mercados mundiales, lo que hace que los productos bolivianos tengan una alta cotización internacional. De acuerdo con un informe publicado por el periódico La Razón, entre enero y mayo de 2011 se registró un récord en el valor de las exportaciones de minerales equivalente a 45% más que el registrado en el mismo período del año anterior. El reporte señala que el precio de los minerales “ha rebasado todo pronóstico y la tendencia es al alza”.13 Así, en una situación de auge de las exportaciones y de los precios de los minerales, es comprensible que se generen conflictos por el acceso a dichas materias primas, que se conciben como oportunidades únicas de desarrollo económico familiar, local y regional en un contexto de pobreza y falta de empleo. Los centros que producen los minerales que han alcanzado precios más altos son los que experimentaron mayor violencia en el período, reflejada en avasallamientos e incluso una persona fallecida. En el semestre se registraron también otros conflictos relacionados con este tema, como los protagonizados por dragueros de oro en tierras bajas. Haciendo un balance general se puede decir que, si bien la cantidad de conflictos económicos aumentó en relación con anteriores períodos, la diferencia fundamental radica

13 La Razón, viernes 15 de julio de 2011.


en que algunos temas específicos funcionaron como aglutinadores –varios casos concentrados en torno a los mismos temas– frente a la dispersión que caracterizó a la conflictividad de etapas anteriores. Además de los factores concretos que incidieron en cada uno de los conflictos, existen elementos generales que cruzan la conflictividad del semestre: además de rechazar ciertas medidas económicas gubernamentales, se protestó porque éstas no fueron consultadas ni consensuadas con las organizaciones sociales; y lo anotado por Zegada (2011a), “el predominio de tensiones políticas tiende a invisibilizar o secundarizar los problemas económicos, pero ello no quiere decir que desaparezcan”. Otro factor importante es la capacidad de organización de los distintos actores, que determina que algunos se movilicen y otros no, que algunos lo hagan con mayor contundencia que otros. Estudios como Cultura política de la democracia en Bolivia (Ciudadanía, 2010) señalan que Bolivia tiene uno de los niveles más altos de participación en protestas sociales, lo que influye en la cantidad de controversias que usualmente se registran en el país. Asimismo la cultura política existente en Bolivia, particularmente en determinados sectores, lleva a que la demanda social sea predominantemente canalizada por la vía de la presión y el conflicto en las calles. LOS PROTAGONISTAS DE LA CONFLICTIVIDAD ECONÓMICA DEL SEMESTRE

Los sectores que protagonizaron los principales conflictos económicos del semestre se presentan en la siguiente tabla:

TABLA Nº 2

ACTORES DEMANDANTES EN LOS CONFLICTOS DEL SEMESTRE

Sector demandante Subsector demandante Alza del costo de

vida

Incremento de los

ingresos

Recursos naturales

Agropecuario/ campesino

Agropecuario/campesino (organización matriz de trabajadores/campesinos) 4

Agropecuario/campesino (demandante sin especificación) 3 1

Agropecuario/campesino (trabajadores/campesinos) 2

Carcelario Carcelario 10

Centrales obreras Central obrera (nacional) 1 2

Centrales obreras (departamental/regional) 3 15

Educación

Educación (organización matriz de educadores) 3 40

Educación (educadores del nivel básico) 4

Educación (administrativos del nivel superior) 3


Educación (educadores del nivel superior) 1

Educación (estudiantes del nivel superior) 1

Ejecutivo departamental Ejecutivo departamental (empleados) 2

Ejecutivo municipal Ejecutivo municipal (empleados) 1 18

Fabril Fabril (empleados/trabajadores fabriles) 2 7

Gobierno central Gobierno central (empleados) 1

Gremial Gremial 11

Gremial (organización matriz) 1

Minero

Minero (empleados/trabajadores) 1 4

Minero (cooperativistas) 2 1

Minero (organización matriz de cooperativistas) 1

Minero (organización matriz de empleados/trabajadores) 1

Pueblos indígenas Pueblos indígenas 2 2

Rentista Rentista (organización matriz) 2

Rentista 1

Salud

Salud trabajadores sector público (personal médico y de servicio) 2 14

Salud (organización matriz de trabajadores) 1 4

Salud 1

Salud (empleadores sector público) 1

Transporte

Transporte 5

Transporte (empleados/choferes) 2 2

Transporte (organización matriz de empleadores/empresarios) 1

Transporte (organización matriz de empleados/choferes) 3

Vecinal/ comunal Vecinal/comunal (organización matriz) 12

Vecinal/comunal 6 3

Vecinal/comunal (juntas vecinales) 3

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 4 15 1

Otro Otro 3 1 Fuente: Fundación UNIR Bolivia

Los conflictos referidos al alza del costo de vida movilizaron sobre todo a los sectores vecinal/comunal (especialmente a vecinos de áreas urbanas), transporte, gremial y agropecuario/campesino. En cuanto a las demandas de incremento de ingresos y otros asuntos laborales, pusieron en pie de lucha a la COB –entidad que después de mucho tiempo encabezó una elevada cantidad de conflictos– y a varios de los sectores que la conforman, como el magisterio urbano y rural, los trabajadores de salud, los mineros


asalariados y los trabajadores fabriles; y el incremento de prediarios movilizó a los/as internos/as de los distintos centros penitenciarios del país. Finalmente, la pugna por el control de recursos naturales tuvo como protagonistas al sector minero y a los habitantes de áreas rurales del país.

En términos numéricos generales, la cantidad de movilizaciones económicas protagonizadas por sectores tradicionales, es decir aquéllos que tienen una referencia laboral (sindicatos), es superior a la cantidad de casos encabezados por sectores no tradicionales (vecinal/comunal, comerciantes y otros).

Desde un punto de vista temático, en las movilizaciones por el incremento del costo de vida primaron los sectores no tradicionales, mientras que en los conflictos laborales/salariales tuvieron preeminencia los actores sindicales; en los casos por el control de recursos naturales ambos intervienen de manera relativamente equitativa.

Hasta hace algún tiempo parecía existir una tendencia a que los actores de referencia territorial protagonizaran más conflictos que aquéllos de referencia económica sindical. Sin embargo, desde el año pasado se constata una re-emergencia de las organizaciones sindicales. Esta situación es perceptible en los conflictos económicos del primer semestre de 2011, en los que ambos tipos de actores tienen un protagonismo relevante. Para explicar esta situación se debe no sólo hacer referencia a cuestiones coyunturales, sino también a problemáticas de larga data.

Las organizaciones sindicales han jugado un papel fundamental en la historia boliviana. Sin embargo, en los años de dictadura militar fueron proscritas y a partir de 1985, con las políticas de ajuste estructural y otras de corte neoliberal –control de la masa monetaria, impulso a la privatización, reducción del gasto público, especialmente del gasto social, flexibilización laboral, “relocalización” minera–, se debilitaron grandemente. El cierre de algunas empresas estatales y la privatización de otras, con el consecuente despido de grandes contingentes de trabajadores, desarticularon a los sindicatos.

En esas circunstancias, los partidos se convirtieron en los principales protagonistas políticos, relegando a segundo plano a las organizaciones sociales. Disminuyó su capacidad de movilización y su acción se restringió básicamente a espacios privatizados y corporativos (Zegada, 2009). El impacto fue tal que se prolongó hasta nuestros días, aunque los datos de la conflictividad reciente parecen mostrar un resurgimiento de las organizaciones sindicales.

Por otro lado, al igual que en otros países latinoamericanos, en Bolivia la reducción del sector público no se acompañó de un incremento del empleo formal, creándose una pluralidad de microempresas y trabajadores cuentapropistas que engrosaron el sector informal (Portes y Hoffman, 2003). Como ya se mencionó, la mayoría de la población económicamente activa opera en el sector informal, lo que sumado a la desarticulación sindical y a la permanencia de la pobreza y de las desigualdades socioeconómicas –que para varios autores fueron profundizadas por el neoliberalismo (Anderson, 1999; Portes y Hoffman, 2003)– creó y consolidó formas alternativas de movilización política y protesta popular.


Las zonas marginales de las ciudades, cuya población se dedica en gran medida a la actividad informal, “se han convertido en los lugares de las movilizaciones de protesta por el alza de precios, la eliminación de subsidios estatales o el deterioro general de los servicios públicos” (Portes y Hoffman, 2003: 383). Esto se traduce en un protagonismo cada vez mayor de los vecinos (sector vecinal/comunal) en la conflictividad sociopolítica, que se organizan en respuesta a sus necesidades socioeconómicas. Así lo afirma Yujra (2001): “en la ciudad de El Alto todos están organizados para poder responder a las necesidades de su sector (…) en las asambleas de vecinos, por ejemplo, es esa gente *la que trabaja en actividades informales] la que pide que los dirigentes se manifiesten”.

En algunos casos, como el de ciertos distritos de El Alto muy activos en las movilizaciones sociopolíticas, hay que considerar también la presencia de ex trabajadores estatales de tradición sindical, como mineros y fabriles, que migraron a las ciudades del eje como consecuencia de la relocalización (Antequera, 2007), contribuyendo a la organización de los vecinos y a la dinamización de sus movilizaciones. Al respecto Yujra (2011) señala: “provenimos de familias fabriles, familias de constructores, familias de mineros de la mina Milluni. Entonces, provenimos de familias que de alguna manera tienen una formación un poco rebelde, digamos contestataria, de no estar conforme con lo que pasa. Entonces eso se va transmitiendo oralmente al hijo y eso se queda marcado en la mente y el corazón de los hijos y los nietos”.

Otro hito que, según el dirigente vecinal Lucas Yujra (2011), habría influido en la creciente participación de actores vecinales en las movilizaciones sociopolíticas es la Ley de Participación Popular que estableció Organizaciones Territoriales de Base (OTB) “en la cual estamos juntas de vecinos (…) la junta vecinal es la expresión pequeña de la democracia porque ahí se comparten las necesidades (…). El ser humano, tanto varón y mujer, siempre necesita un espacio donde decir o confrontarse con ideas (…). Entonces el espacio más privilegiado es ese, la junta de vecinos”. Así, poblaciones urbanas que tienen una serie de necesidades socioeconómicas irresueltas desarrollan una intensa acción colectiva, aunque frecuentemente es esporádica y circunstancial (Portes y Hoffman, 2003).

El protagonismo en la conflictividad sociopolítica que desde hace algún tiempo han vuelto a cobrar los sectores de referencia laboral –notablemente la COB– podría explicarse por la falta de concreción de las expectativas económicas de los trabajadores, el “gasolinazo” que afectó la economía popular y la presión de algunos sectores para romper el pacto político entre el Gobierno y la COB a fin de recuperar la independencia sindical.

Sin embargo, para autores como Zegada (2011b), el reciente protagonismo de la Central Obrera Boliviana se debe a que “interpela directamente a las necesidades de la economía familiar y a la pérdida de poder adquisitivo de los sectores sociales con el incremento de precios de los productos de primera necesidad (entre ellos los pasajes), y demanda un incremento salarial acorde con la nueva realidad; es decir, se sube en la cresta de la ola de las crecientes necesidades sociales y de las demandas, e intenta llenar el vacío de aglutinación de demandas en un momento de alta fragmentación de la conflictividad social”. Considera que la carencia de una dirección política con una visión clara del papel de


la organización obrera en el actual contexto, la imposibilidad de trascender los intereses sectoriales de sus afiliados y la presencia de dirigentes afines al Gobierno, impedirían a la COB recuperar el papel que tenía en la etapa previa a la era neoliberal.

Las mujeres en los conflictos económicos

Si bien la información sobre la participación de las mujeres en los conflictos es muy limitada en las fuentes consultadas, se tiene registro de su intervención en 32 casos en el primer semestre del año. De ese total, casi el 60% (19 conflictos) son de carácter económico, tendencia que ya se detectó el año pasado (véase informes de conflictividad de enero a mayo y de junio a diciembre de 2010).

Amas de casa fueron protagonistas de varias protestas por el incremento de precios de los productos de la canasta familiar, mujeres gremiales por temas relativos a la comercialización de sus productos, mujeres asalariadas en rechazo a despidos, mujeres presas demandaron un incremento de los prediarios, esposas de policías y de reclusos exigieron un incremento de los ingresos de sus esposos, y trabajadoras sexuales de El Alto protestaron por los abusos cometidos en operativos de control rutinario.

El involucramiento de las mujeres en conflictos por el aumento del costo de vida, específicamente en los casos vinculados con el encarecimiento de precios de los productos de la canasta básica, puede estar relacionado con el papel que tradicionalmente tienen éstas en la sociedad. El trabajo reproductivo14 que las estructuras culturales asignan a las mujeres hace que ellas sean las encargadas de la organización y el manejo de los hogares, incluyendo la gestión de la economía familiar, además del papel cada vez más frecuente de proveedoras. Javier Gómez (2011) señala: “el rol de provisión económica a la familia está más en manos de mujeres (…) *ellas+ no sólo obtienen ingresos para sobrevivir como personas, sino siempre tienen que obtener ingresos para que sus familias sobrevivan, o sea, se reproduzcan”. Así, la posibilidad de que la subsistencia familiar se vea afectada (por los altos precios de los alimentos) es uno de los motivos que lleva a grupos de mujeres a movilizarse. María Elena Deheza (2011) afirma: “Por nuestros hijos lo damos todo. Y si están afectando los intereses de nuestra familia, obviamente salimos primero a defender esta circunstancia. Y somos las que sufrimos más, porque al esposo no le interesa si el dinero alcanza en la comida; (…) no serán todos, pero en la mayoría de la sociedad de El Alto el hombre es machista (…). Por estas circunstancias la mujer tiene que salir a buscar la estabilidad económica…”. Mary de la Cruz (2011), en referencia al encarecimiento de precios de los alimentos, dice: “eso hace que las mujeres ya empiecen a salir a las calles con las ollas vacías, con el cucharón, porque

14 El trabajo productivo se refiere a las “actividades humanas que producen bienes o servicios que tienen un valor de cambio, por lo tanto que generan ingresos (…). El trabajo reproductivo constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar. Este trabajo reproductivo se entiende en dos niveles fundamentales: a) La reproducción biológica (…) y b) La reproducción social…” (http://www.iidh.ed.cr/glosario/definicion.asp?codigo=72&b1=&b2=&b3=)


ya no alcanza la comida para dar a la familia. (…) la crisis alimentaria afecta a todos, y especialmente a las amas de casa, las mujeres”. Las consideraciones precedentes ayudan a comprender también los casos en que las mujeres se movilizan en demanda de un incremento salarial para sus esposos, quienes tradicionalmente son los encargados de generar los ingresos del hogar.

En Bolivia se registra una creciente incursión de la mujer en el mercado de trabajo conceptualizado como productivo, fenómeno que se explica en parte por la necesidad de contribuir a los ingresos familiares cuando el salario del hombre resulta insuficiente. La incorporación de las mujeres al mercado laboral se produce fundamentalmente en el sector informal; a partir de mediados de la década de 1980 y principios de los noventa, junto con el crecimiento general de la informalidad se registra un ingreso masivo de la mujer a dicho sector de la economía (Montero, 2003). De acuerdo con cifras del año 2005, “casi dos tercios (65 por ciento) de la fuerza laboral femenina de las zonas urbanas tenía un empleo informal” (Banco Mundial, 2009a: 11). El papel reproductivo socialmente asignado para la mujer condiciona también su participación en el mercado de trabajo dado que sus responsabilidades en el hogar muchas veces le exigen tener un trabajo flexible, lo que es característico del empleo informal (Banco Mundial, 2009a). Para Apaza (2011), la elevada participación de las mujeres en el mercado informal está generando niveles de conciencia sobre la problemática económica, que las lleva a protagonizar conflictos. La irregularidad de los ingresos en las actividades informales y la posibilidad de que éstos se vean amenazados, además de la ya mencionada flexibilidad de tales tareas –que quizá contribuye a que consigan movilizarse– pueden ser también elementos que ayuden a explicar la significativa presencia de gremialistas mujeres en la conflictividad económica. Finalmente, los casos de conflicto protagonizados por mujeres asalariadas –mayormente en rechazo al despido– se relaciona con el temor a quedar sin trabajo, ya que las cifras muestran que las mujeres se ven más afectadas que los hombres por el desempleo (CEDLA, 2011). En general se puede señalar que la presencia de las mujeres en controversias económicas más que en casos de otro tipo está vinculada con la pervivencia y reproducción de la distribución social de papeles de acuerdo al género. Yujra (2011), en relación con la participación femenina en las movilizaciones, señala: “cuando son temas económicos, la mujer siempre participa y también el esposo permite; en otros temas participan más los hombres porque ellos ‘conocen’”. Esta participación también podría ser interpretada como una manera indirecta de ejercer derechos de género. En referencia al involucramiento de las mujeres en las movilizaciones, Deheza (2011) señala: “De un tiempo a esta parte yo estoy viendo que ahora las mujeres ya estamos, si vale el término, reaccionando en este tema; (…) las mujeres tenemos los


mismos derechos que los hombres, podemos ser presidentas igual que los varones; al interior mismo de las juntas vecinales hay discriminación”. EL ALCANCE Y LA VIOLENCIA DE LOS CONFLICTOS ECONÓMICOS DEL SEMESTRE Los datos registrados muestran que los nueve departamentos del país se vieron involucrados en al menos un conflicto económico y que, en aproximadamente 60% de los casos, las medidas de presión desplegadas por los actores afectaron a terceros.15 Los conflictos por el incremento de precios y la escasez de productos de la canasta familiar se registraron en varios puntos del país, se trató de movilizaciones espontáneas y esporádicas –usualmente marchas que tuvieron un grado moderado de afectación a terceros– que, en general, no tuvieron coordinación entre sí. La mayor cantidad de casos se registró en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz. Como ya se mencionó, estas movilizaciones fueron más intensas en los meses de enero y febrero, durante los meses siguientes se redujeron considerablemente. Las controversias por el incremento del precio del transporte tuvieron un alcance mayor; por un lado, los transportistas de todo el país se movilizaron demandando autorización para elevar sus tarifas; por otra parte, distintos sectores sociales se manifestaron en rechazo al posible aumento. El grado de afectación a terceros de estos conflictos fue elevado dado que los choferes realizaron paros de actividades y numerosos bloqueos. Las manifestaciones de rechazo al alza de pasajes derivaron en numerosos enfrentamientos verbales y físicos con los transportistas. El tema estuvo presente durante todo el semestre; el primer trimestre del año fue el más intenso y algunas protestas continuaron incluso hasta fines de junio, aunque ciertos municipios, como algunos del departamento de Cochabamba, lograron consensuar provisionalmente la tarifa antes de dicho mes.

El conflicto por los prediarios también tuvo un alcance importante dado que se registró en la mayoría de los centros penitenciarios del país. Aunque, por tratarse de una controversia al interior de los penales, las medidas de presión no afectaron a terceros, alcanzaron altos niveles de violencia como una forma de llamar la atención de la opinión pública respecto a la precaria situación de los reclusos. Este conflicto tuvo una duración aproximada de tres meses; algunos penales iniciaron medidas de presión en enero y hacia fines de marzo o principios de abril se alcanzaron acuerdos parciales.

Las movilizaciones por el incremento salarial mayor al 10% ofrecido por el Gobierno fueron las que tuvieron el mayor alcance e impacto si se considera la coordinación entre actores, su extensión a los nueve departamentos del país, su duración (las primeras protestas se registran en enero y se extendieron hasta fines de abril), la cantidad de medidas de presión llevadas a cabo y el grado de afectación a terceros (se concretaron largos paros en áreas sensibles, como salud y educación). Como se mencionó anteriormente, estos conflictos

15 Los anuncios/amenazas de movilización o las huelgas de hambre son ejemplos de medidas de presión que no afectan a terceros.


también se tornaron violentos y sus consecuencias podrían haber sido incluso mayores de concretarse varios contraconflictos anunciados. El acuerdo fue alcanzado a fines de abril, pero inmediatamente después se iniciaron las protestas por los descuentos salariales, las que se extendieron hasta el mes de junio.

El alcance y la contundencia alcanzada por los conflictos se explica por una serie de razones, entre las que se encuentra el resurgimiento de la COB y de los sectores que la conforman que tienen una importante presencia en todo el país, capacidad de organización y movilización de miles de personas, lo que les permite llevar adelante protestas muy contundentes. En los últimos años, la COB y sus filiales han tenido dificultades para actuar de manera articulada; sin embargo, los conflictos del primer semestre de 2011 mostraron un alto nivel de coordinación y de convocatoria, lo que evidenció que sus bases estaban sensibilizadas frente a la problemática económica y dispuestas a movilizarse.

De acuerdo con la información que brindaron las fuentes consultadas, la gran mayoría de los conflictos económicos del semestre tuvo lugar en áreas urbanas del país. Sin embargo, las medidas de presión por el incremento salarial se llevaron adelante también en localidades rurales. Por su parte, los casos relacionados con el control de recursos naturales, como es previsible, se desarrollaron mayormente en áreas rurales.

Los conflictos económicos del semestre alcanzaron niveles preocupantes de violencia, pese a que no se caracterizaron por el uso de medidas de presión numerosas (23% del total de las medidas de presión corresponde a controversias económicas) ni muy radicales, con excepción de los casos en los centros penitenciarios que implicaron medidas como el cosido de labios, la crucifixión, la extracción de sangre, el entierro, la huelga de hambre de varios días y los amotinamientos.

El 50% de los conflictos en los que se registraron heridos (incremento salarial y recursos naturales), enfrentamientos con las fuerzas del orden o entre sectores de la sociedad (incremento salarial, escasez de azúcar, tarifas de transporte), agresiones físicas y verbales (tarifas de transporte, control de recursos naturales y casi todos los conflictos), saqueos, detenidos, e incluso un muerto (por recursos naturales en la mina Yaco), fueron de carácter económico. Nuevamente se constata que la violencia fue mayor en los conflictos entre sectores de la sociedad.

Más allá de la violencia directa, es preciso referirse a otro tipo de violencia que se ejerce sobre todo hacia terceros no involucrados directamente en los conflictos. Varios de los casos implicaron largos paros en los servicios de salud, educación y transporte, además de movilizaciones cotidianas que colapsaron la circulación en las ciudades, afectando a la población.

Por otra parte, es importante destacar que en el semestre no se registraron casos que pusieran en riesgo la gobernabilidad del país. Analistas consultados señalaron que los conflictos económicos no socavan la estabilidad sociopolítica de Bolivia: según Loza (2011), “la relación de situación económica-riesgo [sociopolítico] no es lineal (…). [Actualmente] hay una situación económica estable y hay una hegemonía política”. Para Gómez (2011),


muchas veces las movilizaciones son “coyunturalistas” y no existen evidencias de que los actores estén acumulando por el momento una fuerza real de oposición que desestabilice el actual estado de las cosas. Zegada (2011a) cree que existen condiciones de gobernabilidad en lo inmediato, “a menos que el gobierno lance medidas que afecten a dicha estabilidad, como por ejemplo un eventual relanzamiento del alza de los precios de hidrocarburos, u otras, que podrían desencadenar nuevamente escenarios críticos”. Por su parte, Juan de la Cruz Villca (2011) considera que el mantenimiento de la estabilidad pasa por una gestión conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

Sin embargo, una parte de los conflictos económicos del semestre implicó niveles considerables de violencia directa (varios al interior de la sociedad) que, si bien no generaron una desestabilización general, pueden ir erosionando el tejido social con consecuencias negativas para la convivencia entre bolivianos. En opinión de Juan de la Cruz Villca (2011) y de María Teresa Zegada (2011a), el agravamiento de estas controversias puede alentar divisiones dentro de la sociedad. Así, la transformación constructiva de conflictos económicos implica trabajar tanto en la prevención y gestión de la violencia directa como en la atención de problemas estructurales que muchas veces subyacen a este tipo de casos.

EL DESENLACE DE LOS CONFLICTOS ECONÓMICOS

En el primer semestre de 2011, los acuerdos logrados en conflictos económicos alcanzaron a 33% del total (17% parciales y 16% totales). De ese tercio, si bien los acuerdos más numerosos fueron los logrados en protestas por el incremento del costo de vida (34%), la mayor parte fueron sólo parciales, es decir que parte de las demandas no fue satisfecha. Es el caso de los conflictos por el aumento de precios de productos de la canasta familiar y del transporte, controversias en las que, como demandas agregadas, figuraban los pedidos de renuncia de autoridades del Órgano Ejecutivo o de anulación de ordenanzas municipales.

En asuntos laborales/salariales, los acuerdos representaron el 32% del total de acuerdos en conflictos económicos. A diferencia de los antes descritos, predominó la satisfacción total de las demandas en los casos por pago de haberes retrasados en organismos del Estado, principalmente dentro de los gobiernos departamentales. Las demandas de incremento salarial en organismos públicos y privados fueron atendidas sólo parcialmente. En los casos de pugna por el control y/o aprovechamiento de recursos naturales (yacimientos mineros y tierra), los acuerdos (totales) alcanzaron a 23%.

Los acuerdos –totales y parciales– alcanzados en conflictos por temas económicos corresponden a 49% del total de acuerdos registrados en el primer semestre de 2011. De ese total, la mayor parte corresponde a acuerdos totales (55%).

Los acuerdos alcanzados en conflictos por temas sociales (prestación de servicios públicos, gestión administrativa, derechos humanos, seguridad ciudadana, leyes/medidas legales, entre otros) llegaron también a 49% y, los logrados en controversias por temas eminentemente políticos, a un escaso 2%.


Puede decirse que, si bien una parte significativa de los conflictos tuvo un desenlace deseable (mediante acuerdo), sobre todo los relacionados con el encarecimiento del costo de vida, en muchos casos los acuerdos no implicaron la creación de condiciones duraderas de entendimiento entre las partes. En algunos casos los términos de los convenios fueron limitados, por lo que al poco tiempo las protestas se reavivaron; ejemplos claros de ello son el de los trabajadores de Avance de Obras del municipio de Oruro, el de los trabajadores de la empresa de recojo de basura Trebol SRL de El Alto, ambos por incremento salarial,16 y el de los reclusos de distintos centros penitenciarios del país, conflicto en el que, además, se registró un progresivo aumento en el alcance de las medidas de presión.

Estos conflictos referidos a la permanente e irrenunciable búsqueda de mejores condiciones de vida son recurrentes y cualquier acuerdo al que se arribe no puede ser sino mínimo a la vez que transitorio, por lo que es previsible que las controversias rebroten al cabo de cierto tiempo.

16 Habría que anotar, además, que no son excepcionales dentro de estos conflictos laboral/salariales los acuerdos a los que se arriba en el marco del desarrollo de procesos más complejos y en los que entran en juego otros intereses. Un ejemplo palmario de ello es el acuerdo alcanzado entre la COB y el Gobierno en abril, mediante el que se logró un incremento de 11% inicial, con posibilidad de subir a 12% para maestros y salubristas, lo que según Apaza (2011) “…es simplemente un acuerdo político”.


CONCLUSIONES

o Los bolivianos se movilizan continuamente por temas económicos. Los primeros meses de cada año suelen ser especialmente intensos en ese sentido puesto que es cuando se negocian los pliegos petitorios de los distintos sectores sociales y particularmente los asuntos salariales.

o En el primer semestre de 2011 se registraron algunas diferencias cuantitativas y cualitativas en comparación con los años recientes: incremento en la cantidad de conflictos económicos (50% del total), una mayor condensación en torno a temas específicos y, en algunos casos, una mayor intensidad (mayor duración, más medidas de presión y más violencia).

o Los tres grandes temas que aglutinaron la mayoría de los casos fueron el encarecimiento del costo de vida, las demandas de incremento de ingresos y otros asuntos ligados con temas laborales, y el control de recursos naturales como motor de desarrollo. Los conflictos en torno a estos asuntos estuvieron determinados por factores estructurales (pobreza, desigualdad, desempleo) y coyunturales (el D.S. 748 fue decisivo).

o La información sobre la bonanza económica del país ha generado altas expectativas de mejoramiento de la situación económica concreta en amplios sectores de la población; esta situación contrasta con la falta de una mejora directa de su situación, que parece ser un motor de varias controversias.

o Al parecer, el encarecimiento del costo de vida, particularmente de los alimentos, potenció la mayoría de los otros conflictos económicos, lo que podría explicar por qué algunas controversias fueron más intensas que en años anteriores.

o Los protagonistas de la conflictividad económica fueron tanto actores “formales”, sindicales, que encabezaron las movilizaciones en los nueve departamentos del país, como actores vecinales que protagonizaron casos más espontáneos y esporádicos.

o Si bien la información sobre la participación de las mujeres en los diferentes conflictos es muy limitada en las fuentes consultadas, desde hace algún tiempo se observa una importante presencia femenina en casos económicos. Su participación en la conflictividad económica del primer semestre del año fue significativa debido al papel reproductivo que culturalmente se le asigna y a su relevante participación en el mercado de trabajo informal.

o Los conflictos económicos que tuvieron un mayor alcance fueron los referidos al incremento salarial mayor al 10% ofrecido por el Gobierno y al incremento de las tarifas de transporte, tanto aquéllos que enfrentaron a transportistas y autoridades


de los niveles central, departamental y local, como aquéllos que enfrentaron a transportistas con otros grupos de la sociedad. Ambos casos se generalizaron en el país, implicaron medidas de presión que afectaron a terceros, adquirieron niveles preocupantes de violencia directa, y generaron una serie de contraconflictos, algunos de los cuales no llegaron a concretarse.

o En comparación con otros tipos de conflicto, las controversias económicas–aunque no todas implicaron medidas de presión radicales– fueron más violentas en cuanto a sus consecuencias: enfrentamientos, heridos e incluso un muerto.

o No se registraron casos que pusieran en riesgo la gobernabilidad ni la estabilidad sociopolítica del país. Sin embargo, los índices de violencia directa que alcanzaron muestran que los conflictos económicos pueden afectar severamente la convivencia pacífica entre bolivianos.

o Los conflictos económicos evidencian la pervivencia en Bolivia de formas de violencia estructural –pobreza, desigualdad, falta de empleo– que obstaculizan el avance hacia la construcción de una cultura de paz. Asimismo, su desarrollo y desenlace muestran la existencia de una cultura de la violencia que, lejos de permitir la búsqueda de alternativas de solución a los problemas el país, pueden profundizarlos.

o Numerosos conflictos tuvieron varias semanas de duración aunque, en su mayoría, fueron desactivados mediante acuerdos. Sin embargo, el hecho de que algunos de esos acuerdos hayan sido parciales, sumado a que los temas que les dieron origen están ligados con problemas estructurales, hacen posible su reemergencia en el futuro próximo.


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Entrevista realizada en julio. DEHEZA, María Elena. (2011) Secretaria de Relaciones de la Federación de Juntas Vecinales

(FEJUVE) de El Alto. Entrevista realizada en julio. DE LA CRUZ, Mary (2011) Secretaria General de la Asociación de Organizaciones de

Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Entrevista realizada en julio. DE LA CRUZ V., Juan (2011) Jefe de la Unidad de Gestión de la Demanda Social -

Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. Entrevista realizada en agosto.

GÓMEZ, Javier (2011) Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y

Agrario (CEDLA). Entrevista realizada en julio. LOZA, Gabriel (2011) Ex Ministro de Planificación del Desarrollo y ex Presidente del Banco

Central de Bolivia (BCB). Entrevista realizada en julio. MAQUERA, Moisés (2011) Tesorero de la Asociación de Organizaciones de Productores

Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Entrevista realizada en julio. PARDO, René (2011) Secretario de Relaciones Públicas de la Federación Departamental de

Maestros Urbanos de La Paz. Entrevista realizada en agosto. YUJRA, Lucas (2011) Dirigente vecinal del Distrito 6 de El Alto. Entrevista realizada en julio. VIADEZ, Luis (2011) Presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores

Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Entrevista realizada en julio. ZEGADA, María Teresa (2011) Investigadora y consultora en temas sociopolíticos. Entrevista

realizada en agosto.

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