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maruja mallo surrealismo y modernidad · Maruja Mallo, surrealismo y modernidad De ella decía Dalí que era mitad ángel, mitad marisco. Se la ha vinculado a la ... De vuelta a España,

Sep 27, 2018

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  • Qu son lesionespermanentes noinvalidantes?

    CCOO defiende el pagode trienios al personaltemporal

    La racionalizacin delgasto farmacutico, enel punto de mira

    A FONDOA FONDO

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    La huelga, objeto de anlisis

  • Actualidad normativa

    El lector pregunta

    La brjula

    Sentencias de Inters

    A fondo

    sumario

    Editorial

    Ya somos diez comunidades

    Disposiciones normativas recientes

    La racionalizacin del gasto farmacutico, en el punto de mira

    He sido sancionada por incompatibilidad, puedo trabajar en una empresa pblica?

    Puedo trabajar en lo privado mientras se convoca el concurso de traslado?

    Qu son las lesiones permanentes no invalidantes?

    Todas las claves de los equipos de proteccin individual

    El personal estatutario y la jurisdiccin contencioso administrativa

    CCOO defiende el pago de trienios al personal temporal

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    N3 Viernes 30 de abril de 2010

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    Urgencia vital, jurisprudencia para el reembolso del gasto sanitario en centros privados 8

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    La huelga, objeto de anlisis 13

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    Revisin salarial, conforme al IPC 17

  • Ya somos diez comunidades

    Es una satisfaccin presentar el ter-cer nmero de esta publicacin, ju-rdiCCOO, cuadernos sanitarioscon la integracin en el equipo deredaccin de miembros de nuevascomunidades autnomas, en estecaso de Asturias y Castilla y Len.Desde que comenzamos a hacerrealidad este proyecto, en octubrede 2009, ste era uno de los objeti-vos que perseguamos; ampliar pro-gresivamente sus componentes y larepresentacin de las diferentesCCAA con la finalidad de consolidar

    el proyecto y poder ofrecer en suscontenidos una perspectiva msamplia de nuestro sector. Actual-mente, somos ya en este nmero21 personas las que conformamoseste equipo, de las que 13 repre-sentan a diez CCAA: Andaluca, As-turias, Aragn, Castilla y Len,Catalua, Comunidad Valenciana,Euskadi, La Rioja, Madrid y Nava-rra, coordinadas por Juan Carlos l-varez, profesor de la Universidad deMlaga.

    Esperamos seguir creciendo parapoder trasladar contenidos del m-bito jurdico que recojan la diversi-

    dad que nos ofrece el panorama denuestro sector en el conjunto de los17 servicios de salud e Ingesa, y asenriquecernos y avanzar en el tra-bajo diario con las diferentes apor-taciones que se presentan.

    Como lo expres Ortega y Gasset:"nuestra vida es el esfuerzo por rea-lizar un programa o proyecto deexistencia, y el yo de uno es eseproyecto imaginario. Esta es la terri-ble y nica condicin del ser hu-mano, lo que hace de l algo nicoen el universo. Un ente cuyo serconsiste no en lo que es ya, sino enlo que todava no es.E

    dit

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    Direccin: Ana Ruiz Pardo. Coordinacin: Juan Carlos lvarez Corts. Diseo y Maquetacin: Ana Ruiz Pardo y Roco Ruiz Mendoza.Tratamiento de imagen: Javier Martn Pedroviejo. Redaccin: Ana Ruiz Pardo, Roco Ruiz Mendoza, Israel Roig Bartolom, Juan Carlos lvarez Corts, JosGutirrez Campoy, Jos Manuel Rodrguez Vzquez, Mara del Mar Ruiz, Jess Junquera, Almudena Martn, Jorge Luis Fontalba, Juan Jos Plaza, BartolomTorres, M ngeles Villanueva, Jos Luis Vidal.// Los artculos firmados son responsabilidad propia, aunque defenderemos su derecho de opinin ante las ins-tancias necesarias. // jurdiCCOO- cuadernos sanitarios es una publicacin de la Federacin de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO),que se distribuye gratuitamente.

    Staff

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    N3 Viernes 30 de abril de 2010

    Ana Ruiz Pardo. Directora de jurdiCCOO- cuadernos sanitarios

    Ana Ruiz. Responsable rea deComunicacin FSS-CCOO

    Maruja Mallo, surrealismo y modernidad

    De ella deca Dal que era mitad ngel,mitad marisco. Se la ha vinculado a laGeneracin del 27 y al Movimiento Su-rrealista. Pero Maruja Mallo, pseud-nimo de Ana Mara Gmez Gonzlez(Viveiro, 1902-Madrid, 1995) fuemucho ms que todo eso. Tremen-dista, meticulosa, mujer de gran carc-ter, su imagen est tambin ligada a lamodernidad de los aos 80.

    Estudi en la Real Academia de Bellas

    Artes de San Fernando donde se rela-cion con Salvador Dal, Federico Gar-ca Lorca, Luis Buuel, MaraZambrano o Rafael Alberti, con el quemantuvo una relacin. Descubre est-ticamente Castilla la Nueva de la manode Miguel Hernndez y, en 1928, Or-tega y Gasset conoce sus cuadros y leorganiza una exposicin en los salonesde la Revista de Occidente.

    En Pars comienza su etapa surrealistay alcanza tal maestra que el mismoBreton le compr el cuadro tituladoEspantapjaros. Comprometida conla Repblica, la Guerra Civil le sor-prende en Galicia y la poetisa chilenaGabriela Mistral le ayuda a trasladarsea Buenos Aires, donde sigui pintando,dando clases y cultivando amistades,

    entre ellas, Pablo Neruda, y colaboraen la famosa revista de vanguardia Sur,en la que tambin participaba Borges.En cuanto se instaura el peronismo enArgentina, Maruja deja el pas y se tras-lada a Nueva York, para regresar a Es-paa en 1965, tras veinticinco aos deexilio.

    De vuelta a Espaa, la que fuera unade las grandes figuras del surrealismode preguerra era casi una desconocidaen su tierra y su vida pblica desapa-rece. Pero continu pintando y conser-vando esa frescura y vitalidad que laacompaara durante toda su vida. Enla dcada de los 90 le ofrecieron variasexposiciones y premios, como la Me-dalla al Mrito en las Bellas Artes y elPremio de Artes Plsticas de Madrid.

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    N3 Viernes 30 de abril de 2010

    Actu

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    Disposiciones normativas recientes

    Real Decreto 67/2010, de 29 deenero, de adaptacin de la legislacinde Prevencin de Riesgos Laborales ala Administracin General del Estado(BOE nm. 36, de 10 de febrero de2010).

    Sustituye y deroga al anterior Real De-creto 1488/1988, de 10 de julio, regu-lador de la misma materia, comoconsecuencia de las importantes modi-ficaciones en la normativa general deprevencin de riesgos laborales, que sehan venido produciendo desde la pro-mulgacin de aqul.

    Al mismo tiempo se plantea la necesi-dad de corregir las deficiencias detec-tadas y mejorar la eficacia de laactuacin preventiva de la Administra-cin General del Estado.

    Ley 6/2009, de 16 de noviembre, deLibertad de Eleccin en la Sanidad dela Comunidad de Madrid (BOE nm.37, de 11 de febrero de 2010).Tras su causa del principio rector de lalibertad de eleccin contenido en laLey 12/2001, de 21 de diciembre, deOrdenacin Sanitaria de la Comunidadde Madrid.

    Viene a articular cmo y en qu condi-ciones se puede ejercer la libertad deeleccin de mdico, pediatra y enfer-

    mero de Atencin Primaria; y de m-dico y hospital en atencin especiali-zada, a partir de la estructuracin detodo el territorio de la Comunidad deMadrid, en un rea de Salud nica.

    Si bien, acaba remitiendo al procedi-miento para el ejercicio efectivo de la li-bertad de eleccin a un desarrolloreglamentario ulterior.

    Real Decreto 103/2010, de 5 de fe-brero, por el que se modifica el Regla-mento General sobre procedimientospara la imposicin de sanciones por in-

    fracciones de orden social y para losexpedientes liquidatorios de cuotas ala Seguridad Social, aprobado por elReal Decreto 928/1998, de 14 demayo (BOE nm. 47, de 23 de febrerode 2010).

    Constituye una mera consecuencia, anivel reglamentario, de las modificacio-nes introducidas por la Ley 25/2009, de22 de diciembre, de modificacin de di-versas leyes para su adaptacin a laLey sobre el libre acceso a las activida-

    des de servicios y su ejercicio (la cono-cida como Ley mnibus) en la Ley42/1997, de 14 de noviembre, Ordena-dora de la Inspeccin de Trabajo y Se-guridad Social. Todo ello, en relacincon el aseguramiento de la colabora-cin y cooperacin entre autoridadescon competencia para iniciar procedi-mientos sancionadores en los distintosEstados miembros, mediante la comu-nicacin de hechos que pueden darlugar a sanciones por otros Estadosmiembros.

    Real Decreto 193/2010, de 26 de fe-brero, por el que se modifica el RealDecreto 227/1981, de 23 de enero,sobre sistemas de pago de los haberesde Clases Pasivas del Estado (BOEnm. 55, de 4 de marzo de 2010).

    La modificacin introducida en estanorma reglamentaria consiste en esta-blecer, como nica forma de pago delas prestaciones del sistema de ClasesPasivas, la transferencia a la cuenta co-rriente o libreta ordinaria abierta en en-tidades financieras, suprimiendo lasotras formas de pago hasta ahora exis-tentes.

    Orden SAS/481/2010, de 26 de fe-brero, por la que se regula la implanta-cin progresiva de la carreraprofesional para el personal integradoen la condicin de personal estatutario,procedente de personal laboral delrea funcional de actividades especfi-cas de la Red Hospitalaria de la De-

    Jos Manuel Rodrguez Vzquez. AsesoraJurdica FSS-CCOO

    Viene a articularcmo y en qucondiciones se

    puede ejercer lalibertad de eleccin

    de mdico

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    fensa (BOE nm. 55, de 4 de marzo de2010).

    Se trata, mediante esta norma, de apli-car efectivamente a este personal elmodelo de carrera profesional con lasmismas condiciones y efectos retributi-vos que para el personal estatutario delINGESA.

    Ley Orgnica 2/2010, de 3 de marzo,de salud sexual y reproductiva y de lainterrupcin voluntaria del embarazo(BOE nm. 55, de 4 de marzo de2010).

    Establece una nueva regulacin de la in-terrupcin voluntaria del embarazo fueradel Cdigo Penal, en consonancia con lapauta ms extendida en los pases denuestro entorno poltico y cultural. La modificacin ms destacada con

    respecto a la anterior regulacin con-siste en el establecimiento del plazo delas primeras catorce semanas de ges-tacin como lmite para que las emba-razadas puedan pedir libremente lainterrupcin de la misma.

    Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 deabril, de medidas para el impulso de larecuperacin econmica y el empleo(BOE nm. 89, de 23 de abril de 2010).

    Contiene algunas iniciativas encamina-das a buscar el impulso de la recupera-cin econmica y el empleo, abordandoreformas en diferentes mbitos, entrelas que cabe citar como las ms desta-cables: el impulso fiscal a la actividadde rehabilitacin de viviendas (a la bs-queda de incrementar el nivel de em-pleo y actividad en el sector de laconstruccin); medidas como la pr-

    rroga de libertad de amortizacin, en elmarco del Impuesto sobre Sociedades;o la flexibilizacin de los requisitos parala recuperacin del Impuesto sobre elValor Aadido en el caso de impago defacturas; as como la reforma del segurode crdito a la exportacin, o la rebajatemporal de diversas tasas en materiade transporte areo.

    Se adopta, adems, un paquete de me-didas especficamente destinadas a laspequeas y medianas empresas, en re-lacin con la reforma de mecanismosde apoyo financiero y la reduccin decargas administrativas en el mbito tri-butario.

    Y por ltimo, respecto de los ciudada-nos de a pie, se eleva el umbral de in-embargabilidad de aquellos ciudadanoscon cargas familiares.

  • La racionalizacin del gasto farmacutico, en el punto de mira

    De todos es sabido que, debido a nues-tro sistema de Sanidad y de SeguridadSocial, somos beneficiarios de la gratui-dad en los medicamentos cuando esta-mos internados y bajo tratamiento en uncentro sanitario, tambin cuando llega-mos a una determinada edad en la quela jubilacin nos lleva a una mejor vida,y conforme al Rgimen de SeguridadSocial al que pertenezcamos, podemosbeneficiamos de la gratuidad de los fr-macos.

    Hace algunos aos , apareci el RealDecreto-Ley 12/1999, de 31 de julio, demedidas urgentes para la contencin delgasto farmacutico en el Sistema Nacio-nal de Salud y se excluyeron algunosmedicamentos que hasta entonces eranobjeto de una bonificacin que poda lle-gar hasta el 100%.

    En la misma linea, el 7 de mayo de2010, entra en vigor, el Real Decreto-Ley4/2010, de 26 de marzo, de racionaliza-cin del gasto farmacutico con cargoal Sistema Nacional de Salud, en el quese plasman los resultados del acuerdodel Consejo Interterritorial.

    Se pasa de la contencin a la racionali-zacin, lo cual hace pensar seguida-mente si hasta la entrada en vigor delmismo los gastos eran irracionales.

    Todo ello, enmarcado en la actual co-yuntura econmica, sealando el mayorprecio de las nuevas especialidades far-macuticas de los ltimos aos, ascomo los niveles presupuestarios esta-blecidos para el gasto pblico sanitario,han motivado la adopcin de una seriede medidas orientadas a la reduccin deese gasto.

    En ese sentido, se enmarcan iniciativascomo la ampliacin de la financiacinselectiva de medicamentos o el fomentodel consumo de genricos a travs dela regulacin del sistema de precios dereferencia.

    El Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 deabril, de Medidas urgentes de liberaliza-cin e incremento de la competencia, in-dica en su articulo 9 la reduccin delmargen de los almacenes farmacuticosen la distribucin de las especialidadesfarmacuticas de uso humano, fijndoloen un 9,6 por 100 del precio de ventadel almacn sin impuestos.

    Las medidas adopta-das hasta ahora nohan afectado a losprecios industrialesmximos de las espe-cialidades farmacuti-

    cas, a los que se refiereel articulo 100.2 de laLey 25/1990, del 20 dediciembre, del Medica-mento; sin embargo, suincidencia era ms que relevante en elprecio final de los medicamentos, ascomo en el gasto farmacutico y en eluso de los medios financieros destina-dos al Sistema Nacional de la Salud.

    Dichos precios han mantenido una clara

    tendencia al alza durante los ltimosaos, que no ha corregido la reduccingeneral de costes esperada en la eco-noma espaola ni los extraordinarios in-crementos del consumo.

    En consecuencia, y en base en las pre-visiones coyunturales de poltica econ-mica, continua la necesidad de insistiren la moderacin de los precios de losmedicamentos y de estimular un usoms racional de los recursos financierosdestinados al Sistema Nacional deSalud (SNS).

    El SNS ha considerado imprescindibleproceder a la limitacin de dicha ten-

    dencia alcista de los preciosindustriales mximos de lasespecialidades farmacuti-cas con la finalidad, ade-ms, de adecuar el gastofarmacutico a los actuales

    presupuestos, que por loque cuentan son ajustadosy reducidos.

    Igualmente, es necesarioregular los precios de es-

    pecialidades farmacuticasno bioequivalentes que superen el co-rrespondiente precio de referencia, su-puesto ste no contemplado en elarticulo 94.6 de la Ley del Medicamentoy consecuentemente tampoco en elReal Decreto 1035/1999, de 18 dejunio.

    Mara del Mar Ruiz.Experta Derecho Social del Trabajo

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  • Dicha regulacin contribuye a evitar unincremento de costes asociado a losbeneficios adicionales obtenidos por loslaboratorios fabricantes de aquellos fr-macos, que no resultan intercambiablespor genricos y que son los usuarios yel Sistema Nacional de Salud los queterminan soportando. De esa forma, seconseguir un adecuado funciona-miento del sistema de precios de refe-rencia.

    Por todo ello y dado el carcter de ur-gencia que deben adoptar medidas en-caminadas a la contencin del gastofarmacutico, el nuevo Real Decretobaja el precio de los genricos y modi-fica tambin los mrgenes de las ofici-nas de farmacia. As se modifica elclculo de los precios de referencia delos medicamentos, que se reducir enun 25% y fijando un precio mximo definanciacin para algunos frmacos diri-gidos a sntomas leves.

    Las medidas que se establecen eneste Real Decreto-ley son acordescon la Directiva 89/105/CEE, de 21de diciembre de 1988, relativa a latransparencia de las medidas queregulan la fijacin de precios de losmedicamentos de uso humano y su in-clusin en el mbito de los sistemas na-cionales del seguro de enfermedad.

    Principales medidas

    Las farmacias se vernfavorecidas al tenerque pagar al Sistemaun 7,8% de sus ingre-sos, en lugar del 8% queaportaban hasta ahora, y alhacerlo slo a partir de una facturacinde 37.500 euros al mes, frente a los32.336 actuales.

    Con este cambio, y segn los clculosdel departamento que dirige Trinidad Ji-mnez, el 98% de las farmacias espa-olas bajarn su aportacin en esa lnea,se incluirn medidas para aprobar unanorma para la universalizacin de la co-bertura del SNS, un calendario vacunal

    nico para toda Espaa, y criterios co-munes para las retribuciones del perso-nal y la implantacin de la historia clnicadigital comn.

    El Ministerio de Sanidad destaca que,entre las principales medidas financierasrecogidas en el nuevo Real Decreto, seincluye la reforma del sistema de preciosde referencia con un ahorro estimado de800 millones de euros, ya que se calcu-lar el precio de referencia de cada con-junto homogneo de medicamentoscon el precio ms barato y no con lamedia de los tres ms baratos comoocurre en la actualidad. El acuerdo tam-bin implica que se fijar un precio m-

    ximo para los medicamentos contra sn-tomas menores. Esto, que afectar afrmacos como los anticidos o los an-titrmicos, permitir un ahorro de 352millones.

    A pesa de todo esto, faltan medidaspara disminuir el nmero de polimedica-dos de alto riesgo, el numero de ingre-sos por problemas relacionados con losmedicamentos, para terminar con elproceso de medicalizacin de la vidacotidiana, poner coto a la venta delmiedo con nombre de enfermedades, ymejorar la Atencin Primaria en particu-lar ni el sistema sanitario en general.

    La industria farmacutica

    El recorte de 1.500 millones en la facturaen medicamentos no gusta al sector far-macutico, que ha hecho cuentas yasegura que cada una de las 21.202 ofi-cinas de farmacia que hay en Espaadejar de ganar 1.474,5 euros al mes.

    Desde otro punto de vista, la patronal,Farmaindustria, ha calificado de "muyduras y contundentes" las medidas y haadvertido de que tendrn un "gran im-pacto" en el sector, "ya debilitado por lasituacin econmica actual".

    Por su parte, el presidente de los fabri-cantes de genricos, Ral Daz-Varela,critica la rebaja del 25% de los precios

    de los genricos y lo considera un va-rapalo para este sector, que tiene enEspaa el 10% del mercado de me-dicamentos, frente al 40% de pases

    de la UE o el 75% en Estados Unidos.

    Pero la industria farmacutica siempreha tenido una salud econmica envidia-ble y, en pocas como sta, lo impor-tante es que todos colaboren paramantener el Sistema Nacional de Salud;un sistema que se abri a la universali-zacin en 1986 y que es un mrito detoda la sociedad espaola. Espaa tienela suerte de contar con una de las me-jores redes sanitarias del mundo y ha demantenerse como parte fundamentaldel Estado de Bienestar.

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  • Atendiendo al desarrollo reglamen-tario, cabe destacar el artculo 102.3LGSS/1974, que ordena que lasentidades obligadas a prestar asis-tencia sanitaria no abonarn los gas-tos que puedan ocasionarse cuandoel beneficiario utilice servicios distin-tos de los asignados, a no ser en loscasos que reglamentariamente sedeterminen.

    Asimismo, en el artculo 5 del RealDecreto 63/1995, de 20 de enero: elnmero 1 del precepto citado esta-bleca el principio general de presta-cin con los medios disponibles enel Sistema Nacional de Salud (SNS),para, a continuacin, en su nmero3, ordenar que en los casos deasistencia sanitaria urgente, inme-diata y de carcter vital, que hayansido atendidos fuera del SNS, se re-embolsarn los gastos de la mismauna vez comprobado que no se pu-dieron utilizar oportunamente losservicios de aquel y que no consti-tuye una utilizacin desviada o abu-siva de esa excepcin.

    Se acude pues al concepto de ur-gencia vital com concurrente paradelimitar los supuestos en que pro-cede el reembolso de los gastos sa-nitarios sufragados previamente porel paciente que hubiera recibido

    asistencia sanitaria ajena al sistemapblico.

    Esto en cuanto a los antecedentesdel desarrollo normativo. Lo ms ac-tual en cuanto a jurisprudencia, laasistencia mdica de urgencia y ur-gencia vital y la casustica jurispru-dencia en relacin con el reintegrode gastos se desarrolla en el textontegro del artculo que puede con-sultarse pinchando aqu.

    An as, como mtodo aclaratorio,se destacan las siguientes conclu-siones:

    La virtualidad prctica del con-cepto de urgencia vital se rela-ciona, paradigmticamente , con elexcepcional derecho al reintegro delos gastos satisfechos por la asisten-cia sanitaria recibida en centros einstituciones sanitarias extra murosdel Sistema Nacional de Saludcuando no haya sido posible reci-birla de ste oportunamente.

    Tratndose de una cuestin direc-tamente relacionada con la determi-nacin misma de la cartera deservicios del Sistema Nacional deSalud, la opcin del legislador poruna mayor o menor amplitud en laconfiguracin del derecho subjetivodel ciudadano en cuanto usuario delos servicios pblicos sanitarios alreintegro de las gastos ocasionados

    -su estricta excepcionalidad, su vin-culacin con las listas de espera-, noes una opcin polticamente neutrapues traduce una concreta posicinrespecto del papel mismo de los ser-vicios pblicos.

    El vigente artculo 4.3 RDCSC -aligual que el anterior artculo 5.3 delR.D. 63/1995- exige, como nico re-quisito para el posible reintegro, quela asistencia recibida fuera del Sis-tema Pblico sea urgente, inmediatay de carcter vital para hacer frente asituaciones de riesgo. A ese nico re-quisito suma la concurrencia de doscontroles posteriores que, en la prc-tica, suelen ser apreciados como mu-tuamente determinantes: 1) que hayasido imposible la utilizacin oportunade los servicios pblicos, y 2) que setrate de un uso adecuado -no abu-sivo ni desviado- de la excepcin.

    La (ms aparente que real) complejacasustica judicial trae causa de la plu-ralidad de patologas analizadas.Pese a ocasionales fluctuaciones defondo (incorrecta identificacin de ladenegacin de la prestacin comourgencia vital), la jurisprudencia hadefinido los lmites del concepto deurgencia vital en coherencia con elmarco legal de aplicacin, superandosu pura literalidad gramatical en co-nexin con la amplitud del derecho ala salud consagrado en el artculo43.1 de la Constitucin espaola.

    Urgencia vital, jurisprudencia para elreembolso del gasto sanitario en

    centros privados

    Jess Junquera. Secretario general FSS-CCOO La Rioja

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    http://www.sanidad.ccoo.es/ficheros_descargas/Juridico/Juridico%20anexo%20p%208.pdf

  • No nos indica en su consulta si eltiempo que ha permanecido en situa-cin de incapacidad permanente hasuperado o no los dos aos. En todocaso, tienes derecho a incorporarte ala plaza de tu misma categora.

    Deducimos que en esta situacin hasestado ms de dos aos, por lo que

    en el momento de la expedicin delalta por pare del INSS tienes que tra-mitar la excedencia voluntaria en laempresa. Desde esta situacin po-drs participar en el prximo con-curso de traslado.

    Puedes, mientras tanto, trabajar encualquier actividad privada, perocuando la finalices puedes tener pro-blemas para el cobro de la prestacinpor desempleo, pues el organismopblico te puede exigir que pidas elreingreso en la empresa en la queests de excedencia y, slo en elcaso de que te denieguen el rein-greso, te concederan la prestacin.

    Ten presente, que el tiempo trabajadocomo personal estatutario, no cotizapor la contingencia de desempleo.

    el lector pregunta

    ?He sido sancionada de empleo y sueldo poruna falta por incompatibilidad. La sancin esde un ao. Puedo trabajardurante este tiempo en unaempresa pblica sanitaria?

    El artculo 68 del Estatuto Marco, ensu punto 4, prohbe la prestacin deservicios en cualquier Administracinpblica, en organismos pblicos o enlas entidades de derecho pblico de-pendiente o vinculadas a ellas. Estaprohibicin alcanza a las entidades p-blicas sujetas a derecho privado o fun-daciones sanitarias, durante el tiempode cumplimiento de la pena o sancin.

    Nuestra opinin es que durante esetiempo no puedes prestar servicios enla empresa pblica sanitaria, puestiene la condicin de una entidad p-blica sujeta a derecho privado.

    Durante este tiempo puedes prestarservicios en cualquier actividad privadaque no sea incompatible con prestarservicios en el sector pblico.

    quiero trabajar en loprivado el tiempo im-prescindible para co-brar el desempleo,mientras se convocael prximo concursode traslado. Esta po-sibilidad es legal?

    Los interesados pueden enviar susconsultas jurdicas a la siguiente

    direccin: el-lectorpregunta@sanidad.ccoo.es.

    La redaccin se reserva el derecho depublicar las consultas que considere

    de mayor inters general y de modifi-car parte del contenido de las mismas.

    La Direccin

    Seccin coordinada por Jos Gutirrez Campoy

    El Instituto Nacional de la Seguridad Social me ha revisado mi inca-pacidad permanente total y me ha dado el alta por mejora. Soy personalestatutario. Como mi plaza la tengo en una localidad distinta,

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  • Qu son lesiones permanentesno invalidantes?

    Se consideran lesiones permanentesno invalidantes, segn el artculo 150del texto refundido de la Ley Generalde la Seguridad Social, las lesiones,mutilaciones y deformidades decarcter definitivo, causadas poraccidentes de trabajo o enferme-dades profesionales que, sin llegara constituir una incapacidad per-manente, supongan una disminu-cin o alteracin de la integridadfsica del trabajador y aparezcanrecogidas en el baremo estable-cido al efecto.

    El trabajador o trabajadora debe en-contrarse afiliado/a y en alta o en si-tuacin asimilada a la del alta (porejemplo estar cobrando la prestacinpor desempleo) o en alta de plenoderecho (cuando el empresario in-cumple con su obligacin de dartede alta), puesto que son prestacionescausadas por contingencias profe-sionales, es decir, accidentes de tra-bajo o enfermedades profesionales.El trabajador debe de haber sidodado de alta mdica por curacin ylas lesiones, mutilaciones y deformi-dades debern estar recogidas en elbaremo. Del mismo modo, el traba-jador no habr sido declarado, acausa de las mismas, beneficiario deuna prestacin de invalidez.

    La prestacinLa prestacin, que trata de compen-sar al trabajador o trabajadora, con-

    sistir en una indemnizacin econ-mica a tanto alzado, por una solavez, con las cantidades del baremo,cuantas que pueden aumentarcuando exista responsabilidad em-presarial, de un 30 a un 50%, segnla gravedad de la falta, recargo querecaer sobre el empresario infractor.El baremo ha sido modificado en va-rias ocasiones a fin de suprimir lasdiscriminaciones por razn de sexo ypara actualizar las cuantas conformea la evolucin del IPC.

    Los seis grupos que conforman elbaremo actual estn a su vez dividi-dos en varios apartados, que diferen-cian entre la prdida, disminucin ydeformidad del rgano o miembro, yla rigidez en las articulaciones.

    Las cantidades que correspondan seotorgarn por la entidad que estu-viese obligada al pago de las presta-ciones de incapacidad permanente,INSS o Mutuas de Accidentes de Tra-bajo y Enfermedades Profesionales.

    Esta indemnizacin es incompatiblecon las prestaciones econmicas es-tablecidas para la invalidez perma-nente, salvo que las lesiones,mutilaciones y deformidades sean to-talmente independientes de las quehayan sido tomadas en considera-cin para declarar la invalidez. Encambio es compatible con el derechodel trabajador o trabajadora a conti-nuar al servicio de la empresa puestoque no supone la extincin del con-trato de trabajo.

    laBBrjula

    Almudena Martn Tirado.Diplomada en Relaciones Laborales

    Grupos del BAREMO (OrdenTAS/1040/2005, de 18 de abril)

    1. Cabeza y cara

    2. Aparato genital

    3. Glndulas y vsceras

    4. Miembros superiores

    5. Miembros inferiores

    6. Cicatrices

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    Todas las claves de losequiposde proteccin individual

    La legislacin que se encuentra alestudiar los equipos de proteccinindividual (en adelante EPIS) pro-viene de varias fuentes. stas nacencon motivo de la obligatoria traspo-sicin de la directiva europea89/656/CEE, de 30 de noviembre de1989, a nuestro Ordenamiento Jur-dico, y que se materializa en el RealDecreto 773/1997, de 30 de mayo,sobre disposiciones mnimas de se-guridad y salud, relativas a la autori-zacin por los trabajadores deequipos de proteccin individual.

    Este Real Decreto viene encuadradodentro de la reglamentacin generalde seguridad y salud, que es consti-tuida, principalmente, por la Ley dePrevencin de Riesgos Laborales y,por ello, debern cumplirse tambinsus preceptos generales.

    Sera interesante analizar las referen-cias a los EPIS que se hacen desdela Ley de Prevencin de Riegos La-borales (LPRL). Observando su defi-nicin, segn el artculo 4.8, seentiende por equipo de proteccinindividual (EPI), cualquier equipodestinado a ser llevado o sujetadopor el trabajador o trabajadora, paraque le proteja de uno o varios ries-gos que puedan amenazar su segu-ridad o su salud en el trabajo, as

    como cualquier complemento o ac-cesorio destinado a tal fin.

    En el Art. 15.1 se detalla que stosdebern utilizarse cuando los riesgosno se puedan evitar o no puedan li-mitarse suficientemente por mediostcnicos de proteccin colectiva.Aqu est el ms importante pre-cepto ante el uso de los EPIS: noson el escudo a usar ante el riesgolaboral, sino la ltima opcin que hayque tomar en caso de no haber po-dido evitar o eliminar el riesgo, tal ycomo marca esta misma Ley, en losprincipios preventivos en el Art.15.1.

    El Art. 17.2 explicita que tienen queser suministrados por el empresario,y que debern ser los adecuadospara el desempeo de sus funcio-nes, debiendo velar por su uso, (exi-gindolo si es necesario, y con laposibilidad de sancionar al trabaja-dor segn estatuto de los trabajado-res), debiendo usarse cuando no sehayan podido evitar o limitarse losriesgos por medios de proteccincolectiva o usando cambios en losmtodos de organizacin del tra-bajo.

    Si realmente se quiere conocer sobrelos EPIS, se debe estudiar el citadoReal Decreto 773/1997. En l se en-cuentran las disposiciones mnimasen cuanto a la definicin de qu es

    un EPI, las obligaciones generalesdel empresario, criterios para el em-pleo, eleccin, condiciones quedeben reunir y mantenimiento de losequipos.

    Cabe destacar la importancia quetiene la informacin y la formacin delos trabajadores y trabajadoras en loque concierne a los EPIS, as comola consulta a los trabajadores, previaa la adquisicin, por el empresario,de los EPIS.

    Jorge Luis Fontalba. Tcnico superior enPrevencin de Riesgos Laborales

    CONDICIONES A CUMPLIR PORLOS EPIS (Art.5. R.D.773/97)

    * Ser adecuado a los riesgos de losque haya que protegerse, sin supo-ner de por s un riesgo adicional.(Unas gafas que eviten salpicadu-ras en los ojos no debern hacerperder visibilidad, o podran oca-sionar un mal mayor).

    * Responder a las condicionesexistentes en el lugar de trabajo.(Un mono de proteccin qumicajunto a una mscara facial com-pleta, son susceptibles de incre-mentar el riesgo de golpe de caloren ambientes con alta temperatura,debern de tener buena disipacinde calor corporal).

    * Tener en cuenta las exigenciasergonmicas y de salud del traba-jador. (Un trabajador con barba no

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  • Asimismo, en caso de riesgos mlti-ples que exijan que se lleven simult-neamente varios equipos deproteccin individual, dichos equipos

    debern ser compatibles y mantenersu eficacia en relacin con el riesgo olos riesgos correspondientes.

    Las condiciones en las que un equipode proteccin individual deba utili-zarse, y el tiempo durante el cual hayade llevarse, se determinarn en fun-cin de la gravedad del riesgo, de lafrecuencia de la exposicin al riesgo,y de las caractersticas del puesto detrabajo de cada trabajador y trabaja-dora, as como de las prestaciones del

    equipo de proteccin individual.

    Los EPIS se categorizan en tres cate-goras que ascienden junto al nivel deriesgo: I para riesgos mnimos, II parariesgos elevados y III para riesgosmortales o irreversibles.

    Los equipos de proteccin individualestarn destinados, en principio, a unuso personal. Si las circunstancias exi-gen la utilizacin de un equipo indivi-dual por varias personas, deberntomarse medidas apropiadas para quedicha utilizacin no cause ningn pro-blema de salud o de higiene a los di-ferentes usuarios. (Como ejemplo, losmandiles plomados de tcnicos de ra-dioterapia son usados por mltiplespersonas, tambin es excepcinaceptable el EPI que se usa ocasional-mente para tareas de inspeccin o au-ditora, guardando la lgica higieneinterpersonal).

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    deber usar una mscara idnticaque otro sin sta).

    * Adecuarse al portador, tras losnecesarios ajustes. (Respetar lasdiferencias biomtricas de cual-quier persona media).

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    La huelga, objeto de anlisis

    La existencia de intereses contrapuestosdentro de las relaciones laborales se muestracomo fuente de conflicto entre los empleado-res y los asalariados. En ocasiones, dichasdiscrepancias dan lugar a conflictos en losque se adoptan medidas de protesta o depresin; son las conocidas como medidasde conflicto colectivo. Entre las posibles me-didas de conflicto colectivo que puedan to-marse, la huelga es la medida ms utilizadapor parte de los trabajadores y trabajadoras,que buscan en su unin el intento de equili-brar, frente al empleador, la desigualdad depoder existente en toda relacin laboral.

    La huelga se puede definir como la cesacincolectiva y concertada en la prestacindel trabajo con el fin de defender los inte-reses laborales y sociales de los trabaja-dores. Uno de los objetivos fundamentalesde la huelga es la presin al empleador parala mejora de las condiciones de trabajo; in-cluso en los ltimos aos, para el no empeo-ramiento de dichas condiciones. Tambin seutiliza la huelga con fines

    poltico-sociales, presionando a los poderespblicos hacia la consecucin de mejoras so-ciales beneficiosas para la clase trabajadoray, en general, para la sociedad en su con-junto.

    Por otra parte, la huelga puede adoptar infi-nidad de formas, aunque bien es cierto quea lo largo de la historia se ha ido identificandocierta tipologa de huelgas conforme a losusos de las mismas por parte de los trabaja-dores y trabajadoras.

    NormativaEn el ordenamiento jurdico espaol, y par-tiendo de la base de que Espaa se autopro-clama como Estado Social y Democrtico deDerecho (artculo 1.1 de la Constitucin), elderecho a la huelga obtiene mxima protec-cin y garanta pues la propia Constitucin de1978 lo recoge como Derecho Fundamental.

    De este modo, el artculo 28.2 de la Consti-tucin reconoce el derecho a la huelga delos trabajadores para la defensa de sus inte-reses, complementando este mandato conel artculo 37.2, donde se reconoce el dere-cho de los trabajadores y empresarios adop-

    tar medidas de conflicto colectivo.

    Por su especial proteccin, como DerechoFundamental, el derecho a la huelga debe serregulado mediante ley orgnica. Sin em-bargo, y debido al enorme consenso nece-sario para aprobar una ley orgnica, la clasepoltica ha dejado pasar los aos sin iniciar lostrabajos para dar cumplimiento al mandatoconstitucional.

    Este vaco normativo ha propiciado que a dade hoy, y pese a la claridad de la Constitu-cin, el derecho a la huelga siga regulado porlo dispuesto en una norma pre-constitucionalcomo es el Real Decreto Ley 17/1977, de 4de marzo, sobre relaciones de trabajo. Esos, dicha norma, que es a la que debe acu-dirse en la actualidad en lo concerniente alderecho de huelga, fue objeto de Sentenciadel Tribunal Constitucional, de 8 abril de1981, que declar inconstitucionales algunosde sus preceptos, interpretando el texto delreal decreto y sometiendo su constitucionali-dad a la interpretacin ofrecida por el falloconstitucional.

    Juan Jos Plaza Angulo.Profesor de la Universidad de Mlaga

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    El personal estatutario y la jurisdiccin contencioso

    administrativa

    Una de las cuestiones insatisfactoria-mente resueltas por el ordenamiento esel reparto competencial ente los rde-nes jurisdiccionales conten-cioso y social. Estaapreciacin general cabe par-ticularizarla para el caso delpersonal estatutario. Noobstante, la Sala Cuarta delTribunal Supremo, hasta queentra en vigor el EstatutoMarco del personal estatuta-rio de los servicios de salud,sostuvo que el conocimientode las cuestiones contencio-sas que surjan entre tal per-sonal y las entidadesgestoras competa a la juris-diccional social, aunque esaregla general permita excep-ciones.

    Como consecuencia de laentrada en vigor del EstatutoMarco cambia la atribucincompetencial, que pasar aser del orden contencioso ad-ministrativo. Bien es verdadque ello no es porque as lodisponga de manera expresala norma en cuestin, sinopor una decisin jurispruden-cial.

    En esa decisin ha tenidobastante importancia una es-pecie de hartazgo judicialhacia este personal, que hahecho que la discusin com-petencial se resuelva a favor

    de su atribucin a lo que son sus rga-nos naturales, segn vena sosteniendoalguna doctrina legal.

    Existen argumentos jurdicos para justi-ficar que las cuestiones contenciosas

    del personal estatutario, salvo excepcio-nes, podan seguir estando residencia-das en el orden social de la jurisdiccin. Lo primero a destacar es el importantecrecimiento de demandas cuando,precisamente, en el orden social vena

    decreciendo la litigiosidadde este personal. Este im-portante crecimiento de re-cursos contenciosoadministrativos ha tenidouna primera consecuencia:sealamiento tardo de losjuicios (ya se estn sea-lando pleitos para el ao2013). Es verdad que en lademora de los sealamien-tos contribuye lo que se yase ha acuado con el nuevoaforismo segn el cual hayverdades, mentiras y esta-dsticas, o el viejo principiosegn el cual la funcin deljuez es hacer justicia perosu misin es dilatarla en eltiempo; principios que co-bran especial intensidad eneste orden jurisdiccional.Pero a ello tambin contri-buye la propia Ley Jurisdic-cional que, por ejemplo, noposibilita, como ocurre en elorden social, que se puedainterponer una demanda enmateria de conflicto colec-tivo. Esto determina que seplanteen centenares, por nodecir miles, de reclamacio-nes sobre un tema, cuandode existir el referido instru-mento jurdico la cuestin sepodra resolver con una solareclamacin.

    Bartolom Torres. Asesora JurdicaCCOO Alicante

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    Pero el tema se agrava an mscuando la cuestin que es objeto decontroversia es resuelta de formadispar por los juzgados y contra lamisma no cabe recurso de apelacinpor la cuanta. Por ejemplo, en el m-bito de la Comunidad Valenciana ocu-rre con relativa frecuencia que untema que afecta a todo el personalestatutario de la Comunidad se estresolviendo por los juzgados de ma-nera dispar. As, mientras los juzgadode Alicante reconocen algo, los de Va-lencia, lo desestiman o viceversa; noexistiendo instrumento jurdico, salvoel recurso de inters de ley auton-mico en manos de la Administracin,para solucionar esta anmala situa-cin.

    Lo grave del asunto es que esa situa-cin no es excepcional sino que se re-pite con frecuencia y tiene un alcancecuantitativo muy importante. Estamisma situacin se da si se compa-ran resoluciones judiciales dictadaspor los Tribunales Superiores de Jus-ticia.

    Con ocasin de las reclamacionesformuladas por el personal estatutarioen materia de jubilacin parcial an-ticipada ante la jurisdiccin conten-ciosa administrativa, cabe examinarlos pronunciamientos que sobre elparticular se estaban dando en losTribunales Superiores. Con indepen-dencia de que ninguno de ellos seplanteara su competencia sobre eltema, lo curioso es que, mientrasunos Tribunales Superiores sostenanque s era posible la jubilacin parcial,otros sostenan lo contrario. Ello sig-nifica que en unas comunidades, elpersonal estatutario hubiera podidoacceder a la jubilacin parcial antici-pada, mientras que en otras no. Y asocurre en otros tantos temas.

    Esta situacin al menos con este al-cance era imposible que se diera enel orden social, puesto que jurisdic-

    cionalmente existan instrumentosnormativos que permitan recurrir yunificar la doctrina.Por otro lado, en la Ley de la Juris-diccin Contencioso-Administra-tiva (LJCA) no existen modalidadesprocesales que establezcan un proce-dimiento urgente y preferente, comoocurre en el orden social;por ejemplo,cuando se discuten derechos de con-ciliacin de la vida personal, familiar, ylaboral, vacaciones, extinciones, etc.

    Cualquier reclamacin del personalestatutario se ha de ventilar, con ca-rcter general, por el procedimientoabreviado previsto en el artculo 78 deLJCA, salvo que se plantee comoproteccin de derechos fundamenta-les de la persona. As, cualquier recla-macin del personal estatutario, porejemplo, en materia de vacaciones,de derechos de conciliacin de la vida

    personal , personal, familiar y laboral,etc., se demora varios aos, con loque el petitum hay que transformarloen una indemnizacin de daos y per-juicios.

    Se podra seguir citando ms conse-cuencias que en el orden contenciosoadministrativo se vienen dando res-pecto del personal estatutario y quehacen que principios como el de se-guridad jurdica, derechos fundamen-tales o como el de tutela judicialefectiva estn en tela de juicio.

    A nivel de Ministerio de Justicia, no seha hecho la suficiente presin parahacerle ver que desde todos los pun-tos de vista lo aconsejable es que elconocimiento de las cuestiones con-tenciosas ante el personal estatutarioy los servicios de salud debe residen-ciarse en el orden social.

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  • CCOO defiende el pago de trienios al personal temporal

    Dentro de las retribuciones bsicas queperciben los trabajadores y trabajado-ras del Servicio Madrileo de la Saludse encuentran los trienios que vienen aretribuir la prestacin de servicios, abo-nndose una cantidad fija por cada tresaos de servicios en funcin del grupoprofesional de pertenencia.

    Pues bien, dichos trienios no se abonanal personal laboral temporal ni al perso-nal estatutario temporal, es decir quenicamente se abonan al personal es-tatutario o laboral fijo.

    CCOO siempre ha defendido el dere-cho de los trabajadores y trabajadorastemporales a percibir este comple-mento de antigedad. Por este motivo,en su da interpuso una demanda anteel Tribunal Superior de Justicia de Ma-drid para que al personal laboral del an-tiguo INSALUD se le reconociese dichoderecho. Una demanda que fue esti-mada por Sentencia del Tribunal Supe-rior de Justicia de Madrid de fecha27/06/05 y confirmada por el TribunalSupremo en Sentencia de 13 de juliode 2006, que reconoce que el personallaboral temporal que presta servicios enlos centros del antiguo INSALUD (H. LaPaz, H. Clnico, H. Ramn y Cajal, etc.)tienen derecho por cada tres aos deservicios prestados a devengar y perci-bir los trienios generados.

    Igualmente, CCOO, a raz de la promul-gacin del Estatuto Bsico del Emple-

    ado Pblico por Ley 7/2007, y ante laactitud de la Consejera de Sanidad deno abonar de oficio los trienios al per-sonal estatutario temporal, viene recla-mando ante la JurisdiccinContenciosa el derecho de los mismosa percibir el complemento de antige-dad. Reclamaciones que, hasta lafecha, estn siendo estimadas portodos los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre otros, los n 28,29, 30 y 31.

    Del mismo modo, CCOO, junto conUGT, interpuso una demanda de con-flicto colectivo, solicitando la nulidaddel artculo 37.2 del convenio colec-tivo del personal laboral de la comu-nidad de Madrid, con el fin de que elpersonal laboral temporal que prestaservicios en los centros del antiguo Ser-vicio Regional de Salud, percibiese lostrienios en los mismos trminos que elpersonal laboral fijo.

    Pues bien, nuevamente los tribunaleshan dado la razn a CCOO y por Sen-tencia del Tribunal Superior de Justiciade Madrid, de fecha 27/12/2007, con-firmada por el Tribunal Supremo enSentencia de fecha 23/09/09, han de-clarado la nulidad del prrafo segundodel artculo 37 del convenio colectivopara el personal laboral de Madrid, con-denando a la Administracin Auton-mica a reconocer el derecho delpersonal laboral temporal a devengartrienios por cada tres aos de serviciosen los mismos trminos que el personallaboral fijo.

    Sin embargo y pese a este pronuncia-

    miento judicial, la Comunidad de Ma-drid, sigue sin abonar los trienios al per-sonal laboral temporal en los trminosreconocidos en la sentencia, obligandoa los trabajadores a demandar indivi-dualmente lo que ya tienen reconocido.

    Esta actitud de incumplimiento de laSentencia, y en definitiva, de incumpli-miento de un convenio colectivo, noslo ocasiona perjuicios a los trabaja-dores que se ven obligados a iniciarprocedimientos judiciales, con los cos-tes econmicos y de dilacin en eltiempo que ello comparta, sino que su-pone un claro perjuicio para la Adminis-tracin de Justicia, que se encuentracolapsada con estos procedimientos.

    Pero la Comunidad de Madrid, lejos desolventar este problema y de acatar losfallos judiciales, da una vuelta ms detuerca y ha dictado una Orden de fecha1 de febrero de 2010, en la que sinquerer reconocer que se ha anulado elart. 37.2 del convenio colectivo por lasentencia ganada por CCOO y UGT,establece un procedimiento de recono-cimiento de trienios al personal laboraltemporal, pero tan slo les reconocelos efectos retroactivos de un ao y nodesde el 23 de septiembre de 2006como tendran derecho.

    Por ese motivo, CCOO seguir recla-mando judicialmente el derecho de lostrabajadores y trabajadoras temporaleslaborales de la Comunidad de Madrida percibir los trienios, tal y como les fuereconocido por sentencias del TribunalSuperior de Justicia de Madrid y del Tri-bunal Supremo.

    M ngeles Villanueva. Asesora Jurdica CCOO Madrid

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    En el convenio del Grupo Sogecablese haba fijado el incremento de sala-rios para el ao 2009: "para los suce-sivos aos de vigencia los salariosanuales tendrn un incremento equi-valente al previsto por el Gobiernopara el IPC ms medio punto porcen-tual. Al final de ao se revisar, en sucaso, hasta el IPC real de cada unode esos aos, ms medio punto".

    Al de aplicar dicha subida salarial, lapostura de la empresa fue la de con-siderar que no haba previsin delGobierno de incremento de IPC parael ao 2009, por lo que la subidasera nicamente del 0,5% que con-templa el convenio como incrementoadicional a ese IPC. Para ello se ba-saba en la respuesta ofrecida por la

    Secretara General de Presupuestosy Gastos del Ministerio de Economay Hacienda al propio grupo Sogeca-ble en la que vena a considerar queen relacin con la previsin de IPCpara el ao 2009, el Gobierno notiene establecida una previsin oficialsobre el mismo.

    Adems, consideraba la empresaque, ante el escenario econmico ac-tual de bajada previsible de la infla-cin, un incremento en el conveniopodra suponer un enriquecimientoinjusto de los trabajadores y trabaja-doras.

    El Tribunal Superior fija en esta sen-tencia unas reglas que, bajo ciertaspremisas, pueden tener alcance ge-neral:* La revisin con arreglo al IPC realcuando juega en doble direccin, es

    decir, al alza o a la baja, tiene efectosmuy desfavorables para los trabaja-dores, lo que exige que el convenio lohubiera previsto de forma expresa.

    * La existencia de un IPC real inferioral previsto es un acontecimiento ex-cepcional, por lo que no puede pre-sumirse que los negociadores locontemplaron al fijar la clusula de re-visin salarial. De esta forma, se tie-nen que interpretar los convenios, demodo que como regla general, la re-visin slo ser al alza por ser esa lavoluntad de los negociadores.

    * En consecuencia, si el convenioslo alude a la revisin con arreglo alIPC real, pero no matiza si es al alzao a la baja, como sucede en el casoque resuelve el TS, slo operara pararevisar el salario al alza.

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    Jos Luis Vidal. Asesora Jurdica de laFSS-CCOO Navarra

    Revisin salarial,conforme al IPC

    Tribunal Supremo, Social, 18 de febrero 2010. Rec. 87/2009

  • www.sanidad.ccoo.es

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