informe_conflic_2010_junio

INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD

EN BOLIVIA

Correspondiente al

mes de Junio de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos

de la Fundación UNIR Bolivia

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Junio de 2010

2

Índice

Presentación p. 3

1. La conflictividad en Bolivia p. 4

2. Tipología de los conflictos p. 8

3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 10

4. Ámbitos de los conflictos p. 16

5. Medidas de presión y violencia p. 20

6. Salida de los conflictos p. 23

7. Conclusiones p. 25 Guía rápida p. 27


3

Presentación

El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de junio de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.

La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.


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INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Correspondiente al mes de Junio de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Durante el mes de junio de 2010 se registraron 57 conflictos, los cuales, en lo que hace a los

actores demandantes y demandados, se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN JUNIO DE 2010

Nº ACTOR DEMANDANTE ACTOR DEMANDADO

1 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

(CIDOB) Gobierno central

2 Simpatizantes del alcalde electo de Sucre, Jaime

Barrón Movimiento al Socialismo (MAS)

3 Pobladores de Coroma y Quillacas Gobierno central

4 Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) Gobierno central

5 Confederación Nacional de Juntas Vecinales de

Bolivia (CONALJUVE) Transportistas

6 Representante de los indígenas moxeño en la

Asamblea Legislativa Departamental Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz

7 Cocaleros del trópico cochabambino Indígenas de la CIDOB

8 Federación de Trabajadores de la Caja Nacional

de Salud (FENSEGURAL) Gobierno central

9 Trabajadores del Servicio Departamental de

Caminos (SEDCAM) Oruro Gobernación de Oruro

10 Confederación de Trabajadores de Educación

Urbana de Bolivia (CTEUB) Ministerio de Educación

11 Comité Cívico de Puerto Suárez Gobierno central

12 Gremiales del mercado La Ramada Alcaldía de Santa Cruz

13 Simpatizantes del alcalde de Quillacollo, Héctor

Cartagena Concejo Municipal de Quillacollo


5

14 Unidad Nueva Esperanza (UNE) Gobierno central y Asamblea Legislativa

Plurinacional

15 Trabajadores de la Empresa Pública Social de

Agua y Saneamiento (EPSAS) Ejecutivos de EPSAS

16 Pobladores de San Matías Gobernación de Santa Cruz

17 Sindicato Mixto de Karachipampa Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

18 Pobladores de Tinquipaya Fiscalía de Distrito de Potosí

19 Comunarios del Distrito 13 de El Alto Alcaldía de El Alto

20 Central Obrera Boliviana (COB) Transportistas

21 Estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro

(UTO)

Honorable Consejo Universitario (HCU) de la

Universidad Técnica de Oruro (UTO)

22 Vecinos del Distrito 11 de la ciudad de El Alto Alcaldía de El Alto

23 Vecinos de zonas periurbanas de Oruro Alcaldía de Oruro

24 Familiares de policías victimados en Uncía y

pobladores de Oruro Policía Nacional y Gobierno central

25 Comunarios de Uncía Policía Nacional

26 Gremialistas del mercado El Abasto Alcaldía de Santa Cruz

27 Familias sin tierra Universidad Autónoma del Beni (UAB) y Alcaldía de

Trinidad

28 Vecinos del Distrito 8 de Santa Cruz Alcaldía de Santa Cruz

29 Confederación General de Trabajadores Fabriles

de Bolivia (CGTFB) Gobierno central

30 Representantes indígenas en la Cámara Baja de la

Asamblea Legislativa Plurinacional Asamblea Legislativa Plurinacional

31 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del

Qullasuyu (CONAMAQ) Gobierno central

32 Trabajadores de la Cooperativa Minera Nueva San

José Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

33 Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) Gobernador de Oruro

34 Propietarios de terrenos en urbanización Santa

Lucía y Colinas de Andalucía Alcaldía de Sacaba y ocupadores ilegales de terrenos

35 Militantes de la agrupación ciudadana Todos por

Santa Cruz Concejo Municipal de San Miguel

36 Internos del penal de San Antonio Policías de seguridad interna del penal

37 Internos de los penales de El Abra y San Sebastián

varones Autoridades del Régimen Penitenciario

38 Federación Nacional de Trabajadores de la Caja

Petrolera de Salud Gobierno central

39 Trabajadores de la Universidad Mayor de San

Simón (UMSS)

Rector de la Universidad Mayor de San Simón

(UMSS)

40 Federación de Trabajadores en Educación Urbana

de Chuquisaca

Ministerio de Educación y Directora Distrital de

Educación

41 Padres de familia, maestros y estudiantes del

Colegio Otto Felipe Braun Alcaldía de Potosí

42 Vecinos de calles aledañas al mercado La Ramada Alcaldía de Santa Cruz


6

43 Sindicato Departamental de Desocupados de

Oruro Gobierno central

44 Comerciantes de juegos pirotécnicos de la ciudad

de Oruro Concejo Municipal de Oruro

45 Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS)

del Beni Administración Regional de la CNS

46 Estudiantes de Ciencias de la Comunicación Social

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Honorable Consejo Facultativo (HCF) de Ciencias

Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés

(UMSA)

47 Federación Departamental Única de Trabajadores

Eventuales del PLANE Tarija Gobierno central

48

Coordinadora en Defensa de la Cuenca Baja del

Río Desaguadero y los lagos Uru-Uru y Poopó

(CORIDUP)

Gobierno central

49 Ex trabajadores del Concejo Municipal de El Alto Concejo Municipal de El Alto

50 Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE ) de El

Alto Alcalde de El Alto

51 Concejales municipales Alcaldía de Oruro

52 Juntas vecinales de Oruro Asambleístas departamentales

53 Estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni

(UAB) Fiscalía General del Estado

54 Federación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos del Beni (FSUTCB) Tribunal Supremo Electoral

55 Sindicato de Trabajadores de Avance de Obras Alcaldía de Oruro

56 Trabajadores del Hospital Regional San Juan de

Dios

Administración del Hospital Regional San Juan de

Dios

57 Sindicato de Trabajadores del Servicio

Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni

Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del

Beni

57 TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, junio de 2010

Con 24 casos menos que el mes pasado, junio se caracterizó por una contracción de la

conflictividad, fenómeno que rompió con la tendencia ascendente observada desde enero,

aunque es necesario reconocer que el número de conflictos registrados sigue siendo elevado.

En el mes de junio se evidenció un fuerte componente coyuntural en los conflictos, sobre todo de

tipo político, que se impuso a las temáticas permanentes y estructurales de la conflictividad

boliviana, más relacionadas con la problemática económica y de prestación de servicios públicos

que estuvieron presentes desde el mes de enero. Prácticamente se triplicaron las controversias

de índole política, sobre todo las resultantes de las elecciones de abril pasado, debido a que en

aquellos municipios donde no se obtuvieron mayorías claras, las fuerzas políticas optaron por

otras estrategias para lograr el control de las alcaldías, como recursos judiciales para procesar a

autoridades por presuntos actos irregulares y lograr así su destitución.


7

Los conflictos que se destacaron como los más importantes del mes son los siguientes:

La antigua controversia limítrofe entre la población de Coroma (Potosí) y de Quillacas

(Oruro) adquirió mayor notoriedad cuando el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) dio

un ultimátum al Gobierno nacional para resolverlo. Ya desde el mes de abril las

demandas por una pronta solución al tema se habían hecho manifiestas, incluso se

produjo un enfrentamientos entre las partes. La existencia de intereses de Oruro y Potosí

sobre los yacimientos de piedra caliza en la zona en disputa y el ofrecimiento

gubernamental durante la campaña electoral de instalar una fábrica de cemento en

Potosí, complicó aún más la ya compleja situación del conflicto limítrofe. El 16 de junio

se cumplió el plazo del ultimátum, pero se decidió extenderlo hasta el día 21, fecha en

que se instalaron bloqueos en la carretera Uyuni - Oruro. La intervención del Gobernador

del departamento de Potosí logró pacificar la zona hasta la iniciación de los trabajos de

delimitación por parte del Ministerio de Autonomías. Sin embargo, lejos de alcanzar vías

de solución, el conflicto se radicalizó poco después. Es importante recordar como

antecedente de la pugna entre Oruro y Potosí que ya en el mes de abril pasado COMCIPO

planteó una demanda al Gobierno nacional en relación con las pretensiones del

departamento de Oruro sobre los recursos evaporíticos del salar de Uyuni.

El conflicto por el control de la Alcaldía de Sucre ejemplifica un caso típico de

judicialización de la política en el marco de las tensiones entre el partido oficialista y los

partidos opositores. La amenaza de destitución del alcalde electo, Jaime Barrón, a raíz de

un proceso judicial iniciado en su contra por su supuesta participación en los vejámenes

que sufrieron campesinos el 24 de mayo de 2008 en Sucre, dio lugar a que numerosas

organizaciones sociales se movilizaran en su defensa. Luego de una semana de amenazas

y vigilias, la violencia se desató el día 18 de junio, con un grave enfrentamiento entre

fuerzas del orden y simpatizantes de la ex autoridad, con un saldo de media centena de

heridos y 15 detenidos.

En el mes de junio la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) planteó al

Gobierno un pliego petitorio de 13 puntos, entre los que destacan la demanda de respeto

a sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, como establecen la CPE y los

acuerdos internacionales vigentes. Aunque el inicio de medidas de presión fue

constantemente postergado a la espera de una respuesta por parte del Gobierno, el

conflicto ya se había iniciado. Finalmente, el 21 de junio, alrededor de 700 personas

iniciaron una marcha desde Trinidad hacia la sede de gobierno. Aunque se intentaron

algunos acercamientos entre las partes, hasta fin de mes estos esfuerzos resultaron

frustrados.


8

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

En el mes de junio los principales tipos de conflicto fueron los vinculados con temas

ideológico/políticos (17%), con medidas económicas y la situación económica de las personas

(15%), con el cuestionamiento o reconocimiento de autoridades públicas (14%), con la gestión

administrativa de diferentes entidades (13%) y con las condiciones laborales y salariales (13%).

A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su

importancia:

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

TIPO DE CONFLICTO Nº %

Ideológico-político 15 16,67%

Medidas económicas/situación económica 14 15,56%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 13 14,44%

Gestión administrativa 12 13,33%

Laboral/salarial 12 13,33%

Leyes/medidas legales 5 5,56%

Gestión del espacio urbano 3 3,33%

Tierra 3 3,33%

Derechos humanos 3 3,33%

Límites político-administrativos 3 3,33%

Prestación de servicios públicos 2 2,22%

Incumplimiento de convenios 2 2,22%

Valores/ creencias/identidad 2 2,22%

Recursos naturales y medio ambiente 1 1,11%

TOTAL 90 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, junio de 2010.

GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS



9

En junio se registraron 14 tipos diferentes de conflicto, los mismos que se presentaron también

en el mes de mayo. Aunque la cantidad de casos descendió en gran medida, las problemáticas

que los generaron se mantuvieron vigentes.

Una parte de la conflictividad de carácter ideológico político se inscribió dentro de la lucha por el

poder municipal entre el partido de Gobierno y organizaciones políticas locales. Es el caso de los

conflictos generados a raíz de la destitución de los alcaldes electos Jaime Barrón en Sucre y

Héctor Cartagena en Quillacollo; un conflicto similar aconteció en la población de San Miguel,

donde militantes de la agrupación ciudadana Todos por Santa Cruz pidieron la restitución de un

concejal que no habría cumplido con los requisitos de postulación. Al respecto, se debe señalar

que estos conflictos son parte del fenómeno de judicialización de la política. Otros conflictos

ideológico políticos fueron originados por el cuestionamiento de autoridades, especialmente de

aquellas nombradas sin el consenso de los gobernados, como ocurrió en las ciudades de El Alto y

Santa Cruz, donde vecinos de diferentes zonas rechazaron a varios subalcaldes designados.

Los conflictos políticos están estrechamente vinculados a las controversias por cuestionamiento

de autoridades públicas, por lo que pueden sumarse ambas categorías que representan un tercio

(31%) de la conflictividad total. Esto muestra que aunque el país vive una etapa distinta a la de

polarización política extrema, las controversias políticas están lejos de ser superadas, y

constituyen un factor importante de la conflictividad.

A pesar de su disminución respecto al mes de mayo, la conflictividad por cuestiones económicas

tuvo una importante presencia durante el mes. Sobresalieron las demandas relacionadas con el

aprovechamiento de recursos naturales, como en el caso del Mutún y de Karachipampa; la

disputa por el control de recursos naturales, como en el caso de Coroma (Potosí) y Quillacas

(Oruro); la otorgación de recursos económicos para la implementación de las autonomías

indígenas, como en el caso protagonizado por CIDOB; el desarrollo de actividades comerciales,

como ocurrió en Santa Cruz; el rechazo a los anuncios de alza en las tarifas de transporte de la

COB y de las juntas vecinales de todo el país. Estos ejemplos muestran que existe una gran

sensibilidad en la población ante cualquier medida o circunstancia que pueda afectar su

economía.

En el mes de junio los problemas laborales y salariales se incrementaron porcentualmente; hubo

numerosas demandas de creación o defensa de fuentes laborales, como la de trabajadores del

PLANE en Tarija, la de los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos del Beni, la de los

trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, la del Sindicato de

Desocupados de Oruro y del Sindicato Mixto de Karachipampa en Potosí; también se registraron

algunas demandas en relación con salarios adeudados y con el incremento de salarios.

Los conflictos por problemas de gestión administrativa en instituciones públicas, como la Caja

Nacional de Salud, los servicios departamentales de caminos del Beni y de Oruro, la Universidad

Técnica de Oruro, la Empresa Pública de Agua y Saneamiento, también tuvieron importancia en

el período.


10

Finalmente, se produjeron algunos conflictos vinculados con temas de derechos humanos que

tuvieron importante repercusión. El linchamiento de policías ocurrido en Uncía durante los

últimos días de mayo dio origen a dos conflictos: uno exigiendo un proceso de investigación

sobre esas muertes, y otro demandando que los policías asignados en esa localidad den un mejor

trato a la población.

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS

3.1. Sectores y actores demandantes

En junio, el sector vecinal/comunal nuevamente encabezó la lista de demandantes (26%),

consolidándose como el actor que protagonizó la mayor cantidad de conflictos durante el primer

semestre de 2010. El sector educación se situó en segundo lugar (13%), seguido de otras

organizaciones y grupos de la sociedad civil (11%). Por su parte, las organizaciones políticas

también tuvieron un lugar relevante en la conflictividad del mes, concentrando el 8% del total.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES

SECTOR DEMANDANTE Nº %

Vecinal/comunal 16 25,81%

Educación 8 12,90%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 7 11,29%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/ pueblos indígenas 5 8,06%

Indígena 4 6,45%

Salud 4 6,45%

Gremial 3 4,84%

Cívico 3 4,84%

Entidad del gobierno departamental 2 3,23%

Minero 2 3,23%

Carcelario 2 3,23%

Agropecuario/Campesino 2 3,23%

Entidad del gobierno nacional 1 1,61%

Entidad del legislativo municipal 1 1,61%

Fabril 1 1,61%

Transporte 1 1,61%

TOTAL 621 100%


1 Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios de estos últimos, por sus

propias características, comparten más de una categoría específica.


11

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES


En junio de 2010, a diferencia de lo que ocurrió en los meses precedentes, el sector

vecinal/comunal (habitantes de áreas urbanas y rurales del país) se movilizó fundamentalmente

por temas políticos. La tradicional demanda de prestación de servicios públicos generó

solamente dos controversias, mientras que la mayoría de los conflictos en los que estuvo

vinculado el sector tuvo móviles políticos: cuestionamiento y reconocimiento de autoridades

locales, regionales y nacionales en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba

y Chuquisaca, denuncia de malos manejos administrativos por ex funcionarios de un gobierno

municipal en el departamento de Potosí, y rechazo al incremento del salario que perciben

autoridades departamentales de Oruro.

Entre los actores vecinales/comunales movilizados por estos temas se encuentran tanto

aquellos pertenecientes a juntas vecinales, como los organizados circunstancialmente en función

de un objetivo concreto. Si bien es conocida la frecuente intervención de las juntas vecinales en

temas políticos, especialmente en localidades como El Alto, no deja de ser llamativa la

politización de la sociedad civil no organizada en el mes de junio. En el caso de conflictos como

los de Quillacollo y Sucre, donde las protestas se generaron por la inhabilitación de los alcaldes

electos, es evidente que la ciudadanía que respaldó la elección de esos alcaldes –probablemente


12

tanto por inclinarse por una opción política como por un cierto tipo de gestión municipal– no

estaba dispuesta a aceptar que sean retirados de sus cargos.

Por otro lado, la participación del sector vecinal/comunal en los conflictos de cuestionamiento

de autoridades recientemente designadas (un Subgobernador en Santa Cruz, un Secretario

General en El Alto y tres subalcaldes en El Alto y Santa Cruz), puede tener diferentes lecturas. Es

posible que estos actores deseen intervenir en la designación de autoridades a fin de asegurar

que respondan a las necesidades de la población, pero también es probable que la finalidad sea

controlar esos espacios de poder para satisfacer intereses personales y de grupo. En cualquier

caso, se advierte la existencia de una fuerte expectativa en torno a la designación de autoridades

públicas en un contexto de democratización del acceso al poder, como también se observa la

existencia de una profunda fragmentación social, como lo demuestra el hecho de que cada una

de las tres comunidades del distrito alteño que impugnó al subalcalde exigían elegir por sí

mismas a esta autoridad sin llegar a ponerse de acuerdo.

Los conflictos protagonizados por este sector estuvieron dispersos por casi todo el país,

abarcaron siete departamentos, y en varios de los casos implicaron medidas de presión radicales

y violentas. Un claro ejemplo de esto es el conflicto por impugnación de un subalcalde de El Alto,

en que comunarios de Milluni cerraron las válvulas de agua y dejaron durante algunas horas sin

este servicio a una parte de la ciudad de La Paz, que no tenía nada que ver con el problema. A

raíz de este conflicto se puso nuevamente en la mesa de debate la pertinencia de penalizar a los

involucrados en hechos de esta naturaleza. Los actores más interpelados por el sector

vecinal/comunal fueron los gobiernos locales.

Por su parte, el sector educación nuevamente se encuentra en segundo lugar entre los

principales demandantes, aunque protagonizaron menos conflictos que en los meses anteriores.

Las demandas dirigidas hacia el Gobierno central por parte de este sector también se redujeron,

quedando resabios del gran conflicto de mayo por incremento salarial: la protesta de los

sindicatos docentes por los descuentos efectuados por los días no trabajados durante el paro. La

mayoría de los conflictos se originaron en problemas electorales, laborales y administrativos de

entidades educativas. De consolidarse esta tendencia descendente en los próximos meses, se

podría confirmar la hipótesis de que el accionar del sector, en lo que se refiere sobre todo a la

interpelación al Gobierno central, es cíclico, comenzando con fuerza a principios de año y

desactivándose paulatinamente conforme van pasando los meses.

Actores diversos, como los trabajadores del PLANE de Tarija, la organización de desocupados de

Oruro, el Sindicato de Avance de Obras2 del municipio de Oruro, que se encuentran dentro de la

categoría Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, se movilizaron por temas

económicos, como la demanda de empleos y de pago de salarios atrasados. En este grupo

también se encuentra la Coordinadora en Defensa de la Cuenca Baja del Río Desaguadero y los

lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP) con un pedido de reducción de la contaminación acuífera,

protagonizando el único conflicto ambiental del mes.

2 Los trabajadores de Avance de Obras son contratados por el gobierno local para realizar pequeñas obras en el municipio.


13

Por su lado, las organizaciones políticas continuaron participando de una parte relevante de los

conflictos en el país, la mayoría de los cuales son secuelas de los problemas originados por la

contienda electoral del 4 de abril. Los intentos de inhabilitación de autoridades municipales

electas dieron lugar a cuatro conflictos. Esta situación permite concluir que la judicialización de

la política, que en los meses anteriores se expresó principalmente en el nivel departamental, se

ha trasladado también al ámbito local, generando conflictos. En prácticamente todos los casos,

las organizaciones políticas afectadas recurrieron a medidas extremas, protagonizando varios de

los conflictos más violentos del mes.

Los pueblos indígenas, fundamentalmente de tierras bajas, han sido nuevamente actores

relevantes de la conflictividad (6% del total). Destacan la marcha de la CIDOB antes mencionada,

a la cual se opusieron los cocaleros del trópico cochabambino, afines al Gobierno nacional, así

como el protagonizado por indígenas moxeño que reclamaron su participación en la Asamblea

Legislativa Departamental de Santa Cruz, aunque la CIDOB planteó que el escaño sea ocupado

por un indígena yuracaré. Estas controversias, entre otras3, ponen en evidencia algunos de los

retos y dificultades a los que se enfrenta la implementación del Estado plurinacional: la

articulación de la democracia directa con la democracia representativa, la institucionalización de

los usos y costumbres de diferentes pueblos, y la independencia de las organizaciones indígenas

respecto a los gobiernos central y departamentales.

El sector salud concentró aproximadamente el 6% de la conflictividad del mes, protagonizando

en su mayoría conflictos de carácter laboral y administrativo que en repetidas ocasiones

derivaron en paros de actividades que perjudicaron la atención en salud en varios puntos del

país.

Los casos protagonizados por los tres sectores protagónicos de la conflictividad de junio,

vecinal/comunal, organizaciones políticas y organizaciones indígenas, tienen un denominador

común: la demanda de participación política y de toma de decisiones que, en una coyuntura

como la actual, pone en tensión la necesidad de ampliar los márgenes democráticos de acuerdo a

las demandas sociales y a lo previsto en la CPE y la necesidad gubernamental de controlar el

poder del Estado.

En el mes de junio no se registraron conflictos vinculados con demandas de equidad de género.

En el conflicto protagonizado por la Federación Departamental Única de Trabajadores

Eventuales del PLANE, en Tarija, que exigía al Gobierno central la creación de empleos, los

medios de comunicación reportaron que mujeres ejercitaron diversas medidas de presión,

algunas extremas, como la crucifixión. De igual manera, se cuenta con registros de la

participación de mujeres en la marcha de la CIDOB. El involucramiento de mujeres en conflictos

de trasfondo económico es cada vez más frecuente, dando cuenta de que la pobreza afecta

fuertemente a las mujeres.

3 También en junio, la Federación Sindical Única de Campesinos del Beni (FSUTCB) demandó al Tribunal Supremo

Electoral la acreditación de tres asambleístas campesinos, elegidos por usos y costumbres, en la Asamblea Legislativa

Departamental. El órgano electoral no había procedido a dicha acreditación porque existiría un desacuerdo entre algunas

organizaciones sociales en torno a quiénes deberían ser los representantes.


14

3.2. Sectores y actores demandados

En el mes de junio el Gobierno central concentró la mayoría de las demandas (31%), seguido de cerca por

las entidades ejecutivas municipales, con 20% del total de los conflictos. Si a estos últimos se suman las

interpelaciones hacia los legislativos municipales, el resultado es que 28% de la conflictividad nacional

estuvo dirigida hacia entidades públicas locales.

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS

SECTOR DEMANDADO Nº %

Entidad del gobierno nacional 20 31,25%

Entidad del ejecutivo municipal 13 20,31%

Entidad del legislativo municipal 5 7,81%

Entidad del ejecutivo departamental 4 6,25%

Educación 4 6,25%

Policía 3 4,69%

Otro 2 3,13%

Entidad del legislativo nacional 2 3,13%

Entidad del legislativo departamental 2 3,13%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/ pueblos indígenas 2 3,13%

Transporte 2 3,13%

Indígena 1 1,56%

Órgano Electoral Departamental 1 1,56%

Órgano Electoral Nacional 1 1,56%

Salud 1 1,56%


TOTAL 64 100%


GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS



15

Si bien las entidades del Gobierno central fueron las más demandadas, se observa una

disminución de los conflictos dirigidos hacia éstas respecto a los meses anteriores; en promedio,

durante los cinco primeros meses del año, el Gobierno central fue el destinatario de 46% de las

demandas, mientras que en junio concentró 30%. Se observa también una gran dispersión de los

sectores que cuestionaron al Gobierno central (vecinal/comunal, indígena, minero, salud,

educación, cívico, organizaciones políticas, fabriles y otros), aunque no hubo dispersión en el

tipo de demanda; muchas de éstas estuvieron vinculadas a la problemática económica

(desarrollo económico local y regional, empleo, temas salariales, etc.). Estos conflictos no fueron

atendidos rápidamente, ya que la mayor parte (15 de 20) continuaban vigentes al finalizar el

mes.

En el mes de junio los conflictos dirigidos hacia el nivel local del Estado (gobiernos y concejos

municipales) fueron también numerosos, acortándose la brecha que habitualmente existe entre

éste y el Gobierno central. Estos conflictos fueron principalmente de carácter político (60%),

aunque también por problemas económicos (pago de sueldos atrasados en El Alto, autorización

de comercialización de productos en Santa Cruz), temas de índole administrativa, por el uso del

espacio público (Santa Cruz), y por la gestión de tierras públicas y privadas (Trinidad y Sacaba).

El sector que más cuestionó a las entidades locales fue el vecinal/comunal, aunque también

tuvieron protagonismo las organizaciones políticas y los comerciantes.

Las gobernaciones de todo el país se mantienen con porcentajes reducidos de demandas,

situación que podría modificarse conforme el proceso autonómico vaya siendo implementado.

Al igual que en el mes anterior, en junio se registraron conflictos que enfrentaron a sectores de

la sociedad entre sí (campesinos vs. indígenas, comunarios de Oruro vs. comunarios de Potosí,

vecinos de zonas periurbanas de Oruro, propietarios vs. ocupadores ilegales de terrenos, vecinos

vs. transportistas, etc.), llegando en algunas ocasiones a situaciones de violencia. Este tipo de

conflictos al interior de la sociedad civil alcanzó a 20% del total, lo que representa un

incremento respecto al mes anterior (13%).


16

4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS

4.1. Ámbito geográfico de los conflictos

En el mes de junio, y de manera excepcional, Oruro fue el departamento donde se presentó la

mayor cantidad de conflictos (21%), seguido por La Paz (14%), Santa Cruz (14%) y Cochabamba

(12%). Potosí aparece después de los departamentos del eje, como ha estado ocurriendo desde

principios de año, concentrando 9% de las controversias, al igual que el Beni.

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO Nº %

Oruro 12 21,05%

La Paz 8 14,04%

Santa Cruz 8 14,04%

Cochabamba 7 12,28%

Potosí 5 8,77%

Beni 5 8,77%

Todo el país 5 8,77%

Más de uno 3 5,26%

Tarija 2 3,51%

Chuquisaca 2 3,51%

TOTAL 81 100%




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La siguiente figura muestra esa distribución territorial:


En lo que se refiere al departamento de Oruro, prácticamente todos los conflictos estuvieron

dirigidos hacia algún nivel estatal; Oruro fue el departamento que más interpeló al Gobierno

central. Los protagonistas más importantes de las controversias suscitadas en junio fueron

vecinos y comunarios, y sindicatos; esto da cuenta de la capacidad organizativa y de

movilización de este departamento. Destaca el hecho de que dos tercios de los conflictos

estuvieron relacionados con temas económicos. Las estadísticas de los meses siguientes

determinarán si el incremento vertiginoso de la conflictividad en Oruro fue excepcional en junio

o si existen causas de fondo que seguirán situando a este departamento en los primeros lugares

de la conflictividad nacional.

De manera inusual, en junio el departamento de La Paz solamente concentró el 14% de los

conflictos del país. Esto puede estar directamente relacionado con el hecho de que las demandas

dirigidas hacia el Gobierno central se redujeron también en este mes. Sin embargo, es

importante señalar que al haber sido La Paz el epicentro de una porción relevante de los

conflictos que involucraron a todo el país, el porcentaje asignado al departamento podría

aumentar tomando en cuenta estos casos, aunque sin igualar la cifra alcanzada por Oruro.

Como ya es habitual, la mitad de los conflictos registrados en el departamento de La Paz

corresponde a la ciudad de El Alto, donde en todos los casos se demandó a entidades estatales

locales. En tres de los cuatro conflictos de dicha ciudad, vecinos cuestionaron a autoridades

designadas por el Alcalde de la urbe, aunque, en el caso de los subalcaldes, los problemas se

originaron porque los propios vecinos no lograron ponerse de acuerdo. Es por demás conocida


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la capacidad organizativa y de movilización política de las organizaciones vecinales alteñas, que

en el mes de junio se hicieron fuertemente presentes.

Por su parte, el departamento de Santa Cruz también fue escenario de conflictos políticos,

aunque las controversias más relevantes giraron en torno al tema de gestión del espacio urbano.

A la ya tradicional problemática de los asentamientos comerciales, se sumó un hecho coyuntural

que complejizó el panorama: el incendio del mercado La Ramada, uno de los más importantes de

la ciudad, lo que dio lugar a que vecinos y comerciantes exigieran a la Alcaldía soluciones

inmediatas, protagonizando conflictos que incluso derivaron en enfrentamientos. El Gobierno

Municipal de Santa Cruz fue interpelado demandando la ratificación de una subalcaldesa y

mayores obras para un distrito, constituyéndose en el actor más cuestionado del departamento.

El departamento de Cochabamba no fue ajeno a la ola de conflictos políticos, entre los que

destaca el que se generó en el mes de mayo en Quillacollo por la inhabilitación del alcalde electo,

Héctor Cartagena, dentro del proceso de judicialización de la política. Dicho conflicto fue

altamente violento; concluyó con la presentación de la renuncia de Cartagena y el pedido de

convocatoria a nuevas elecciones. Por otra parte, los dos conflictos protagonizados por el sector

carcelario se suscitaron en este departamento; los reclusos de los penales de San Sebastián

varones y de El Abra demandaron el pago de prediarios (dinero presupuestado para la

alimentación de los reclusos) atrasados, problema constante en los centros penitenciarios

debido a su sobrepoblación, que en el último tiempo se ha intensificado por las reformas

penales, entre otras causas, ocasionando que los prediarios sean insuficientes. El respeto a los

derechos humanos en los centros de reclusión del país es otra gran problemática que originó

otro de los conflictos en el sector, esta vez en el penal de San Antonio.

Potosí ocupó en el mes de junio el quinto lugar entre los departamentos que concentraron la

mayor cantidad de conflictos. Dos de éstos provenían de meses anteriores: el primero es el de

COMCIPO y los comunarios de Coroma en demanda de una solución al problema de límites con

Oruro, que fue uno de los conflictos más importantes del mes, presentando un comportamiento

ascendente con relación al mes de mayo, en el que sólo se expresaron anuncios de medidas de

presión. El segundo es el de comunarios de Uncía que denunciaban malos tratos por parte de

policías. La mayor parte de los conflictos del mes de junio en el departamento de Potosí no ha

sido resuelta.

Resulta pertinente referirse a Chuquisaca, que normalmente se encuentra entre los

departamentos menos conflictivos. Si bien en junio se mantuvo esta tendencia (solamente se

registraron dos conflictos), Sucre fue el escenario de uno de los casos más importantes y más

violentos del mes (destitución del Alcalde Barrón). Ésta parece ser una característica de la

conflictividad del departamento; generalmente las controversias no son significativas en

cantidad, pero en determinadas situaciones pueden alcanzar niveles muy elevados de gravedad,

especialmente si tienen carácter político, tal como demuestran algunos episodios de los últimos

años. Esto da cuenta tanto de la alta polarización política, como también de las tensiones

socioculturales existentes en el departamento, que son permanentes focos de conflictividad.


19

Por último, los conflictos que involucraron a todo el país fueron cinco, dos de ellos relacionados

con el anuncio de los transportistas de incrementar el costo de los pasajes. La COB y la

Confederación de Juntas Vecinales (CONALJUVE) rechazaron de inmediato esta elevación,

anunciando duras medidas de presión que sólo se concretaron en marchas en varias ciudades

del país. Por su parte, los fabriles continuaron cuestionando el aumento salarial de 5% definido

por el Gobierno así como diferentes leyes a aprobarse en el marco de la aplicación de la nueva

Constitución Política del Estado. El sector salud protagonizó dos conflictos, anteriormente

descritos. Así, es posible observar que los conflictos más graves en términos de duración,

demandas, intensidad y violencia, estuvieron concentrados en algunos departamentos y

municipios, sin expandirse al conjunto del país.

4.2. Ámbito de surgimiento de los conflictos

La mayor parte de los conflictos surgió en espacios institucionales, 28%, y vecinal/comunal,

25%. Las controversias que nacieron en el seno de lo departamental corresponden al 14% del

total, las surgidas en los municipios al 12%, y en el espacio nacional al mismo porcentaje.

Finalmente, los conflictos que se originaron en ámbitos regionales no superaron el 9% del total.

CUADRO Nº 6 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS

ÁMBITO Nº %

Institucional 16 28,07%


Departamental 8 14,04%

Municipal 7 12,28%

Nacional 7 12,28%

Regional 5 8,77%

TOTAL 57 100%


GRÁFICO Nº 4 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS



20

5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA

5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos

En el mes de junio la cantidad de medidas de presión utilizadas por los diferentes actores

movilizados se redujo en comparación con el mes de mayo (30% menos), lo que podría estar

relacionado con la disminución general de los conflictos.

En términos agregados se observa un aumento en el uso de medidas de presión de violencia

baja, acompañado de una reducción en el uso de medidas de violencia media (en alrededor de

5%). Sin embargo, es importante señalar que, pese a esta dinámica, se produjeron siete

enfrentamientos violentos en diversas regiones del país –dos en Oruro, dos en Sucre, dos en

Santa Cruz y uno en Cochabamba–, con un saldo de 63 personas heridas y más de 15 detenidas, y

se generó un ligero incremento en el índice de medidas de violencia contundente.

A diferencia del mes pasado, pero en consonancia con lo acontecido en los primeros cuatro

meses del año, la medida de presión más utilizada fue el anuncio y/o declaratoria de estado de

emergencia, situación que guarda relación con que el 36% de los conflictos no hayan afectado a

terceros. Por otro lado, tanto la marcha como la concentración/vigilia fueron las medidas de

presión generalmente utilizadas (cerca del 30% de los registros).


21

CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO


5.2. Alcance de las medidas de presión

Durante el mes de junio más de un tercio (37%) de las medidas de presión a las que recurrieron

los actores demandantes no excedieron en su afectación el ámbito intrainstitucional,

manteniéndose dentro del rango de mayo (35%). Se verificó una reducción de las medidas de

presión de alcance vecinal/comunal (30%) respecto al mes de mayo (40%), un incremento de

las medidas de alcance departamental de 1% a 9% y un leve incremento de aquellas que


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afectaron el ámbito municipal (9%) frente a 7% del pasado mes. Las medidas de impacto

nacional se redujeron de 9% a 5% y las de alcance internacional se mantuvieron en un nivel muy

bajo (2%).

CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

ALCANCE Nº %

Intrainstitucional 21 36,84%


Municipal 5 8,77%

Regional 5 8,77%

Nacional 5 8,77%

Departamental 3 5,26%

Internacional 1 1,75%

TOTAL 57 100%


GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN



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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS

En junio, una gran parte de los conflictos (61%) quedó pendiente de solución, superando la

media de los meses anteriores que era 48%. Las salidas por la vía del acuerdo representaron

cerca del 13% (10% acuerdo total y 3% acuerdo parcial) y los conflictos que se encontraban en

proceso de negociación representaron el 3%.

Entre los seis acuerdos totales más importantes alcanzados en junio sobresalen el referido a las

investigaciones en Tinquipaya (Potosí) para recuperar objetos de propiedad municipal

presuntamente sustraídos por ex autoridades ediles, y el vinculado a la designación de

funcionarios de la Subalcaldía del Distrito 13 de la ciudad de El Alto.

Por otra parte se alcanzaron acuerdos parciales en los casos del conflicto de los cívicos de Puerto

Suárez respecto de la entrega de terrenos fiscales saneados a la empresa Jindal Steel & Power

para la explotación del Mutún, y del CONAMAQ, en referencia a competencias administrativas de

aprovechamiento de recursos naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas

originarios.

Tanto el conflicto por el nombramiento del Subgobernador de la provincia Ángel Sandoval de

Santa Cruz como el planteado por la ejecución de obras viales y la permanencia en el cargo de

una Subalcaldesa en un Distrito de Santa Cruz, continuaban en negociación.

El porcentaje de conflictos cuya salida se desconoce debido a la falta de información en las

fuentes monitoreadas regularmente es de 17%.

CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

SITUACIÓN Nº %

Continúa 35 61,40%

Se desconoce 10 17,54%

Acuerdo total 6 10,53%

Acuerdo parcial 2 3,51%

En negociación 2 3,51%

Otra 2 3,51%

TOTAL 57 100%



24

GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS



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7. CONCLUSIONES

- La conflictividad durante el mes de junio se contrajo, habiéndose registrado un total de 57

conflictos, 24 menos que en mayo.

- Entre los conflictos más importantes del mes se encuentran el protagonizado por los

pobladores de Coroma (Potosí) y de Quillacas (Oruro) demandando la demarcación de

límites geográficos entre ambas comunidades; el llevado adelante por la CIDOB,

demandando un pliego petitorio de 13 puntos, la mayoría de los cuales hace referencia al

tema de autonomías indígenas, otorgación de recursos económicos desde el Estado y

mayores cuotas de poder, y, finalmente, el ocurrido en Sucre a partir de la destitución del

alcalde electo Jaime Barrón. Ninguno de estos conflictos concluyó en junio; algunos de éstos

al finalizar el mes entraron en una etapa crítica.

- Aunque hubo cierta equivalencia en cuanto a los tipos de conflicto más frecuentes, con

mínimas diferencias entre las principales categorías registradas, hubo una tendencia más

acentuada hacia los conflictos de carácter político relacionados con el control de espacios de

poder local, de mayor legitimidad en la representación política y de mayor participación en

la toma de decisiones públicas. La situación económica de las personas fue el segundo tipo

de conflicto más frecuente, aunque con respecto a los anteriores meses se contrajo

porcentualmente. Es destacable el hecho de que la conflictividad de junio parece estar

vinculada a problemáticas más coyunturales que estructurales.

- El sector vecinal/comunal nuevamente encabezó la lista de demandantes, consolidándose

como el actor que protagonizó la mayor cantidad de conflictos durante el primer semestre

de 2010.

- No se registraron conflictos vinculados con demandas de equidad de género. Se reportó la

participación de mujeres en algunas controversias de carácter económico.

- Si bien las entidades del Gobierno central fueron las más demandadas, es posible observar

una disminución de los conflictos dirigidos hacia dicho nivel en comparación con los meses

anteriores. Las instituciones públicas locales fueron también notablemente interpeladas.

- Las gobernaciones continúan captando porcentajes reducidos de conflictividad en relación

con los otros niveles estatales, lo que probablemente irá cambiando a medida que avance la

implementación del proceso autonómico.

- En el mes de junio, y de manera excepcional, Oruro fue el departamento donde se presentó la

mayor cantidad de conflictos, mientras que La Paz, usualmente el más conflictivo, solamente

concentró 14% de los casos. Esto puede estar vinculado con el hecho de que las demandas

dirigidas hacia el Gobierno central se redujeron.


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- Generalmente los conflictos no son numerosos en Chuquisaca, pero cada cierto tiempo este

departamento presenta episodios de alta gravedad, dando cuenta de su polarización política

y sus tensiones socioculturales.

- En el mes de junio, se presentaron situaciones de violencia contundente que tuvieron un

saldo de numerosos heridos y varios detenidos.

- Al igual que en meses anteriores, más de dos tercios de los conflictos registrados no

trascendieron los niveles intrainstitucional y vecinal/comunal como espacios de afectación.

- Un alto porcentaje de los conflictos (61%) continuaron vigentes al concluir el mes. Los

acuerdos totales y parciales alcanzaron el 13% del total de casos registrados.


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GUÍA RÁPIDA4

CONFLICTO: Relación, entre dos o más martes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen

objetivos incompatibles (Fischer et al, 2000). Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre

las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una

parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses.

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización

o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser–

incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes

pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial,

indígena y otros).

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o

institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus

particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector

demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un

actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la

solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia

necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la

perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de

desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del

conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el

actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son

determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta junior gravedad revisten las

mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.

ÁMBITO: Espacio donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda.

ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha

dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

4 La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los puntos de convergencia entre los especialistas y teóricos del conflicto.


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Misión

La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en

los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la

finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores

que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

Oficinas

DISTRITAL UNO: La Paz – El Alto

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