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INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Agosto de 2010 Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia
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Mar 28, 2016

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Correspondiente al mes de Agosto de 2010 Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia 2 6. Salida de los conflictos p. 25 4. Ámbitos de los conflictos p. 20 1. La conflictividad en Bolivia p. 4 2. Tipología de los conflictos p. 11 5. Medidas de presión y violencia p. 23 3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 13 Agosto de 2010 INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
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INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD

EN BOLIVIA

Correspondiente al

mes de Agosto de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos

de la Fundación UNIR Bolivia

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

2

Índice

Presentación p. 3

1. La conflictividad en Bolivia p. 4

2. Tipología de los conflictos p. 11

3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 13

4. Ámbitos de los conflictos p. 20

5. Medidas de presión y violencia p. 23

6. Salida de los conflictos p. 25

7. Conclusiones p. 27 Guía rápida p. 29

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

3

Presentación

El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de agosto de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.

La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Correspondiente al mes de Agosto de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos en Bolivia, los cuales se presentan

en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN AGOSTO DE 2010

Nº ACTOR DEMANDANTE ACTOR DEMANDADO ASUNTO

1

Comité Cívico Potosinista

(COMCIPO) y otros actores de

Potosí

Gobierno central Pliego de demandas regionales

2 Pobladores de Coroma Gobierno central Solución a conflicto de límites

3 Pobladores de Llallagua Gobierno central Demanda de solución de conflicto

de Potosí y pliego petitorio

4 Sindicato mixto de trabajadores

mineros de Huanuni Gobierno central

Demanda de solución de conflicto

limítrofe entre Oruro y Potosí

5

Federación Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Oruro

(FSUTCO)

Gobierno central Solución a conflicto limítrofe con

Potosí

6

Comité Cívico de Oruro y Comité

Interinstitucional de Defensa

Territorial del Departamento de

Oruro

Gobierno central Pliego petitorio regional

7 Pobladores de Uyuni (Potosí) Comité Cívico Potosinista

(COMCIPO)

Demanda de levantamiento de

medidas de presión a actores del

conflicto regional de Potosí

8 Confederación Nacional de

Gremiales de Bolivia Gobierno central

Rechazo a proyecto de ley de

modificación del Código

Tributario y la Ley General de

Aduanas

9 Confederación Sindical de Choferes

de Bolivia Gobierno central

Rechazo a proyecto de ley que

modifica el Código Tributario y la

Ley General de Aduanas

10 Federación Departamental de

Trabajadores de Educación Urbana Gobierno central Rechazo a nueva Ley de Pensiones

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

5

de Potosí

11

Central Obrera Departamental

(COD) de Oruro y Sindicato Mixto

de Trabajadores Mineros de

Huanuni

Gobierno central Rechazo a nueva Ley de Pensiones

12 Vecinos del Distrito 4 de la ciudad

de Oruro Gobierno central

Rechazo a la aprobación del

proyecto de Ley 780 que modifica

el Código Tributario y a la Ley

General de Aduanas

13 Comité de Vigilancia de Warnes Concejo Municipal de Warnes y

Movimiento al Socialismo

Rechazo a suspensión de Alcalde

electo Nyls Carmona

14

Federación Agraria Provincial de

Colonizadores de Caranavi

(FAPCCA)

Gobierno central, Ministerio

Público y Senador Fidel Surco

Rechazo a persecución judicial a

dirigentes y renuncia del senador

Fidel Surco

15 Militantes de la agrupación

ciudadana Insurgencia Martín Uchu

Movimiento al Socialismo y

Tribunal Electoral

Departamental de Cochabamba

Control de la Alcaldía de Punata

16

Federación Departamental Única de

Trabajadores Campesinos de La Paz

Túpac Katari

Gobierno central Demanda de reestructuración del

gabinete ministerial

17

Concejales del Movimiento Sin

Miedo (MSM) del Concejo Municipal

de Oruro

Concejales por el Movimiento

al Socialismo (MAS) del

Concejo Municipal de Oruro

Defensa de la Alcaldesa Rossío

Pimentel

18

Central de Organizaciones de

Pueblos Nativos de Guarayos

(COPNAG)

Gobernación de Santa Cruz Rechazo a designación de

subgobernador

19

Pobladores de Ayacucho, La Merced

y Punta Rieles (provincia Ichilo,

Santa Cruz)

Gobernación de Santa Cruz

Demanda de ejecución de la

segunda fase del proyecto

caminero Ayacucho-Punta Rieles

20 Unión de Transportistas de Vaca

Díez (Beni)

Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC)

Demanda de mantenimiento de

carreteras interprovinciales e

interdepartamentales

21 Comité Cívico de Camargo Empresa constructora OAS Demanda de mantenimiento de

carreteras

22 Asociación de Transporte Libre

(ATL) de Potosí Alcaldía de Potosí

Demanda de refacción de calles y

avenidas

23 Juntas Vecinales del Distrito 1 de

Santa Cruz Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de pavimentación de

calles y avenidas

24 Asociación del Transporte Libre

(ATL) del Beni ABC

Demanda de mantenimiento de

carreteras

25 Pacto Intersindical de Trabajadores

Municipal de Sucre Alcaldía de Sucre

Demanda de restitución de

personal despedido

26

Trabajadores de la ex Compañía de

Servicios Eléctricos de Trinidad

(COSERELEC)

Empresa Nacional de

Electricidad (ENDE)

Demanda de pago de salarios

atrasados

27 Central Obrera Departamental

(COD) del Beni

Órganos ejecutivo y legislativo

del Gobierno Departamental

del Beni

Demanda de solución del conflicto

laboral del Servicio Departamental de

Caminos (SEDCAM)

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

6

28 Trabajadores del Seguro Universal

de Salud Autónomo (SUSA)

Subgobernación de la

provincia Vaca Díez (Beni)

Demanda de pago de salarios

retrasados

29

Federación de Trabajadores de la

Caja Nacional de Salud

(FENSEGURAL)

Gobierno central Incumplimiento de acuerdos

laborales

30 Federación de Trabajadores

Municipales de Bolivia

Gobiernos municipales de

ciudades capitales del país

Rechazo a despidos de

trabajadores

31 Trabajadores del Hospital

Municipal de Camiri (Santa Cruz) Alcaldía de Camiri

Demanda de pago de bono de

antigüedad

32

Trabajadores del Servicio

Departamental de Caminos

(SEDCAM) del Beni

Gobernación del Beni Rechazo a despido de

trabajadores

33 Trabajadores del Hospital Materno

Infantil Germán Urquidi Alcaldía de Cochabamba

Demanda de incremento salarial

de 5%

34

Federación Departamental Única de

de Trabajadores Eventuales del

Plan Nacional de Empleo de

Emergencia (PLANE) y

Trabajadores del Plan de Empleo

Urgente (PEU)

Gobierno Departamental de

Tarija

Demanda de proyecto de ley

departamental del Plan de Empleo

Urgente (PEU)

35 Sindicato Departamental de

Desocupados de Oruro Gobierno central Demanda de fuentes de trabajo

36 Sindicato Mixto de Trabajadores del

Municipio de Oruro Alcaldía de Oruro Incumplimiento de acuerdos

37

Sindicato de Trabajadores de la

Universidad Técnica de Oruro

(SINTRAUTO)

Autoridades universitarias de

la UTO Demandas laborales

38 Jugadores de Real Mamoré Directivos de Real Mamoré Demanda de pago de salarios

adeudados

39 Jugadores de The Strongest Dirigencia de The Strongest Demanda de pago de sueldos

atrasados

40 Docentes de la Universidad

Autónoma del Beni (UAB) Autoridades de la UAB

Demanda de pago de salarios

retrasados

41

Egresados de la especialidad en

lengua aymara de la Normal de El

Alto

Ministerio de Educación Demanda de ítems

42 Vecinos de la calle Amboró (Santa

Cruz )

Comerciantes de La Ramada y

Alcaldía de Santa Cruz

Rechazo a asentamientos

comerciales

43 Comerciantes de la Terminal

Bimodal de Santa Cruz

Comerciantes afines al

dirigente Clemente Chambillo Ocupación de puestos comerciales

44 Vecinos del distrito de Pompeya

(Trinidad)

Comerciantes del distrito de

Pompeya

Demanda de reubicación de

comerciantes

45 Vecinos y comerciantes de la zona

de Miraflores (Oruro) Alcaldía de Oruro

Demanda de pronta conclusión del

Mercado de Abasto

46 Junta vecinal del barrio Urbarí

(Santa Cruz) Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de uso de terrenos

municipales

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

7

47 Vecinos del barrio Ambrosio

Villarroel (Santa Cruz)

Concejo Municipal de Santa

Cruz

Demanda de derogación de

ordenanza municipal que dispone

de terrenos aledaños al río Piraí

48 Campesinos de Santa Bárbara (La

Paz) Hacendado Jorge López Videla

Demanda de utilización de

terrenos para construcción de

cancha

49 Concesionarios dragueros de oro de

la cuenca del río Piraí

Gobernación de Santa Cruz y

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de protección de cuenca

del río Piraí y reglamentación de

actividades mineras

50

Central Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de las

provincias Velasco y Ñuflo de

Chávez

Gobernación de Santa Cruz

Demanda de construcción de un

puente entre las comunidades de

Santa Rosa de Roca, Piso Firme,

Bajo Paraguá y el Parque Nacional

Noel Kempff

51 Sindicato de Trabajadores del

Hospital Japonés Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de materiales y personal

para cubrir demanda de salud

52 Internos del penal de San Antonio

(Cochabamba)

Dirección del Régimen

Penitenciario

Demanda de pago de prediarios

adeudados

53 Transportistas de la línea W

(Quillacollo) Policía Nacional

Rechazo a detención del asesor

legal del sindicato

54

Estudiantes pensionados de la

Universidad Mayor de San Simón

(UMSS) de Cochabamba

Dirección Universitaria de

Bienestar Estudiantil (DUBE)

de la UMSS

Rechazo a irregularidades en la

gestión administrativa del

comedor estudiantil

55 Asociación de Matarifes de

Quillacollo Alcaldía de Quillacollo

Demanda de construcción de

nuevo matadero municipal

56 Vecinos de Pampa San Miguel

(Cochabamba)

Universidad Mayor de San

Simón

Demanda de regularización de

títulos de propiedad

57 Propietarios de terrenos del barrio

Ushpa Ushpa (Cochabamba)

Asentados en terrenos del

barrio Ushpa Ushpa

Demanda de desocupación de

terrenos ocupados con

asentamientos ilegales

58 Federación Especial de Transporte

Libre de Cochabamba

Concejo Municipal de

Cochabamba y Transporte

Federado de Cochabamba

Demanda de cumplimiento de

ordenanza municipal que permite

la circulación de transporte

público no sindicalizado

59 Mancomunidad de Municipios del

Chaco Chuquisaqueño (MMCH)

Gobierno central y

Gobernación de Chuquisaca

Demanda de atención a sequía en

la región

60 Federación de Estudiantes de

Secundaria (FES) de Sucre Gobernación de Chuquisaca

Demanda de mejores condiciones

para estudiantes

61 Confederación Sindical de Choferes

de Bolivia Gobierno central

Rechazo a reglamento de licencias

de tránsito para mayores de 60

años

62 Directores del Complejo

Hospitalario Viedma Alcaldía de Cochabamba

Demanda de dotación de mayores

recursos económicos

63 Importadores de vehículos de todo

el país Gobierno central

Demanda de devolución de

vehículos incautados

64

Federación Sindical de

Trabajadores en Salud Pública del

Beni

Ministerio de Salud Demanda de ítems para la región

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

8

65 Cooperativa de Comercializadores

de Carne Tauro Alcaldía de Tarija

Rechazo al aumento del precio del

faenado y demanda de renuncia

del Gerente del Matadero

Municipal

66 Movimiento por la Dignidad y la

Vivienda Alcaldía de Trinidad

Rechazo a expropiación de

terrenos baldíos

67

Subcentral del Territorio Indígena

Parque Nacional Isiboro Sécure

(TIPNIS) y Central de Pueblos

Indígenas del Beni (CPIB)

Gobierno central

Rechazo a construcción de

carretera Villa Tunari - San

Ignacio de Moxos

68 Universidad Técnica de Oruro

(UTO) Gobierno central

Demanda de incremento

presupuestario

69 Sindicato de Trabajadores de la

Prensa de Oruro Gobernación de Oruro

Rechazo de avasallamientos a sus

terrenos

70 Empresa Minera Comunitaria Inca

Sayaña (EMCOISA) Gobernación de Oruro

Demanda de militarización del

distrito minero La Joya

71

Federación Departamental de

Juntas Vecinales (FEDJUVE) de

Oruro

Alcaldía de Oruro Rechazo a incremento de precio

del pan

72 Universidades públicas del país Ministerio de Economía y

Finanzas

Demanda de incremento

presupuestario

73 Federación de Padres de Familia

(FEDEPAF) Sur de El Alto

Dirección Distrital de

Educación de El Alto

Demanda de destitución de la

directora del colegio Andrés Bello

74 Federación de Juntas Vecinales

(FEJUVE) de El Alto Gobierno central

Rechazo a exclusión de las OTB de

la Ley Marco de Autonomías y

Descentralización (LMAD)

75 Federación de Artesanos

Trabajadores en Madera (FATMA) Gobierno central Rechazo a escasez de madera

76 Universidad Pública de El Alto

(UPEA) Gobierno central

Demanda de entrega de nuevo

edificio

77 Activistas de derechos humanos Gobierno central

Demanda de colaboración para

encontrar los restos de los

desaparecidos durante las

dictaduras

78 Dirigentes del Distrito 1 de El Alto

Presidencia de la Federación

de Juntas Vecinales (FEJUVE)

de El Alto

Pugnas por cargos dirigenciales

79

Federación Regional de

Comunidades Campesinas

(FERCOCA) de Palos Blancos

Gobierno central Rechazo a erradicación de coca

80

Estudiantes de secundaria del

colegio Andrés Bello Aeropuerto (El

Alto)

Junta escolar Demanda de renovación de

dirigentes de juntas

81 Federación de Padres de Familia

(FEDEPAF) de El Alto Alcaldía de El Alto Pliego petitorio

82 Padres de niños con discapacidad

de El Alto Gobernación de La Paz Demanda de ítems

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

9

83 Choferes de transporte público

mayores de 60 años de La Paz

Organismo Operativo de

Tránsito

Rechazo a reglamento de licencias

de tránsito para mayores de 60

años

84

Trabajadores de avance de obras de

la ciudad de Oruro y Federación

Departamental de Juntas Vecinales

(FEDJUVE) de Oruro

Concejo Municipal de Oruro Demanda de pronta aprobación

del POA reformulado

85 Vecinos de la urbanización Sajama

de la ciudad de Oruro Alcaldía de Oruro

Demanda de firma de resolución

judicial para la demolición de

construcciones clandestinas en la

urbanización Sajama

86

Afiliados a la Coordinadora

Departamental de Juntas Vecinales

Periurbanas de Oruro

(CODEJUVEPURO)

Alcaldía de Oruro

Demanda de aceleramiento de

Auditoria Técnica a los lotes de

terreno de diferentes

urbanizaciones

87

Suyus Jach´a Carangas, Jatun

Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru

Chipaya (Oruro)

Asamblea Legislativa

Departamental de Oruro

Demanda de proyectos de

desarrollo y cuotas de poder

88

Afiliados a la Asociación de

Comerciantes Minoristas de la

Súper Feria (Oruro)

Gobierno central Pliego petitorio sectorial

89 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

(Yacuiba) Gobierno central

Rechazo a pruebas sísmicas para

encontrar petróleo en el

Aguaragüe

90

Docentes y estudiantes de la

Universidad Autónoma del Beni

(UAB)

Gobierno central Demanda de respeto a

institucionalidad

91 Personal del Hospital Materno

Infantil de Trinidad Alcaldía de Trinidad

Demanda de designación de nuevo

administrador

91 TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

La cantidad de conflictos en agosto se mantuvo elevada y prácticamente invariable con respecto

al mes de julio. La gravedad de la conflictividad en el mes no sólo se evidencia por el alto número

de conflictos, sino también por los niveles de violencia que continuaron siendo elevados e

incluso, en algunas situaciones, se incrementaron.

Como se indicó en anteriores informes, parte de esta tendencia de alta conflictividad se explica

desde los procesos de transformación del sistema político, la formulación de leyes para la

implementación de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, y la operativización de

las autonomías, entre otros. Estos procesos han generado cierto malestar, en parte a raíz de las

altas expectativas que diversos sectores sociales tienen en torno a ellos, ya que consideran que

pueden resolver los problemas estructurales que aquejan al país y, en parte, debido a la forma

en que el partido de gobierno está desarrollando estos procesos.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

10

Existe otro elemento que ha coadyuvado al incremento de la conflictividad y que, de hecho, ha

sido un factor importante y evidente en el alto grado de confrontación que caracterizó al

conflicto de Potosí, el más importante del mes. Este elemento es el clima de confrontación

política, que una vez debilitada la oposición, se expresa al interior del bloque gobernante y

genera fuertes fricciones entre las tendencias centralistas y las aspiraciones de las regiones.

Evidentemente las elevadas cifras registradas se deben también a la presencia de problemas

recurrentes. La demanda de prestación de servicios públicos, la situación precaria de los

trabajadores y la pobreza de grandes sectores de la población son determinantes estructurales

de la conflictividad que, durante el mes de agosto, han estado marcadamente presentes.

A continuación se presenta un resumen de los casos de conflicto más importantes del mes:

- El principal caso de conflicto en agosto fue el del departamento de Potosí, que ya se había

iniciado en los meses anteriores. El paro departamental generalizado, los bloqueos de

carreteras interdepartamentales y la huelga de hambre de miles de ciudadanos en Potosí

y en otras regiones del país, agravaron en gran medida el conflicto que el Comité Cívico

Potosinista (COMCIPO) encabezaba desde hacía un tiempo. El conflicto giró en torno a las

siguientes demandas: puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa;

freno al deterioro del Cerro Rico; instalación de una fábrica de cemento en la localidad de

Coroma, próxima al cerro Pahua donde existen yacimientos de piedra caliza;

consolidación de la explotación e industrialización del litio del salar de Uyuni; conclusión

de los trabajos de la carretera del sur; construcción de un aeropuerto internacional;

solución al conflicto de límites interdepartamentales con Oruro; transferencia de

acciones de las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí, y solución al conflicto

con Chile en torno a las aguas del Silala. En el proceso de negociación entre las partes

estas demandas se concentraron en seis. La cohesión que lograron los pobladores del

departamento, sin que se presenten mayores fisuras entre áreas urbanas y rurales, fue

determinante en la efectividad y contundencia de las medidas de presión, las cuales

fueron progresivas y sostenidas. Es necesario destacar el hecho de que, durante el

conflicto, algunos líderes priorizaron su identidad regional por sobre su filiación político-

partidaria, fortaleciendo con ello las demandas potosinas. Pese a que, finalmente, se

arribó a acuerdos con el Gobierno central, el conflicto no fue del todo resuelto, ya que

algunas de las demandas no pudieron ser atendidas, incluyendo la resolución del

problema de límites con el departamento de Oruro, quedando aplazadas para futuras

negociaciones.

- El proyecto de modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario, que

impulsan las autoridades nacionales, sigue siendo un trascendental foco de malestar

social en sectores económicos dependientes del comercio. Aunque las medidas de

presión no adquirieron mayor contundencia pese a anuncios de cierre de mercados y de

fronteras, algunas derivaron en enfrentamientos con efectivos del orden e incluso se

presumió la culpabilidad de los manifestantes en el incendio de las oficinas de la Aduana

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

11

Nacional en Oruro. Las movilizaciones se desarrollaron a nivel nacional, con una mayor

concentración en la zona occidental del país, donde también se manifestaron sectores

ajenos a los gremiales. Cabe mencionar que el sector gremial no es un cuerpo

cohesionado; algunos de sus miembros, como los de la Confederación Única de

Trabajadores por Cuenta Propia y los gremialistas de Santa Cruz, adoptaron posiciones

más bien conciliadoras, aceptando las nuevas leyes a cambio de continuar en el régimen

simplificado y de contar con el tiempo suficiente para regularizar la tenencia de su

mercadería en el marco de las nuevas exigencias.

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

En el mes de agosto los conflictos por medidas económicas/situación económica de las personas,

por temas laborales/salariales y de gestión administrativa ocuparon los primeros lugares con el

mismo porcentaje (16%). También se distinguieron los conflictos por prestación de servicios

públicos (11%) y por leyes/medidas legales (9%).

A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su

importancia:

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

TIPO DE CONFLICTO Nº %

Medidas económicas/situación económica 23 15,86%

Laboral/salarial 23 15,86%

Gestión administrativa 23 15,86%

Prestación de servicios públicos 16 11,03%

Leyes/medidas legales 13 8,97%

Ideológico-político 10 6,90%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 9 6,21%

Tierra 6 4,14%

Gestión del espacio urbano 6 4,14%

Recursos naturales y medio ambiente 6 4,14%

Límites político-administrativos 5 3,45%

Incumplimiento de convenios 2 1,38%

Derechos humanos 2 1,38%

Valores/ creencias/identidad 1 0,69%

TOTAL 1451 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

1 Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios casos están vinculados con más de una

categoría de tipo de conflicto.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

Las principales problemáticas que generaron conflictos en los pasados meses tuvieron

continuidad en el mes de agosto. Esto hizo que, con mínimas diferencias, se presenten los

mismos tipos de conflictos en un similar orden de distribución.

La conflictividad relacionada con temas económicos concentró un tercio de los casos. Dos fueron

las principales cuestiones que les dieron origen: la gestión y utilización de recursos naturales y

la modificación del Código Tributario y de la Ley General de Aduanas. Por otro lado, hubo casos

por atención a zonas que sufrieron desastres naturales, pedidos de incremento presupuestario

por parte de entidades universitarias y conflictos relacionados con la problemática de

asentamientos comerciales. Todas las controversias se dirigieron hacia algún nivel del Estado,

especialmente al Gobierno central.

Los conflictos laborales fueron ocasionados por demandas de creación de fuentes de trabajo o

defensa de éstas ante eventuales despidos masivos. Varios de los casos –como el de los

trabajadores municipales de ciudades capitales, el de los trabajadores del Servicio

Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni y el de los beneficiarios del Plan Nacional de

Empleo de Emergencia (PLANE) en Tarija– se originaron por la dilación en la atención de

demandas interpuestas desde el mes de junio e incluso mayo. Los actores demandantes lograron

obtener apoyo de otras organizaciones sociales, las cuales desplegaron medidas de fuerza, ya sea

por similares reivindicaciones o exigiendo la pronta solución del conflicto inicial. La

perseverancia de los actores involucrados en movilizaciones continuas y de alto coste personal,

como lo fueron las marchas y las huelgas de hambre, da cuenta de la difícil situación laboral del

país que determina que buscar una fuente de trabajo alternativa no sea parte de sus opciones.

Por otro lado, se registraron varios conflictos exigiendo el pago de salarios o bonos adeudados,

sobre todo por parte de funcionarios públicos; en el sector privado prácticamente no hubo

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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controversias de esta índole, aunque por segundo mes consecutivo se registraron conflictos

internos por temas salariales en dos clubes de fútbol profesional.

Destacaron también los conflictos por prestación de servicios públicos, siendo un común

denominador en estos las demandas de mantenimiento y mejoramiento de calles, avenidas y

carreteras, con mayor énfasis en las regiones oriental y sur del país.

La persistencia de conflictos por temas legislativos obedece al proceso de diseño del nuevo

sistema jurídico del país; en agosto se cuestionaron, ya sea de manera parcial o total, el proyecto

modificatorio de la Ley General de Aduanas, el proyecto de Código Laboral, el proyecto de Ley de

Pensiones y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Finalmente, se distinguieron tres nuevos casos de judicialización de la política: uno en Warnes,

otro en Punata y el tercero en la ciudad de Oruro; los mismos muestran que las pugnas políticas

entre el partido de gobierno y los partidos opositores continúan y se están convirtiendo en un

foco frecuente de conflictos.

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS

3.1. Sectores y actores demandantes

El principal sector demandante fue, como es ya habitual, el vecinal/comunal, que concentró el

19% de los conflictos. El sector educación, cuyo perfil había bajado durante los dos últimos

meses, en agosto volvió a protagonizar una cantidad relevante de controversias, situándose en el

segundo lugar de la lista (15%). En tercer lugar aparecen organizaciones y grupos de la sociedad

civil que aglutinan el 12% de la conflictividad del mes.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES

SECTOR DEMANDANTE Nº %

Vecinal/comunal 20 19,42%

Educación 15 14,56%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 12 11,65%

Transporte 8 7,77%

Salud 8 7,77%

Agropecuario/Campesino 7 6,80%

Minero 5 4,85%

Gremial 5 4,85%

Indígena 4 3,88%

Cívico 3 2,91%

Entidad del ejecutivo municipal 3 2,91%

Otro 2 1,94%

Carcelario 2 1,94%

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

14

Entidad del ejecutivo departamental 2 1,94%

Empresarial 2 1,94%

Entidad del legislativo municipal 1 0,97%

Entidad del gobierno central 1 0,97%

Entidad del legislativo departamental 1 0,97%

Entidad del legislativo nacional 1 0,97%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 1 0,97%

TOTAL 1032 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010

Durante el mes de agosto, los habitantes de áreas urbanas y rurales del país se movilizaron

fundamentalmente en torno a dos grandes temáticas: la gestión del espacio urbano y la demanda

2 Ver nota anterior para éste y otros casos similares.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

15

de atención al conflicto del departamento de Potosí. Aunque en menor medida, la prestación de

servicios públicos fue también un asunto que produjo controversias en el sector.

En cuanto al primer tema, la mayor cantidad de los conflictos se generó en torno a la

problemática de ocupación de terrenos para la construcción de viviendas. Algunos conflictos se

suscitaron por la demanda de desalojo de ocupantes presuntamente ilegales (vecinos del barrio

Ushpa Ushpa de la ciudad de Cochabamba, vecinos de la urbanización Sajama de la ciudad de

Oruro, vecinos del barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz), mientras que otros casos se

produjeron por el pedido de regularización de terrenos con problemas de derecho propietario

(vecinos de Pampa San Miguel en Cochabamba, miembros de la Coordinadora Departamental de

Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro y también vecinos del barrio Ambrosio Villarroel). Como

se puede observar, en el mes de agosto los escenarios privilegiados de estos conflictos fueron las

ciudades de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, pero sin duda es una problemática que atinge a

todas las grandes ciudades del país. Los procesos de reforma y las políticas de tierra en Bolivia

se han concentrado fundamentalmente en áreas rurales, mientras que la problemática de la

tierra urbana, que adquiere cada vez mayor importancia, ha ocupado un rol marginal en la

agenda pública. La escasa legislación existente sobre este tema y la falta de mecanismos

efectivos para velar por su cumplimiento, además de la apertura de un gran mercado informal

de la tierra urbana3, fomentan el asentamiento de grupos humanos en zonas de riesgo (caso del

barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz) y/o bajo condiciones irregulares, provocando

diversidad de problemas que, como se hizo evidente en el mes de agosto, pueden canalizarse

hacia el conflicto.

Otra problemática ligada a la gestión del espacio urbano que movilizó al sector vecinal en agosto,

fue la relativa a los asentamientos comerciales; nuevamente se hicieron evidentes las tensiones

entre vecinos, gremiales y gobiernos locales por este motivo. En términos generales, y como

sucede regularmente, los vecinos demandaron la reubicación de comerciantes asentados en las

vías públicas, alegando problemas de transitabilidad, salubridad y seguridad ciudadana. Los

conflictos se produjeron por la negativa de los gremialistas a trasladarse, debido a motivos

fundamentalmente económicos y culturales; algunos de estos casos derivaron en

enfrentamientos.

Entre los factores fundamentales que explican la recurrencia de conflictos vinculados a la tierra

urbana y a los asentamientos comerciales en varias ciudades del país, se encuentran los

acelerados procesos de migración campo-ciudad y el consecuente crecimiento demográfico de

las urbes, la pobreza estructural del país, el déficit estructural de gestión pública local, así como

cuestiones de carácter cultural.

Por otro lado, el sector vecinal/comunal no fue ajeno a los temas que marcaron la conflictividad

coyuntural de los últimos meses, como la implementación de la nueva Constitución Política del

Estado y la controversia del departamento de Potosí. En lo que se refiere al primero, tanto juntas

vecinales como vecinos organizados circunstancialmente cuestionaron algunos aspectos de la

3 www.renaseh-bolivia.org.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

16

Ley Marco de Autonomías y Descentralización y del proyecto modificatorio de la Ley General de

Aduanas y del Código Tributario. En relación al segundo tema, pobladores de diferentes

localidades del departamento de Potosí (ciudad de Potosí, Uyuni, Llallagua) fueron manifestando

progresivamente su apoyo a las reivindicaciones regionales y exigiendo una pronta solución al

conflicto al verse perjudicados por las múltiples medidas de presión adoptadas. Es necesario

destacar que algunos actores vecinales, a tiempo de pronunciarse sobre el conflicto regional,

hicieron propicia la oportunidad para plantear sus propias demandas al Gobierno central. Esto

pone una vez más en realce que cuanto mayor es la duración de un conflicto, mayores son las

probabilidades de que se complejice a través de la incorporación de nuevos actores y demandas.

El sector vecinal protagonizó solamente dos conflictos por la prestación de servicios públicos; en

ambos casos los movilizados señalaron que se trata de compromisos asumidos hace tiempo, lo

que evidencia que el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos da lugar a una

mayor conflictividad.

Por su parte, los actores de la educación volvieron a cobrar protagonismo en el mes de agosto,

luego de que en informes anteriores se destacara la reducción de los conflictos impulsados por el

sector. El pilar de las controversias de agosto fue de carácter administrativo financiero; algunas

derivaron en conflictos laborales, que constituyeron la mitad de los conflictos protagonizados

por el sector educación. Actores centrales fueron las universidades públicas, que se encuentran

nuevamente en tensión con el Gobierno central por el tema presupuestario. Varios centros

educativos reclamaron a las autoridades mejores condiciones para desempeñar sus funciones,

como la oportuna y suficiente provisión de materiales escolares y de escritorio. Algunos de estos

casos dieron lugar a controversias laborales puesto que por problemas financieros hubo

retrasos en el pago de salarios. El sector también se vio envuelto en conflictos por pugnas

dirigenciales (fundamentalmente en El Alto), además de otros vinculados con la clásica demanda

de ítems. Finalmente, es pertinente mencionar que el sector educativo de Potosí también se

plegó al conflicto departamental.

En cuanto a los conflictos del sector salud, el total de los casos fue protagonizado por

trabajadores dependientes del Estado, quienes plantearon demandas laborales (ítems, pago de

sueldos atrasados, incrementos salariales y pago de bonos), y de tipo administrativo (dotación

de material, contratación de nuevo gerente administrativo). Tres de los ocho conflictos

provienen del mes anterior: uno de estos resurgió por incumplimiento de convenio

(FENSEGURAL), otro se resolvió durante el mes de agosto (Trabajadores del Seguro Universal de

Salud Autónomo de la Provincia Vaca Díez) y el tercero continúa vigente (Federación Sindical de

Trabajadores en Salud Pública del Beni).

El sector transporte se movilizó sobre todo en rechazo a las normas que pretendían regular su

actividad (proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario;

reglamento de licencias de tránsito), y en demanda de construcción y pavimentación de calles y

carreteras para desempeñar mejor su labor. Seis de los ocho conflictos tuvieron que ver

directamente con alguno de estos dos temas.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

17

Por segundo mes consecutivo el sector campesino protagonizó siete conflictos, cantidad

relevante tomando en cuenta el bajo perfil que tuvo en la conflictividad del primer semestre del

año. En agosto, las controversias estuvieron principalmente relacionadas con temas económicos

y políticos. Entre los primeros se encuentran la demanda de solución al conflicto de Potosí por

sus efectos económicos sobre el sector, la construcción de un puente para facilitar el traslado de

sus productos y el rechazo a la erradicación de coca; entre los segundos destacan la demanda de

reestructuración del gabinete ministerial y las pugnas en el seno de la organización de

colonizadores de Caranavi, vinculadas con un alto dirigente/legislador del Movimiento al

Socialismo.

Igualmente es pertinente referirse al sector indígena, que en agosto continuó expresando

demandas ligadas a temas políticos, culturales y territoriales en el contexto de la

implementación de la nueva Constitución Política del Estado en general, y de las autonomías en

particular. Así, los pueblos del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)

se manifestaron nuevamente en rechazo a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos -

Villa Tunari; los suyus del Jach´a Carangas, Jatun Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru Chipaya

demandaron su incorporación efectiva en la toma de decisiones del departamento de Oruro; la

Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos consideró ilegítima la designación de

un subgobernador y demandó su reemplazo; y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba

se opuso a la realización de pruebas de exploración hidrocarburífera en su territorio. Varios de

estos casos están vinculados al derecho a consulta establecido en la CPE (artículos 11, 30, 304 y

403) y en convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) que establece, entre otros puntos, que los pueblos indígenas tienen derecho a ser

consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. En la medida en

que la legislación derivada de tales preceptos constitucionales pueda reflejar y aplicar

debidamente lo que estos establecen, los conflictos como los antes mencionados podrán ser

evitados o adecuadamente gestionados.

Es necesario señalar que aproximadamente 10% de los actores demandantes pertenecen a

entidades del ejecutivo y legislativo de los tres niveles estatales, lo que no es frecuente. En la

mayoría de los casos se trata de funcionarios públicos que expresaron demandas laborales. De

esta manera el Estado, además de hacer frente a conflictos que provienen de la sociedad civil,

también debe lidiar con controversias internas.

Finalmente, se debe mencionar que en agosto no se tuvieron registros de conflictos vinculados a

la problemática de género, ni de participación de mujeres en las controversias del mes.

3.2. Sectores y actores demandados

Durante el mes de agosto las demandas dirigidas hacia algún nivel u órgano del Estado

sobrepasaron el 80% del total. Las entidades del Gobierno central concentraron

aproximadamente el 35% de los conflictos, seguidas por las entidades de los ejecutivos

municipales (23%) y las entidades de los ejecutivos departamentales (15%).

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

18

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS

SECTOR DEMANDADO Nº %

Entidad del gobierno central 35 34,65%

Entidad del ejecutivo municipal 23 22,77%

Entidad del ejecutivo departamental 15 14,85%

Educación 5 4,95%

Entidad del legislativo municipal 4 3,96%

Gremial 3 2,97%

Vecinal/comunal 2 1,98%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 2 1,98%

Policía 2 1,98%

Personas individuales 2 1,98%

Empresarial 2 1,98%

Cívico 1 0,99%

Otro 1 0,99%

Transporte 1 0,99%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 1 0,99%

Órgano Electoral Departamental 1 0,99%

Entidad del legislativo departamental 1 0,99%

TOTAL 101 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

19

La cantidad de interpelaciones hacia el Gobierno central se mantuvo en un nivel muy similar al

registrado en el mes de julio. Como ocurre generalmente, las entidades del Poder Ejecutivo

central fueron demandadas por una pluralidad de sectores provenientes de todo el país, los que

plantearon una diversidad de pedidos. Sin embargo, los temas preponderantes por los que fue

interpelado el Gobierno central son los vinculados a la implementación de la nueva Constitución

Política del Estado. La controversia de Potosí fue también importante; diversos sectores –

vecinal/comunal, campesino, minero, cívico, entre otros– exigieron una solución al conflicto

regional. De igual manera, el Ejecutivo central tuvo que atender pliegos petitorios de varios

sectores; así, no sólo tuvo que dar respuesta a múltiples demandas en términos de cantidad, sino

que también se enfrentó con controversias que involucran intereses contrapuestos de distintos

sectores.

Las entidades municipales también se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el

mes de julio. Si se suman las demandas dirigidas hacia los ejecutivos y las orientadas a los

legislativos municipales se tiene que aproximadamente 27% de los conflictos fueron canalizados

hacia el nivel local de gobierno. Las entidades municipales más demandadas fueron las del

departamento de Santa Cruz (ocho casos, seis de los cuales se presentaron en la ciudad capital),

Cochabamba (cuatro casos, tres en la capital) y Oruro (tres casos en la capital). El Gobierno

Municipal de El Alto, al que usualmente se dirige una importante cantidad de demandas, en

agosto fue objeto de apenas una demanda. La prestación de servicios públicos, la problemática

de acceso a terrenos para vivienda (que ya fue abordada anteriormente) y los temas salariales

fueron los asuntos planteados con más frecuencia a las instituciones estatales locales.

Durante los últimos meses los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental han ido en sutil

pero constante aumento, alcanzando en agosto su máximo número en lo que va del año. Entre

las temáticas destacadas se puede mencionar la laboral, que presenta algunos casos iniciados en

el mes de julio, y la prestación de servicios públicos. Es notable que este tema, usualmente

concentrado en los niveles local y nacional, destaque entre las interpelaciones dirigidas hacia el

nivel intermedio.

Como ya se observó durante el mes de julio, la tendencia de cambio en los referentes de

interpelación parece estar acentuándose, reflejada en la progresiva reducción de la brecha

existente en cuanto a la cantidad de demandas que recibe cada uno de los niveles estatales. Esto

coincide con el proceso de implementación de las autonomías, que muy probablemente tenderá

a reforzar este fenómeno, como se ha mencionado en repetidas ocasiones.

Otra constatación global en referencia a los demandados es que, en algunos casos, determinados

sectores expresan pedidos a más de un nivel estatal simultáneamente. Un ejemplo de ello es el

conflicto de Potosí, en el que diferentes sectores pidieron atender sus demandas a las alcaldías, a

la Gobernación y al Gobierno central, aunque, sin duda, éste fue el destinatario principal de los

reclamos. Otro ejemplo es el de los concesionarios dragueros del río Piraí en Santa Cruz de la

Sierra, quienes plantearon sus demandas a la Alcaldía de la ciudad y a la Gobernación. Este

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

20

fenómeno puede significar que los sectores demandantes están solicitando la coordinación entre

los distintos niveles estatales para la atención efectiva y eficiente de sus reivindicaciones.

Finalmente, en lo que respecta a los conflictos que confrontaron a sectores de la sociedad civil

entre sí, en este mes se cuenta con aproximadamente una docena de casos.

4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS

4.1. Ámbito geográfico de los conflictos

En agosto, al igual que en el mes de junio, el departamento de Oruro concentró la mayor

cantidad de conflictos del país (21%); La Paz, que usualmente aglutina la mayoría de las

controversias con amplia diferencia respecto de los demás, esta vez se ubicó en el segundo lugar

de la lista (18%). El Beni por segundo mes consecutivo ocupó el tercer lugar (15%), seguido por

Santa Cruz (13%) y Cochabamba (11%).

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO Nº %

Oruro 19 20,88%

La Paz 16 17,58%

Beni 14 15,38%

Santa Cruz 12 13,19%

Cochabamba 10 10,99%

Todo el país 7 7,69%

Potosí 6 6,59%

Chuquisaca 4 4,40%

Tarija 3 3,30%

TOTAL 91 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

21

Agosto es el tercer mes que presenta cambios en la tradicional distribución geográfica de la

conflictividad. Hasta junio del presente año, tomando en consideración incluso los años 2008 y

2009, eran los departamentos del eje, encabezados por La Paz, los que concentraban la mayoría

de los conflictos. Por su parte, Potosí se había posicionado en el cuarto lugar. En agosto no sólo

La Paz dejó de concentrar la mayoría de los conflictos, sino que se constató un incremento

sustancial de las controversias en los departamentos de Oruro y Beni, que en los meses

anteriores tenían índices reducidos de conflictividad.

A continuación se brinda un panorama de los conflictos por departamento para intentar

identificar algunos elementos que puedan explicar estas modificaciones.

La mayoría de los conflictos del departamento de Oruro se generó en la ciudad capital y tuvo un

carácter fundamentalmente económico, tendencia que se mantiene desde junio. Entre las

principales movilizaciones destacan las planteadas en rechazo a la Ley General de Aduanas y al

Código Tributario (lo que se explica por la condición comercial de la ciudad) y por

reivindicaciones laborales. Se trata de conflictos que, en su mayoría, provienen de meses

anteriores, y cuya atención por las autoridades ha sido tardía, ineficaz o inexistente. De manera

adicional, se produjeron varios conflictos (un cuarto del total) protagonizadas por vecinos y

relacionados con la gestión del espacio urbano; la ciudad de Oruro se ha convertido en un centro

receptor de migrantes de áreas rurales, lo que explica el surgimiento de conflictos relacionados

con la posesión de terrenos para viviendas. Finalmente, es importante destacar que también se

generaron controversias vinculadas al problema limítrofe con Potosí. En términos generales se

puede decir que el aumento de la conflictividad en el departamento tiene que ver, en gran

medida, con un incremento de la conflictividad en la ciudad de Oruro, el que se ha visto

alimentado por el anuncio de políticas gubernamentales que afectarán a la urbe y por la falta de

atención a conflictos originados meses atrás.

El departamento de La Paz registró menos conflictos en comparación con el mes pasado. En

agosto, más de la mitad (nueve) de las controversias se produjo en la ciudad de El Alto y cuatro

involucran a áreas rurales del departamento. Como es habitual dada su importancia en el mapa

político del país, la ciudad de La Paz fue uno de los núcleos de las grandes controversias

nacionales. En lo que respecta a los casos de El Alto, cabe reiterar que el Gobierno Municipal de

esa ciudad, que usualmente era uno de los más demandados, en agosto sólo fue cuestionado en

un conflicto. Así, la mayoría de las controversias, que son de carácter económico, fueron

dirigidas hacia el Gobierno central. De igual manera, se observa la existencia de conflictos por

pugnas dirigenciales internas en organizaciones de base. El importante rol político que han

adquirido algunas organizaciones sociales de El Alto, como la Federación de Juntas Vecinales o la

Federación de Padres de Familia, por ejemplo, hace que la lucha interna entre líderes que buscan

acceder a cargos dirigenciales sea frecuente, derivando incluso en violencia.

En lo que respecta al departamento del Beni, ocho de los trece conflictos registrados provienen

de meses anteriores, y tienen como actor demandado al Gobierno central (cuatro casos), al nivel

departamental (tres casos) y al nivel local (un caso). De esta manera es posible inferir que, en

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

22

gran medida, el Beni se mantiene desde julio con un nivel significativo de conflictos por falta de

atención oportuna por parte de las autoridades de los tres niveles estatales. Tres de los

conflictos nuevos tienen que ver con demandas salariales; sumando estos casos a los anteriores,

se puede decir que el pilar de la conflictividad del Beni en agosto fue laboral-salarial.

Por otra parte, todos los conflictos suscitados en el departamento de Santa Cruz estuvieron

dirigidos hacia gobiernos locales o hacia la Gobernación; no se registraron casos que

interpelaran al Gobierno central, lo que distiende, al menos provisionalmente, las relaciones

entre la región y el Poder Ejecutivo. El actor más interpelado de agosto fue el Gobierno

Municipal de Santa Cruz, que tuvo que lidiar mayormente con conflictos relacionados con la

planificación y manejo del espacio urbano (pugnas entre vecinos y gremiales por asentamientos

comerciales, luchas por terrenos para asentamientos humanos). Así, Santa Cruz junto a Oruro

fueron los más afectados por esta problemática que se hizo fuertemente presente en agosto. Es

pertinente destacar también que el departamento continúa siendo escenario de conflictos

políticos post electorales, los que se fueron reduciendo considerablemente en el resto del país.

El caso de Potosí es digno de ser destacado, puesto que fue en agosto cuando el departamento

alcanzó su índice más elevado de conflictividad de todo el año. Aunque el número de

controversias se mantuvo en un nivel similar al de los meses anteriores, las características del

conflicto que enfrentó al departamento con el Gobierno central hicieron que el conflicto cobrara

proporciones mayores, irradiándose a todo el país. La mayoría de los casos (cuatro de seis) está

directamente vinculada al gran conflicto departamental; los otros dos fueron temas aislados en

los que solamente se plantearon amenazas de medidas de presión. Así, todos los actores del

departamento, estratégicos y no estratégicos, concentraron sus recursos materiales y simbólicos

en la consecución de un fin común, que se sobrepuso a las tradicionales demandas sectoriales.

Sin embargo, es necesario destacar un matiz en este panorama de unidad generalizada que

presentó el departamento: la contundencia de las medidas de presión empleadas ocasionó

graves perjuicios a diferentes sectores de la sociedad potosina, generando “contra conflictos”.

Tal es el ejemplo de los pobladores de Uyuni, localidad dedicada a la actividad turística, quienes

a su vez recurrieron a acciones de hecho para demandar el fin de los bloqueos que los estaban

asfixiando económicamente. Este fenómeno, usual en conflictos de gran envergadura y larga

duración, contiene un alto potencial de violencia que puede estallar en cualquier momento. Se

registraron algunos episodios violentos de este tipo que, frente a la magnitud del conflicto

principal, quedaron como hechos aislados.

En cuanto a los casos que de alguna manera involucraron al conjunto del país, dos de ellos se

encuentran registrados entre los conflictos más importantes del mes: el de Potosí y el de los

sectores movilizados contra el proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código

Tributario. Los demás se refirieron esencialmente a temas económicos y laborales: las

universidades públicas del país demandaron un incremento presupuestario, los importadores

solicitaron la devolución de los vehículos incautados, los choferes rechazaron el reglamento que

inhabilitaba a los conductores de transporte público mayores de 60 años, la Federación de

Trabajadores de la Caja Nacional de Salud planteó demandas laborales, y la Federación de

Trabajadores Municipales de Bolivia rechazó los despidos de personal en varios gobiernos locales.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

23

Como se puede observar, muchos de los conflictos más importantes se originaron en meses

anteriores; algunos fueron resueltos en agosto, pero otros continuaron vigentes al terminar el mes.

5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA

5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos

Si bien en el número total de conflictos en agosto fue elevado, la cantidad de medidas de presión

ejercidas por los actores demandantes se redujo en comparación con el mes de julio: se registró un

total de 156 medidas de fuerza, es decir 16 menos que en el mes anterior. Sin embargo, esta variación

cuantitativa no necesariamente significa una reducción de la violencia ejercida por los actores.

CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

Pese a la ligera disminución global de las medidas de presión de violencia contundente, éstas

estuvieron dirigidas a afectar con mayor intensidad a terceros. Así, se registraron hechos como la

destrucción de bienes inmuebles y agresiones directas a personas, acciones que denotan una mayor

agresividad por parte de los movilizados. También se desplegaron con mayor rigurosidad bloqueos

de caminos y paros generalizados, entre los que destacan los llevados adelante en Potosí, donde se

paralizaron las actividades y el tránsito interdepartamental durante más de quince días, situación

que afectó no sólo a los pobladores del departamento, sino que, al encontrarse importantes centros

mineros en la región, y en un momento de alta cotización internacional de los precios de los

minerales, sin duda golpeó considerablemente a la economía boliviana en su conjunto.

Ningún conflicto derivó en una crisis seria que pudiera afectar a la gobernabilidad del Estado,

aunque, como ya se mencionó anteriormente, la gran tensión en la que desarrolló la controversia de

Potosí estuvo cerca de desembocar en una confrontación mayor. No sólo se paralizó todo un

departamento, sino que la solidaridad de los residentes potosinos en otras regiones del país llevó a

Oruro Beni La Paz Todo el país Potosí Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca No Porcentaje TotalAnuncio o

amenaza 15 7 13 8 6 6 2 2 1 60 39%Concentración

o vigilia 1 1 1 3 2 1 9 5% 98 / 64,1%Marcha 10 1 2 6 4 1 4 1 29 19%Paro o huelga 1 5 1 1 2 10 6,5%Bloqueo 7 2 3 6 1 19 12,4%Cerco 1 1 2 1,2% 47 / 30,7%Huelga de

hambre 4 1 2 7 2 16 10,5%Destrucción

de bienes 1 1 2 1,3%Toma física 1 1 2 4 2,6%Toma de

rehenes 1 1 0,7% 8 / 5,2%Agresión a

personas 1 1 0,7%

Total 31 23 22 20 21 18 11 3 4 153 100% 153 / 100%

Page 24: informe_conflic_2010_agosto_final

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

24

una masificación de las medidas de presión en varios puntos; sólo en la ciudad de Potosí se

sobrepasó el número de 2.000 ayunadores y se instalaron piquetes de huelga de hambre en los

departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Es probable que de haberse

prolongado por más tiempo las medidas de presión, el conflicto hubiese desencadenado una

desestabilización del país o una situación de violencia contundente.

Por último cabe decir que es preocupante el hecho de que dos tercios de los episodios de

enfrentamiento se hayan producido entre sectores de la sociedad civil. Dos de ellos fueron producto

de la tensión en el departamento de Potosí y el resto a raíz del constante problema de manejo del

espacio urbano en Santa Cruz.

5.2. Alcance de las medidas de presión

En agosto, como en casi todos los meses, las amenazas, las huelgas de hambre y las marchas fueron

las principales medidas de presión. La mayoría de estas acciones (48%) no llegó a afectar a terceros,

aunque el 24% repercutió sobre espacios vecinales/comunales.

CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

ALCANCE Nº %

Intrainstitucional 44 48,35%

Vecinal/comunal 22 24,18%

Municipal 10 10,99%

Regional 10 10,99%

Nacional 4 4,40%

Departamental 1 1,10%

TOTAL 91 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

25

6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Al concluir el mes de agosto, más de la mitad (52%) de los conflictos registrados continuó vigente. Por otra parte, los acuerdos alcanzados (totales y parciales) sumaron 16%; 4% de los casos se encontraba en cuarto intermedio, 2% en negociación y en 1% se produjo el retroceso de uno de los actores. Además existió un caso en que la salida fue distinta de las anteriores.

De los diez acuerdos totales, uno de los más significativos fue el logrado entre el Gobierno

central y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia en relación con el proyecto de ley que

modificará el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, originalmente rechazado por dicha

organización. Entre los acuerdos parciales más importantes reportados en el mes se encuentran

los que alcanzaron el Gobierno central y COMCIPO sobre varias reivindicaciones regionales; y las

autoridades nacionales con el Comité Cívico de Oruro y el Comité Interinstitucional de Defensa

Territorial del Departamento de Oruro, a propósito de un extenso pliego petitorio.

El cuarto intermedio de mayor significación fue el declarado por los representantes de la

Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, en el

marco del conflicto por la demanda de cambio de algunos ministros de Estado cuestionados por

su trabajo.

Los dos conflictos que a finales de mes quedaron en fase de negociación fueron el protagonizado

por la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba, en demanda del cumplimiento

de una ordenanza municipal que garantiza la circulación normal de choferes no sindicalizados, y

por el personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad pidiendo la designación de un nuevo

administrador. En la segunda mitad del mes, los demandados en esos conflictos –el Concejo

Municipal de Cochabamba y el transporte federado de ese municipio, en el primero, y la Alcaldía

de Trinidad, en el segundo– iniciaron procesos de acercamiento con los demandantes, dejando

abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos.

El único caso de retroceso de una de las partes se produjo en el conflicto entre choferes mayores

de 60 años y el Organismo Operativo de Tránsito en torno a un reglamento de licencias que

establecía la pérdida de la licencia para dicho grupo de transportistas. Finalmente, tras un

contundente anuncio de medidas de presión por parte de quienes resultarían afectados, se

decidió no restringir el desempeño laboral de estos y mantener la normativa vigente que

establece un control médico cada tres años para sus miembros.

La única salida distinta de las anteriores se presentó en el conflicto llevado adelante por el

Comité de Vigilancia de Warnes en contra del concejo edil de ese municipio cruceño y del MAS

por la suspensión del Alcalde electo Nyls Carmona. Hacia fines de agosto se conoció la

destitución de Carmona y la designación del concejal por el MAS, Mario Cronembold, como su

sucesor. Hasta la conclusión del mes, el Comité de Vigilancia de Warnes no se había pronunciado.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

26

CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

SITUACIÓN Nº %

Continúa 48 52,75%

Se desconoce 20 21,98%

Acuerdo total 10 10,99%

Acuerdo parcial 5 5,49%

Cuarto intermedio 4 4,40%

En negociación 2 2,20%

Retroceso de uno de los actores 1 1,10%

Otra 1 1,10%

TOTAL 91 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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7. CONCLUSIONES

- Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos, ratificándose la tendencia

al incremento, constante desde enero, con la única excepción del mes de junio en que se

produjo un descenso.

- El conflicto más importante del mes fue, sin duda, el suscitado en Potosí en torno a un

pliego petitorio de demandas regionales. Este caso generó una serie de conflictos

paralelos, movilizando a múltiples sectores en varios departamentos e implicando la

interpelación de actores pertenecientes a los tres niveles del Estado, aunque el Gobierno

central fue el principal demandado, y empleando una importante cantidad de medidas de

presión de fuerte impacto. Otro caso que destacó es el conflicto protagonizado por los

gremialistas del país en rechazo a las modificaciones a la Ley de Aduanas y al Código

Tributario.

- Como en anteriores meses, un tercio de la conflictividad del período se originó en

problemas económicos. Los tres principales tipos de conflicto del mes, por medidas

económicas/situación económica de las personas, por cuestiones laborales/salariales y

por problemas de gestión administrativa de entidades públicas y privadas, presentaron

el mismo porcentaje (16%), observándose una continuación de las problemáticas

centrales de los meses de junio y julio.

- Los actores vecinales urbanos fueron algunos de los que mayor cantidad de conflictos

protagonizaron, movilizándose por dos de los problemas característicos de las grandes

ciudades del país: asentamientos comerciales y acceso a tierras para viviendas. En

agosto, el sector educación volvió a ocupar un lugar relevante en la conflictividad

nacional.

- De manera general, parece estar consolidándose un cambio en cuanto a los principales

sectores demandados, lo que se expresa en la paulatina reducción de la brecha existente

entre los distintos niveles estatales. Se observa una disminución en la cantidad de

conflictos dirigidos hacia el Gobierno central (de casi la mitad de los casos a un promedio

de 35%) y un ligero aumento en el número de casos canalizados hacia el nivel

departamental (de un promedio de 8% a 11%), mientras que el nivel local se mantiene

estable, concentrando alrededor de una cuarta parte de los casos. Es probable que la

implementación del proceso autonómico sea la causa de esta situación.

- La falta de atención de las autoridades nacionales, departamentales y locales a conflictos

que provienen del mes de julio, e incluso de meses anteriores, contribuyó a que en

agosto el nivel general de controversias se mantuviera elevado.

- En el mes de agosto parece tomar forma una tendencia detectada dos meses atrás, que

modifica el panorama tradicional de distribución geográfica de los conflictos: Oruro y

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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Beni se mantuvieron con cantidades elevadas de conflictos, ocupando el primer y tercer

lugares respectivamente, mientras que los departamentos del eje presentaron una cierta

reducción. Si bien Potosí no se ubicó en agosto entre los departamentos con mayor

cantidad de conflictos, la gravedad de los casos ocurridos es muy significativa.

- Pese a que en agosto se produjo similar cantidad de conflictos que en julio, se ha

registrado una menor cantidad de medidas de presión. No obstante, cualitativamente, los

niveles de violencia se mantienen e, incluso, se han incrementado en una mínima

proporción.

- Como en los meses precedentes, en agosto la mayor parte de los conflictos se mantuvo

vigente. Los acuerdos logrados representaron menos de la cuarta parte del total de los

casos registrados.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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GUÍA RÁPIDA4

CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen

objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a

alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte

percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o

las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg).

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización

o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser–

incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes

pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial,

indígena y otros).

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o

institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus

particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector

demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un

actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la

solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia

necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la

perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de

desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del

conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el

actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son

determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las

mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.

ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la

demanda.

ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha

dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

4 La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Agosto de 2010

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Misión

La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en

los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la

finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores

que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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