Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia · El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia ... Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de ... 48

INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD

EN BOLIVIA

Correspondiente al

mes de Julio de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos

de la Fundación UNIR Bolivia

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Julio de 2010

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Índice

Presentación p. 3

1. La conflictividad en Bolivia p. 4

2. Tipología de los conflictos p. 9

3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 12

4. Ámbitos de los conflictos p. 19

5. Medidas de presión y violencia p. 23

6. Salida de los conflictos p. 25

7. Conclusiones p. 27 Guía rápida p. 29


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Presentación

El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de julio de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.

La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.


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INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Correspondiente al mes de Julio de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Durante el mes de julio de 2010 se registraron 90 conflictos, los cuales se presentan en el

siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN JULIO DE 2010

Nº ACTOR DEMANDANTE ACTOR DEMANDADO ASUNTO

1 Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia

Gobierno central Rechazo a proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas

2 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Gobierno central Pliego petitorio de demandas económicas, políticas, sociales y culturales

3 Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)

Gobierno central Pliego petitorio regional relativo a temas económicos, sociales y territoriales

4 Pobladores de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro)

Gobierno central Demanda de solución a conflicto de límites

5 Comunarios de Kulta Alcaldía de Challapata y Asamblea Legislativa Departamental de Oruro

Cuestionamiento a designación de Subalcalde

6 Vecinos del Distrito 8 de Santa Cruz

Alcaldía de Santa Cruz Rechazo a Subalcalde designado

7 Vecinos del Distrito 1de Santa Cruz Alcaldía de Santa Cruz Rechazo a Subalcalde designado

8 Campesinos de Buena Vista Alcalde de Buena Vista (Santa Cruz)

Demanda de renuncia de Alcalde de Buena Vista

9 Vecinos afines a Osman Vaca (Santa Cruz)

Vecinos afines a Nicolás Gildre (Santa Cruz)

Control de subalcaldía de Distrito 10

10 Vecinos del Distrito 14 de Santa Cruz

Alcaldía de Santa Cruz Demanda de renuncia de Subalcalde y pedidos de prestación de servicios públicos

11 Vecinos del Distrito 1 de El Alto Alcaldía de El Alto Rechazo a paralización de obras públicas y demanda de destitución de Subalcalde

12 Simpatizantes y militantes de Alianza Social (AS)

Concejo Municipal de Potosí Rechazo a suspensión de Alcalde de Potosí

13 Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma

Asamblea Legislativa Plurinacional Demanda de aprobación de leyes orgánicas

14 Comités cívicos de Tarija, Beni y Santa Cruz

Gobierno central Demanda de modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado

15 Confederación Sindical de Choferes de Bolivia

Gobierno central Rechazo a proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas


5

16 Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz

Gobierno central Rechazo a proyectos de ley de pensiones, educación y trabajo

17 Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Gobierno central Demanda de explicación de alcances de Ley Marco de Autonomías y Descentralización

18 Pueblo Jach’a Carangas Gobierno central Demanda de modificaciones a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

19 Central Obrera Departamental (COD) del Beni

Asamblea Legislativa Departamental del Beni

Demanda de reformas al Estatuto Autonómico

20 Federación de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (FENSEGURAL)

Gobierno central Pliego petitorio de demandas laborales y pago de la deuda que tiene el Estado con la entidad

21 Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia

Gobiernos municipales de ciudades capitales del país

Rechazo a despidos de trabajadores municipales

22 Sindicato Mixto de Trabajadores del Municipio de Oruro

Alcaldía de Oruro Demanda de inamovilidad funcionaria y participación en toma de decisiones administrativas

23 Sindicato de Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni

Gobernación del Beni Demanda de respeto a fuentes laborales tras rumores de despidos

24 Trabajadores del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA)

Dirección del INLASA Rechazo a despidos y pedido de renuncia de Director

25 Federación de trabajadores en salud pública del Beni

Gobierno central Demanda de ítemes

26 Federación de Trabajadores en Salud de Chuquisaca

Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca

Demanda de pago de salarios atrasados

27 Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (FESIRMES) de Santa Cruz

Gobernación de Santa Cruz Demanda de pago de salarios atrasados

28 Profesionales en salud de Oruro Gobernación de Oruro Demanda de pago de salarios adeudados

29 Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (La Paz)

Ministerio de Salud Demanda de pago de bono por el día del trabajador en salud

30 Trabajadores del Hospital Japonés (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz Demanda de pago de bono de vacunación

31 Trabajadores del Instituto Oncológico (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz Demanda de pago de bono de vacunación

32 Trabajadores del Seguro Universal de Salud Autónomo (SUSA) (Beni)

Subgobernación de la provincia Vaca Díez (Beni)

Demanda de pago de salarios atrasados

33 Sindicato de Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) de Oruro

Gobernación de Oruro Rechazo a demora en desembolso de recursos para pago de salarios

34 Sindicato de Trabajadores de Avance de Obras

Alcaldía de Oruro Demanda de pago de salarios atrasados

35 Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Potosí

Gobierno central Demanda de pago de haberes atrasados

36 Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Potosí

Ministerio de Educación Rechazo a descuentos salariales por movilizaciones del mes de mayo

37 Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro

Gobierno central Rechazo a descuento salarial por días no trabajados en el mes de mayo

38 Sindicato de trabajadores de la Cervecería Taquiña S.A. (Cbba.)

Ejecutivos de la Cervecería Taquiña S.A. (Cbba.)

Demanda de incremento salarial, bono de riesgo y mejores condiciones laborales

39 Sindicato Fabril de Industrias Fino (Cbba.)

Empresa Industrias de Aceite S.A. (IASA) (Cbba.)

Demanda de incremento salarial, bono dominical y cumplimiento de normativa laboral

40 Trabajadores del ingenio azucarero La Bélgica (Santa Cruz)

Empresa La Bélgica (Santa Cruz) Demanda de pago de haberes atrasados y mejora de condiciones laborales

41 Jugadores de The Strongest (La Paz)

Dirigencia de The Strongest (La Paz)

Demanda de pago de sueldos atrasados


6

42 Sindicato Mixto de Karachipampa Empresa Atlas Precious Metals y Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

Demanda de reanudación de explotación de minerales

43 Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania (Santa Cruz)

Gobierno central Pliego petitorio relativo a la explotación del Mutún, reversión de concesiones mineras a empresa brasileña y reversión de TCO

44 Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) (Santa Cruz)

Gobierno central Pliego petitorio con demandas políticas, sociales, económicas y territoriales

45 Importadores de vehículos usados (todo el país)

Gobierno central Demanda de internación de vehículos usados rezagados desde la promulgación del D.S. 29836

46 Trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA) (Oruro)

Cooperativa Minera La Joya Control de yacimiento de oro del cerro La Joya

47 Representantes de Leche del Altiplano (LEDAL SA) (La Paz)

Gobierno central Rechazo a nacionalización de la empresa PIL Andina

48 Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT)

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

Rechazo a demora en transferencia de recursos para funcionamiento

49 Universidad Técnica de Oruro (UTO)

Gobierno central Demanda de incremento presupuestario

50

Federación Regional de Comunidades Campesinas de la Cuarta Sección de Palos Blancos (La Paz)

Gobierno central y Policía Nacional Rechazo a erradicación de cultivos de hoja de coca

51 Gremialistas del mercado El Abasto (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz Rechazo a reordenamiento de espacios comerciales

52 Vecinos del distrito de Pompeya de Trinidad (Beni)

Comerciantes del distrito Pompeya de Trinidad (Beni)

Demanda de reubicación de comerciantes

53 Vecinos de la zona este de la ciudad de Oruro

Alcaldía Municipal de Oruro Rechazo a asentamientos ilegales en áreas verdes

54 Vecinos de la Urbanización Unión y Progreso de El Alto

Movimiento sin Techo y Subalcaldía del Distrito 10 de El Alto

Rechazo a avasallamiento de terrenos

55 Campesinos de Guarayos (Santa Cruz)

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Demanda de titulación de tierras

56 Central Obrera Departamental (COD) del Beni y Comité Cívico de Trinidad

Corte Superior de Justicia del Distrito del Beni

Rechazo a la posesión del vocal Grover Vega

57 Víctimas de los conflictos de octubre de 2003 de El Alto (La Paz)

Poder Judicial Rechazo a cambio de fiscales

58

Comité de defensa de los socios de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL) (Santa Cruz)

Interventor de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL) (Santa Cruz)

Finalización de intervención, elección de nueva directiva y difusión de resultados de auditoría

59 Sindicato Único de Trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL)

Gobierno central Institucionalización de cargos administrativos, salida de interventor y renuncia de Jefa de Recursos Humanos

60 Organizaciones departamentales de fútbol (todo el país)

Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol Carlos Chávez y Mauricio Méndez

Rechazo a reelección de dirigentes

61 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO)

Gobierno central Demanda de destitución de delegada autonómica

62 Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA) (La Paz)

Movimiento al Socialismo (MAS) Rechazo a creación de federación paralela de colonizadores

63 Federación Departamental de Personas con Discapacidad de La Paz

Gobernación de La Paz

Rechazo a intervención de Gobernación en designación de Directora de Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS)


7

64 Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Beni

Gobierno central Rechazo a destitución de gerente de la Empresa

65 Sindicato de Trabajadores de Bolivisión de Santa Cruz

Ejecutivos de Bolivisión de Santa Cruz

Rechazo de presunta quiebra de Bolivisión

66 Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí

Gobernación de Potosí Demanda de libertad y seguridad para la labor periodística

67 Trabajadores de medios de comunicación y pobladores de la provincia Ballivián del Beni

Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

Rechazo a cierre de de canal de televisión

68 Pobladores de Vitichi (Potosí) Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Demanda de construcción de tramo carretero Bella Vista-Cotagaita

69 Comité cívico de San Ignacio y Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de San Ignacio (Beni)

Gobernación del Beni Demanda de conclusión de proyecto de remodelación de tendido eléctrico

70 Pobladores de Challapata (Oruro) Gobernación de Oruro Demanda de soluciones integrales a la represa de Tacagua y de prohibición de actividad minera en la zona

71 Asociación del Transporte Libre (ATL) del Beni

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Demanda de mantenimiento y mejoramiento de tramos camineros

72 Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto

Alcaldía de El Alto Rechazo a suspensión de desayuno escolar

73 Vecinos del Distrito 6 de El Alto Subalcaldía Municipal del Distrito 6 de El Alto

Rechazo de construcción de hospital

74 Padres de familia de la junta educativa Mariscal Antonio José de Sucre

Alcaldía de Trinidad Demanda de entrega de nueva infraestructura

75 Personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad

Alcaldía de Trinidad Demanda de solución a contaminación de agua

76 Pobladores de K’ara K’ara (Cochabamba)

Alcaldía de Cochabamba Demanda de cierre de botadero municipal

77 Sindicato Agrario de Arrumani (Cochabamba)

Alcaldía de Cochabamba Rechazo a instalación de botadero municipal

78 Junta vecinal 10 de Noviembre (Potosí)

Alcaldía de Potosí Demanda de control ambiental a transportistas públicos

79 Vecinos de la zona Mercedario de El Alto

Líneas de transporte público Arco Iris y 18 de Diciembre de El Alto

Rechazo a mal servicio de transporte

80 Transportistas del Sindicato de Transporte 20 de Septiembre de Arbieto (Cochabamba)

Gobernación de Cochabamba Intervención en conflicto entre líneas de transporte

81 Federación del Transporte Urbano de la ciudad de Cochabamba

Alcaldía de Cochabamba Demanda de cierre de líneas de transporte ilegal

82 Trabajadores de AeroSur (todo el país)

Gobierno central Rechazo a persecución judicial al Gerente de la empresa AeroSur

83 Familias asentadas ilegalmente en terrenos de la universidad Autónoma del Beni (UAB)

Fiscalía de Distrito de Beni Rechazo a procesos judiciales en contra de dirigentes vecinales

84 Familiares de víctimas de las dictaduras (La Paz)

Fuerzas Armadas Demanda de desclasificación de archivos militares de la época de dictaduras

85 Federación Regional de Personas con Discapacidad de El Alto

Gobierno central Pliego petitorio con demandas de salud, educación y trabajo

86 Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Dueños de locales nocturnos de El Alto

Demanda de mayor seguridad ciudadana

87 Autoridades y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)

Alcaldía de El Alto Demanda de cierre de locales nocturnos por seguridad ciudadana

88 Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña (Cochabamba)

Alcaldía de Quillacollo Rechazo a ordenanza municipal que prohíbe expendio de bebidas alcohólicas


8

89 Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (COCEDAL) de la ciudad de El Alto

Alcaldía de El Alto Rechazo a cambio de rango de Dirección Artesanal a Unidad

90 Asociación Departamental de Defensa de Viviendas del ex Fonvis (ADEVIF) (Santa Cruz)

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Cuestionamiento a demora de procesos para pago de saldo a capital vigente por parte de los beneficiarios

90 TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

El número de conflictos registrados en el mes de julio muestra que se mantiene la tendencia al

incremento de la conflictividad en el país, aunque con fluctuaciones. Luego del pico alcanzado en

mayo (81 conflictos), en junio se presentó un importante descenso (57 conflictos), para volver a

crecer significativamente en julio –con un incremento de 60% respecto al mes anterior–

sobrepasando incluso los registros de mayo, y convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de

conflictos en el presente año.

El actual proceso de formulación de leyes para la implementación de la Constitución Política del

Estado aprobada en 2009, la aplicación de las autonomías y la reterritorialización del Estado, así

como las transformaciones del sistema político y los recientes procesos eleccionarios, han

influido notoriamente en el incremento de la conflictividad del periodo. No obstante, explicarlo

todo a partir de estos elementos de carácter coyuntural puede resultar insuficiente; es necesario

reconocer también la existencia de problemas estructurales que se van complejizando y dando

lugar a conflictos por falta de atención oportuna. El mes de julio, que estuvo saturado de

conflictos de ambos tipos, es una clara muestra de esta situación. De no revertirse estos factores,

es previsible que los conflictos sigan siendo numerosos y que generen un fuerte malestar social.

Los conflictos que se destacaron como los más importantes del mes concentran a sectores

estratégicos de la población con demandas de diverso tipo, desde económicas hasta vinculadas a

la defensa de derechos políticos:

- El debate alrededor del proyecto que modificará la Ley General de Aduanas y del nuevo

código tributario, normas que penalizarán con mayor rigurosidad al contrabando y

afectarán a los comerciantes informales, se convirtió en uno de los principales focos de

conflictividad durante el mes. En ese sentido, federaciones de gremialistas de todo el país

protagonizaron una serie de marchas, las cuales y debido a la gran cantidad de

participantes, llegaron a colapsar el tráfico de varias ciudades del país. Al finalizar el mes

y ante la desatención de sus demandas, los gremialistas amenazaron con radicalizar sus

medidas a partir del mes de agosto, cerrar todos los mercados a nivel nacional y

bloquear las fronteras internacionales en diferentes puntos del país. Tomando en cuenta

que alrededor del 50% de la población económicamente activa se desenvuelve dentro

del comercio informal, no resulta sorprendente la potencialidad conflictiva de esta

problemática.

- La marcha hacia la ciudad de La Paz que la Confederación de Pueblos Indígenas de

Bolivia (CIDOB) inició en el mes de junio demandando atención a su pliego petitorio de


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13 puntos, es un conflicto de indudable relevancia. Cabe recordar que las demandas

interpuestas por los indígenas abarcan varios temas, como mayor participación en la

toma de decisiones, transferencia de más recursos para la implementación de las

autonomías indígenas y saneamiento de tierras, entre otras que son parte de los desafíos

que implica la construcción de un Estado plurinacional. Después de varios acercamientos

con el Gobierno y cuando ya se habían cumplido 32 días de iniciadas las medidas de

presión, los miembros de CIDOB decidieron replegarse al haber sido atendido un tercio

de sus demandas. Puesto que quedaron pendientes varios temas de índole política, como

mayores cuotas de poder, es posible que este conflicto rebrote en un futuro cercano.

- En un nuevo escenario de la conflictividad entre el nivel central y las regiones que supera

el tradicional antagonismo entre departamentos de tierras bajas y el Gobierno central, la

controversia entre el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y el Gobierno por seis

demandas, entre las que se encuentra la solución a la disputa de límites con Oruro, se

desarrolló en un clima de alta tensión que hacia fines de mes comenzaba a complicarse

con la progresiva incorporación de una multiplicidad de actores y la adopción de un paro

cívico indefinido en todo el departamento. Este conflicto paulatinamente superó la

dimensión económica que inicialmente parecía tener, mostrando la existencia de

características más complejas que incluyen aspectos políticos, sociales y culturales.

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

En el mes de julio los tres principales tipos de conflicto fueron los laborales/salariales (19%), de

gestión administrativa (14%) y por medidas económicas/situación económica de las personas

(12%).

A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su

importancia:

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

TIPO DE CONFLICTO %

Laboral/salarial 19,44%

Gestión administrativa 14,58%

Medidas económicas/situación económica 12,50%

Leyes/medidas legales 10,42%

Prestación de servicios públicos 9,03%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 8,33%

Ideológico-político 5,56%

Tierra 4,17%

Gestión del espacio urbano 3,47%

Recursos naturales y medio ambiente 3,47%


10

Incumplimiento de convenios 2,78%

Derechos humanos 2,08%

Límites político-administrativos 1,39%

Valores/creencias/identidad 1,39%

Seguridad ciudadana 1,39%

TOTAL 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010.

GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010.

Se presentaron 15 tipos distintos de conflicto, básicamente los mismos que se presentaron en

los meses de mayo y junio. Una vez pasada la coyuntura electoral de abril, el número de

conflictos de carácter ideológico político ha disminuido notablemente y los vinculados a la

situación económica, la administración estatal y la prestación de servicios públicos vuelven a

posicionarse en los primeros lugares.

Se observa un claro aumento con respecto al mes anterior de los conflictos laborales y de los

vinculados con la situación económica de las personas, categorías estrechamente relacionadas.

Dentro de la problemática laboral se suscitaron movilizaciones en defensa de fuentes laborales,

especialmente de trabajadores municipales que temían despidos masivos como consecuencia

del reciente cambio de autoridades; y exigiendo el pago de salarios o de bonos adeudados a los

trabajadores de los sectores de salud y educación.

En el ámbito económico se generaron numerosos conflictos por la gestión de recursos naturales

y la otorgación de recursos económicos directos desde el Estado, como en los casos


11

protagonizados por CIDOB, COMCIPO, trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca

Sayaña (EMCOISA), sindicatos cocaleros de Palos Blancos y otros.

Entre los conflictos vinculados a la gestión administrativa de entidades públicas y privadas

destacan nuevamente los generados por retraso en el pago de haberes y bonos; éste puede ser

un hecho circunstancial, ya que no todos los meses se presenta esta situación. El resto de los

casos se originaron por diversos motivos, aunque cabe resaltar que en la gran mayoría de los

conflictos administrativos se interpeló a algún actor estatal, sobre todo a nivel municipal. Los

conflictos por prestación de servicios públicos también aumentaron en proporción considerable,

lo que aunado a los casos antes descritos revela la existencia de serias deficiencias en el

funcionamiento del aparato público.

Otros conflictos que resaltaron fueron los relacionados con el proceso de formulación e

implementación del nuevo sistema jurídico, específicamente la Ley Marco de Autonomías y

Descentralización, el proyecto de Ley General de Aduanas, nuevo Código Laboral, proyecto de

Ley de Pensiones y proyecto modificatorio de la Ley de Educación Avelino Siñani, que vienen

generando malestar en distintos sectores desde el año 2009. Mientras no se busque establecer

consensos para la aprobación de normas, es muy probable que estos temas continúen

provocando movilizaciones.

Finalmente, aún persisten, aunque en menor número, los conflictos por cuestionamiento de

autoridades designadas en el ámbito municipal y los casos enmarcados en el fenómeno de

judicialización de la política.


12

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES

Y DEMANDADOS

3.1. Sectores y actores demandantes

En el mes de julio nuevamente el sector vecinal/comunal fue el principal demandante (23%) –

dentro de éste, los actores más dinámicos fueron los vecinos de la ciudad de El Alto–, seguido

por otras organizaciones de la sociedad civil (21%). El sector salud ocupó el tercer lugar (12%) y

el cuarto el sector educación (9%), que por primera vez en el año dejó de situarse en uno de los

dos primeros lugares.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES

SECTOR DEMANDANTE Nº %

Vecinal/comunal 21 22,83%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 19 20,65%

Salud 11 11,96%

Educación 8 8,70%

Empresarial 7 7,61%

Agropecuario/Campesino 7 7,61%

Transporte 4 4,35%

Entidad del ejecutivo municipal 3 3,26%

Entidad del ejecutivo departamental 2 2,17%

Minero 2 2,17%

Gremial 2 2,17%

Cívico 2 2,17%

Indígena 2 2,17%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/ pueblos indígenas 1 1,09%

Entidad del gobierno nacional 1 1,09%

TOTAL 921 100%


1 Esta cifra difiere del número total de conflictos del mes debido a que varios de éstos han sido planteados por más de un

sector demandante.


13

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES


En el mes de julio, los habitantes de áreas rurales y urbanas del país se movilizaron

fundamentalmente por asuntos referidos a la prestación de servicios públicos (diez conflictos),

por cuestiones políticas (seis conflictos) y por temas ambientales (cuatro conflictos).

Después de un paréntesis excepcional durante el mes de junio, el sector vecinal/comunal

planteó una serie de conflictos por la prestación de distintos servicios públicos (energía

eléctrica, transporte, construcción y mantenimiento de carreteras, etc.), que alcanzaron un tercio

del total de los casos. Como es usual, el actor demandado fue el Estado en sus diferentes niveles.

En lo que respecta a los temas políticos, continuando la tendencia registrada en junio, fueron

frecuentes los cuestionamientos de autoridades locales (subalcaldes), notablemente en El Alto y

Santa Cruz2. Aunque de acuerdo con la Ley de Municipalidades es atribución exclusiva del

Alcalde designar a los subalcaldes, la presión de las poblaciones locales para participar

directamente en las designaciones de autoridades, la exigencia de que éstas gocen de

legitimidad, y los intereses políticos de los distintos grupos, han ocasionado un frecuente

cuestionamiento a la designación de autoridades locales. Es previsible que en la elaboración de

las cartas orgánicas municipales varias localidades incluyan la elección de subalcaldes por voto

2 Desde hace algunos años, ambos municipios están implementando procesos de desconcentración distrital que han permitido que sectores vecinales presenten ternas para la designación de subalcaldes.


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popular, por lo que se podría esperar que los conflictos de este tipo se reduzcan

considerablemente.

En lo que concierne al tema ambiental, desde hace algún tiempo atrás se constató la

participación de vecinos y comunarios de diferentes localidades en este tipo de conflictos. En el

mes de julio se produjeron algunos casos debido a que la contaminación ambiental ha afectado

la actividad económica y la salud de las personas.

La mitad de los conflictos protagonizados por el sector vecinal/comunal tuvo como demandados

a los gobiernos locales. Por otro lado, es importante notar que más de un tercio de los conflictos

protagonizados por el sector se dirigieron hacia otro sector de la sociedad, y la mitad de estos

casos derivó en enfrentamientos, lo que reafirma una vez más la hipótesis de que los conflictos

sociedad vs. sociedad pueden llegar a ser muy violentos, lo que hace indispensable asumir

medidas específicas para prevenirlos. Finalmente, se observa que solamente un cuarto de los

conflictos protagonizados por el sector alcanzaron algún tipo de acuerdo durante el mes; en la

mayoría de los casos éste se dio porque los actores demandados cedieron.

En el segundo lugar de la lista de sectores demandantes se encuentran otras organizaciones y

grupos de la sociedad civil, categoría compuesta por una diversidad de actores, como los

familiares de víctimas de las dictaduras, las víctimas de los conflictos de octubre de 2003,

importadores de vehículos usados, Movimiento Sin Tierra, organizaciones de personas con

discapacidad, organizaciones y jugadores de fútbol y otros. Estos actores interpelaron

fundamentalmente al Gobierno central, sobre todo por temas económicos y sociales.

A diferencia de lo ocurrido en los meses anteriores, en julio el sector salud se encuentra en el

tercer lugar entre los sectores demandantes, alcanzando la cantidad más alta de conflictos en lo

que va del año, con prácticamente la totalidad de los casos referidos a cuestiones laborales y

salariales, demandas clásicas del sector. En varias oportunidades, los conflictos se originaron en

fallas administrativas que impidieron el pago oportuno de salarios o bonos laborales. Como es ya

tradicional, se recurrió al paro de actividades como medida de presión más frecuente, con los

consecuentes efectos negativos para la población, lo que explica por qué la mayoría de las

controversias del sector quedaron resueltas antes de finalizar el mes. La región oriental del país

fue la más afectada por este tipo de conflictos.

El sector educación se situó en julio en cuarto lugar, abandonando el segundo puesto que había

ocupado, sin excepción, durante los seis primeros meses del año. Las dos demandas que

generaron la mitad de los conflictos se arrastran desde meses anteriores, aunque ahora tienen

menos fuerza: cuestionamiento a los proyectos de ley de pensiones, educación y trabajo y

rechazo a los descuentos salariales por concepto de días no trabajados durante las

movilizaciones de mayo del presente año. Los otros conflictos están vinculados a problemas

específicos de diferentes centros educativos del país. Todos los casos se registraron en

departamentos de la región occidental: La Paz, Oruro y Potosí.


15

Por otro lado, el sector agropecuario/campesino, que en los meses precedentes no había

protagonizado una cantidad significativa de conflictos, en julio tuvo siete registros. La mayoría

de los casos son de carácter económico, aunque los asuntos políticos también fueron relevantes.

El actor más interpelado fue el Gobierno central, lo que es significativo considerando que el

sector campesino es uno de los componentes centrales del partido de Gobierno. En algunos de

los casos se puso nuevamente en evidencia la tensión existente entre grupos de campesinos e

indígenas, sobre todo en lo que se refiere a la dotación de tierras. Éste representa un escenario

complejo para el Poder Ejecutivo central, ya que implica lidiar con intereses contrapuestos de

dos sectores sociales clave del Movimiento al Socialismo, cuyo relacionamiento tiene además

antecedentes de violencia. Así, es indispensable generar mecanismos de alerta temprana que

permitan atender y canalizar adecuadamente estos conflictos que, en muchos casos, se

encuentran aún en estado de latencia.

Otro caso delicado que involucró también al sector campesino fue el conflicto que enfrentó a dos

facciones de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA), con un

saldo de varios heridos, tras los intentos de conformar una organización paralela. Este conflicto

puede considerarse una secuela de los graves acontecimientos que en el mes de mayo tuvieron

lugar en Caranavi; las pugnas en el seno de la Federación, que se hicieron evidentes en ese

entonces, determinaron que el carácter fundamentalmente económico de la controversia

(demanda de una planta procesadora de cítricos) se entrecruzara con factores políticos que

incidieron en su desenlace violento.

Por su parte, el sector empresarial, que también había mantenido un perfil bajo en la

conflictividad de los meses anteriores, en julio protagonizó una cantidad relevante de conflictos.

Más de un tercio de las controversias del sector fueron los clásicos conflictos obrero patronales

originados por la demanda de incrementos salariales, bonos y mejora en las condiciones de

trabajo. Prácticamente en todos los casos se alcanzó acuerdos basados en la promesa de

satisfacer las demandas de los trabajadores. También se registraron algunos conflictos a partir

de demandas del sector empresarial hacia el Gobierno central (AeroSur y LEDAL S.A.), de

carácter económico y político, dando cuenta de la tensión existente entre ambos actores.

El sector indígena continuó protagonizando conflictos, aunque en menor medida que en los meses anteriores. El denominador común de las dos situaciones contenciosas registradas en el mes de julio (CIDOB y pueblo Jach’a Carangas) fue el político, directamente ligado al proceso de implementación de autonomías. Esto muestra, una vez más, que las autonomías indígenas han despertado expectativas muy elevadas que, al no verse materializadas, derivan en conflicto social. Se debe mencionar que, a diferencia de los meses pasados cuando principalmente pueblos indígenas de tierras bajas protagonizaron conflictos relacionados con este tema, en julio un pueblo de tierras altas se sumó al reclamo de mayor autonomía que la que establece la ley recientemente aprobada. Finalmente, es necesario señalar que no se tiene registros de la participación de mujeres en los diferentes conflictos del mes de julio.


16

3.2. Sectores y actores demandados Durante el mes de julio las entidades del gobierno central concentraron más de un tercio de las controversias (37%), mientras que los ejecutivos municipales fueron interpelados en un cuarto de los casos (26%); en tercer lugar se sitúan los ejecutivos departamentales (12%), seguidos por el sector empresarial (7%). En conjunto, el Estado, en sus distintos niveles y órganos, concentró más del 80% de las demandas provenientes de distintos sectores del país.

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS

SECTOR DEMANDADO Nº %

Entidad del gobierno central 35 37,23%

Entidad del ejecutivo municipal 24 25,53%

Entidad del ejecutivo departamental 11 11,70%

Empresarial 7 7,45%

Poder Judicial 2 2,13%

Personas individuales 2 2,13%

Entidad del legislativo departamental 2 2,13%

Gremial 1 1,06%

Minero 1 1,06%

Fuerzas Armadas 1 1,06%


Otro 1 1,06%

Entidad del Legislativo nacional 1 1,06%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 1 1,06%

Transporte 1 1,06%

Policía Nacional 1 1,06%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 1 1,06%

Entidad del legislativo municipal 1 1,06%

TOTAL 943 100%


3 Ver nota 1 para éste y otros casos similares.


17

GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS


En julio aumentaron los conflictos dirigidos hacia el nivel estatal central en comparación con el

mes anterior, aunque de manera relativamente proporcional al aumento general de los

conflictos, y sin llegar a los porcentajes de los meses anteriores. Nuevamente, el tema que marcó

la agenda de conflictividad del Gobierno central fue el económico: 13 conflictos relacionados con

medidas económicas y la situación económica de las personas y 11 relativos a temas laborales y

salariales, sumando un total de 24 conflictos. Es importante destacar que, entre las controversias

que atañen al Ejecutivo central se registran cada vez más las de carácter multidimensional.

Conflictos como el de la CIDOB (que involucra demandas económicas, políticas, sociales y

culturales) o el protagonizado por el Movimiento Sin Tierra (con pedidos de tierra, leyes y

prestación de servicios públicos) ponen de realce la existencia de situaciones contenciosas

complejas, que combinan temas estructurales y coyunturales y que, por tanto, plantean desafíos

mayores para su atención integral y su adecuada resolución.


18

Los conflictos que tuvieron como demandados a los gobiernos locales aumentaron en relación

con el mes anterior, alcanzando un total de 25 (sumando las interpelaciones a los ejecutivos y

legislativos municipales). Este mes se observa una importante fragmentación de los casos: una

pluralidad de sectores (salud, educación, campesino, vecinal/comunal, gremial, transporte, entre

otros) expresaron diferentes demandas, como la prestación de servicios públicos, tierra,

seguridad ciudadana, reivindicaciones económicas, laborales, ambientales, políticas, etc. Uno de

los ejes centrales fue la protesta por el retraso en pagos de salarios y bonos, problema por el que

atravesaron entidades públicas de los tres niveles estatales. Al igual que lo ocurrido en junio, los

gobiernos municipales más interpelados fueron los de Santa Cruz (siete conflictos) y de El Alto

(seis conflictos), aunque los de Cochabamba (cuatro), Oruro (cuatro), Trinidad (dos) y Potosí

(dos) también fueron cuestionados. Como se puede observar, hubo varios gobiernos de capitales

de departamento que fueron demandados.

Por otro lado, los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental aumentaron también en julio,

alcanzando 13 registros (considerando tanto las instituciones del ejecutivo como las del

legislativo); las gobernaciones de Oruro y del Beni fueron las más cuestionadas. Como ya se dijo,

una parte relevante de los casos estuvo relacionada con las demandas de pago de salarios y

bonos. La transición de las prefecturas a gobernaciones, y el consecuente cambio de razón social,

está generando una serie de dificultades en los procedimientos administrativos públicos, que,

entre otros factores, puede haber ocasionado retrasos en las transferencias de recursos del nivel

central al departamental. Una vez superados los inconvenientes administrativos los conflictos

concluyeron. Esto demuestra que el proceso de rediseño institucional estatal genera también

impactos de tipo operativo y tiene efectos indirectos, como por ejemplo en el pago oportuno de

haberes para los diferentes sectores dependientes del Estado.

En general, se observa un notable aumento en las interpelaciones hacia los niveles

subnacionales y una pequeña disminución, perceptible desde junio, en los conflictos dirigidos

hacia el nivel central. Esto ha generado una reducción de la brecha existente entre el Gobierno

central y los niveles subnacionales, muy marcada durante los primeros cinco meses del año en

curso. Si bien es muy pronto para atribuir esta situación directamente a la implementación del

proceso autonómico, que aún está dando sus primeros pasos, las expectativas de los distintos

sectores en torno al mismo pueden estar dando lugar a reconfiguraciones en el esquema de la

conflictividad del país.

Por otra parte se puede insistir en el hecho de que, en el mes de julio, un denominador común a

los tres niveles estatales es la existencia de conflictos vinculados a temas operativos de la

gestión pública (más concentrados en los niveles subnacionales que en el central). Esto permite

inferir que el rediseño estatal, que tiene entre sus pilares la implementación de varios tipos de

autonomía, es y será un importante generador de conflictos de carácter estructural y

directamente vinculados al proceso, así como operativos e indirectamente ligados a éste.


19

4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS

4.1. Ámbito geográfico de los conflictos

Después de la situación excepcional que se vivió en el pasado mes de junio cuando Oruro se

colocó en el primer lugar en cuanto al número de conflictos, La Paz volvió a encabezar la lista de

los departamentos con mayor cantidad de conflictos, concentrando un cuarto de los casos. En

segundo lugar se encuentra el departamento de Santa Cruz (18%), seguido por Beni (15%) y

Oruro (13%). Es notable el hecho de que Cochabamba, que suele encontrarse entre los primeros

tres lugares, en julio se ubica en el quinto puesto.

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO Nº %

La Paz 23 25,56%

Santa Cruz 16 17,78%

Beni 14 15,56%

Oruro 12 13,33%

Cochabamba 7 7,78%

Potosí 8 8,89%

Todo el país 6 6,67%

Más de uno 3 3,33%

Chuquisaca 1 1,11%

TOTAL 90 100%




20

La siguiente figura muestra la distribución territorial de los conflictos:


La mitad de las situaciones contenciosas registradas en el departamento de La Paz ocurrió en la

ciudad de El Alto, dos en la región de Los Yungas y las demás en la ciudad de La Paz. En lo que

respecta a la ciudad de El Alto, la mayoría de los casos fue protagonizada por el sector vecinal y

estuvo dirigida fundamentalmente al Gobierno municipal. Los temas por los cuales se

movilizaron los alteños estuvieron fundamentalmente vinculados a la prestación de servicios

públicos, aunque también plantearon una cantidad relevante de demandas políticas (sobre todo

referidas a la destitución de autoridades distritales, al igual que en el mes anterior) y de

seguridad ciudadana, entre otras. Es importante destacar que la mitad de los conflictos de El Alto

tuvo registros de violencia en enfrentamientos entre sectores sociales. La ciudad de La Paz fue el

epicentro de varios de los conflictos que involucraron al conjunto del país. En lo que respecta a

controversias que sólo se manifestaron en esta urbe, los temas laboral/salariales por los que se

cuestionó al Gobierno central fueron los que la marcaron. Finalmente, en la región de los Yungas

se suscitaron dos conflictos: uno por rechazo a la erradicación de la coca y otro antes

mencionado debido a pugnas internas en la federación de colonizadores; ambos tuvieron tintes

políticos, aunque el primero es también de carácter económico.

Por su parte, el departamento de Santa Cruz duplicó el número de controversias registradas en

el mes de junio, aunque de manera relativamente proporcional al incremento general de los

conflictos en el país. Más de un tercio de las demandas del departamento estuvo dirigido a la

Alcaldía de Santa Cruz, fundamentalmente por temas administrativos/laborales (pago de

sueldos) y políticos (cuestionamiento de autoridades distritales). De igual manera, un cuarto de

los conflictos estuvo dirigido hacia el Gobierno central, entre los que destaca el protagonizado

por el sector campesino con demandas mayormente vinculadas a la tierra. También se

registraron dos casos que implicaron enfrentamientos con las fuerzas del orden, el primero de


21

los gremialistas del mercado La Ramada y el segundo de la Federación de Trabajadores

Campesinos e Indígenas de la Chiquitania.

Uno de los cambios más significativos del mes en cuanto a la distribución geográfica de los

conflictos se refiere a los registros del Beni. Durante los seis primeros meses del año,

prácticamente sin excepción, dicho departamento presentó bajos niveles de conflictividad; en

cambio en julio se situó en el tercer lugar de la lista nacional. Todos los conflictos tuvieron como

actor demandado al Estado; seis de estos4 se dirigieron a alguna entidad del Gobierno central,

cuatro a la Gobernación, tres a la Alcaldía de Trinidad, uno al Poder Judicial y uno a la Fiscalía de

Distrito. En general, tres fueron los ejes que marcaron la conflictividad en el Beni durante el mes

de julio: el primero, referido a la tensión política existente entre el departamento y el Gobierno

central; el segundo, relativo al proceso de implementación de las autonomías y, el tercero,

relacionado con temas administrativos/laborales enmarcados en los inconvenientes de gestión

que tuvieron varias entidades públicas, que ya fueron abordados en páginas precedentes. Así, es

probable que el incremento de los conflictos en este departamento tenga que ver, en alguna

medida, con la inminencia de la implementación de las autonomías tras la aprobación de la Ley

Marco a mediados de mes. Dado que la agenda pública nacional en los próximos meses seguirá

estando fuertemente marcada por ese tema, es previsible que los dos primeros focos de conflicto

se mantengan. Por el contrario, si se logran superar los impasses administrativos, el tercer factor

tenderá a desaparecer, al menos de manera provisional.

El departamento de Oruro, que en el mes de junio tuvo la mayor cantidad de conflictos, en julio

descendió al cuarto lugar. Sin embargo, es necesario señalar que si bien bajó su peso relativo con

relación al total de los conflictos, presentó el mismo número de controversias. El tema por el que

más se movilizaron los orureños fue el económico, dentro del cual destacan los conflictos

laborales, aunque también el cuestionamiento de autoridades estuvo presente a través de

algunos casos. Es importante destacar que algunas de las situaciones contenciosas que tuvieron

alcance nacional, relacionadas con el rechazo a las políticas que impulsa el Gobierno para la

regularización de ciertas actividades económicas –protagonizadas por importadores de

vehículos, comerciantes minoristas y mayoristas, entre otros– se manifestaron de manera

contundente en la ciudad Oruro. Esto es explicable dado el carácter preponderantemente

comercial de esta urbe que, desde la relocalización de los trabajadores mineros en los años

ochenta, ha experimentado un crecimiento relevante de las actividades informales5.

El departamento de Potosí ocupó en julio un lugar similar al registrado en los meses anteriores.

Sin duda, el conflicto originado en el problema de límites entre Coroma y Quillacas fue el más

destacado, mientras que las demás demandas sociales, o bien fueron incluidas en el pliego

petitorio regional, o bien se expresaron en conflictos menores en alcance y en cuanto al uso de

medidas de presión. La gravedad de la controversia entre Potosí y Oruro, que involucró a una

4 Incluyendo el conflicto protagonizado conjuntamente por Beni, Santa Cruz y Tarija, contemplado en la categoría Más de uno. 5 Molina Rivero, R. 2008. “Estudio de caso Oruro. Reseña histórica y consulta sobre regionalización del departamento de Oruro” en Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia. Foro Descentralización, Autonomías y Constituyente. Ed. Holding. La Paz-Bolivia.


22

multiplicidad de sectores del departamento, hizo que la conflictividad girara prácticamente sólo

en torno a esta problemática, dejando en un segundo plano otros casos puntuales.

Los conflictos que involucraron a todo el país fueron los planteados por la Confederación

Nacional de Gremiales de Bolivia y por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, en

rechazo a la modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario; por los

trabajadores de AeroSur en rechazo a las medidas judiciales emprendidas contra el Gerente de la

empresa; por la Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia en repudio a los despidos; y

por las organizaciones departamentales de fútbol por las elecciones internas en su Federación.

Asimismo, los casos que involucraron a más de un departamento fueron las controversias entre

Coroma y Quillacas por el tema de límites, la de los departamentos del Beni, Santa Cruz y Tarija

por la modificación parcial de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la protagonizada

por CIDOB. Desde un punto de vista agregado es posible destacar que varios conflictos que en

julio trascendieron los límites departamentales y provocaron una tensión generalizada en el país

están relacionados con el proceso de implementación de la CPE.


23

5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA

5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos

Las medidas de presión desplegadas por los diferentes actores movilizados se multiplicaron en

el mes de julio, alcanzando un total de 172 registros. Sin duda, éste es un fenómeno

directamente relacionado con el aumento general del número de conflictos; sin embargo, el

incremento no ha sido proporcional, pues habiéndose producido un 60% más de conflictos en

julio, en realidad sólo hubo un 46% más de medidas de presión con respecto a junio.

CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO


En julio los niveles de violencia aumentaron ligeramente con respecto al mes anterior: hubo más

medidas de presión de confrontación media en detrimento de las de menor incidencia, también

se suscitaron nueve enfrentamientos violentos, dos más que junio. Se incrementaron las

acciones de fuerza que afectaron a terceros, habiéndose registrado más marchas, bloqueos y

huelgas de brazos caídos en diferentes instituciones, aunque en consonancia con los meses

anteriores, la amenaza sigue siendo el recurso más utilizado por los actores en conflicto. Si bien

ningún conflicto derivó en una crisis seria que pudiera afectar la gobernabilidad del Estado, es

preocupante el hecho de que más de la mitad de los episodios de enfrentamiento se hayan

producido al interior de la sociedad. Uno de estos se desarrolló como consecuencia de las pugnas

políticas internas de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA),


24

demostrando que a pesar de que fue atendida la demanda principal, los hechos trágicos de mayo

continúan teniendo efectos.

Por último cabe acotar que, con notoriedad, en los conflictos por temas económicos se desplegó la mayor cantidad de medidas de fuerza y las más contundentes y violentas, lo cual no resulta sorprendente tomando en cuenta los altos índices de pobreza del país. Aunque en menor medida, sucedió lo mismo con los conflictos laborales y los de carácter político.

5.2. Alcance de las medidas de presión En julio hubo variaciones casi imperceptibles en los rangos de afectación de las medidas de presión. Como en casi todos los meses anteriores, más de un tercio de las acciones desplegadas no sobrepasaron el ámbito intrainstitucional, debido a que, como ya se dijo, entre las principales medidas de fuerza figuraron la amenaza y/o declaratoria de estado de emergencia y la huelga de hambre. En cuanto al alcance vecinal/comunal y nacional, se verifican ligeras reducciones de menos de 3% en cada uno, pero que son absorbidas por el aumento de medidas de presión que afectan a los ámbitos municipal y regional.

CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

ALCANCE Nº %

Intrainstitucional 35 38,89%


Municipal 11 12,22%

Regional 9 10,00%

Nacional 6 6,67%

Departamental 4 4,44%

TOTAL 90 100%


GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN



25

6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS

Si bien el número de conflictos en julio aumentó en relación con el mes precedente, no ocurrió lo

mismo con el número de situaciones contenciosas que quedaron pendientes de solución: en

junio 61% del total de conflictos siguieron vigentes al concluir el mes, mientras que en julio este

porcentaje disminuyó a 44%. Las salidas por la vía del acuerdo también muestran mejoría: de

13% en junio, en julio subieron a 24% (17% acuerdo total y 7% acuerdo parcial). Los conflictos

que pasaron a agosto en medio de negociaciones abiertas representaron el 3%, al igual que en el

mes pasado. El retroceso de uno de los actores como forma de salida se presentó en el 2% del

total de casos registrados, lo mismo que el cuarto intermedio. Los conflictos que tuvieron otra

forma de salida alcanzaron al 1%.

Uno de los acuerdos totales más importantes conseguidos en julio fue el de la Gobernación de

Potosí, la cual junto a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), llegó a un convenio con

los pobladores de Vitichi para la finalización del proyecto carretero Bella Vista - Cotagaita. En

este conflicto, agudizado en la segunda mitad de julio, los demandantes retuvieron la maquinaría

de construcción luego de que la empresa intentara retirarla del lugar y bloquearon diversos

puntos de vías de integración provincial.

Entre los acuerdos parciales más importantes está el logrado entre el Gobierno central y la

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la que demandaba atención de las

autoridades nacionales en varios temas. El principal punto del acuerdo fue el compromiso del

Gobierno de destinar recursos directos para el establecimiento de las autonomías indígenas; a

fin de tratar de manera coordinada el resto de las demandas se definió la apertura de mesas de

diálogo.

Los procesos de negociación que no concluyeron en julio y que podrían dar lugar a acuerdos en

agosto fueron los emprendidos en los conflictos protagonizados por los trabajadores de la Caja

Nacional de Salud y el Ministerio del área por varios temas de índole laboral; por el Movimiento

Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y el Gobierno central por dotación de tierras, entre otras

cuestiones; y por los trabajadores municipales de Oruro y la Alcaldía de esa capital por asuntos

de orden laboral.

De otro lado, los conflictos que tuvieron como salida el retroceso de uno de los actores

(abandono de las medidas de presión) fueron dos. En el primero, planteado contra la

nacionalización de la Industrializadora de Leche (PIL) Andina, los representantes de la firma

Leche del Altiplano (LEDAL SA) dejaron sin efecto su movilización tras el anuncio de que esta

medida no iba a ser llevada adelante. En el segundo, originado por el rechazo de los vecinos del

Distrito 6 de El Alto a la construcción de un hospital materno infantil por considerar que no se lo

necesita en la zona, los manifestantes determinaron replegarse del lugar de las obras ante el

refuerzo de la custodia policial ordenado luego de que agredieran a un primer contingente allí

destacado.


26

Se declaró cuarto intermedio en el conflicto de los trabajadores de la Empresa Minera

Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA) y la Cooperativa Minera La Joya por un permiso para

realizar trabajos de inspección de los yacimientos de oro, y en el caso del sindicato del Servicio

Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni y la Gobernación de ese departamento por

garantías para la conservación de sus fuentes de trabajo.

La única salida no convencional registrada en julio tuvo lugar en el conflicto entre algunas

federaciones departamentales de fútbol y la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol

(FBF), suscitado por la oposición de las primeras a la postulación con fines de reelección de dos

dirigentes deportivos. El conflicto se desactivó una vez que fue confirmada la cuestionada

reelección dirigencial.

CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

SITUACIÓN Nº %

Continúa 40 44,44%

Se desconoce 21 23,33%

Acuerdo total 15 16,67%

Acuerdo parcial 6 6,67%

En negociación 3 3,33%

Retroceso de uno de los actores 2 2,22%

Cuarto intermedio 2 2,22%

Otra 1 1,11%

TOTAL 90 100%


GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS



27

7. CONCLUSIONES

- El mes de julio presentó un acentuado incremento en el número de conflictos, con un

registro de 90 casos, 33 más que en junio y nueve más que en mayo. Estas cifras

muestran que la conflictividad en el país tiene un comportamiento fluctuante, aunque la

tendencia general en el año 2010 es de incremento progresivo de los conflictos.

- Los tres principales conflictos del mes fueron los siguientes: el protagonizado por la

Confederación de Gremialistas de Bolivia en demanda a modificaciones al proyecto de

ley general de aduanas que se discute en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que la

dureza con que éste trata al sector informal puede afectar en el corto plazo sus ingresos;

la marcha de los miembros de CIDOB reclamando atención a su pliego petitorio de 13

puntos, la mayoría de los cuales hace referencia al tema de autonomías indígenas,

otorgación de recursos económicos desde el Estado y mayores cuotas de poder; y el

conflicto planteado por el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) en torno a seis demandas

regionales vinculadas con los intereses económicos y políticos departamentales de larga

data. Aunque ninguno de estos casos desembocó en una confrontación mayor, los tres

revisten gran importancia ya que son representativos de problemáticas estructurales

que afectan al país.

- En julio los tres principales tipos de conflicto fueron los vinculados con las condiciones

laborales y salariales, con la gestión administrativa de diferentes entidades y con las

medidas económicas y la situación económica de las personas. Los conflictos de carácter

coyuntural que surgieron como consecuencia de los procesos políticos recientes, como

las elecciones de abril y la consecuente posesión de autoridades, se están reduciendo,

con lo que el número de conflictos ideológico/políticos ha disminuido notablemente.

- La violencia se mantuvo en un nivel medio con ligeros incrementos con respecto al mes

anterior. Sin embargo, resulta preocupante que se hayan producido más

enfrentamientos que involucraron, en su mayoría, a sectores de la sociedad civil. Fueron

los conflictos de tipo económico los que, por lo general, involucraron el uso de medidas

de violencia media y contundente.

- Las dificultades y carencias en el acceso a servicios públicos hace que ésta sea una

demanda permanente de habitantes de distintas localidades del país, tal como se verificó

nuevamente durante el mes de julio.

- La presión de las poblaciones locales para participar directamente en la designación de

autoridades, la exigencia de que éstas gocen de legitimidad, y los intereses políticos de

distintos grupos, hicieron que en julio nuevamente la sociedad civil protagonizara

conflictos por cuestionamiento de autoridades locales designadas.


28

- Los sectores de salud y educación se movilizaron fundamentalmente por temas

laborales/salariales, varios de estos vinculados con problemas operativos de gestión en

entidades estatales que retrasaron el pago de salarios y bonos.

- En general, se observa un notable aumento en las interpelaciones hacia los niveles

subnacionales y una pequeña disminución, perceptible desde junio, en los conflictos

dirigidos hacia el nivel central del Estado.

- El proceso de rediseño estatal, que tiene entre sus pilares la implementación de varios

tipos de autonomía, es y será un importante generador de conflictos, tanto estructurales

y directamente vinculados al proceso, como operativos e indirectamente ligados a éste.

- La Paz volvió a encabezar la lista de los departamentos más conflictivos, seguida por

Santa Cruz, Beni y Oruro.

- En julio predominaron los conflictos que continuaron vigentes al concluir el mes, aunque

hubo una cierta reducción de estos casos respecto a junio. Los acuerdos totales y

parciales fueron algo mayores a los alcanzados en junio.


29

GUÍA RÁPIDA6

CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen

objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a

alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte

percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o

las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg).

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización

o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser–

incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes

pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial,

indígena y otros).

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o

institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus

particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector

demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un

actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la

solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia

necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la

perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de

desacuerdo que, una vez resuelto, puede determinar el repliegue del actor demandante y la ‘superación’

del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el

actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son

determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las

mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.

ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la

demanda.

ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha

dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

6 La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.


30

Misión

La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en

los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la

finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores

que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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