POLARIZACIÓN: DE LA ESFERA POLÍTICA AL TEJIDO SOCIAL NACIONAL TERCER INFORME DE CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA De Julio a Diciembre de 2008
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POLARIZACIÓN:
DE LA ESFERA POLÍTICA
AL TEJIDO SOCIAL NACIONAL
TERCER INFORME DE CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
De Julio a Diciembre de 2008
Créditos
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Equipo responsable de la Fundación UNIR Bolivia
Dirección Ejecutiva: Antonio Aramayo Tejada
Gerente del Área Diálogo y Gestión del conflicto: María Soledad Quiroga Trigo
Equipo de análisis Antonio Aramayo , María Soledad Quiroga y Jorge Mercado
Seguimiento e interpretación de la Base de datos: Jorge Mercado
Registro y sistematización de conflictos: Óscar Meneses
Diseño informático de la base de datos: Guetzy Nicols
Comunicación y difusión: Unidad de Prensa y Promoción
Derechos reservados: Fundación UNIR Bolivia
Marzo 5 de 2008
www.unirbolivia.org
Tabla de
contenidos
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Página
Presentación 4
1. Seis meses de Conflictividad 5
2. El Conflicto Político 11
3. Conclusiones 17
Notas finales
Índice de Cuadros
19
Cuadro 1: Cantidad de conflictos por mes
5
Cuadro 2: Conflictos por nivel de gravedad 6
Cuadro 3: Tipos de conflicto 6
Cuadro 4: Sectores demandantes 7
Cuadro 5: Actores demandados 8
Cuadro 6: Conflictos por departamento 9
Cuadro 7: Medidas de presión 10
Cuadro 8: Alcance de medidas de presión 10
Cuadro 9: Triángulo de la violencia de Johan Galtung 14
Cuadro 10: Fases del conflicto CONALDE – Gobierno central 15
Cuadro 11: Línea del tiempo del conflicto CONALDE – Gobierno central 16
índice
PRESENTACIÓN
El presente informe abarca el seguimiento a la conflictividad nacional en el periodo comprendido
entre julio a diciembre de 2008. En estos seis meses se registraron un total de 68 manifestaciones
explícitas de conflicto, desde protestas vecinales hasta movilizaciones nacionales que llegaron a un
nivel de crisis.
El informe se cimenta en la información disponible en una base de datos virtual, que UNIR ha ido
construyendo desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de 897 conflictos. Esta
base informática es nutrida a través del trabajo de un equipo especializado, que realiza una revisión
exhaustiva de seis periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, Los Tiempos, Opinión, El
Deber y El Mundo) para registrar todos los acontecimientos conflictivos en una matriz de
sistematización, que permite contar con datos digitalizados sobre los actores, los temas en conflicto,
resúmenes narrativos, tipologías del conflicto, cronología, medidas y formas de gestión del conflicto,
entre otros.
La matriz de sistematización también permite medir la relevancia de los conflictos desde tres
diferentes dimensiones: su duración en días, su gravedad en cuanto a niveles de violencia y su
alcance geográfico o la expansión del conflicto, en referencia a la trascendencia de las medidas de
presión asumidas(1). En este sentido se entiende el conflicto como un fenómeno tridimensional en el
que se debe considerar el tiempo, los niveles de gravedad y el alcance geográfico de las medidas de
presión.
La base de datos de UNIR diferencia cinco niveles de gravedad de los conflictos: conflicto latente
(nivel 1), manifiesto (2), confrontación (3), enfrentamiento violento (4) y crisis de gobernabilidad
(5). Es así como se puede proyectar un perfil individual del conflicto basado en su duración y en los
niveles de gravedad o escalada (0).
El concepto de conflictividad –base de este análisis- se usa desde hace más de una década en las
ciencias sociales de habla hispana para diferenciar el conflicto como fenómeno puntual de un
proceso social articulado que da cuenta de fisuras profundas y tendencias de transformación(2).
Es importante señalar que este informe tiene ciertas limitantes que restringen su exactitud, la
principal de éstas es que la fuente de información es exclusivamente la prensa escrita, lo que si bien
permite contar con información bastante completa y rica presenta como desventaja que la cobertura
de los conflictos está supeditada al interés noticioso, por lo que generalmente se reportan cuando se
encuentran en etapa de confrontación, dando poca cobertura a las fases de pre y post conflicto.
Asimismo es una limitante el escaso acceso a información sobre conflictos suscitados en ciudades y
localidades pequeñas, que generalmente no son recogidos por la información periodística, lo que
En el segundo semestre de 2008
la escalada de conflictos llegó
al nivel de crisis.
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puede crear un desequilibrio en el análisis estadístico; sin embargo, cuando este tipo de conflictos
adquiere un alcance más amplio son reportados por la prensa.
Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el dinamismo propio de los conflictos y de la
conflictividad, que puede sufrir transformaciones repentinas que afecten el juego de poder de los
actores involucrados. Por ello los datos y el análisis contenidos en el presente informe son siempre
circunstanciales, y pueden requerir ajustes y modificaciones de acuerdo a los nuevos contextos.
1. SEIS MESES DE CONFLICTIVIDAD
La conflictividad vivida en Bolivia entre los meses de julio y diciembre de 2008 se caracteriza por los
diferentes grados de escalamiento y desescalamiento en los niveles de agresividad y violencia de los
68 eventos conflictivos registrados en este periodo. En el cuadro 1 se refleja la distribución por mes
de los 68 conflictos ocurridos en el semestre, a pesar de que diciembre mostró una cantidad mayor
de conflictos, es en septiembre donde se condensaron lo niveles más altos de violencia expresa (Julio
20.5 %, agosto 10. 2 %, septiembre 13.3 %, octubre 17.6 %, noviembre 17.6 %, diciembre 20.5 % de
cantidad de conflictos ).
El cuadro 2 muestra que los conflictos que se han hecho manifiestos, sin llegar a enfrentamientos,
son los mayores en número (33), sin embargo los de mayor impacto en la vida política del país son
aquellos que alcanzan niveles de violencia continua (3) y crisis de gobernabilidad (1).
El conflicto da cuenta de
fisuras profundas y
tendencias de transformación.
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20%
10%
13%18%
18%
21%
Cuadro No. 1. Cantidad de conflictos por mes
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Un porcentaje importante de los conflictos registrados en esos meses se originaron en temas
laborales y salariales (38.2%), seguidos por los referidos a la administración de recursos públicos
(25%), cuestiones legales (10.2%), demandas por obras públicas (8.8%), cuestionamiento a
autoridades (5,8%), y conflictos plenamente políticos (2.9%), existe también un porcentaje que
combina temas políticos con los de administración de recursos (2.9%), ambientales (2.9%) y por
incumplimiento de convenios (2.9%).
La mayor parte de los conflictos en Bolivia están motivados por demandas laborales y salariales:
fuentes de trabajo, presupuesto, pago de beneficios sociales y otros, y son de carácter cíclico, es decir
que se repiten cada cierto tiempo. Pese a ser recurrentes, raramente estos conflictos alcanzan
preponderancia en la agenda pública, probablemente porque su condición cíclica les resta
notoriedad noticiosa. Sin embargo, se han dado algunos casos que rompen la norma, como los
problemas suscitados entre trabajadores mineros y empresas (Sinchi Wayra en Potosí, y Metalúrgica
Vinto en Huanuni), en que se produjeron fuertes reacciones contra el despido de trabajadores. Otro
conflicto que trascendió los límites previsibles es el desatado por el D.S. 29836 que restringe la
importación de vehículos usados, provocando movilizaciones de distintos sectores a nivel nacional,
durante las que perdió la vida un joven.
Cuadro Nº 3 Tipos de Conflicto
Tipo de Conflictos Nº
Laboral/Salarial 26
Administración de Recursos 17
Legal 7
Demanda por Obras 6
Cuestionamiento a Autoridades 4
Político 2
Político y Adm. de Recursos 2
Ambiental 2
Incumplimiento de convenios 2
Seis meses de conflictividad
permanente
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La clasificados temáticas permite
identificar los asuntos que de manera
recurrente generan conflictos.
La cantidad de conflictos clasificados por temáticas permite identificar los asuntos que de
manera recurrente generan conflictos. Sin embargo, esta variable no es determinante en cuanto
al grado de afectación directa a los procesos de gobernabilidad y paz social, puesto que hay
temas que, pese a ser poco recurrentes, tienen un fuerte impacto sobre la gobernabilidad y la
gestión pública. Un ejemplo de ello son los conflictos que suman demandas políticas a
demandas sobre la administración de recursos públicos, y que han cobrado mayor importancia
en la conflictividad nacional; uno de éstos, motivado por el pedido de administración de los
recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se sumó a las
diferencias políticas existentes entre el gobierno nacional y algunas regiones, alcanzando un
grado de crisis de gobernabilidad.
Entre los sectores demandantes en los conflictos, los más frecuentes son los gremios y
sindicatos que representan 22,5%, las comunidades y juntas vecinales 20,5%, el transporte
13,2%, los sectores de salud y campesino representan 8,8%, los mineros 7,3%, los
universitarios 5,8%, el sector agropecuario 2,9%, y el 10 % restante de las demandas están
distribuidas proporcionalmente entre empresarios, partidos políticos, jubilados, educación
básica y organizaciones como el Comité de Intereses del Chaco, el Consejo Nacional para el
Cambio (CONALCAM ) y el Consejo Nacional Democrático (CONALDE).
En cuanto a los actores más demandados, el gobierno central sigue siendo el mayor receptor
de las peticiones de los diferentes sectores (45.5%), seguido por los municipios (19.1%), las
prefecturas (11,7%), las universidades (5,8%), el CONALDE, las empresas mineras, la Policía y
el Congreso Nacional son demandados en la misma proporción (2,9%), mientras que la Corte
Electoral de Oruro, los transportistas sindicalizados de Tiquipaya y los gremiales de La Paz
fueron demandados en 1,4%.
La distribución geográfica de los conflictos hace referencia a los lugares en que éstos
surgieron, no al sitio en el que tienen mayor impacto. Existen conflictos que por su importancia
y complejidad tienen un impacto que trasciende el lugar de su surgimiento, pudiendo afectar a
uno o más departamentos.
El departamento de La Paz continúa siendo el escenario con mayor cantidad de conflictos
39,7%, le siguen Santa Cruz con 16,1%, Cochabamba con 14,7%, Tarija y Oruro con 7,3%,
Potosí con 5,8%, y Beni y Chuquisaca, ambos con 4,4%(4).
Los conflictos clasificados por temáticas
permite identificar los asuntos que de
manera recurrente los generan.
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Actor más demandado: el
gobierno central, sector más
demandante: gremios y sindicatos
Cuadro Nº 6 Conflictos por Departamento
El tipo de medidas de presión utilizadas es otro parámetro importante para medir la
conflictividad y los grados de violencia que ésta alcanza. Durante los seis meses que cubre el
presente estudio el país estuvo inmerso en numerosos conflictos que pusieron en escena una
variedad de medidas de presión que es necesario valorar ya que son éstas las que posibilitan la
visibilidad del conflicto en la agenda mediática y política y, por tanto, en la agenda pública.
Además, los efectos de los actos de presión están intrínsecamente ligados a la afectación de la
paz social e incluso de la gobernabilidad.
En el semestre las medidas de presión más recurrentes fueron la toma de instituciones con
22,5%, el bloqueo con 19,8%, la marcha con 15,8%, la huelga con 14,5% y el enfrentamiento
con 10,5%.
Las medidas de presión utilizadas por los actores en conflicto tienen un alcance diferenciado y
que puede estar o no en correlación con el tipo de demanda. La mayor parte de las medidas
tiene un alcance que afecta sólo a la institución u organización de las que son parte los
demandantes (intrainstitucional 33.8%), otro alto porcentaje corresponde a medidas que
afectan a usuarios o beneficiarios de los sectores movilizados (extrainstitucional 29.4%), y el
menor porcentaje corresponde a las medidas de presión de alcance nacional que afectan la
estabilidad y paz social (5.8%).
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El menor porcentaje corresponde a las
medidas de presión de alcance nacional
que afectan la estabilidad y paz social
recurrente.
Cuadro Nº 8. Alcance de las medidas de presión
2. EL CONFLICTO POLÍTICO
El panorama de la conflictividad nacional en los seis meses que abarca el presente análisis
incluye algunos de los episodios más importantes de la historia política nacional, desde el inicio
de la Presidencia de Evo Morales.
La polarización política que vive Bolivia se hizo más extrema en el mes de septiembre de 2008,
cuando el conflicto político entre el CONALDE, los movimientos sociales y el CONALCAM derivó
en una serie de medidas de presión en cuatro regiones del país: toma y destrucción de
instituciones públicas (23), bloqueos (4), paros cívicos departamentales (4) y enfrentamientos
violentos entre agentes del orden y movimientos sociales y cívicos (7). El conflicto alcanzó el
grado de violencia máxima cuando se produjeron los hechos luctuosos en Pando(5).
El tema que aglutinó a las fuerzas sociales y políticas regionales fue la distribución de los
recursos provenientes del IDH, sin embargo es necesario advertir que éste fue el detonante tras
el cual se encontraba un complejo entramado de demandas contrapuestas y visiones de país
antagónicas entre el Gobierno del MAS y los movimientos sociales, por una parte, y los
gobiernos prefecturales y movimientos cívicos de las regiones opositoras, por otra, diferencias
que han ocasionado un profundo distanciamiento entre las partes y que han debilitado el ya
frágil tejido social boliviano. Las medidas de presión ejercidas en las regiones llegaron a tener
un alcance suficiente para generar momentos de anomia y de ausencia de Estado; para
recuperar el control, el gobierno aplicó medidas de excepción, como el Estado de sitio en el
departamento de Pando.
En este sentido, se presenta una vinculación extrema entre la polarización y la radicalización
que, en palabras de Kvaternik, se describe como “una situación en la cual los principales
actores políticos no están dispuestos a embarcarse en un proceso de cooperación y
compromiso, porque se encuentran intensamente comprometidos con sus preferencias –lo que
les impide ceder-”(6).
El descontrol sumado a los altos niveles de violencia de las movilizaciones llevó a catalogar al
conflicto como perteneciente a una escala de crisis de baja intensidad por los grados de
violencia alcanzados y de crisis de alta intensidad por sus efectos en el plano político.
Se trata de una crisis violenta de baja intensidad ya que, aunque los medios de comunicación y
la ciudadanía en general la percibieron como una crisis extrema, no se verificaron aspectos
tales como grupos armados activos, enfrentamientos constantes, altos niveles de violencia y
La toma de instituciones fue la
medida de presión más
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El conflicto político
otros. Según Jean Pictet, basándose en el Derecho Internacional Humanitario, para que los
grados de violencia expresa sean reflejo de un conflicto que ha escalado a niveles de crisis
media o alta, la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo debe poseer una fuerza militar
organizada y una autoridad responsable de sus actos que actúe sobre un territorio
determinado. Estos criterios, en palabras de Vicente Garrido, son útiles en cuanto permiten
distinguir un verdadero conflicto armado de un acto de bandidaje o de una insurrección
desorganizada y de corta duración(7).
En el caso de una crisis política de alta intensidad ya que los actores políticos enfrentados
fueron sobrepasados por sus bases, generando una situación de caos que afectó tanto a los
niveles nacionales, como a los departamentales y regionales. La presencia del Estado y de sus
órganos constituyentes se perdió en ciertos momentos en regiones importantes del país y se
verificó una ausencia del Estado de derecho.
El gobierno nacional se vio en una situación de pérdida momentánea de autoridad en varias
regiones, su poder de coerción fue neutralizado por las acciones de hecho y el descontrol
subsecuente. Si bien inicialmente no intervino para evitar desencadenar una mayor violencia
que podría tener graves consecuencias en la gobernabilidad y un alto costo político, finalmente
decidió intervenir militarmente en Pando y declarar el Estado de sitio, lo que le permitió
recobrar el control del departamento, pero dio lugar a polémicas detenciones y a un accionar
que fue cuestiones.
La polarización política ha generado intolerancia, rechazo hacia “el otro” y enfrentamientos.
Las imágenes hacia el otro son de extrema desconfianza, a quien se identifica como enemigo. La
polarización han trascendido la arena política y se ha insertado en el tejido social, provocando
actos de estigmatización, racismo y violencia entre segmentos de la sociedad, ligados a
diferencias ideológico políticas. Como resultado del intenso proceso de politización de los
grupos sociales y regionales, se han producido actos de agresión entre miembros de un mismo
segmento socioeconómico.
Las movilizaciones y medidas de presión ejercitadas en los departamentos de la denominada
“media luna” y los trágicos hechos de Pando obligaron a los actores políticos en pugna a
reconocer la imperiosa necesidad de entablar un proceso de diálogo, que gran parte de la
ciudadanía venía demandando. Sin embargo, la propia polarización política hacía difícil
encontrar personas e instituciones que pudiesen fungir como facilitadores de un proceso de
diálogo, por lo que se aceptó la presencia de veedores internacionales y de la Iglesia Católica,
como testigos de este proceso (terceros imparciales).
La organización de mesas de trabajo técnico y político permitió un avance significativo en los
asuntos técnicos, sin embargo las diferencias políticas no permitieron la firma de un acuerdo.
Esto no significó que el diálogo fuera un fracaso, ya que el hecho mismo de que los actores se
sentaran en una mesa de negociación era ya un logro.
A pesar de que el conflicto fue reencauzado por las vías democráticas, lo que demuestra en los
hechos un proceso de desescalamiento de los niveles de violencia, no se puede afirmar que el
conflicto haya sido transformado. Más allá de los acuerdos políticos que se dieron en el
Congreso Nacional, que sirvieron para concluir el proceso de ajuste a la propuesta de
Constitución iniciado en el Diálogo de Cochabamba, el conflicto se encuentra actualmente en
estado de latencia con muchas probabilidades de reactivarse en un proceso de escalamiento de
violencia. Que esto ocurra depende de un conjunto de factores, de la voluntad de los actores
políticos para manejar la situación, de las acciones del gobierno como ente formal de
representación nacional, de la visión y acciones de los movimientos cívicos y sociales, además
del rol que juegue la oposición.
Dentro del contexto global, los hechos acontecidos en Pando no conforman el epicentro del
conflicto, sino un episodio (el más violento), que tiene su raíz en las profundas diferencias
existentes entre las facciones oficialistas y opositoras, diferencias que quedaron claramente
establecidas previamente en los debates de la Asamblea Constituyente, que posteriormente
fueron simbolizadas con la aparición del CONALDE y del CONALCAM, y que finalmente se
materializaron en los enfrentamientos violentos ocurridos en los departamentos de Santa Cruz,
Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.
Para tener una clara perspectiva de la situación de los actores polarizados y de la población que
es víctima de la confrontación y de la violencia, es necesario identificar los diferentes tipos de
violencia que se están viviendo en Bolivia que, a decir de Johan Galtung, pueden ser visibles,
como la violencia directa, o invisibles, como la violencia cultural y la violencia estructural.
“…el triángulo de la violencia tiene sus propios ciclos viciosos. Los efectos visibles de
la violencia directa son conocidos: los muertos, los heridos, los desplazados, los daños
materiales; todo ello afectando cada vez más a los civiles. Pero es posible que los
efectos invisibles sean aún más viciosos: la violencia directa refuerza la violencia
estructural y cultural. En especial, el odio y la adicción a la venganza a causa del
trauma sufrido por parte de los perdedores, así como la sed de más victorias y gloria
por parte de los vencedores.”(8)
El gobierno nacional se vio en una
situación de pérdida momentánea
de autoridad en varias regiones.
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Es imperioso entender que el manejo de este conflicto, así como el de los conflictos sociales en
general, debe darse en el estricto marco democrático como requisito sine qua non para el
bienestar social y el sano funcionamiento del sistema político, pues no debe olvidarse que,
como señala Gianfranco Pasquino, la democracia continúa siendo “el sistema político que
permite la máxima expresión del conflicto, y su función innovadora es capaz de garantizar el
máximo de autocorrección.”(9)
Por ello es una responsabilidad de todos analizar los motivos que llevaron a parte de la
población boliviana a tomar acciones de hecho con altos niveles de violencia, desentrañar las
realidades subyacentes a las motivaciones arraigadas en los niveles de violencia estructurales y
culturales, evitar caer en la facilidad de pensar que una vez se impuso el cese al fuego, el
conflicto se solucionó, pues cometeríamos el error de entrar en un tiempo de tregua, esperando
un nuevo episodio de confrontación. Volviendo a citar a Galtung, “…la reconstrucción que se
intente sin eliminar las causas de la violencia conducirá a su reproducción.”
Cuadro Nº 10 Fases del Conflicto CONALDE – Gobierno Central
(página siguiente)
Según Galtung hay tres
tipos de violencia
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3. CONCLUSIONES
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Los hitos del conflicto
Gobierno Nacional—
Los datos del conflicto
Gobierno Nacional—
CONALDE
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3. CONCLUSIONES
El mes de septiembre de 2008 registró el índice de convulsión social y violencia más alto vivido en el país desde la llegada al poder del Presidente Morales.
El conflicto entre el CONALDE y el Gobierno central, así como los aliados de cada uno respectivamente, alcanzó un nivel de crisis de baja intensidad en la escalada de violencia, y de alta intensidad en lo político, convirtiéndose en el momento más complejo para la gobernabilidad nacional en los últimos tres años.
El manejo de la crisis con la utilización de una medida de excepción, como el Estado de sitio, sirvió para reestablecer el orden en Pando; sin embargo, si bien se produjo un desescalamiento de la violencia expresa, el conflicto se mantiene latente y podría reactivarse si no se hace un manejo cuidadoso de la situación, con especial atención a las causas desencadenantes. En general, en las regiones opositoras al gobierno se mantiene una paz inestable.
El juego de poder entre el gobierno central y la oposición parece haberse modificado transitoriamente, especialmente después de los hechos acaecidos en el mes de septiembre que desgastaron a las fuerzas opositoras.
Es imperioso trabajar aplicando metodologías que permitan la transformación de la conflictividad política nacional y el fortalecimiento de la paz social, la reconciliación y los procesos de resiliencia. También se debe trabajar para desarrollar capacidades en las poblaciones afectadas por la crisis para sobreponerse al dolor emocional y a la incertidumbre.
Si no se realizan esfuerzos para hacer un manejo adecuado de la postcrisis, las posibilidades de que la crisis se reactive son mucho mayores, con el riesgo de que la próxima ola del conflicto sea de características tan violentas que no sea posible frenarla a través de la coerción y la coacción permitidas por ley.
Es evidente que la polarización ha traspasado las esferas exclusivamente políticas y se ha insertado en el tejido social nacional, lo que es extremadamente peligroso para la estabilidad y la paz social. Asumir este hecho y trabajar para la deconstrucción de la imagen del otro como enemigo, y la construcción de una visión de país pluralista y unido, es de fundamental importancia.
Trabajar en el análisis y visibilización de los componentes de las acciones violentas es una tarea pendiente para los actores con responsabilidad política, tomando en cuenta los niveles visibles de violencia directa, como los niveles invisibles y más profundos, que son estructurales y culturales.
Reflexiones
finales
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El eje troncal registra el
mayor número de eventos
conflictivos
Entre julio y diciembre de 2008 se registraron 68 eventos conflictivos, de los cuales cuatro tuvieron repercusión nacional, como el cerco a Santa Cruz, el cerco a Sucre, el paro y bloqueo en el Chaco y el conflicto entre el CONALDE y el gobierno nacional por la distribución del IDH.
Si bien los conflictos de tipo político son los más visibles, en realidad la mayoría de los que se produjeron en el período analizado son de tipo laboral/salarial, seguidos por los referidos a temas de administración de recursos, sumando entre ambos 43% del total de los conflictos registrados.
Los conflictos de índole sectorial que involucran a gremios y sindicatos de distinta índole son los más recurrentes; en muchos casos se pueden sumar a acciones nacionales de gran impacto, como ocurrió en el conflicto de los discapacitados.
El gobierno central sigue siendo el actor más demandado, siendo el receptor de 45.5% de las demandas.
El eje troncal registra el mayor número de eventos conflictivos, siendo el departamento de La Paz el que acumula 39% de los éstos.
Notas finales
(0) La base de datos de UNIR diferencia entre 5 niveles de gravedad que se refieren a: Conflicto
Latente (nivel 1), es decir aquellos que están en proceso de emerger; Manifiesto (2), enmarcando a
aquellos que ya han alcanzado visibilidad pública, pero sin enfrentamientos directos; Confrontación (3),
refiriéndose a los conflictos que presentan brotes ocasionales de violencia de baja intensidad;
Enfrentamiento Violento (4), agrupando a los conflictos que han escalado a una constante de violencia de
baja, media o alta intensidad; y Crisis de Gobernabilidad (5) abarcando a las temáticas conflictivas que han
llegado a afectar la arena política al grado de traer consecuencias a los procesos de gobernabilidad y
gestión pública, además de dañar fuertemente la paz social. En base a esta categorización es como se
proyecta un perfil individual del conflicto basado en los días y los niveles de gravedad o escalada.
(1) La matriz de registro de conflictos fue elaborada por un equipo multidisciplinario, incluyendo a
especialistas en conflictos, comunicadores e informáticos, con aportes del Instituto Internacional de
Heidelberg para la Investigación sobre Conflictos y los modelos de escalada de Friedrich Glasl.
(2) “El análisis de la conflictividad constituye una puerta de acceso importante a la comprensión de
las transformaciones estructurales y a las dinámicas sociales…” Primer encuentro latinoamericano por un
nuevo pensamiento, Buenos Aires, 2001.
(3) Ferrero R.: La moderna macroeconomía neoclásica y sus consecuencias para la formulación de la
política económica. Documento de trabajo consultable en el website de la Universidad Complutense de
Madrid: http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/9811/9811.htm
(4) No se cuenta con información de conflictos que hubiesen nacido en Pando, pero si con la de
aquellos que han tenido repercusiones importantes en este departamento, como el conflicto entre el
CONALDE y el Gobierno Central.
(5) Decreto Supremo Nº 29705, 12 de septiembre de 2008
(6) KVATERNIK, E.: Polarización, perspectiva y casos: a la búsqueda de una tipología. Instituto de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Buenos Aires.
(7) GARRIDO, V. La Seguridad y Defensa en el Contexto Internacional Actual. Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Enero 2008
(8) Galtung, J. Violencia, Guerra y su Impacto. Se puede consultar en : http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm
(9) Pasquino, G.: La Oposición, Madrid. Alianza Editorial. 1998. Pág. 119.
El complemento
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Oficinas
distritales
Oficinas
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