info_conflic_ene_a_jun-2009

Informe de seguimiento y análisis

de la conflictividad en Bolivia

(enero a junio de 2009)

Elaborado por la iniciativa de Gestión de Conflictos

de la Fundación UNIR Bolivia

Créditos

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Equipo responsable de la Fundación UNIR Bolivia

Dirección Ejecutiva: Antonio Aramayo Tejada

Gerente del Área Diálogo y Gestión del conflicto: María Soledad Quiroga Trigo

Coordinador de la iniciativa Gestión de conflictos: Pedro Gómez Rocabado

Derechos reservados: Fundación UNIR Bolivia

Agosto de 2009

[email protected]

www.unirbolivia.org

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La conflictividad

en Bolivia I-2009

PRESENTACIÓN

El presente informe abarca el seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia en el periodo

comprendido entre enero y junio de 2009.

El informe muestra que en el período de estudio el número de conflictos se incrementó de

manera significativa, en más de 60%, respecto al semestre anterior, en que se produjeron 68

conflictos. Sin embargo, en el presente año no se han registrado casos que destaquen

claramente del conjunto de los conflictos, como ocurrió en el segundo semestre de 2008 en que

el conflicto entre el gobierno y la oposición se fue agudizando hasta alcanzar una situación de

crisis que desembocó en los hechos trágicos de Pando.

Indudablemente, los conflictos de índole ideológica política –especialmente las agresiones

cometidas contra líderes políticos de oposición y el desbaratamiento de un grupo armado

irregular en Santa Cruz– fueron los que alcanzaron una repercusión mayor en la ciudadanía y

los que tuvieron más eco en los medios de comunicación, aunque no fueron los más numerosos.

Al igual que en el semestre anterior, los conflictos más frecuentes fueron los vinculados con

temas económicos, lo que parecería constituir una tendencia: la situación económica de la

población y las condiciones laborales y salariales en que se encuentra son las que generan la

mayor parte de los conflictos, si bien éstos no logran una repercusión mediática y de opinión

pública semejante a la generada por los casos de carácter político.

En el período enero – julio 2009, los conflictos de tipo económico que adquirieron mayor

relevancia por la cantidad de personas que se movilizaron y su larga duración, fueron los

suscitados por la prohibición de internación de vehículos usados y por la continua ampliación del

plazo y posterior prohibición de internación de ropa usada, actividades en las que se encuentra

inserto un importante porcentaje de la población ante la falta de fuentes de empleo. Estos

conflictos no se resolvieron durante el semestre, por lo que es previsible que continúen teniendo

manifestaciones en los meses siguientes.

Por otra parte, se mantiene la tendencia de que los departamentos más afectados por la

conflictividad sean los del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, manteniendo la sede de

gobierno el primer lugar. Asimismo el gobierno nacional sigue siendo el principal destinatario de

las demandas de los distintos sectores, muy por encima de los municipios y prefecturas que le

siguen en orden de importancia como actores demandados.

LA BASE DE DATOS SOBRE CONFLICTIVIDAD

DE LA FUNDACIÓN UNIR BOLIVIA

El presente informe se cimenta en la información disponible en una base de datos virtual sobre

conflictividad en Bolivia, que UNIR viene construyendo desde enero de 2006 y que actualmente

contiene el registro de más de mil casos de conflicto.

Esta base de datos es nutrida a través de una revisión exhaustiva de siete periódicos de alcance

nacional, La Razón, La Prensa, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo y La Palabra del

Beni, y de dos redes radiofónicas nacionales, FIDES y ERBOL. Los acontecimientos conflictivos

son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre los actores

demandantes y demandados, los temas en conflicto, tipología del conflicto, medidas de presión,

cronología y salida del conflicto, entre otros.

La base de datos diferencia cinco niveles de gravedad de los conflictos:

Nivel 1: conflicto latente, es aquel que está en proceso de emerger.

Nivel 2: conflicto manifiesto, aquel que ya ha alcanzado visibilidad pública y en el que

se han producido manifestaciones explícitas de protesta, pero en el que no se han

producido enfrentamientos directos.

Nivel 3: confrontación, conflicto que presenta brotes ocasionales de violencia de baja

intensidad.

Nivel 4: enfrentamiento violento, conflicto que ha escalado a una constante de violencia

de baja, media o alta intensidad.

Nivel 5: crisis, el conflicto que afecta a la sociedad al grado de dañar fuertemente la

paz social y que puede poner en riesgo la gobernabilidad.

Con base en esta categorización se proyecta un perfil individual del conflicto que considera la

duración, los niveles de gravedad y el alcance de los conflictos.

Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones que restringen su

alcance y grado de exactitud. La principal es la utilización de los medios de comunicación como

fuente primaria de información ya que –pese a que éstos proveen datos abundantes– tienden a

cubrir los conflictos mientras tengan interés noticioso, es decir cuando se encuentran en etapa

de confrontación, dando poca cobertura a las fases de pre y post conflicto.

Otra limitante es la dificultad de acceder a información sobre conflictos locales, especialmente

sobre aquellos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de

poder, lo que puede desequilibrar el análisis estadístico. Sin embargo cuando en estos puntos

se producen hechos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente

cubiertos por los medios.

Una base con más

de mil casos de

conflicto

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Primer semestre

de 2009:

108 conflictos

I. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

Durante el primer semestre del presente año se registraron un total de 108 manifestaciones

explícitas de conflicto, que siguieron la tendencia de años anteriores: niveles moderados de

violencia, que posiblemente se vaya incrementando a medida que trascurran los meses

venideros.

La conflictividad en este período siguió la tendencia a incrementarse a medida que avanzaba el

año, teniéndose la siguiente distribución: enero 13,8%, febrero 10,1%, marzo 12,0%, abril

19,4%, mayo 22,2% y junio 22,2%.

Cuadro Nº 1 Porcentaje de Conflictos por Mes

En cuanto al tipo de conflictos, el mayor porcentaje corresponde a conflictos originados por la

situación/medidas económicas (22,3%), seguidos por los de carácter laboral/salarial (19,0%),

vinculados a la prestación de servicios públicos (16,5%), cuestionamiento/reconocimiento de

autoridades (7,4%), tierra (7,4%), ideológico político (6,6%), gestión administrativa (5,7%),

situación/medidas legales (4,1%), otros (4,1%), derechos humanos (2,4%), límites político

administrativos (1,6%), recursos naturales y medio ambiente (0,8%), y por incumplimiento de

convenios (0,8%).

Cuadro Nº 2 Tipo de Conflictos

Los conflictos surgidos por la situación o por medidas económicas y por demandas laborales y

salariales suman más del cuarenta por ciento del total de los conflictos y engloban a amplios

sectores representativos de la vida nacional, como salud, educación, transporte y minería. Esto

significa que las condiciones económicas de la población tienen un peso importante en la

generación de conflictos.

Tipo de Conflictos %

Situación/medidas económicas 22,3

Laboral/salarial 19,0

Prestación de servicios públicos 16,5

Cuestionamiento/ reconocimien-

to de autoridad

7,4

Tierra 7,4

Ideológico/político 6,6

Gestión administrativa 5,7

Situación/medidas legales 4,1

Otros 4,1

Derechos humanos 2,4

Límites político administrativos 1,6

Recursos naturales y medio am-

biente

0,8

Incumplimiento de convenios 0,8

Situación económica,

el más frecuente

tipo de conflicto

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Sector educación,

el actor más

demandante

Muchos de los conflictos laborales y salariales buscan lograr mejoras en las condiciones de

trabajo, beneficios sociales y garantías laborales, el aumento de ítemes y de los niveles

salariales, o evitar el despido de compañeros de trabajo. Este tipo de conflictos siguen una cierta

ciclicidad, es decir que se repiten cada cierto tiempo, normalmente a inicios de año.

El incumplimiento o las deficiencias en la prestación de servicios públicos es otro de los motivos

por los que se originan numerosos conflictos; el mal estado de las carreteras y los retrasos en

las obras de apertura o mantenimiento de éstas se encuentran entre los casos más frecuentes,

los problemas asociados a los servicios de transporte son también significativos.

El cuestionamiento y la demanda de reconocimiento de autoridades es un tema que también

genera conflictos y que está vinculado tanto al inadecuado desempeño de muchas autoridades

que, en ocasiones incluye casos de corrupción, como a la voluntad de ciertos sectores de

controlar una entidad u organización para obtener mayores beneficios de su gestión. Si se suma

a este tipo de conflictos los originados por cuestiones de gestión administrativa, que son de

alguna manera afines, alcanzan un porcentaje de 13,1%, lo que los coloca en cuarto lugar de

importancia, muy próximos a los conflictos por prestación de servicios públicos.

En cuanto a los actores demandantes, la mayor parte de los conflictos involucra al sector

educación (16,8%), lo que no resulta sorprendente dado que tradicionalmente éste es un sector

(el escolar y el universitario) especialmente conflictivo por su capacidad de movilización y su alto

grado de politización. Además hay que considerar que sus acciones tienen un fuerte impacto

sobre la ciudadanía, un paro de labores escolares o de las universidades genera un perjuicio

significativo y tiene repercusión más allá del propio sector.

El sector comunal/vecinal tiene una importancia similar al anterior como actor del conflicto

(16,8%), pobladores y vecinos de diversos puntos del país han protagonizado una cantidad

importante de conflictos debido a problemas en la prestación de servicios públicos,

cuestionamiento de autoridades municipales, cuestiones vinculadas a límites político

administrativos y otros.

A continuación se encuentra el sector agropecuario (7,9%), como demandante en una serie de

conflictos vinculados principalmente a temas de tierra, que se constituye en uno de los

problemas centrales del país que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.

El sector cívico (6,9%) es otro actor importante que tiene presencia y capacidad de movilización

tanto a nivel departamental como de localidades pequeñas. El sector transporte aparece con el

mismo porcentaje (6,9%) revelando una situación caótica en la prestación de un servicio de

fundamental importancia para la población. El municipal no sólo es un sector demandado, sino

que también tiene relevancia como demandante (5,9%) a partir de cuestiones vinculadas con la

distribución de recursos para las regiones y temas laborales y salariales, y finalmente el sector

fabril (4,9%) que en el semestre ha adquirido gran relevancia en sus movilizaciones,

fundamentalmente en relación con la continua ampliación de la autorización para la internación

de ropa usada al país que pone en riesgo la producción nacional. Todos estos sectores suman

66% de los demandantes; el restante 34% se dispersa entre otros actores varios.

Resulta curioso que un porcentaje significativo de las demandas (11%) provenga de miembros

del propio aparato estatal, trabajadores y funcionarios, de manera que el frente interno no

debiera ser descuidado por las autoridades públicas ya que se constituye en un importante

generador de conflictos.

Cuadro Nº 3 Sectores y Actores Demandantes

Sectores y actores

del conflicto

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El frente interno

del Estado también

genera conflictos

Un tema a considerar es la existencia de demandas encontradas que ponen entre la espada y la

pared a la entidad demandada, es lo ocurrido con relación a la ampliación del plazo para la

internación al país de ropa usada, que ocasionó la protesta de parte de los productores textiles,

y la posterior prohibición de internación de estas prendas que movilizó a los comerciantes de

ropa usada exigiendo su derogatoria. También es el caso del municipio de Curahuara de

Carangas que demandaba la anulación de una resolución del INRA por la que perdía el cantón

Chachacomani que pasaba a formar parte del municipio de Turco; habiendo cedido ante la

protesta, el gobierno tuvo que enfrentar poco después la demanda del municipio de Turco para

que la resolución fuese respetada. Esta realidad muestra, por una parte, la necesidad de definir

políticas y tomar medidas orientadas al bien común, más allá de la presión ejercida por uno u

otro sector y, por otra, la enorme dificultad existente para lograr que las decisiones que se toman

sean aceptadas por las partes, así como la dificultad para establecer un principio de autoridad.

En cuanto a los actores más demandados, el gobierno nacional sigue siendo el que concentra

la mayor parte de las peticiones de los diferentes sectores (59,3%), siendo el Poder Ejecutivo en

su conjunto el mayor receptor de las demandas dado su carácter político o porque involucran a

diferentes instancias gubernamentales; el Ministerio de Hacienda es otro de los actores más

demandados, lo que resulta coincidente con el hecho de que una parte significativa de las

demandas sean de carácter económico. El Ministerio de Educación también es fuertemente

demandado, de igual manera esto responde al hecho de que un porcentaje importante de los

conflictos están vinculados temas educativos.

Después del gobierno nacional son los municipios lo más demandados (10,1%), les siguen las

prefecturas (7,6%), el sector educativo no gubernamental (6,7%) y el empresarial (5,9%), que en

Actor más

demandado:

Gobierno nacional

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Sectores y actores

demandados

conjunto totalizan 89,6% de los sectores demandados. El restante 10,4% se distribuye entre una

variedad de otros actores.

Cuadro Nº 4 Sectores y Actores Demandados

En cuanto a la distribución de los conflictos por departamento, la mayor parte de éstos se

concentra en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; aunque esto es evidentemente cierto,

puede no corresponder con exactitud a la realidad y verse acentuado por el uso de los medios

de comunicación de alcance nacional como fuente de información. La Paz sigue siendo el

escenario con mayor cantidad de conflictos (41%), lo cual es entendible ya que al ser la sede de

gobierno y el centro político del país, las demandas tienden a manifestarse en la ciudad de La

Paz. Le siguen el departamento de Cochabamba (19%), Santa Cruz (17%), Potosí (7%), Oruro

(6%), Beni (5%), Tarija (2%), Chuquisaca (2%) y Pando (0%)1.

(1) No se cuenta con información sobre conflictos surgidos en Pando, lo que no significa que no existan conflictos en ese

departamento, probablemente no fueron cubiertos por los medios de comunicación, fuente primaria de este informe.

El eje troncal

concentra la mayor

cantidad de conflictos

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La Paz tiene el

mayor número de

conflictos

Cuadro Nº 5 Conflictos por Departamento

El tipo de medidas de presión utilizadas es otro parámetro importante para medir la conflictividad y

los grados de violencia que ésta alcanza. Durante los seis primeros meses del año se pusieron en

escena 159 medidas de presión, cuyos efectos están ligados a la afectación de la paz social.

Cuadro Nº 6 Tipo de Medidas de Presión

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 La Paz 41 %

Cochabamba 19 %

Santa Cruz 17 %

Potosí 7 %

Oruro 6 %

Beni 5 %

Tarija 2 %

Chuquisaca 2 %

Pando 0 %

Tipo de Medida Número Porcentaje

Bloqueo 35 22,0

Marcha 28 17,6

Paro de actividades 16 10,0

Huelga de hambre 16 10,0

Amenaza 14 8,8

Toma de instituciones 12 7,5

Estado de emergencia 9 5,6

Enfrentamiento 8 5,0

Paro cívico 7 4,4

Manifestación 5 3,0

Toma de tierras 3 1,9

Toma de rehenes 3 1,9

Vigilia 1 0,6

Crucifixión 1 0,6

Desnudamiento 1 0,6

TOTAL 159 100,0

En el período de análisis las medidas de presión más recurrentes fueron los bloqueos (22,0%),

las marchas (17,6%), los paros de actividades (10,0%), las huelgas de hambre (10,0%) y las

tomas de instituciones (7,5%), esta última medida presenta una clara tendencia a ser cada vez

más recurrente.

Las amenazas alcanzan a 8,8% y aunque representan el nivel más bajo de conflictividad, no

deben dejarse de lado ya que la tendencia muestra que son pocas las acciones que sólo se

quedan en amenazas sin llegar a concretarse en medidas de hecho. Es probable que de no

atenderse, estas demandas den lugar en el futuro próximo a la realización de medidas de

presión.

Es necesario referir que existe una tendencia creciente a plantear de inicio medidas de presión

“fuertes”, sin que el conflicto siga una secuencia en la que se vaya pasando de un nivel a otro

según el curso que va tomando. Probablemente esto se deba al convencimiento de parte de los

demandantes de que sólo se recibirá atención si se presiona fuertemente, y a la práctica de

parte de los demandados de postergar la atención de aquellos conflictos que no representan un

riesgo mayor por no ocasionar grandes perjuicios o por no incluir medidas de presión de gran

dramatismo. Como consecuencia de esto, los canales de diálogo y negociación sin una presión

de grandes dimensiones suelen descartarse.

Por otra parte hay casos en los que no pareciera existir relación entre la significación de las

demandas y las medidas de presión adoptadas, como la petición de mejoras administrativas en

la Universidad Mayor de San Francisco Xavier para la que los estudiantes tomaron el edificio

central de la universidad, ingresaron en huelgan de hambre y algunos se crucificaron. Este uso a

veces poco dosificado e indiscriminado de las medidas de presión ha determinado, como un

efecto no buscado, su desgaste, lo que conduce a una especie de innovación constante, con

características cada vez más dramáticas y espectaculares, como la extracción de sangre para

escribir pancartas, el enterramiento, etc.

En cuanto al alcance de las medidas de presión ejercitadas, en su mayor parte éstas tuvieron

repercusión en el área de influencia más inmediata de los demandantes, es decir que su alcance

fue comunal/vecinal (53,1%). Las medidas de alcance departamental (16,8%) y las de alcance

municipal (12,3%), aunque son menos numerosas, son las que más preocupan ya que su

impacto es mucho mayor en cuanto al grado de afectación de la paz social. Siguen a éstas en

porcentaje las medidas que se mantuvieron en el ámbito intrainstitucional (8,8%), luego aquellas

que afectaron en términos regionales (6,1%) y, finalmente, las de alcance nacional, que fueron

reducidas (2,6%).

El bloqueo es la

medida de presión

más frecuente

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La mayor parte de los

conflictos tuvo alcance

comunal/vecinal

Cuadro Nº 7 Alcance de las Medidas de Presión

La generalidad de los conflictos registrados en este período permanece en niveles medios en

cuanto a su gravedad, lo que no significa que no puedan complejizarse y escalar a mayores

niveles de violencia si no son atendidos oportuna y adecuadamente.

Los conflictos que se mantuvieron a un nivel de latencia, es decir que no dieron lugar a

manifestaciones explícitas de protesta, constituyen un porcentaje relativamente bajo (18,1%). La

mayor parte (52,3%) fueron conflictos manifiestos, produciéndose medidas de presión de distinto

tipo, aunque sin llegar a niveles de enfrentamiento, por lo que se está aún a tiempo de darles un

tratamiento responsable a fin de transformarlos y evitar que alcancen mayores niveles de

violencia. Le siguen en número los conflictos que escalaron a una fase de confrontación (24,7%)

y que son, por lo tanto, más complejos de ser tratados, requiriendo un trabajo específico para

evitar que la violencia se agudice aún más. Un porcentaje menor de los conflictos llegó a adquirir

el carácter de enfrentamiento violento (4,9%), con saldo de heridos e incluso de un muerto.

Cuadro Nº 8 Porcentaje de Conflictos según Nivel de Gravedad

0102030405060

Latente 18,1 %

Manifiesto 52,3 %

Confrontación 24,7

%

Enfrentamiento

Violento 4,9%

Finalmente es importante señalar que un porcentaje muy significativo de los conflictos, alrededor

de 70%, no se resuelven durante un tiempo relativamente largo, extendiéndose por espacio de

varios meses durante los cuales las medidas de presión se van radicalizando y, en ocasiones,

se van sumando otros sectores, lo que complejiza la situación.

II. LA CONFLICTIVIDAD POLÍTICA

El seguimiento a la conflictividad en el primer semestre del presente año nos arroja datos e

información sobre las tendencias que los conflictos están tomando; sin embargo, es evidente

que más allá de las estadísticas existen aspectos subjetivos que hay que tomar en cuenta,

como el impacto que tienen ciertas temáticas en la población y en la clase política del país. Por

ello, a pesar de que los conflictos de carácter ideológico/político –que reproducen en distintos

escenarios y con diversos actores las líneas de la confrontación entre el gobierno y la oposición–

no sean los más numerosos, son los que han dejado una clara huella en este período en un

contexto de fuerte polarización.

Este hecho se expresa en las distintas acciones y reacciones que han involucrado no sólo a los

actores primarios y secundarios de los conflictos ideológico/políticos surgidos en este periodo

(que se suman a los heredados de meses y años anteriores), sino a la población nacional en su

conjunto que se ha visto afectada por la lucha política y que ha tenido como resultado una

profundización de la polarización y un acrecentamiento del sentimiento de incertidumbre y temor

de los ciudadanos.

Los hechos de violencia acontecidos con ciudadanos opositores al gobierno, como el ex

Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el líder indígena Marcial Fabricano, marcaron un hito en

el largo proceso de desencuentros a partir de la formulación e interpretación del nuevo marco

constitucional. La existencia de visiones contrapuestas en relación con temas como la

aplicación de la “justicia comunitaria”, inaceptable para algunos y justificada para otros, nos

plantea un nuevo escenario de conflictividad en el que tanto cuestiones de fondo como de forma

serán detonantes de nuevos conflictos que pongan en riesgo la paz en el país.

El desbaratamiento de un grupo armado que, al parecer, intentaba funcionar en el país –y que

pudo poner en riesgo la seguridad del Estado– ha sido otro suceso de importancia en la

conflictividad nacional, creando nuevos tensionamientos y acentuando la incertidumbre. Este

episodio ha puesto en tela de juicio la institucionalidad jurídica y las garantías constitucionales

establecidas en la nueva Constitución Política del Estado, y ha tenido un efecto traumático en la

población nacional, ahondando aún más la polarización existente.

La mayoría de los

conflictos produjeron

protestas sin llegar a

enfrentamientos

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III. CONCLUSIONES

En el periodo comprendido entre enero y junio de 2009 se registraron un total de

108 casos de conflicto en el país.

El número de conflictos se fue incrementando de mes a mes, iniciándose con

13,8% del total en enero y alcanzando 22,2% en junio.

En el período estudiado no se produjeron conflictos que se destaquen

claramente del conjunto, aunque los de índole ideológica política fueron los que alcanzaron una repercusión mayor.

Más allá de que los conflictos que se insertan en la arena política son los más

difundidos por los medios de comunicación, en realidad la tendencia muestra que la mayoría de conflictos se originan en la situación/medidas económicas (22,3%), en cuestiones de carácter laboral/salarial (19,0%), y vinculadas a la prestación de servicios públicos (16,5%), que en total equivalen a 57,8% de los conflictos registrados.

Los actores demandantes más recurrentes son los pertenecientes al sector

educativo (17,3%), al comunal/vecinal (15,3%), al agropecuario (8,1%), al cívico (7,1%) y al sector transporte (7,1%), que de manera conjunta representan 54,9% de los demandantes. Por otra parte, 11% de las demandas surgen de miembros del propio aparato estatal, de trabajadores y funcionarios; en muchos casos estos hechos conflictivos generan acciones de gran impacto nacional.

El gobierno central sigue siendo el actor más demandado, constituyéndose en

receptor de 59,3% de las peticiones.

El eje troncal sigue registrando el mayor número de eventos conflictivos; el

departamento de La Paz concentra 41% de los mismos, aunque estos datos pueden no corresponder con exactitud a la realidad dado que la fuente de información son los medios de comunicación de alcance nacional.

Las medidas de presión más frecuentes fueron el bloqueo (22,0%), la marcha

(17,6%), el paro de actividades (10,0%), la huelga de hambre (10,0%) y la toma de instituciones (7,5%).

El nivel de gravedad de la generalidad de los conflictos es medio, 52,3% se

encontraba en fase manifiesta, los conflictos en nivel de confrontación alcanzaron a 24,7% y los que dieron lugar a enfrentamientos violentos a 4,9%.

Un porcentaje significativo de los conflictos, alrededor de 70%, no se resuelven

en largo tiempo, extendiéndose por espacio de varios meses durante los cuales las medidas de presión se van radicalizando y, en ocasiones, se van sumando otros sectores.

Constataciones

finales

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DISTRITAL UNO: Beni – La Paz – Pando Sede: Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto #2528

entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096

Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 [email protected]

DISTRITAL DOS: Chuquisaca – Santa Cruz – Tarija Sede: Santa Cruz de la Sierra

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DISTRITAL TRES: Cochabamba – Oruro –Potosí Sede: Ciudad de Cochabamba

Calle Paccieri #772 entre Antezana y 16 de Julio Tel./fax (+591-4) 4110438

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Contactos

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