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Conflictividad y criminalización

Jun 02, 2018

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Alberto Acosta
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  • 8/10/2019 Conflictividad y criminalizacin

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    R, nmero 13- junio, julio, agosto, septiembre del 2014. Quito - Ecuador

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    Ecuador 2013

    Mario Unda

    El estudio de la conflictividad nos muestra cmo en el rgimen populista de Correa la

    construccin de consensos y de alianzas no est separada de la persecucin y de la represin, yque ambas dimensiones se unen en la estructuracin de la nueva hegemona.

    a.Criminalizacin de la protesta social

    Entre los trminos que causan escozor en los dirigentes, funcionarios y adherentes de larevolucin ciudadana, la criminalizacin de la protestaocupa un lugar central. Correa mismo lededic varias sabatinas en marzo de 2012, alegando que no haba sustento investigativo, que seutilizaba un documento de la Defensora del Pueblo que trataba de asuntos particulares, etc.

    Sin embargo, criminalizacin no es un trmino ni subjetivo ni peyorativo, sino untrmino objetivo, tcnico, si se quiere. Y efectivamente est tomado de un informe de la

    Defensora del Pueblo publicado a fines de 2011 (versin original de junio de 2011) 18, en lapoca en que Fernando Gutirrez diriga la Defensora (fue nombrado durante este gobierno,en una poca en que el rgimen tena acercamientos con las organizaciones defensoras de losderechos humanos); es decir, se trata de un informe oficial de un organismo del Estado ydurante este mismo rgimen.

    All se puede revisar, sobre todo, una discusin terica (qu y por qu criminalizacin)

    (pp. 5-7) y las conclusiones (pp. 61-64), especialmente la primera conclusin (p. 61), donde sedice:

    1. La Defensora del Pueblo, a travs de esta investigacin, ha determinado la existencia

    de una poltica de criminalizacin que surge desde diferentes actores, tanto estatalescomo privados, frente a las omisiones del primero. La existencia de la poltica decriminalizacin se evidencia a travs de tres elementos concurrentes:

    a) La intencionalidad del Estado []b) Acciones de diferentes funciones y organismos del Estado []c) Acciones sistemticas [].

    18Defensora del Pueblo:Los escenarios de la criminalizacin a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en

    ecuador: desafos para un estado constitucional de derechos

    , Quito, 2011 (vase:

    http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=finish&cid=54&catid=14).

    Conflictividad

    http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=finish&cid=54&catid=14http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=finish&cid=54&catid=14http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=finish&cid=54&catid=14
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    Para ver el detalle de todo eso, basta consultar el mencionado informe (pp. 16-61). Enl se resean normas de carcter administrativo relacionadas con la regulacin de

    Organizaciones de la Sociedad Civil, por ejemplo, el reglamento que las controla, y que fue elantecedente del Decreto 16, dictado por Correa en junio de 2013 (pp. 16-23);criminalizacin primaria a travs de la tipificacin de conductas o aumento de penas, algunas deellas refrendadas en consulta popular de 7 de mayo de 2011 que le autoriz al presidente

    meter las manos en la justicia, segn sus propias expresiones, y que alcanzara plenitud con elnuevo Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) en octubre de 2013 (pp. 23-26); el discursocomo mecanismo de criminalizacin, destacndose las expresiones semanales de Correa, peroque han sido expresadas con profusin por varios altos funcionarios del Estado (pp. 26-34);criminalizacin secundaria a travs de procesos judiciales (pp. 34-48), que incluye lacriminalizacin secundaria a partir del aparato judicial del Estado, el anlisis de los contextos enlos que operan los procesos judiciales penales, las causas que motivan las acciones de defensade los de derechos humanos y de la naturaleza, los mecanismos de protesta, la respuesta delEstado ecuatoriano y de las personas particulares a las demandas de defensa de derechoshumanos y derechos de la naturaleza, los efectos de los procesos judiciales en contra dedefensores y defensoras de derechos humanos y los delitos de terrorismo y sabotaje, de todo

    lo cual sobran los ejemplos, desde la represin ante las protestas de la poblacin de Dayuma,en la provincia de Orellana en los albores del rgimen, hasta la detencin y enjuiciamiento dedos dirigentes de ntag, en la provincia de Imbabura, el 11 de abril de 2014, justo mientrasterminamos de redactar estas pginas; criminalizacin de las acciones de defensores ydefensoras de derechos humanos y de la naturaleza a travs de intervencin policial ymilitarizacin, por ejemplo en Dayuma, Chone, Las Naves o durante la realizacin de la Marchapor el agua, por la vida y por la dignidad de los pueblos , en mayo de 2012 (Defensora del Pueblo,2011:48-56); y, finalmente la criminalizacin como un mecanismo de violacin de derechosconstitucionales (pp. 56-61).

    Este recuento que acabamos de hacer mientras seguamos los temas tratados en elInforme de la Defensora del Pueblo sirve para mostrar que esta caracterstica del rgimen loha acompaado desde su inicio hasta la actualidad, reconfirmando por si necesario fuese lapersistencia de una poltica de criminalizacin de la protesta social, tal y como lo dijo de modoexplcito la Defensora del Pueblo en su momento 19. Y como, no hace mucho, lo remarcaBoaventura de Souza Santos: activistas de movimientos sociales (algunos con una largatradicin en el pas) son acusados de terrorismo y la consecuente criminalizacin de la protestasocial parece cada vez ms agresiva20.

    19Va de suyo que el Informe, hecho pblico en la ltima parte del perodo de Fernando Gutirrez como Defensor del

    Pueblo, no tuvo la circulacin que mereca. Por parte del gobierno, se entiende, y el nuevo defensor del pueblo,

    Ramiro Rivadeneira, procur ponerlo rpidamente a un costado, afirmando que hay conclusiones que ciertamente

    son fuertes en tanto se plasma en un momento en donde tenemos que fomentar el dilogo y no ayuda a fomentar el

    dilogo ciertas afirmaciones que hace el informe

    (http://www.ecuadorenvivo.com/2011122283662/politica/informe_sobre_criminalizacion_de_la_protesta

    _social_sera_revisado_dice_defensor_del_pueblo.html; por supuesto, de tal revisin nuca se supo nada ms). Pero

    tampoco ayudaron a difundirlo los grandes medios de comunicacin ni los partidos polticos de la partidocracia. Los

    esfuerzos porque algo de l sea conocido han corrido por cuenta de los organismos de defensa de los derechos

    humanos, sobre todo la Comisin Ecumnica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundacin Regional de Asesora

    en Derechos Humanos (INREDH).20Vase el artculo de Boaventura de Souza Santos: La revolucin ciudadana tiene quien la defienda?(disponible en:

    http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2014/05/09/la-revolucion-ciudadana-tiene-quien-la-defienda/, 9 de mayo de2014). Y en las conclusiones sugiere: Por mucho que le cueste, Correa tendr que sentirse suficientemente seguro de

    s mismo para, en lugar de criminalizar el disenso (siempre fcil para quien tiene el poder), dialogar con los

    movimientos, las organizaciones sociales y con los jvenes yasunidos, aunque los considere ecologistas infantiles.

    http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2014/05/09/la-revolucion-ciudadana-tiene-quien-la-defienda/http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2014/05/09/la-revolucion-ciudadana-tiene-quien-la-defienda/http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2014/05/09/la-revolucion-ciudadana-tiene-quien-la-defienda/
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    Entendemos, a la luz de lo dicho, que la criminalizacin de la protesta social es presentary tratar como delito, como crimen aquellas acciones sociales usualmente vinculadas por la

    prctica social a la protesta21.

    Ahora bien, como sealamos ms arriba, es una particularidad de este gobierno el hechode que la persecucin, la represin y la criminalizacin vayan de la mano con una recuperacin

    de polticas sociales que le ha permitido atender un conjunto de demandas que haban sidodejadas de lado por los gobiernos neoliberales. La combinacin de coercin y consenso seexpresa no slo en el conjunto del accionar del corresmo, sino incluso en las propias accionesde criminalizacin, que han sido acompaadas por acciones hegemnicas que buscan dotar delegitimidad a la persecucin (y para ello han contado incluso con el auxilio de ciertos dirigentessociales que han ubicado a sus organizaciones, por decirlo figurativamente, en el organigrama dela sociedad civil del Estado ampliado que construye el rgimen de Correa.

    Es lo que trataremos de explicar en lo que viene a continuacin, donde recorreremoslos conflictos que han recibido respuestas que caben dentro del concepto de criminalizacin, talcomo la hemos expuesto ms arriba: en un primer momento, el tipo de conflictos que sufren

    este tratamiento, su distribucin durante el ao y las acciones ms recurrentes por parte delgobierno; y, en un segundo momento, las acciones de ndole hegemnica, tendientes a buscar elconsenso sobre la respuesta estatal, el discurso utilizado para legitimarla y el campo de alianzasque se construye.

    b.Conflictos y criminalizacin

    Para esta parte del trabajo nos hemos centrado en los conflictos que han tenido porrespuesta la criminalizacin de la protesta social durante el ao 2013. Utilizamos como fuentelas noticias aparecidas en los diarios El Comercio, El Universo y El Telgrafo, y las cotejamos

    con el monitoreo de medios realizado por el CDES. Esa informacin luego fue sistematizada yorganizada en unas matrices donde se identifican, para cada conflicto, tanto las acciones delgobierno y de sus aliados como aquellas desplegadas por movimientos, organizaciones ocolectivos sociales22.

    b1. La criminalizacin de la protesta a lo largo del ao

    Lo primero que salta a la vista al revisar los conflictos del ao 2013 es de qu manerallenan todo el calendario los conflictos sociales que tienen por respuesta gubernamentalacciones de criminalizacin (y eso que en esta contabilidad no se han tomado en cuenta las

    sabatinas de Correa -excepto cuando se relacionan con otras acciones de gobierno-, que esquizs el mecanismo ms utilizado por el rgimen para deslegitimar las protestas y a susparticipantes).

    En efecto, aunque durante el ao se registran 27 conflictos, debido a la duracin de cada uno deellos, siempre coincidieron, en cada mes, ms de un conflicto activo en el cual los participantesen la protesta sufrieron la criminalizacin de sus acciones.

    21Tmense como ejemplo las siguientes expresiones vertidas por Correa durante el Enlace Ciudadano 315, de 30 de

    marzo de 2013, refirindose a los estudiantes del Central Tcnico, detenidos tras manifestarse en contra del cambio denombre del colegio: Esto es crimen. Estos no son protestantes sociales, estos son criminales!.22Por las caractersticas de las fuentes utilizadas, entendemos que seguramente existe un subregistro de conflictos,

    pues no todos salen a la faz pblica.

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    Cuadro No. 1. Nmero de conflictos activos por mes

    23

    Mes

    E F M A M J J A S O N D

    Conflictos 5 7 5 2 5 5 4 7 4 11 5 7Fuente:

    Diarios El Comercio, El Universo, El Telgrafo, enero-diciembre 2013.

    Elaboracin:

    MU.

    A estos 27 conflictos, podemos sumar tres protestas adicionales en las que diversasorganizaciones sociales (Confeniae, Conaie y Asamblea de la Costa) se pronuncian criticandoexplcitamente la situacin de criminalizacin a que son sometidos diferentes actores, lo quenos dara un total de 30.

    Como podemos notar en el cuadro 1, en 9 de los 12 meses del ao se encuentranactivos cinco o ms conflictos. Se pueden observar tres rangos: en un mes, octubre, seencuentran activos 11 conflictos, mostrando ser el mes con mayor concentracin deconflictividad vinculada a la criminalizacin de la protesta. En el segundo rango se sitan 8meses con una concentracin media (entre 5 y 7 conflictos activos): enero, febrero, marzo,mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre. Y, finalmente, en el tercer rango aparecen tres

    meses con una baja concentracin de conflictos (entre 2 y 4): abril, junio y septiembre. Estomuestra una tendencia fluctuante en la marcha de la conflictividad ligada a la criminalizacin, loque tambin se ha podido observar en otros momentos, tomando en cuenta el conjunto deconflictos. Pero, al mismo tiempo y principalmente, revela una persistencia de la respuestacriminalizadora por parte del Estado, pues se trata de una conducta que estuvo presentedurante todo el ao; ms aun teniendo en cuenta que, en algunos casos, se trata de hechos quevienen de aos anteriores (como la condena de Pepe Acacho, desde 2009; o las protestasrelacionadas con el 30 de septiembre de 2010; o el caso de los 10 de Luluncoto, desde 2012,relacionado con la Marcha por la Vida).

    b2. Qu tipo de conflictos ha sufrido como respuesta la criminalizacin?

    Al revisar los datos, se observa que las acciones de criminalizacin se concentran en dostipos de conflictos: los socioambientales y los referidos a reformas legales: entre ambosconcentran la mitad de conflictos cuyos actores han sufrido una o varias formas decriminalizacin. Se trata de conflictividades relativas, por un lado, a un elemento estratgico delproyecto corresta: el extractivismo; y, por otro lado, a una de las herramientas bsicas queest usando para afirmar la dominacin: la creacin de un marco legal acorde a lamodernizacin capitalista y a la afirmacin del papel controlador del Estado.

    Cuadro No. 2. Conflictos cuyos actores han sido criminalizados

    Tipo de

    conflicto

    Socio-

    ambientales

    1)

    Protestas

    sociales

    2)

    Reformas

    legales 3)

    Conflictos

    urbanos

    4)

    Libertad

    de

    expresin

    5)

    Garantas

    de

    derechos

    6)

    Denunciantes

    de

    corrupcin

    7)

    Nmerodeconflictos

    8 5 6 3 2 2 1

    23En realidad, la prevalencia de conflictos es mayor, pero el registro de prensa consigna slo los momentos en los

    cuales dichos conflictos han salido a la luz, y no su duracin real (por ejemplo, aunque el caso de los 10 de Luluncotoaparece en enero, febrero y noviembre, lo cierto es que estuvo activo durante todo el ao, pero las diligencias

    judiciales (y las acciones de solidaridad realizadas) no aparecieron siempre en los medios de comunicacin.

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    (1) Engloba conflictos relacionados con la poltica petrolera (XI Ronda, Yasun), con la actividad minera (ntag,Shaglly), con la distribucin del agua (San Pablo de Amal, Santa Isabel), con protestas vinculadas a la ley de aguas

    (caso Pepe Acacho), con desalojos vinculados a megaconstrucciones (Proyecto Mltiple Chone).(2) Incluye conflictos relacionados con la Marcha por la Vida (10 de Luluncoto), con el 30 de septiembre (caso MeryZamora para no entrar en otras polmicas sobre el 30 de septiembre, ac excluimos los juicios a miembros de la

    polica), con protestas estudiantiles (caso Central Tcnico), y con protestas contra Correa (Rosaura Bastidas, JaimeGuevara).

    (3) Incluye conflictos relacionados con la justicia indgena (los afanes del gobierno por disminuir su mbito deaccin), con el Cdigo Penal (en general) y con sus apartados sobre el aborto en embarazos causados por violacin yla mala prctica mdica, con la Ley de Comunicacin y con el control sobre las organizaciones de la sociedad civil(Decreto 16).(4) Engloba las acciones de desalojo en Monte Sina (Guayaquil), Machala y Durn.(5) Incluye la prohibicin temporal de la circulacin del libro

    Una tragedia ocultada

    (el gobierno deslindresponsabilidades sobre el caso) y la obligacin de rectificar una caricatura impuesta a Bonil.(6) Incluye la campaa del gobierno por reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su amenaza deabandonarlo, as como la campaa iniciada por correa en contra del exceso de recursos de proteccin.(7) Se trata de las acciones gubernamentales en contra de Clver Jimnez y Fernando Villavicencio, que realizaronvarias denuncias en contra del manejo petrolero. El gobierno ha insistido que los allanamientos estuvieronrelacionados con presunciones de que habra hackeado cuentas de correo electrnico del presidente.Fuente:Diarios El Comercio, El Universo, El Telgrafo, enero-diciembre 2013.Elaboracin:

    MU.

    Pero eso no es todo. Hay un amplio espectro de conflictos a los que el gobierno harespondido con la poltica de criminalizacin: protestas antimineras, protestas contra la polticapetrolera, conflictos en torno al agua, protestas contra las reformas legales, como el nuevoCdigo Penal, desalojos urbanos, protestas contra Correa, la justicia indgena, protestasestudiantiles, conflictos alrededor de la poltica de control sobre la sociedad, inclusomanifestaciones de descontento e irona como caricaturas. Llama la atencin que acciones decriminalizacin se han desplegado no slo para enfrentar los conflictos centrales o intensos,sino incluso a conflictos secundarios y acciones individuales. Es decir, que la criminalizacin no

    se ha concentrado en un solo tipo de protestas, sino que se ha abierto sobre una diversidad deconflictos. Queda la impresin que su objetivo son las protestas en general, antes que alguna deellas en particular. Tal es una segunda caracterstica de esta poltica del gobierno.

    Si unimos la persistencia de las acciones de criminalizacin con su utilizacin sobrediversos y variados tipos de protesta, resultar evidente que ella tiene un efecto pedaggico,

    es decir, no solamente de frenar protestas en marcha, sino de atemorizar a quienes podraneventualmente considerar la posibilidad de expresar su descontento.

    b3. Acciones de criminalizacin

    Qu mecanismos han sido utilizados por parte del gobierno? Durante 2013encontramos seis tipos de acciones: discursos de deslegitimacin, acciones legales, accionesmilitares, policiales y de espionaje, reformas legales, procedimientos administrativos ydisolucin de organizaciones.

    De estos, el ms recurrido fueron los discursos de deslegitimacin, presentes al menosen las dos terceras partes de los conflictos relevados en el perodo. En muchos de estos casos,la deslegitimacin proviene directamente del presidente Correa o de sus ministros; entreotros, en los casos de los 10 de Luluncoto, de los estudiantes del Central Tcnico, de lasprotestas en contra de la XI Ronda Petrolera o de la explotacin de petrleo en el Yasun; o en

    los casos de Jaime Guevara y Bonil).

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    El segundo mecanismo ms utilizado fueron las acciones judiciales (denuncias,indagaciones fiscales, juicios), presentes en 13 conflictos, casi la mitad de los que sufrieron

    acciones de criminalizacin. Pero ha sido la forma de criminalizacin ms usual sobre todo parados tipos de conflictos: los socioambientales y las protestas sociales; en el primer caso, 7 de los8 conflictos fueron criminalizados a travs de acciones judiciales; en el segundo, la judicializacinfue la forma de criminalizacin de 4 de los 5 conflictos24.

    Cuadro No. 3. Acciones de criminalizacinTipo de

    accin

    Discurso de

    deslegitimacin

    Reformas

    legales

    Acciones

    judiciales

    Procedimientos

    administrativos

    Disolucin de

    organizaciones

    Acciones

    militares,

    policiales, de

    espionaje

    Conflictos

    18 5 13 2 1 7

    Nota.El total de acciones contra los actores de la protesta es mayor que el nmero total de conflictos,porque en algunos de ellos se ha utilizado ms de un mecanismo.Fuente:

    Diarios El Comercio, El Universo, El Telgrafo, enero-diciembre 2013.

    Elaboracin:

    MU.

    En tercer lugar destacan las acciones militares, policiales y de espionaje, destacando losdesalojos de tierras urbanas en la Costa, el desalojo ligado a la construccin del proyectomultipropsito Chone o el espionaje sufrido por el grupo Yasunidos. Siguen luego las reformaslegales, los procedimientos administrativos y la disolucin de organizaciones. Accin este ltimaque afect a la Fundacin Pachamama luego de las protestas por la XI Ronda Petrolera, hechoen el que se produjo la primera aplicacin de las atribuciones que se dio el gobierno paracontrolar a las organizaciones de la sociedad civil con el decreto 16.

    En cambio, entre los procedimientos administrativos se cuenta un expediente levantadocontra tres asamblestas mujeres de Alianza Pas que propusieron votar por separado los casosde aborto ante embarazos causados por violacin, dentro de la aprobacin del Cdigo IntegralPenal. Este procedimiento fue realizado dentro de AP, pero los efectos desbordaron el marcopartidario, pues la sancin incluy un mes de reduccin a silencio y de prohibicin para actuarcomo asamblestas.

    Por ltimo, vale la pena destacar dos aspectos adicionales. Por una parte, resalta elhecho de que hay ms acciones de criminalizacin que conflictos criminalizados, lo que significala utilizacin de ms de un tipo de acciones para cada caso. Por otra parte, la concurrencia(concertacin?) de acciones de distintas instancias estatales, a veces como consecuencia depresiones muy poco veladas del propio Correa (un caso emblemtico en este sentido es el delos alumnos del Central Tcnico); pero esto es posible, ante todo, por el control de todo el

    aparato estatal desde el Ejecutivo. Estos dos aspectos muestran la presencia de accionessistemticas, para utilizar la expresin del informe de la Defensora del Pueblo.

    b4. Actores criminalizados

    El grupo de actores que durante el ao 2013 han sufrido ms las polticas represivascaracterizadas como criminalizacinpor el mencionado informe de la Defensora del Pueblo est

    24Segn Paola Snchez, el de Correa es, en el perodo 1990-2012, el que ms ha recurrido a la judicializacin como

    mecanismo de represin de la protesta social: entre 1990 y 1996, fue judicializado el 3,5% de conflictos; entre 1997 y

    2001, el 8,9%, y entre 2002 y 2006, el 3,6%. Pero apenas sube Correa, se produce un incremento significativo: entre

    2007 y 2009, es ya el 10,4% de conflictos el que es judicializado; y se llega al 13,1% entre 2010 y 2012 Snchez, Paola(2013): Resistencia, consenso y disputa: reflexin sobre el conflicto social en el Ecuador (1990 -2012); en: Stalin

    Herrera, Paola Snchez, Pablo Iturralde y Sara Latorre, A quin le importa los guayacanes?, IEE-CDES, Quito, 2013, p.

    71).

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    encabezado por los indgenas y por los activistas polticos. En el caso de los indgenas, setrata sobre todo de conflictos socioambientales, tanto conflictos ms locales (San Pablo de

    Amal, Santa Isabel o Shaglli), como conflictos de carcter ms general (como la XI RondaPetrolera); se trata de conflictos centrales porque, por un lado, tocan aspectos estratgicos delmodelo de dominacin y, por otro, se refieren a temas que normalmente se resaltan de lanueva constitucin, como los derechos de la naturaleza, la participacin y los derechos de los

    pueblos (las consultas); pero destaca tambin la discusin alrededor de la justicia indgena, queinvolucra no slo su relacin con la denominada justicia ordinaria, sino, tambin yprincipalmente, la concepcin acerca de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Las accionesdirigidas contra ellos han sido las acciones judiciales, los discursos de deslegitimacin,provenientes sobre todo de Correa, y las acciones militares y policiales.

    En el caso de los activistas polticos, se trata en primer lugar de opositores, vinculadostanto al MPD (Mery Zamora, los 10 de Luluncoto, Rosaura Bastidas) y a Pachakutik (ClverJimnez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa), activos en el respaldo a las luchas sociales y ala accin fiscalizadora desde la Asamblea (ver cuadro No. 2, nota 7). El discurso deslegitimador,las acciones judiciales y el uso de la fuerza pblica han sido las acciones preferidas contra ellos.Sin embargo, no slo la oposicin de izquierdas ha sido objeto de estas prcticas, sino las

    propias filas gobiernistas, como ocurri con tres asamblestas de Alianza Pais, sancionadas porexpresar criterios sobre la posibilidad de despenalizar abortos relacionados con embarazos acausa de violacin, posicin considerada por Correa como inaceptable; los juicios penalesfueron sustituidos aqu por el tribunal de tica de AP, y la crcel por el silencio obligado y lapicota pblica.

    Los pobladores de zonas mineras y de megaproyectos en resistencia contra losproyectos gubernamentales han sufrido especialmente la deslegitimacin a travs del discursooficial, acciones militares y enjuiciamientos.

    Relacionada con ellos se encuentran las acciones de los ambientalistas y de los activistasde derechos humanos. En parte, los unen las temticas de las acciones de protestas; perotambin el hecho de que las acusaciones contra ellos se han vinculado con acciones desolidaridad y acompaamiento que desarrollan con los pobladores afectados por proyectosmineros y grandes obras de infraestructura y con los indgenas (uno de cuyos principales ejesde conflictividad son justamente los conflictos socioambientales).

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    Cuadro No. 4. Acciones de criminalizacin y actores que las sufren

    Acciones de

    criminalizacin

    Discurso Reformas

    legales

    Acciones

    judiciales

    Procedi

    mientos

    adminis

    trativos

    Disolucin de

    organizacin

    Acciones

    militares

    policiales

    espionaje

    Total

    Actores

    Activistas

    polticos

    5 -

    4 1 - 2 12

    Indgenas 3 1 5 - - 3 12Ambientalistas 2 - - 1 1 - 4Pobladores de

    zonas mineras

    1 - 1 - - 1 3

    Activistas de

    derechos

    humanos

    2 1 - - - - 3

    Pobladores de

    zonas de

    megaproyectos

    1 - 1 - - 1 3

    Estudiantes 1 - 1 - - 1 3Moradores

    urbanos

    3 - - - - 3 6

    Periodistas

    autores

    2 1 1 1 - - 5

    Mdicos 1 1 - - - - 2Feministas 1 1 - - - - 2Artistas 2 - - 1 - 1 4Todos 4 4 - - - - 8Total 28 9 13 4 1 12 67

    Nota: El nmero de acciones registradas es mayor que el nmero de conflictos, porque en varios conflictos se registrams de una accin de criminalizacin, y porque algunas acciones afectan a ms de un actor.Fuente:

    Diarios El Comercio, El Universo, El Telgrafo, enero-diciembre 2013.

    Elaboracin:

    MU.

    En el caso de los moradores urbanos, ellos han sufrido acciones desmedidas de la fuerzapblica, que el gobierno justifica por su afn de normalizacin y de regularizacin para enfrentarlas invasiones de tierras, sobre todo en la Costa (fuertemente vinculadas con la formacin deuna base social de partidos que tuvieron un importante peso en el perodo anterior -partidoSocialcristiano, PRE, PRIAN); el problema es que los afectados por la violencia de estas accionesterminan siendo los propios moradores, an si posteriormente se les ofrece acceder aprogramas de vivienda. No hay que olvidar que otras acciones de normalizacin han sido

    ejecutadas tambin de manera violenta (por ejemplo, contra mineros ilegales).

    Sealemos, finalmente, acciones que afectan a todos los actores, en tanto se refieren aleyes que mantienen la criminalizacin de la protesta, incrementan penas, buscan eliminargarantas nacionales e internacionales que permiten buscar proteccin ante las arbitrariedadesdel poder o propenden a poner bajo control y amenaza de disolucin a las organizacionessociales. La disolucin de la Fundacin Pachamama, si bien es hasta ahora un caso nicomuestra los alcances que tiene las nuevas regulaciones.

    c.Acciones hegemnicas en m edio de la criminalizacin

    Pero la poltica de criminalizacin no excluye el emprendimiento de accioneshegemnicas que buscan mantener o reconstruir la credibilidad social en los actos del gobierno.Al contrario, junto con las acciones represivas despliega un conjunto de acciones delegitimacin, que son parte de la construccin de hegemona y de la formacin de una sociedadcivil adecuada para su proyecto de dominacin.

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    c.1 El discurso

    Un mecanismo de legitimacin es el discurso gubernamental, desplegadofundamentalmente por el propio Correa. Para obtener respaldos y consensos a sus proyectosextractivos, suele utilizar un discurso centrado en el desarrollo econmico, en el productivismoy en la atencin a las necesidades sociales. Frente a las crticas de atentar contra los derechosde la naturaleza responde aludiendo a una explotacin responsable o a una afectacin mnima(el 1 por mil del Yasun, por ejemplo). Frente a los desalojos exhibe el discurso del orden y dela regularizacin. Frente a las crticas por el rumbo represivo responde con acusaciones deterrorismo, sabotaje, rebelin contra el Estado y asumiendo el papel de vctima de acciones dedesestabilizacin por parte de los poderes fcticos, de la CIA, de la derecha, igualando atodas las oposiciones con afanes de restablecer el neoliberalismo.

    Pero lo notable de este discurso es el modo en que combina elementos relativamenteprogresistas con elementos conservadores, recurso que se volvi ms notorio con motivo de laconsulta popular, en el tema especfico sobre la justicia, para la cual asumi el discursosocialcristiano de incremento y acumulacin de penas.

    c2. Otras acciones

    Otro mecanismo de bsqueda de consensos y de legitimidades es el cubrimiento deacciones polmicas con otras de signo contrario, pero situadas dentro del mismo campo deaccin. El caso ms notorio fue el del Yasun. Poco despus de haber decidido la explotacin deuna parte del parque nacional, el propio Correa inici la campaa de la mano negra deChevron. Pero tambin frente a las crticas y preocupaciones generadas por las accionesviolentas de desalojos a moradores urbanos en Guayaquil, Durn y Machala, emprende despusprogramas de reasentamientos o de legalizacin de la tenencia.

    c3. Los aliados

    Finalmente, una tercera estrategia es el establecimiento de alianzas que hagancontrapeso real o figurado a las acciones sociales de protesta. Las alianzas se dirigen en cuatrodirecciones.

    En primer lugar, hacia aliados internacionales, para explotar la imagen de progresismo,antiimperialismo y radicalismo que el rgimen ha cultivado en el exterior (en el perodo quenos ocupa, ante el conflicto con la Chevron).

    En segundo lugar, hacia grupos empresariales, con los que puede llegar a acuerdo sobrela base de polticas econmicas como el cambio de la matriz energtica y de la matrizproductiva, o las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con Europa, o lareapertura de relaciones financieras con el Banco Mundial.

    En tercer lugar, espacios de la institucionalidad estatal que aspira subordinar, como losvarios municipios amaznicos en el caso del Yasun.

    Y, en cuarto lugar, hacia el campo popular, movilizando, en funcin de interesespuntuales o de momentos especficos de conflicto. Nuevamente, esta estrategia fue visiblefrente al conflicto del parque nacional Yasun, con motivo del cual, se movilizaronorganizaciones sociales de trabajadores pblicos o la Fenocin y otras que ya desde hace rato semueven en la rbita de las propuestas del gobierno.

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    c4. Polticas sociales

    Dicho lo anterior, no puede olvidarse que quizs uno de los mecanismos msdesarrollados para construir consensos sean las polticas sociales. Por un lado, porque ellas lepermiten acceder a la voluntad de amplias capas sociales (aunque, como se mostr en laselecciones de febrero de este ao, eso no siempre se traduce en una votacin alta); por otrolado, porque dota de verosimilitud al discurso con el cual se atribuye la atencin como nuncade las demandas de los grupos sociales desfavorecidos.

    d.Conclusiones

    Para concluir, quisiramos solamente reafirmar unas pocas ideas, centradas en dos camposde preocupacin: la relacin entre criminalizacin y protesta social, por un lado, y, por otro, larelacin entre criminalizacin de la protesta y construccin de la hegemona corresta.

    d.1. Sobre la relacin entre criminalizacin y protesta social

    La criminalizacin de la protesta social se evidencia como un componente central de laconstitucin de la hegemona corresta. Ya despus de las elecciones de febrero de 2013 lasacciones de criminalizacin de la protesta se sostuvieron de modo permanente y gritanteen elescenario; esto no ha hecho ms que agudizarse en este ao. Presenta varias caractersticas:

    Primero, las acciones de criminalizacin de la protesta estn presentes constantemente,a lo largo del tiempo, por lo menos a partir de 2013; segundo, la criminalizacin no se haconcentrado en un solo tipo de protestas, sino que se ha abierto sobre una diversidad deconflictos. Queda la impresin de que la criminalizacin es hacia la protesta en general, antes

    que hacia alguna de ellas en particular; las acciones de criminalizacin ms recurrentes son losdiscursos deslegitimadores, las acciones judiciales y la accin represiva directa a cargo de lapolica y del ejrcito.

    Pero, al mismo tiempo, la poltica de criminalizacin va acompaada de un conjunto deacciones hegemnicas. En primer lugar, un discurso legitimador centrado en dos lneas: por unlado, el desarrollo econmico, el productivismo y la atencin a las necesidades sociales; porotro lado, la auto-victimizacin del rgimen, acechado por intentos permanentes dedesestabilizacin en donde derechas e izquierdas aparecen coludidas; no obstante, se trata deun discurso cuyo contenido se ha desplazado hacia el campo de ideas conservador, donde elprogresismo va quedando subordinado.

    En segundo lugar, el cubrimiento de acciones polmicas con otras de signo contrario , perosituadas dentro del mismo campo de accin.

    En tercer lugar, el establecimiento de alianzas que hagan contrapeso real o figurado a lasacciones sociales de protesta. Las alianzas se dirigen en cuatro direcciones: a) hacia aliadosinternacionales, b) hacia grupos empresariales, c) hacia espacios de la institucionalidad estatalque aspira subordinar, d)hacia sectores el campo popular, a los que subsume como masa demaniobra funcional a la reproduccin del modo de dominacin.

    Y, en cuarto lugar, el que quizs sea uno de los mecanismos ms desarrollados paraconstruir consensos: las polticas sociales que atienden realmente un conjunto de demandasinsatisfechas durante el rgimen neoliberal.

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    d.2. Sobre la relacin entre criminalizacin de la protesta y construccin de la

    hegemona

    a) Las estrategias de gobernabilidad del rgimen de Correa se centran en elfortalecimiento del Estado y en la captura de la sociedad en el Estado y en su propuesta. Esa

    es su mxima expansin posible en la direccin de una gobernabilidad democrtica.

    b) Las estrategias de dominio combinan la coercin y el consenso, y las combinan inclusoen las acciones represivas y de criminalizacin.

    c) La coercin se expresa fundamentalmente a travs de la prctica sistemtica decriminalizacin de la protesta social. Se trata de prcticas persistentes, que se asientan sobretres pilares: el discurso deslegitimador, la judicializacin de las acciones de protesta y de laspersonas que se movilizan y el uso de la polica, las fuerzas armadas y el espionaje, y que seejercen sobre un conjunto relativamente amplio de protestas sociales y de actores.

    d)

    El consenso se expresa en cuatro pilares: polticas sociales de alcance masivo; undiscurso al mismo tiempo modernizador y conservador que moviliza igual expectativas decambio (o integracin a travs de la accin del Estado o de la integracin al mercado) queelementos retardatarios de la mentalidad social; la puesta en marcha de acciones positivas

    que desvan la atencin de las acciones represivas; y la movilizacin de alianzas diferenciadashacia distintos actores: espacios institucionales locales, sectores de las clases dominantes yorganizaciones sociales movilizadas en funcin de necesidades puntuales de la conflictividad y dela correlacin de fuerzas.

    Abril - mayo de 2014