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23516 Martes 14 julio 1998 BOE núm. 167 · PDF file23516 Martes 14 julio 1998 BOE núm. 167 5. El arrendador financiero tendrá el derecho de abs-tención del convenio.....

Sep 20, 2018

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  • 23516 Martes 14 julio 1998 BOE nm. 167

    5. El arrendador financiero tendr el derecho de abs-tencin del convenio de acreedores, regulado en el ar-tculo 22 de la Ley de Suspensin de Pagos, pudiendoejercitar los derechos reconocidos en la Ley de formaseparada.

    En los supuestos de quiebra o concurso de acree-dores, los bienes cedidos en arrendamiento financierono se incluirn en la masa, debindose poner a dispo-sicin del arrendador financiero, previo reconocimientojudicial, de su derecho.

    Lo dispuesto en los prrafos precedentes se enten-der, sin perjuicio del derecho del arrendador financiero,al cobro de las cuotas adeudadas en la fecha de la decla-racin del estado legal de suspensin de pagos, quiebra,concurso de acreedores y quita y espera del arrenda-miento financiero, en la forma prevista en la Ley paradichos supuestos.

    6. Los contratos de arrendamiento financiero se ins-cribirn en una seccin especial del Registro de Ventaa Plazos de Bienes Muebles.

    Disposicin adicional segunda. Anotacin preventivade demanda y embargo.

    Cuando el mandamiento judicial ordene la prcticade una anotacin preventiva de embargo o, en sucaso, de demanda de propiedad, de un bien muebleno inscrito, el acreedor o demandante podr solicitardel Juez, en el mismo procedimiento, que requiera deldeudor o demandado la inscripcin previa y el depsitoo secuestro judicial del bien, bajo advertencia de que,en otro caso, dicha anotacin abrir folio en el Registrode Venta a Plazos de Bienes Muebles para asegurar laejecucin de la resolucin judicial.

    Dicha anotacin tendr una vigencia de cuatro aosy, una vez transcurrido dicho plazo, se cancelar de oficioo a instancia de cualquier interesado, si no consta enel Registro su prrroga.

    Las mismas reglas se aplicarn a los procedimientosadministrativos de apremio, conforme a su propia natu-raleza.

    Disposicin adicional tercera. Registro de Bienes Mue-bles.

    El Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles seintegrar en el futuro Registro de Bienes Muebles, acargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,conforme disponga su Reglamento.

    Disposicin transitoria nica.

    Los contratos de venta a plazos de bienes muebles,nacidos al amparo de la Ley 50/1965, de 17 de julio,se regirn por sus disposiciones. No obstante, los con-tratos inscritos en el Registro, que hayan nacido bajoel mandato de la Ley 50/1965, se regirn por la presenteLey en todo cuanto no se oponga a lo dispuesto enaqulla.

    A los efectos de la aplicacin a estos contratos delprocedimiento previsto en el artculo 16.2 de esta Ley,servir de tipo de la primera subasta el precio de ventaal contado segn conste estipulado en los mismos.

    Disposicin derogatoria nica.

    1. Se deroga la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobreVenta a Plazos de Bienes Muebles.

    2. Se deroga la disposicin final segunda de la Ley7/1995, de 23 de marzo, de Crdito al Consumo.

    3. Se deroga el Decreto 1193/1966, de 12 demayo, por el que se dictan disposiciones complemen-tarias de la Ley 50/1965, sobre Venta a Plazos de BienesMuebles.

    4. Queda en vigor la Orden de 15 de noviembrede 1982, por la que se aprob la Ordenanza para elRegistro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en todoaquello que no se oponga a la presente Ley.

    5. Quedan sin efecto cuantas normas de igual oinferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

    Disposicin final primera. Habilitacin al Gobierno.

    El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministrosde Justicia y de Economa y Hacienda, dictar las dis-posiciones necesarias para el desarrollo y aplicacin deesta Ley.

    Disposicin final segunda. Habilitacin al Ministro deJusticia.

    El Ministro de Justicia dictar las disposiciones rela-tivas a la organizacin y funcionamiento del Registrode Venta a Plazos de Bienes Muebles.

    Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

    La presente Ley entrar en vigor a los sesenta dasde su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

    Por tanto,Mando a todos los espaoles, particulares y auto-

    ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.Madrid, 13 de julio de 1998.

    JUAN CARLOS R.

    El Presidente del Gobierno,JOS MARA AZNAR LPEZ

    16718 LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora dela Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

    JUAN CARLOS I

    REY DE ESPAA

    A todos los que la presente vieren y entendieren.Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

    vengo en sancionar la siguiente Ley.

    EXPOSICIN DE MOTIVOS

    I. Justificacin de la reforma

    La Jurisdiccin Contencioso-administrativa es una pie-za capital de nuestro Estado de Derecho. Desde quefue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 deabril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vici-situdes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades.Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de1956 la dot de las caractersticas que hoy tiene y delas atribuciones imprescindibles para asumir la misinque le corresponde de controlar la legalidad de la acti-vidad administrativa, garantizando los derechos e inte-reses legtimos de los ciudadanos frente a las extrali-mitaciones de la Administracin.

    Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada porlos principios en los que se inspira y por la excelenciade su tcnica, que combina a la perfeccin rigor y sen-cillez, acert a generalizar el control judicial de la actua-cin administrativa, aunque con algunas excepcionesnotorias que impona el rgimen poltico bajo el que

  • BOE nm. 167 Martes 14 julio 1998 23517

    fue aprobada. Ratific con nfasis el carcter judicialdel orden contencioso-administrativo, ya establecidopor la legislacin precedente, preocupndose por laespecializacin de sus Magistrados. Y dio luz a un pro-cedimiento simple y en teora gil, coherente con supropsito de lograr una justicia eficaz y ajena a inter-pretaciones y prcticas formalistas que pudieran enervarsu buen fin. De esta manera, la Ley de la JurisdiccinContencioso-administrativa de 1956 abri una va nece-saria, aunque no suficiente, para colmar las numerosaslagunas y limitaciones histricas de nuestro Estado deDerecho, oportunidad que fue adecuadamente aprove-chada por una jurisprudencia innovadora, alentada porel espectacular desarrollo que ha experimentado la doc-trina espaola del Derecho Administrativo.

    Sin embargo, las cuatro dcadas transcurridas desdeque aquella Ley se aprob han trado consigo numerososy trascendentales cambios, en el ordenamiento jurdico,en las instituciones poltico-administrativas y en la socie-dad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismosfines institucionales, soluciones necesariamente nuevas,pues, no obstante la versatilidad de buena parte de suarticulado, la Ley de 1956 no est ajustada a la evolucindel ordenamiento y a las demandas que la sociedad diri-ge a la Administracin de Justicia.

    Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto pro-ducido por la Constitucin de 1978. Si bien algunosde los principios en que sta se funda son los mismosque inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y quefue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo,es evidente que las consecuencias que el texto cons-titucional depara en punto al control judicial de la acti-vidad administrativa son muy superiores. Slo a raz dela Constitucin de 1978 se garantizan en nuestro pasplenamente los postulados del Estado de Derecho y,entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicialefectiva de sus derechos e intereses legtimos, el some-timiento de la Administracin pblica a la ley y al derechoy el control de la potestad reglamentaria y de la legalidadde la actuacin administrativa por los Tribunales. La pro-clamacin de estos derechos y principios en la Cons-titucin y su eficacia jurdica directa han producido laderogacin implcita de aquellos preceptos de la LeyJurisdiccional que establecan limitaciones en el accesoa los recursos o en su eficacia carentes de justificacinen un sistema democrtico. Pero el alcance de este efec-to derogatorio en relacin a algunos extremos de la Leyde 1956 ha seguido siendo objeto de polmica, lo quehaca muy conveniente una clarificacin legal. Adems,la jurisprudencia, tanto constitucional como contencio-so-administrativa, ha extrado de los principios y precep-tos constitucionales otras muchas reglas, que imponendeterminadas interpretaciones de dicha Ley, o inclusosostienen potestades y actuaciones judiciales no con-templadas expresamente en su texto. Por ltimo, lainfluencia de la Constitucin en el rgimen de la Juris-diccin Contencioso-administrativa no se reduce a lo quedisponen los artculos 9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manerams o menos mediata, la organizacin, el mbito y exten-sin material y el funcionamiento de este orden juris-diccional se ve afectado por otras muchas disposicionesconstitucionales, tanto las que regulan principios sus-tantivos y derechos fundamentales, como las que dise-an la estructura de nuestra Monarqua parlamentariay la organizacin territorial del Estado. Como el restodel ordenamiento, tambin el rgimen legal de la Juris-diccin Contencioso-administrativa debe adecuarse porentero a la letra y al espritu de la Constitucin.

    Por otra parte, durante los ltimos lustros la sociedady la Administracin espaolas han experimentado enor-mes transformaciones. La primera es hoy incompara-blemente ms desarrollada, ms libre y plural, eman-

    cipada y consciente de sus derechos que hace cuarentaaos. Mientras, la Administracin reducida, centralizaday jerarquizada de antao se ha convertido en una orga-nizacin extensa y compleja, dotada de funciones ml-tiples y considerables recursos, descentralizada territorialy funcionalmente. Al hilo de estas transformaciones hanvariado en buena medida y se han diversificado las for-mas jurdicas de la organizacin administrativa, los fines,el contenido y las formas de la actividad de la Admi-nistracin, los derechos que las personas y los grupossociales ostentan frente a